Negociación de la EBY

1 de Enero de 2014

| EL GRAL. (SR) POZZO SOSTIENE QUE EL GOBIERNO DEBE SOCIALIZAR LA PROPUESTA

Analista advierte que negociación de EBY apunta a admitir deuda injusta

Basado en las experiencias negativas de anteriores negociaciones realizadas a espaldas del pueblo, el autor del libro “Itaipú, historia de un fraude”, señala que no se debe cometer el mismo error en Yacyretá y sugiere al Gobierno que socialice la propuesta a ser planteada en la futura negociación con Argentina para lograr el acompañamiento de la ciudadanía. En su opinión, Paraguay no debe cargar con los gastos de construcción de la represa.

El Gral. (SR) Juan Antonio Pozzo / ABC Color

El gobierno paraguayo no puede aceptar que le obliguen a asumir los gastos de construcción de la represa de Yacyretá a favor del socio que absorbe casi la totalidad de la producción. Esto será así en caso de que se confirme la intención de revivir el Preacuerdo de 2006 que convalida los términos de la Nota Reversal de 1992 firmada por el entonces embajador paraguayo en Argentina, Dido Florentín Bogado, y que no tiene validez jurídica para el Paraguay al haber sido rechazado por el Congreso.
Así lo entiende el Gral (SR) Juan A. Pozzo, autor de los libros “Itaipú, la apropiación indebida”, “Itaipú, una victoria bien brasileña” e “Itaipú, historia de un fraude”, quien se refirió a las próximas negociaciones a ser encaradas con la Argentina para buscar una solución a la deuda de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Cuestionó el hecho de que la Cancillería se niegue a dar a conocer la propuesta que será planteada, puesto que en las experiencias anteriores en que se negoció a espaldas del pueblo, los resultados fueron negativos para el país, por lo que instó a las autoridades nacionales a socializar la postura que van a defender. “Ellos deben recordar que representan los intereses del pueblo y no sus intereses particulares”, sentenció, al tiempo de lamentar la posición de algunos funcionarios que están más preocupados en defender sus cargos y altos salarios antes que los intereses del país.
Pozzo instó a la ciudadanía a participar del Foro Energético de Análisis y Propuestas por los 40 años del Tratado de Yacyretá a llevarse a cabo el 27 de febrero en el Congreso Nacional.
Al respecto, dijo que este espacio debería servir para que sean escuchadas todas las voces.

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Un acto carente de validez

26 de Enero de 2014  

Respeto irrestricto al Anexo “C”

Por General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno

Si Argentina insiste en mantener la escandalosa situación de Yacyretá, el Paraguay se verá obligado a una demanda internacional. / ABC Color

- Acto carente de validez
La carta magna, en las declaraciones generales que corresponden al ámbito de la Nación y al Estado, al enfocar la supremacía de la Constitución, señala en el artículo 137:
“La ley suprema de la República es la Constitución. Ésta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales, aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”.
Por lo expresado precedentemente, la Nota Reversal originada en la Entidad Binacional Yacyretá en el año 1992, al no ratificarse por el Congreso Nacional, deja de ser un acuerdo que debe cumplir el Paraguay.
Quienquiera, temerariamente, imponerla como un tratado, acuerdo o convenio al margen de los procedimientos constitucionales, incurre en delitos que serán penados por la ley.
Pérdida de rumbo
Al quebrantarse las reglas, la Entidad Binacional Yacyretá perdió el rumbo, particularmente a causa de la sistemática violación del Tratado por parte de las autoridades argentinas.
No obstante, contra toda lógica, el Anexo “C” quedó anulado de hecho al ser reemplazado improcedentemente por una de las Notas Reversales del 9 de enero de 1992, consentida por el presidente Andrés Rodríguez, más interesado en blanquear su comprometida figura internacional que en los intereses paraguayos en Yacyretá.
Curiosamente, hasta el presente, el Gobierno argentino la sigue aplicando unilateral y arbitrariamente, con el silencio cómplice de los sucesivos gobiernos paraguayos.
Consecuentemente, el próximo 27 de marzo, el primer acto del Gobierno nacional en las negociaciones debería plantear el tema jurídico. La cuestión financiera o administrativa quedaría condicionada en función al marco legal.
Se equivocaría grandemente quien propusiera abordar primero los efectos antes que la causa o recetar el remedio sin conocer la enfermedad. La deuda “espuria” endilgada a Itaipú es suficiente como experiencia.
La buena razón recomienda iniciar las conversaciones asumiendo como base de partida la vigencia irrestricta del Tratado de Yacyretá, firmado en Asunción el 3 de diciembre de 1973. Todo ello implica el rechazo de la Nota Reversal del año 1992.
- Por imperio de la necesidad
Yacyretá fue concebida, básicamente, para atender la cada vez más angustiosa demanda de electricidad del mercado argentino. Para concretar el emprendimiento, era indispensable compartir con Paraguay el aprovechamiento del río Paraná en condominio. Sin embargo, el otro objetivo altamente prioritario, la navegabilidad del río, de incuestionable valor para un país sin costas marítimas como el nuestro -que no lo es tanto para el socio- quedó relegada como cuestión accesoria al ignorarse la construcción del embalse de compensación.
Sin el aporte del caudaloso río Paraná y las extensas regiones inundadas, más la infraestructura del complejo desarrollada casi en su totalidad en territorio nacional, la hidroeléctrica Yacyretá no sería posible. La participación paraguaya, con estas incuantificables contribuciones, es más que suficiente para hacerse acreedor de la mitad del aprovechamiento.
Lamentablemente, la realidad es distinta gracias a la cómplice timidez de nuestros gobernantes, siempre proclives a satisfacer más los intereses del socio condómino que el nuestro. Es tan así, que por la NR-92, la Entidad Binacional quedaría comprometida a pagar con generación eléctrica, durante 42 años, una deuda para restituir la inversión en una obra gestionada exclusivamente para atender la demanda argentina, hipotecando durante todo ese periodo la libre disponibilidad de la energía paraguaya. Es sabido que Paraguay ni necesitaba, ni disponía por entonces del dinero para llevar a cabo la construcción de tamaño complejo hidroeléctrico.
Es de no creerse, una verdadera ironía, aparte de los ingentes perjuicios que le fueran ocasionados, el Paraguay también debe, a través de Yacyretá, asumir los gastos de construcción a favor del socio que absorbe casi la totalidad de la producción y que hoy satisface más del 20% de su demanda energética.
Si el Gobierno argentino insiste en mantener sin variaciones la escandalosa situación de Yacyretá, el Paraguay se verá en la necesidad de arbitrar los medios necesarios para presentar una demanda en el ámbito de la justicia internacional por las reiteradas violaciones del Tratado de Yacyretá. No será el primer litigio con el poco amigable vecino que en 1876, mediante un Tratado impuesto por la fuerza, despojó al Paraguay de vastas extensiones de su territorio.
Ilógico
Contra toda lógica, el Anexo “C” quedó anulado de hecho al ser reemplazado improcedentemente por una de las Notas Reversales de 1992.
Gastos
Aparte de los ingentes perjuicios que le fueran ocasionados, Paraguay también debe, a través de Yacyretá, asumir los gastos de construcción a favor de Argentina.
juanantoniopozzo@gmail.com

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Imprudente decisión

19 de Enero de 2014  

Crónica de una catástrofe anunciada

Por General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno, (*)

A finales de agosto de 2005, el huracán Katrina, de categoría 5, con vientos superiores a 249 km/h según la escala Saffir-Simpson, impactó en las costas del Estado de Luisiana, arrasando gran parte de la ciudad de Nueva Orleans. Los fuertes vientos dañaron su infraestructura y produjeron una devastadora inundación.

Vista aérea de las calles inundadas de la ciudad de Nueva Orleans (EE.UU.) tras la embestida del huracán Katrina (foto de archivo). / ABC Color

Una parte importante de los diques que separan a la ciudad del lago Pontchartrain, construidos no muy sólidamente, cedió ante el embate de los vientos y, como consecuencia, se produjo un colosal vertido de aguas del lago en la ciudad. Como resultado, Nueva Orleans, excepto algunos de sus barrios, quedó sumergida prácticamente en su totalidad. Un año después la población descendió a unas 200.000 personas de las casi 500.000 con las que contaba antes del huracán.
En los primeros meses de 2013, para mejorar el rendimiento de la Central Hidroeléctrica Yacyretá se elevó el nivel del embalse del complejo, incluso hasta 83,70 metros en el eje Encarnación-Posadas. Hacía dos años que el embalse de la central hidroeléctrica operaba con un nivel superior al admitido en la Nota Reversal DM/DT/NR Nº 3 de 1989 (cota 83 msnm).
No obstante, justificaba el técnico Guillermo López Flores, miembro paraguayo del Consejo de la EBY, estos valores no son rígidos porque existe una Nota Reversal que establece la cota de 84 metros. “En muchas situaciones se toman determinaciones después de ponderar racionalmente beneficios, riesgos y costos. La operación a una cota limitadamente mayor que la nominal (por ejemplo 83,30 msnm), en forma temporal y ocasional, bajo condiciones controladas y tomando las debidas precauciones, es prácticamente normal. Si se produce el daño habrá que compensarlo debidamente”, expresó (ABC Color 19 de febrero de 2013).
Pese a la reacción de algunos diarios, técnicos y partidos políticos ante la temeraria decisión, el nivel se siguió manteniendo en 83,43 metros.
Ya en marzo de 2007, el Ing. José Luis Enciso Velloso, de feliz memoria, nos advertía por los medios de prensa sobre los riesgos que suponía la elevación improcedente del embalse del complejo hidroeléctrico (ABC Color 3 de marzo de 2007).
Refiriéndose a los extensos tramos de tierra de la represa, que al contener un espejo de agua que superaba el nivel previsto, decía que bastaría un viento de unos 130 kilómetros de velocidad para que cayera la represa como sucedió en Nueva Orleans por el efecto Katrina.
El Ing. Enciso Velloso, basado en minuciosos estudios, señalaba que en Yacyretá el nivel de embalse normal es de 82 metros sobre el nivel del mar. Más bien, afirmaba, entre 80 y 82,98 y no 83 metros como se sostiene oficialmente.
El nivel máximo de la presa, dijo, está determinado en 86 msnm, porque la velocidad del viento puede generar olas de 1,30 metros, que al subir por el talud se duplica a 2,60 metros y si le agregamos 0,20 metros de marea de viento harían un total de 2,80 metros. Manteniendo la altura del embalse a 82 msnm como lo estipula el Tratado, quedaba un margen de seguridad de 1,20 metros.
Sin embargo, sostenía, que por efecto del calentamiento de la tierra, no previsto en 1973, la velocidad del viento, que de 80 kilómetros por hora podría aumentar a 130, produciría una “revancha” de 5,70 metros superando en 1,70 metros el nivel de coronamiento de la presa. En esas condiciones afirmaba, a más de arrasar el dique, el agua se metería en Corrientes, Resistencia y la inundación llegaría hasta Buenos Aires.
El Ing. Enciso Velloso recomendaba, para conjurar la amenaza, que lo inmediato era respetar la cota máxima que está en el Tratado: 82 metros, pero como las olas serán más grandes, lo ideal sería que esa cota no pase los 81 metros, 80,50 metros y podíamos mantener en Encarnación 81,50 metros.
El prestigioso profesional insistía que incluso con 82 metros tendríamos problemas debido a la mayor velocidad de los vientos.
Ahora, cabe preguntarse: ¿vale la pena atender la demanda forzando las condiciones de seguridad de miles de habitantes ribereños del Paraná, ajenos a esta catástrofe anunciada? ¿Podrían los responsables justificar este innecesario riesgo que puede repetir la experiencia de Nueva Orleans?
(*) Autor de los libros “Itaipú, la apropiación indebida”, “Itaipú, una victoria bien brasileña” e “Itaipú, historia de un fraude”.
juanantoniopozzo@gmail.com

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Funcionarios incapaces y venales

10 de Enero de 2014

 

Un Estado indefenso

Por General (SR) Juan Antonio Pozzo Moreno (*)

- Estado en situación de peligro Estado fallido, en sentido amplio, es el término que se usa para describir un Estado que se ha hecho ineficaz. Es un Estado que solo ejerce un control aparente sobre su territorio, infiltrado por grupos armados que desafían a la autoridad, sin capacidad de hacer cumplir sus leyes para corregir las crecientes tasas de criminalidad, la extrema corrupción, el extenso mercado informal, la impenetrable burocracia, la ineficacia judicial y la interferencia militar en la política.

En el Estado paraguayo, excepto en lo que respecta a la injerencia militar, quedan en la superficie todas las demás incapacidades señaladas que, por la impunidad y deficiencias de control, provocan una condición de insuficiencia próxima a un Estado ineficaz.
Para la revista Foreing Policy y Fund for Peace, centro de estudio estadounidense que emite anualmente el índice de Estados Fallidos, entre los 178 Estados soberanos auditados en el año 2013, Paraguay figura en el puesto 104 como un Estado en situación de peligro acreditando 71,8 puntos.
Somalia, el más fallido de todos y en la franja de Estado en situación de alerta, ocupa el puesto número 1 con 113,9 de puntuación. Finlandia, el menos fallido, en el puesto número 178 con 18 puntos comparte con Suiza (19,7), Noruega (21,5), Suecia (21,5), Dinamarca (21,9), Nueva Zelanda (22,7), Luxemburgo (23,3), Islandia (24,7) e Irlanda (24,8) la privilegiada condición de Estados sustentables.
En América Latina y el Caribe, Haití en el puesto número 8, también en situación de alerta, encabeza la lista con 10,5 puntos.
Bolivia (en el puesto 67 con 80,8 puntos), Guatemala (70 con 80,7 puntos), Nicaragua (72 con 79,2 puntos), Ecuador (74 con 78,6 puntos), Honduras (75 con 78,3 puntos), Venezuela (89 con 75,3 puntos), República Dominicana (95 con 73,2 puntos), El Salvador (95 con 73,2 puntos), México (97 con 73,1 puntos), Cuba (101 con 72,8 puntos ) y Perú (103 con 72,3 puntos), al igual que Paraguay están en la poco cómoda situación de peligro.
Estado fallido
Con la finalidad de definir con más precisión a un Estado fallido, el centro de estudio Fund for Peace se guía por los siguientes parámetros:
1) Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
2) Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
3) Incapacidad para suministrar servicios básicos.
4) Incapacidad para interactuar con otros estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.
Un Estado fallido también se describe por su fracaso social, político y económico o cuando su gobierno débil o ineficaz –con poco control sobre vastas regiones de su territorio– no puede proveer los servicios básicos agobiado por altos niveles de corrupción, de criminalidad y con numerosos refugiados y desplazados en el marco de una notable degradación económica.
Por otro lado, es posible entender como exitoso un Estado cuando el monopolio legítimo de la fuerza es mantenido dentro de la frontera y son suministrados los servicios básicos a las poblaciones más carenciadas. No obstante, si los señores de la guerra o los grupos paramilitares presentan sistemáticas acciones terroristas poniendo en grave riesgo a la población, el Estado corre el riesgo de ser fallido.
El desinterés por lo público
En Paraguay, la debilidad del Estado proviene esencialmente del desinterés de sus funcionarios de proteger los bienes y los recursos de la nación bajo su cuidado. Para estos ocasionales administradores, el concepto de soberanía nacional es un discurso hueco de poca utilidad práctica en los negocios estatales casi siempre viciados de corrupción.
Esta manera de razonar del funcionariado es debido a que en su mayoría acceden al servicio público no por concurso de méritos sino por acreditarse como hijo, esposa, esposo, pariente o protegido de algún congresista, magistrado, ministro, director o consejero de alguna entidad nacional o binacional.
Los recomendados no requieren de ningún nivel profesional, académico o habilidad laboral. Solo es suficiente reputar como operador político o gozar de la protección de algún personaje con influencias políticas.
Por el temor al sector privado, donde verdaderamente hay que trabajar y ser competitivo, es más práctico y conveniente derivar a cuenta del Estado las cargas salariales y sociales de hijos y protegidos.
El Paraguay, desde hace años, viene arrastrando el concepto de país corrupto sin que conmueva a sus gobernantes. Los que tuvieron la ocasión de acceder a la administración pública mediante padrinazgos y escalaron hasta los puestos prominentes, casi en su mayoría, se volvieron inmensamente ricos a vista, paciencia y connivencia de la justicia.
Los cargos electivos son comprados como lo hacían los gobernadores y funcionarios coloniales, debido a que el ciudadano paraguayo vota pero no elige a sus autoridades, que les son impuestas en listas arregladas por los caudillos políticos de turno. Casi siempre reciclados, gracias al poder del dinero malhabido, hacen de principales asesores del gobierno de turno para “mejorar” al país.
Compromiso internacional
Hasta hoy día, desde el año 2000, no se puede disminuir a la mitad el índice del nivel de pobreza extrema, compromiso asumido formalmente para el año 2015 con las Naciones Unidas, pero los indigentes son cada vez más pobres. Para completar, Asunción es considerada como una de las ciudades más asimétricas del mundo, en la que ricos y marginales paradójicamente cohabitan en una indiferente y grosera coexistencia. Transparencia Internacional, en su evaluación de diciembre de 2013, ubica a Paraguay –después de Venezuela– como el más corrupto de Latinoamérica. Pero esta situación no deja sin sueño a sus autoridades que inventan métodos cada vez más novedosos para encubrir sus fechorías.
La inservible educación
La educación y la formación profesional en Paraguay no acreditan honestidad. Egresados provenientes de centros educativos de renombre mundial delinquen como el que más para lograr por el camino más corto su prosperidad personal.
El Estado, el más vulnerable de todos, es el ámbito propicio para sus trapisondas. Complicados entre funcionarios o con contratistas privados diseñan todo tipo de estratagemas para defraudar al erario público y la defensa de los intereses nacionales queda al arbitrio del propio interés y provecho personal.
Estos prósperos funcionarios, puestos en los cargos para proteger los bienes del Estado, son tan fácilmente corrompibles que a veces viajes de placer y hoteles de lujo son más que suficientes para torcer sus débiles voluntades.
En su mayoría estos delincuentes, devotos de algún santo milagroso, se persignan constantemente entre delito y delito para asegurar el éxito de sus fraudes.
Con esta clase de funcionarios se entregó la soberanía energética en Itaipú y Yacyretá, principales riquezas del Paraguay, que de otra manera hubiese sido el mayor motor de desarrollo de su historia lo que pone en evidencia, una vez más, que el Paraguay es más bien un Estado indefenso.
(*) Autor de los libros Itaipú, la apropiación indebida. Itaipú, una victoria bien brasileña e Itaipú, historia de un fraude.

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La dignidad en subasta

22 de Diciembre de 2013  

Un inexplicable retroceso

Por General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno, (*)

La diplomacia y la capacidad disuasiva militar son dos condiciones inherentes a la defensa nacional.

La inconstitucional evasión del servicio militar obligatorio, la ausencia de un programa que pueda restituir el material obsoleto de las fuerzas singulares y la acelerada desaparición de las Reservas colocan en una situación crítica al principal elemento disuasivo de la defensa nacional: las Fuerzas Armadas de la Nación.
Ninguno de los gobiernos nacionales, desde la Guerra del Chaco, se preocupó en resolver esta cuestión íntimamente relacionada con la existencia misma del Estado paraguayo. Infelizmente, durante todo este tiempo, los recursos económicos disponibles fueron dilapidados en el sostenimiento de una politiquería corrupta y prebendaria con prominentes clientes, todos ellos indiferentes a la suerte de la patria.
En la actual coyuntura -impedidos de recuperar nuestra soberanía energética en las hidroeléctricas binacionales y violentada nuestra permanencia en el Mercosur- su débil presencia persuasiva es más que irrelevante en la defensa nacional. Solo resta, en el ámbito de la seguridad nacional, seguir apostando por el respeto a las normas internacionales y una fuerte alianza con los países centrales a fin de sostener una posición diplomática que, paradójicamente, es cada vez menos apegada a la memoria histórica.
La seguridad jurídica, reclamada insistentemente -básica para las inversiones provenientes tanto del interior, pero especialmente del exterior del país- es una cuestión esencial que está indisolublemente ligada con el desarrollo nacional.
Los últimos acontecimientos, que forzaron al Gobierno nacional a reclamar la ilegal inclusión de Venezuela en el Mercosur -en protesta por la prevalencia de la coyuntural política regional sobre el derecho internacional público- es una muestra más del irrespeto, de nuestros ocasionales socios, a los acuerdos pactados.
En esta emergencia solo cabe –no hay otra- seguir insistiendo por el cumplimiento de los pactos internacionales como una señal inequívoca del rumbo correcto. Cualquier decisión que privilegie lo contrario significaría un monumental retroceso que condenará al Estado paraguayo a la pérdida de su credibilidad y respeto.
El presidente Mandela, cuando el Gobierno del apartheid le ofreció, después de veinte años de prisión, sacarlo en libertad, prefirió seguir prisionero cinco años más para no quebrantar sus principios. El mariscal López escogió su muerte antes que rendirse. Sirvan estos ejemplos a los responsables de la conducción de un pueblo altivo que en Curupayty dio suficientes muestras como para ganarse la consideración de sus iguales.
Rumbo
En esta emergencia solo cabe que debemos insistir por el cumplimiento de los pactos internacionales como señal inequívoca del rumbo correcto.
juanantoniopozzo@gmail.com.

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Apostar por el Derecho Internacional Público

La diplomacia y la capacidad disuasiva son dos condiciones indispensables en el ámbito de la defensa nacional. La inconstitucional desactivación del servicio militar obligatorio, la carencia de un programa para para restituir el material obsoleto a las fuerzas singulares  y la acelerada desaparición de las Reservas colocan en una situación crítica al principal elemento disuasivo de la defensa nacional: las Fuerzas Armadas de la Nación. Ninguno de los gobiernos nacionales, desde la Guerra del Chaco, se preocuparon de resolver esta cuestión  íntimamente relacionada con la existencia misma del Estado paraguayo. Ta es, que en la actual coyuntura su presencia es irrelevante.
Solo queda, el respeto a las normas internacionales por medio de la diplomacia, el otro elemento que sirve de sustento a la defensa nacional. Con su estricto y escrupuloso cumplimiento el Estado paraguayo da muestras de seriedad y credibilidad en sus vínculos con el exterior. La seguridad jurídica, reclamada insistentemente -básica para las inversiones provenientes tanto del interior pero especialmente del exterior del país- es una cuestión esencial indisolublemente ligada con el desarrollo nacional.
Los últimos acontecimientos, que obligaron al Gobierno nacional a reclamar la ilegal inclusión de Venezuela en el Mercosur - en protesta por la prevalencia de la  coyuntura política sobre  las normas jurídicas- son las muestras del irrespeto,  a los acuerdos internacionales consensuados, de nuestros ocasionales socios
En esta emergencia solo cabe seguir insistiendo por el cumplimiento de los pactos internacionales como una señal inequívoca del rumbo correcto. Cualquier decisión, que privilegie lo político sobre lo jurídico, significaría una monumental marcha hacía atrás que  condenará al Estado paraguayo a la pérdida de credibilidad y al ostracismo. La fortaleza del Estado paraguayo se sustenta en el irrestricto cumplimiento del Derecho Internacional Público y no en los coyunturales arreglos políticos.
El presidente Mandela,  cuando el Gobierno del apartheid le ofreció, después de veinte años de prisión, sacarlo en libertad  prefirió seguir prisionero cinco años más para no quebrantar sus principios. El mariscal López prefirió su muerte antes que rendirse. Sirvan estos ejemplos a los responsables de conducir a un pueblo altivo, irreductible que tiene bien ganado el respeto de sus iguales.

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El Tratado de Itaipú: Una victoria bien brasileña

01 de Diciembre de 2013 | ITAIPÚ

Un Tratado hecho a la medida de los intereses brasileños

Transcribimos en este número la conferencia que dictó el general (R) Juan Antonio Pozzo Moreno (juanantoniopozzo@gmail.com) el día 12 de noviembre del presente año en la subsede San Ignacio de la Universidad Católica.

Itaipú es una empresa de Brasil y Paraguay que produce energía eléctrica a partir de las aguas de río Paraná.
Aunque caracterizada como una central hidroeléctrica binacional, solo lo es nominalmente ya que la entidad –aparentemente binacional– la controla y la aprovecha casi en su totalidad el Brasil.
También el río Alto Paraná, dominio o posesión de los dos países, es el límite que separa por el Este a Brasil de Paraguay.
Los prolegómenos de Itaipú
Itaipú se origina en la creciente demanda energética brasileña. Urgía a sus gobernantes la construcción en el cauce del Paraná limítrofe una usina hidroeléctrica al no disponer en su territorio de otro curso de agua con similar potencial.
El Brasil siempre se negó a compartir el proyecto con Paraguay. Para evadir el consorcio, sus ingenieros calcularon el desvío del cauce del caudaloso río Paraná por territorio brasileño. Como última ratio el Gobierno militar, que destituyó a João Goulart en marzo de 1964, apeló en junio de 1965 a la invasión militar en Puerto Renato de modo a asegurar el control de la fuente energética por excelencia: las cataratas del Salto del Guairá asentadas en territorio paraguayo. Excepto el presidente João Goulart, no se conoce otro mandatario brasileño que haya aceptado de buen grado compartir equitativamente el futuro emprendimiento binacional con Paraguay.
Luego de la invasión, indiferente a las protestas diplomáticas paraguayas, solo la oportuna intervención del presidente Lyndon Johnson y su canciller Dean Rusk pudo conseguir el retiro voluntario de la tropa brasileña y la concreción de un acuerdo justo: el Acta Final de Foz de Yguazú del 22 de junio de 1966. En el documento quedaba establecida la división en partes iguales entre los dos países de la energía a ser generada por la futura hidroeléctrica. La energía no utilizada por Paraguay sería cedida al socio condómino por un precio justo.
Una abyecta defección
Años después, en el Tratado que creaba el 26 de abril de 1973 la Itaipú Binacional para el aprovechamiento conjunto del río Paraná, el derecho de preferencia para adquirir la energía excedente por un precio justo, acordado en el Acta Final, fue modificado por el derecho de adquisición a cambio de una irrisoria compensación que debía ser abonada por Itaipú (¡!).
El Tratado, además, insólitamente autorizaba a la seguridad brasileña a intervenir en la margen derecha. Por si fuera poco, una Nota Reversal –adicional el Tratado– repartía los principales cargos de la Dirección Ejecutiva entre los funcionarios brasileños. De esta manera Itaipú se entregó al Brasil.
Los negociadores paraguayos (¿?) se encargaron de aceptar los términos del leonino acuerdo y de su defensa en el parlamento como una victoria diplomática de Paraguay.
Ni corto ni perezoso, la sumisa mayoría oficialista del Congreso Nacional no tuvo reparos en aceptar el perjudicial documento que entregaba gratuitamente a la Eletrobrás la energía paraguaya, en julio de 1973. No se conoce en la historia patria una defección más abyecta.
A la medida de los intereses brasileños
El notable jurista Gustavo de Gásperi sostiene la tesis de que el Tratado de Itaipú es nulo por desviar en su contexto el objeto y fin del acuerdo –la división en partes iguales de la generación eléctrica– establecido claramente en el preámbulo y en los primeros artículos del Tratado de Itaipú de 1973.
Para otros estudiosos, el Tratado de Itaipú es inconstitucional al violar varios de los artículos de la Constitución Nacional. Además, señalan, que es violatorio del Derecho Internacional al desconocer varias Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La verdad es que el Tratado de Itaipú de 1973, como el Tratado Loizaga-Cotegipe de 1872, fue redactado a la medida de los intereses brasileños.
Mediante el Tratado de Itaipú de 1973, secretamente redactado, el Brasil despojó al Paraguay de su soberanía energética. En el de Loizaga-Cotegipe, del 9 de enero de 1872, el mismo vecino, sustrajo al Paraguay de más de 60.000 kilómetros cuadrados de su territorio.
La diferencia entre ambos documentos es que el de 1973 fue un contubernio consentido por Poder Ejecutivo y la mayoría oficialista del Poder Legislativo de Paraguay. No así el de 1872, una imposición de la diplomacia brasileña a un país devastado y ocupado militarmente.
Solo para incautos
El Tratado de Itaipú, de acuerdo a su mañosa interpretación, no solo impide al Paraguay comercializar su energía excedente a un precio justo. También sirve de pantalla para apañar una deuda fraudulenta que según el economista doctor Jeffrey Sachs ya fue varias veces honrada por Itaipú.
Solo los incautos creen que el socio condómino parará sus fábricas de San Pablo o apagará las luces de su industria turística de Río de Janeiro para que Itaipú pueda devolver su energía a Paraguay. De hecho, la construcción de la línea de 500 kV y la triplicación de la compensación, son paliativos para acallar las demandas de la ANDE hasta tanto la margen izquierda pueda acceder a otras fuentes sustitutivas.
Lo que resta
Cabe a la ANDE exigir la comercialización, en reemplazo de la Eletrobrás, en el mercado brasileño de la energía paraguaya no utilizada. También la diplomacia paraguaya debe sostenerse en las científicas conclusiones sobre la deuda de Jeffrey Sachs –que solo beneficia a los accionistas de la multinacional Eletrobrás y no a los socios condóminos– para instalar una mesa de diálogo que permita acordar oficialmente sobre su extinción.
Estas son, objetivamente, las alternativas disponibles. Un escenario ideal, transparentado por Sachs, como nunca se presentó al Paraguay en Itaipú. Desde ya, la diplomacia paraguaya dispone de los elementos suficientes para instalar un sólido reclamo largamente postergado.
Aparente
Aunque caracterizada como una central binacional, solo lo es nominalmente ya que la entidad la controla y la aprovecha casi en su totalidad el Brasil.
Despojo
Mediante el Tratado de Itaipú, firmado el 26 de abril de 1973, secretamente redactado, Brasil despojó al Paraguay de su soberanía energética.
ANDE
Cabe a la ANDE exigir la comercialización, en reemplazo de la Eletrobrás, en el mercado brasileño de la energía paraguaya no utilizada.

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Dejemos de privilegiar a la Eletrobrás

17 de Noviembre de 2013  

Trabajar por la restitución de nuestra soberanía

Por General (SR) Juan Antonio Pozzo Moreno (*)

Mucho es lo que ya se dijo sobre Itaipú, entre ellos, las profusas reivindicaciones paraguayas que acaban rebotando en los sordos oídos de nuestros socios condóminos y caer en saco roto.

Cuando el emprendimiento binacional es atribuido a la iniciativa gubernamental de la época, se percibe como un logro político excepcional. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.
Brasil, sin otras alternativas más favorables para atender su creciente demanda energética, se vio obligado a asociarse con Paraguay, como convidado de piedra, para poder acceder al aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná, declarado en condominio en el Artículo I del Tratado de Itaipú.
Después de vanos intentos –el propósito de desviar el caudaloso río hacía territorio brasileño, la ocupación de facto de las cataratas del Salto del Guairá en territorio paraguayo– quedaba en claro que sin la participación paraguaya era inviable la construcción del emprendimiento energético.
Es menester recordar, que en los estudios del vecino país jamás primó la posibilidad de un aprovechamiento conjunto del potencial energético del caudaloso río. Todo ello hasta los sucesos que confluyeron en el acuerdo de Foz de Yguazú.
En esa ocasión, la activa participación del Gobierno de los Estados Unidos, a través de su canciller Dean Rusk, consiguió que los dos países divididos por el río Paraná –ciñéndose a los parámetros del Derecho Internacional– acordaran el 22 de junio de 1966 el Acta Final de Foz de Yguazú.
En el Acta, la energía eléctrica eventualmente producida quedaba dividida “en partes iguales entre los dos países”. También era reconocido a cada uno de ellos el derecho de preferencia para “la adquisición de esta misma energía a precio justo”.
Años más tarde, en el Tratado de Itaipú del 26 de abril de 1973 –que formalizaba el Acta de Foz de Yguazú– el derecho de preferencia para la adquisición de la energía no utilizada fue modificado por el derecho de adquisición y el justo precio por una irrisoria compensación pagada por Itaipú.
Para completar el leonino convenio, la Nota Reversal complementaria dejaba bajo control brasileño las principales direcciones de la entidad binacional. Como si no fuera suficiente, la margen izquierda estaba autorizada a intervenir en la margen opuesta en las tareas de seguridad.
Para el abogado Marcos Estigarribia, el documento ratificado por la mayoría oficialista del Congreso Nacional en julio de 1973 no solo viola claras prescripciones de la Constitución Nacional, sino también disposiciones del Derecho Internacional contenidos en varias resoluciones de la Asamblea General de las NN.UU.
Otro notable jurista, el abogado Gustavo de Gásperi, fundado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, sostiene la nulidad del Tratado de Itaipú al desviarse en el contexto el fin y el objeto del acuerdo.
Cabe destacar que el Gobierno brasileño, lo que no pudo conseguir con la invasión militar, con el contubernio de los negociadores paraguayos logró que Itamaraty se apropie por la vía diplomática de Itaipú.
Cuarenta años después, otro notable norteamericano de indiscutida autoridad, Jeffrey Sachs, corrobora lo que la Contraloría General de la República y la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos repetía a quien quisiera escuchar: la deuda de Itaipú ya fue suficientemente honrada. Los pagos anuales calendarizados hasta el año 2023, como mínimo, son ilegítimos.
Itaipú ya no debe continuar siendo la fuente infinita de recursos de la Eletrobrás al no corresponder, a la principal acreedora multinacional, percibir cuota alguna de pago por sus usurarios y artificialmente inflados préstamos. Por todo ello, el dinero malversado debe reponerse a los pueblos de Brasil y Paraguay. El puente de plata extendido por Sachs para que los socios condóminos, de común acuerdo, puedan arreglar la deuda no debe caer, una vez más, en saco roto.
No se puede seguir privilegiando a una multinacional a expensas de los Estados brasileño y paraguayo.
La postergada línea de 500 kV, de discutida calidad en el proceso de su construcción, considerada como una concesión graciosa del Gobierno brasileño, no debe impedir la reivindicación sobre la libre disponibilidad de la energía, la cogestión paritaria y la revisión de la deuda.
No es un desaguisado, como lo supone un exdirector general paraguayo, reclamar –aunque sea notoria la diferencia en las magnitudes– un tratado más justo en Itaipú. La República de China en Taiwán, con esta pusilánime actitud, estaría sometida a los arbitrios de la República Popular China y el Estado de Israel ya no existiría.
En su momento, en similares circunstancias, Panamá y Bolivia lograron corregir injustos acuerdos que le fueron impuestos. También, la pastera instalada en Uruguay es un vivo ejemplo que la justicia es factible cuando se argumenta con la verdad.
Nuestro actual gobierno sabe que la verdad nos ampara y es su obligación trabajar sin claudicar, apoyado en ella, en la restitución de nuestra soberanía energética secuestrada en Itaipú.
 Jamás
Debe recordarse que en los estudios del vecino país jamás primó la posibilidad de un aprovechamiento conjunto del potencial del caudaloso Paraná.
(*) Autor de los libros Itaipú, la apropiación indebida. Itaipú, una victoria bien brasileña e Itaipú, historia de un fraude.

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Itaipú, gran estafa

13 de Noviembre de 2013  

Itaipú es la estafa más grande, afirman

SAN IGNACIO, Misiones (Rafael Marcial Montiel, corresponsal ABC Color). El general (SR) Juan Antonio Pozzo Moreno calificó como “la estafa más grande” que se ha perpetrado contra el Paraguay el Tratado de Itaipú. Fue durante su participación como panelista en una reunión efectuada en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, campus en San Ignacio, Misiones.

El general (en situación de retiro) Antonio Pozzo Moreno disertó sobre el Tratado de Itaipú, anoche. / ABC Color

En el panel debate, que fue organizado por la Universidad Católica (UC) y por la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, participaron estudiantes de las distintas carreras, docentes y directivos de dicha institución terciaria.
En la apertura habló la directora de la citada filial de la UC, Lic. Esperanza Del Puerto, mientras que la presentación del expositor Pozzo Moreno estuvo a cargo del obispo diocesano monseñor Mario Melanio Medina.
En la oportunidad, el militar retirado señaló que si Paraguay hubiese conseguido una parte de la ganancia de Itaipú como socio condómino, no hubiera necesitado ni de un peso -adicional de otras fuentes- para el desarrollo económico y social.
Según el panelista, se tuvo que recurrir a la promulgación de la ley de Alianza Público-Privada (APP) para buscar recursos necesarios en el sector privado para que el país pueda tener dinero para obras de infraestructuras y promover el desarrollo.
Subrayó que mediante el tratado leonino del 26 de abril de 1973, el Paraguay abdicó su soberanía energética a favor del Brasil.
“La verdad que el Tratado de Itaipú de 1973, al igual que el Tratado Loizaga-Cotegipe de 1872 (acuerdo de paz con Brasil), se redactó a la medida de los intereses brasileños para imponerse al Paraguay”, apuntó Pozzo Moreno.
Añadió que el Tratado de Itaipú no solo impide al Paraguay comercializar en el mercado brasileño su energía excedente a un precio justo, sino que para ningún otro interesado.
Deuda fraudulenta
El militar refirió que también se usa a la hidroeléctrica como pantalla para apañar una deuda fraudulenta de la época de su construcción, que según los especialistas ya fue varias veces honrada, indicó.
Subrayó que la construcción de la red eléctrica de 500 kV y la triplicación de la compensación de Brasil a Paraguay por la cesión de energía son paliativas para acallar las demandas de la ANDE, hasta tanto la margen izquierda pueda acceder a otras fuentes sustitutivas.
Lo que resta a la ANDE es comercializar la energía paraguaya no utilizada a otros clientes que reemplacen a la Eletrobrás, agregó el panelista.
Además, se debe sacar provecho de las conclusiones del especialista estadounidense Jeffrey Sachs para instalar una mesa de diálogo que permita acordar la extinción de la deuda.
Al término de la exposición de Pozzo Moreno se abrió el debate sobre el Tratado de Itaipú.
Seguidamente, monseñor Medina calificó igualmente al Tratado de Itaipú suscrito con el Brasil como el robo más grande al Paraguay y la pérdida de su soberanía energética.

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