Publicado en el Suplemento Económico de ABC Color el 19 de mayo de 2013
La lucha por la justicia
En el Mar de la China, en plena época de la Guerra Fría, era costumbre que comerciantes taiwaneses y de la China Continental se intercambiaran subrepticiamente todo tipo de objetos y mercancías. La única condición necesaria para el fluido comercio era una suma discreción para eludir el control gubernamental. Todo ello, porque para los comerciantes chinos de alta mar, al igual que los antiguos fenicios del Oriente Próximo, lo importante era comerciar.
Sin embargo, los Estados nacionales deben ajustar su conducta por otros andariveles y para preservar la legalidad requieren que sus relaciones comerciales estén sustentadas en el Derecho Internacional y principios cardinales tales como el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
Tampoco se puede desconocer que el comercio exterior es la principal fuente de la economía de cualquier país y particularmente del Paraguay, inserto en una condición geopolítica agravada por los “puertos precisos” que obstruyen la libre competencia y entorpecen la fluidez de la comercialización externa de los productos nacionales.
Como alternativa válida para corregir estas repetitivas e injustas tropelías, el país se vio obligado a incorporarse en organizaciones supranacionales, reguladas por convenios y acuerdos sustentados por normativas internacionales.
No obstante, los ocasionales socios regionales haciendo tabla rasa del marco jurídico no cesan de intervenir en los asuntos internos de la nación, privilegiando coyunturales políticas comerciales para justificar la ilegal suspensión del Paraguay en el Mercosur.
Para la solución de la controversia, en la misma línea de los legítimos reclamos de Paraguay en Itaipú y en Yacyretá, o se sigue aceptando la injusta y abusiva intromisión en el ámbito soberano de la nación o se exige como nación independiente el cumplimiento irrestricto de los convenios acordados de común acuerdo.
En las binacionales, para asegurar la cesión de la soberanía energética, era menester un blindaje jurídico. Después de la caída del régimen entreguista, los nuevos gobiernos también entreguistas, validos de juristas paraguayos consiguieron la inconstitucionalidad de las leyes que obligaban a los funcionarios de las binacionales a informar y enviar documentación al Congreso y la Contraloría a través de la ANDE. Así se garantizó el aprovechamiento exclusivo por los socios condóminos de la producción de las hidroeléctricas.
En el caso Mercosur, una fuerte corriente apuesta por el comercio en primer lugar y en la participación sin mayores cuestionamientos en el mercado regional. La otra corriente, por razones de soberanía y dignidad, exige el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el acatamiento del marco legal como condición prioritaria para continuar en el mercado común.
Al respecto, el discurso del Santo Padre Benedicto XVI en su visita al Parlamento Federal el 22 de setiembre de 2011, durante su viaje apostólico a Alemania, pone luz a las tinieblas:
“La política debe ser un compromiso por la justicia y crear así las condiciones básicas para la paz. Naturalmente, un político buscará el éxito, sin el cual nunca tendría la posibilidad de una acción política efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de aplicar el derecho y a la comprensión del derecho. El éxito puede ser también una seducción y, de esta forma, abre la puerta a la desvirtuación del derecho, a la destrucción de la justicia. Quita el derecho y, entonces, como lo dijera en cierta ocasión San Agustín, ‘¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos?’”.
Opciones
Se sigue aceptando la injusta y abusiva intromisión en el ámbito soberano de la nación o se exige como nación independiente.
(*) Autor de los libros “Itaipú, una apropiación indebida”. “Itaipú, una victoria bien brasileña” e “Itaipú, historia de un fraude”.
juanantoniopozzo@gamil.com
Tampoco se puede desconocer que el comercio exterior es la principal fuente de la economía de cualquier país y particularmente del Paraguay, inserto en una condición geopolítica agravada por los “puertos precisos” que obstruyen la libre competencia y entorpecen la fluidez de la comercialización externa de los productos nacionales.
Como alternativa válida para corregir estas repetitivas e injustas tropelías, el país se vio obligado a incorporarse en organizaciones supranacionales, reguladas por convenios y acuerdos sustentados por normativas internacionales.
No obstante, los ocasionales socios regionales haciendo tabla rasa del marco jurídico no cesan de intervenir en los asuntos internos de la nación, privilegiando coyunturales políticas comerciales para justificar la ilegal suspensión del Paraguay en el Mercosur.
Para la solución de la controversia, en la misma línea de los legítimos reclamos de Paraguay en Itaipú y en Yacyretá, o se sigue aceptando la injusta y abusiva intromisión en el ámbito soberano de la nación o se exige como nación independiente el cumplimiento irrestricto de los convenios acordados de común acuerdo.
En las binacionales, para asegurar la cesión de la soberanía energética, era menester un blindaje jurídico. Después de la caída del régimen entreguista, los nuevos gobiernos también entreguistas, validos de juristas paraguayos consiguieron la inconstitucionalidad de las leyes que obligaban a los funcionarios de las binacionales a informar y enviar documentación al Congreso y la Contraloría a través de la ANDE. Así se garantizó el aprovechamiento exclusivo por los socios condóminos de la producción de las hidroeléctricas.
En el caso Mercosur, una fuerte corriente apuesta por el comercio en primer lugar y en la participación sin mayores cuestionamientos en el mercado regional. La otra corriente, por razones de soberanía y dignidad, exige el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el acatamiento del marco legal como condición prioritaria para continuar en el mercado común.
Al respecto, el discurso del Santo Padre Benedicto XVI en su visita al Parlamento Federal el 22 de setiembre de 2011, durante su viaje apostólico a Alemania, pone luz a las tinieblas:
“La política debe ser un compromiso por la justicia y crear así las condiciones básicas para la paz. Naturalmente, un político buscará el éxito, sin el cual nunca tendría la posibilidad de una acción política efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de aplicar el derecho y a la comprensión del derecho. El éxito puede ser también una seducción y, de esta forma, abre la puerta a la desvirtuación del derecho, a la destrucción de la justicia. Quita el derecho y, entonces, como lo dijera en cierta ocasión San Agustín, ‘¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos?’”.
Opciones
Se sigue aceptando la injusta y abusiva intromisión en el ámbito soberano de la nación o se exige como nación independiente.
(*) Autor de los libros “Itaipú, una apropiación indebida”. “Itaipú, una victoria bien brasileña” e “Itaipú, historia de un fraude”.
juanantoniopozzo@gamil.com
