Poder de disuasión, una indispensable condición

Por General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno

Publicado en el Suplemento Económico de ABC Color el 27 de enero de 2013

 

En los negocios entre Estados se presume la igualdad jurídica entre las partes, no obstante, la capacidad disuasiva es una condición indispensable para mantener el equilibrio de las discusiones. Mientras el cuerpo diplomático transita el andarivel jurídico, conforme al derecho internacional público y a los propios intereses estatales, las fuerzas de disuasión, sujetas al poder civil, precautelan el Estado de derecho. Es la ecuación perfecta de la defensa nacional.

/ ABC Color

El Tratado de Itaipú de 1973, que impide la libre disponibilidad de la hidroelectricidad paraguaya y somete al arbitrio del socio condómino el manejo discrecional de la entidad binacional, con grave afectación al ejercicio pleno de su soberanía, a la cogestión paritaria y a la defensa nacional, es la muestra de la insolvencia estatal para acordar un contrato justo.

Otras muestras de esta debilidad están registradas en los tratados de límites de 1872 y de 1876, que adjudicaron al Imperio brasileño y al Gobierno de Buenos Aires más de 150.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional.

El hecho fue repetido con la invasión brasileña del año 1965, para adjudicarse el Salto del Guairá, en suelo patrio. Sin la oportuna intervención del presidente Lyndon B. Johnson de los Estados Unidos de América y su canciller Dean Rusk, el retiro de la tropa de ocupación y el equitativo acuerdo de Foz de Yguazú, que distribuía a cada parte la mitad de la producción de la futura usina y un precio justo por la energía no utilizada, no hubiese sido posible. No obstante, siete años después, el Tratado de Itaipú, redactado con la complicidad de los negociadores de régimen oficialista, se alteró el objeto y el fin el Acta Final de Foz de Yguazú del 22 de junio de 1966 en perjuicio del pueblo paraguayo.

Es importante señalar que “En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce, a lo dispuesto en esta Constitución” (Art. 2 CN) y la misión de las Fuerzas Armadas de la Nación es la de “…custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas…” (Art.173 CN).

Desvanecimiento
Lamentablemente, la última fuerza militar operativa en defensa de la integridad territorial del Paraguay se desvaneció después de la victoriosa guerra en el Chaco boreal.

Posteriormente las Fuerzas Armadas quedaron atrapadas en conflictos provenientes de la política interna, sin capacidad para enfrentar con éxito las amenazas externas. La defensa nacional, ignorada por la clase política dirigente y en contravención con prescripciones doctrinarias de uso universal, quedó estrechamente vinculada a la seguridad interna para la protección de regímenes autoritarios.

La distorsión no se hizo esperar y las filas militares quedaron inficionadas por los que privilegiaron la militancia partidaria a los altos intereses de la nación. Fueron apareciendo los leales, casi comisarios políticos, en los distintos niveles de la conducción para “orientar” a los mandos el rumbo a seguir para no equivocar el camino. Los ejemplos son numerosos y sus efectos fueron desastrosos en la disciplina y la institucionalidad. La afiliación al partido político en el poder era parte de la exigencia para formar parte de los cuadros de oficiales.

Una justificada preocupación de los altos mandos para corregir esta anomalía proviene de la época en que entró a regir la Constitución Nacional de 1992.

Recientemente, a mediados de 2012, un plan decenal de defensa económicamente moderado, para una razonable condición operativa y disuasiva, estudiado con cuidado por el Estado Mayor Conjunto para adquirir suministros indispensables de entrenamiento y de reposición de materiales fuera de servicio, fue tajantemente rechazado. Alguna que otra publicidad negativa, carcinoma de los gobiernos populistas y prioridades a exageradas partidas presupuestarias electoralistas, sin solución de continuidad, pudieron más que las razones de Estado.

Abortado antes de nacer
Así, antes de nacer fue abortado el bien intencionado propósito, que caracteriza un hito, de una genuina defensa nacional al servicio de la existencia del Estado, un deber y obligación de todos los paraguayos.
Lamentablemente, la defensa nacional sigue sin eco en una clase política que prefiere financiar, mediante el tesoro público, a partidos políticos y a miles de sus operadores anclados en justicia electoral antes que actualizar, tan siquiera una parte, el obsoleto material necesario para un apropiado entrenamiento de las fuerzas singulares y sus respectivas reservas. Para colmo, los gobiernos de la transición ejercidos por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, violando la constitución Nacional, propiciaron el desmantelamiento de dichas reservas a causa de certificaciones, por razones siempre proselitistas, a presuntos objetores conciencia.

Sin el fortalecimiento, aunque gradual, de una condición disuasiva se seguirá repitiendo la historia en otros escenarios tales como el Mercosur, el Unasur y últimamente en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

La dignidad del estoico pueblo paraguayo requiere de mucho más patriotismo. No las meras declamaciones populistas de sus fortuitos y ocasionales dirigentes que en sus discursos proselitistas no abordan que actitud asumirán para ratificar el mandato del pueblo, registrado en el preámbulo de la Constitución Nacional, con respecto a “…la soberanía e independencia nacionales, e integrado a la comunidad internacional…”.



Muestra
Otras muestras de esta debilidad están registradas en los tratados de límites de 1872 y de 1876, que adjudicaron territorio.

Defensa
Lamentablemente, la defensa nacional sigue sin eco en una clase política que prefiere financiar a partidos y a miles de operadores.

Fuerza
La última fuerza militar operativa en defensa de la integridad territorial del Paraguay se desvaneció después de la Guerra en el Chaco.

juanantoniopozzo@gmail.com

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Entre la conveniencia económica y la diplomacia

Por Juan Antonio Pozzo Moreno (*), Publicado en ABC Color el Domingo, 20 de enero de 2013.

De acuerdo con los que entienden en relaciones internacionales, la prioridad de la política exterior brasileña es la promoción de la unidad latinoamericana y de los intereses regionales en las cuestiones comerciales y ambientales, con decidido apoyo a la Argentina en el conflicto Islas Malvinas/Falkland Islands.

/ ABC Color

En segundo término destacan que Itamaraty trabaja en la articulación de los países emergentes, entre ellos Latinoamérica, como importante agrupación bajo su dirección en oposición a los países ricos. La presidenta Dilma Rousseff, asumiendo un liderazgo internacional, criticó el actual orden mundial, al anunciar que “no refleja la realidad: la fuerza emergente de los países en desarrollo. No refleja continentes enteros, como es el caso de América Latina o África” (discurso ante la asamblea nacional de Angola, en el marco de su visita por los países africanos publicado en miradas al sur el 23 de octubre de 2011).

Los entendidos consideran que, como consecuencia de la creciente rivalidad entre los EUA y la China continental, es probable que aumente la presión del pentágono para instalar bases militares en América del sur que puede ocasionar dificultades en el sector que Washington tiene establecido como su área de influencia inmediata. también estiman que los países de la alianza para el pacífico (México, Colombia, Chile y Perú) -algunos de ellos con gobiernos conservadores-, están muy interesados como vecinos en aproximarse al Mercosur para defender políticas que les son comunes. Citan como muestra:

- El caso del gobierno colombiano de Santos, que contrariando al expresidente Uribe, mejoró sus relaciones con Venezuela, visitó Cuba y abrió negociaciones con las FARC en La Habana;

- La relación no condicionada de Chile con los EUA, demostrada con su voto a favor de Palestina y el probable retorno de la centro-izquierda con Michelle Bachelet en las elecciones presidenciales de 2013; y

- El gobierno conservador de Ollanta Humala, de Perú, que cae simpático a los gobiernos bolivarianos y comparte con Brasil la integración económica del Amazonas, la construcción de rutas y de centrales hidroeléctricas.

Consideran a México y los países de América Central y el Caribe como los más dependientes de los EUA, principales obstáculos a los planes de Itamaraty, en tanto que Paraguay, con cualquier gobierno, depende mucho de Brasil y sus aliados.

El análisis soslaya la gran dependencia económica del Brasil de la Itaipú Binacional y la energía eléctrica de su socio condómino cedida gratuitamente a la Eletrobrás -para beneficiar accionistas sin compromisos con el pueblo de la margen izquierda- compensada con una simbólica tarifa por el Estado brasileño; también obvia el espíritu independiente que anima al Paraguay y quedó registrado en la nota enviada a la Junta de Buenos Aires el 20 de julio de 1811:

…“Este ha sido el modo como ella por sí misma, y a esfuerzos de su propia resolución, se ha constituido en libertad y en el pleno goce de sus derechos; pero se engañaría cualquiera que llegase a imaginar que su intención había sido entregarse al arbitrio ajeno, y hacer dependiente su suerte de otra voluntad. En tal caso, nada más habría adelantado, ni reportado otro fruto de su sacrificio que el cambiar unas cadenas por otras y mudar de amo”… “La Provincia del Paraguay, Excelentísimo señor, reconoce sus derechos, no pretende perjudicar aun levemente los de ningún otro pueblo, y tampoco se niega a todo lo que es regular y justo”.

Los padres de la patria guían con claridad a los gobiernos paraguayos que le habrían de suceder, sobre los principales lineamientos de la política exterior del Paraguay. La simple conveniencia económica, repetida con énfasis en los actuales discursos proselitistas direccionados a la opinión pública, que niega lo que es “regular y justo” como valores genuinos destacados por los próceres de mayo, no es válida como argumento para suscitar la integración de conglomerados que en vez de la razón jurídica privilegian la razón económica.

En realidad, la política exterior brasileña para América Latina -que aparenta promover la idea de la buena vecindad combinando la defensa de la democracia y la no intervención- en sintonía con los gobiernos proclamados como progresistas, asumió la salida de Lugo como un golpe institucional y aisló diplomáticamente al gobierno de Federico Franco para ingresar a Venezuela en el Mercosur “por la ventana” (ABC Color 31 de julio 2012), pese a la objeción del Senado paraguayo. No obstante, las duras sanciones comerciales pretendidas por los gobiernos bolivarianos, como las impuestas por los Estados Unidos a Cuba y a Irán, que abrirían precedentes capaces de justificar embargos criticados por Brasil, fueron infructuosas.

Por otro lado, las fuerzas brasileñas destacadas en Haití desde el 2004, con auspicios de las Naciones Unidas, son consideradas en el análisis como un problema heredado del gobierno de Lula, agravado por el terremoto del 2010 y la posterior epidemia de cólera introducida probablemente por soldados nepaleses de la Minustah. Las protestas de los haitianos sobre la inutilidad de la presencia de la tropa extranjera, según se entiende, desdibujaron el objetivo inicial diplomático brasileño de proyectarse como fuerza capaz, interesada en beneficio de la estabilidad mundial, distanciando más su candidatura como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Destacan que para Itamaraty hubiese sido mejor la política “soft power” o de “hegemonía suave”; es decir, programas de cooperación humanitaria y técnica como por ejemplo en Haití y países de África y Asia (alimentos y medicamentos para Etiopía, Mozambique, Corea del Norte, Gaza y a refugiados afganos en Irán y Pakistán). Mediante esta estrategia Brasil sería reconocido y prestigiado en el mundo de los no alineados y su “cooperación humanitaria”, quedaría libre de exigencias políticas como en las “ayudas humanitarias” ofrecidas por los EUA.

Estiman que iniciativas como la fundación del G-20 de los países emergentes en el 2003, el Unasur en el 2008, la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en el 2010, las infructuosas tentativas de mediación nuclear entre los países occidentales e Irán, las negociaciones entre Israel y Palestina marcan una política de independencia y protagonismo brasileño, creando la conciencia de una nueva diplomacia.

Las precedentes observaciones recogidas de la revista brasileña Carta Capital, publicada a principios de enero de 2013, también incluyen en su contenido que hace diez años Brasil abdicó a cualquier liderazgo en Latinoamérica por la ineficiencia de Itamaraty, que delegó esta función a la diplomacia bolivariana. La revista puntualiza que si hay una deficiencia hoy en Itamaraty se debe a su exceso de discreción. Dice que para evitar asumir posiciones explícitas, el pragmatismo del gobierno de Dilma causa la impresión de tratar las relaciones exteriores como asuntos de diplomáticos y de economistas. Advierte que hay un aparente retroceso, no obstante, el enfoque tecnocrático que puede evitar muchos errores y mal entendidos tiende a reducir los malestares en relación con las potencias occidentales. Pero también puede impedir los grandes aciertos que ayudarían a clarificar sus posiciones.

Finalmente, el semanario se pregunta si cambiaría la situación con la desaparición del teniente coronel Hugo Chávez. La expectativa es grande, sin dudas habría que barajar de nuevo.

Análisis

El análisis soslaya la gran dependencia económica del Brasil de la Itaipú y de la energía eléctrica de su socio condómino ...

Gratuito

Esa energía es cedida gratuitamente a Eletrobrás para que beneficie a accionistas sin compromisos con el pueblo brasileño.

No válido

La simple conveniencia económica (...) no es válida como argumento para suscitar la integración de grupos privilegian la economía.

(*) Autor de los libros Itaipú la apropiación indebida e Itaipú una victoria bien brasileña.

juanantoniopozzo@gmail.com

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El entreguista Tratado de Itaipú

Por General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno (*). Artículo publicado en Abc Color el domingo 13 de enero de 2013.

En 1872, el Tratado Loizaga-Cotegipe “… consagró la vieja aspiración brasileña de lograr los territorios situados entre los ríos Blanco y Apa y la zona del Amambay” (Benítez, Luis G. Manual de Historia Paraguaya).

En 1876, se firmó en Buenos Aires el Tratado Machaín-Irigoyen, por el que la Argentina se apropió de las regiones al Sur del río Paraná y las comprendidas entre los ríos Bermejo y Pilcomayo.

En ambos documentos se le obligó a ceder al Paraguay, dependiente de las fuerzas invasoras de ocupación, unos 150 mil kilómetros cuadrados de territorio nacional. No obstante, quedó pendiente la pretensión argentina sobre la región situada entre los ríos Pilcomayo y Verde que el fallo arbitral de noviembre de 1878 decidido por Mr. Rutherford B. Hayes, presidente de los Estados Unidos de América, adjudicó al Paraguay.

Antes de un año del laudo Hayes, el 15 de octubre de 1879, bajo la presidencia de Cándido Bareiro, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay y el ministro plenipotenciario de Bolivia suscribieron en la ciudad de Asunción el Tratado Decoud-Quijarro que concedía a Bolivia desde “… el paralelo que parte de la desembocadura del río Apa hasta encontrar el río Pilcomayo. En consecuencia, el Paraguay renuncia a favor de Bolivia el derecho al territorio comprendido entre el mencionado paralelo y la Bahía Negra y Bolivia reconoce como perteneciente al Paraguay la parte sud hasta el brazo principal del Pilcomayo”. Finalmente, la entrega de la mitad del Chaco Boreal fue impedida mediante el patriotismo de los miembros del Congreso Nacional que se negaron a ratificar el ignominioso tratado.

Casi un siglo después, se repite la historia con uno de los convenios bilaterales más perniciosos  en la vida independiente del Paraguay: el Tratado de Itaipú del 26 de abril de 1973. En esta ocasión, para desgracia del país, el acuerdo fue ratificado el 17 de julio del mismo año por la mayoría oficialista del Poder Legislativo que así formalizó la cesión gratuita al Brasil de la energía no utilizada por el Paraguay a ser generada en Itaipú. En vez del precio justo, acordado en el Acta de Foz de Yguazú de 1966, Itaipú quedó en abonar por la energía cedida una irrisoria compensación al Paraguay.

El general Alfredo Stroessner y los que negociaron el Tratado de 1973 (Enzo Debernardi, Carlos Augusto Saldívar, Raúl Sapena Pastor, Alberto Nogués, Ezequiel González Alsina), son sindicados (ABC Color 7 de febrero de 2011) como los responsables de:

- la cesión gratuita a la margen izquierda de la electricidad paraguaya,

- la resignación de la cogestión paritaria y

- la renuncia a la vigilancia de la margen derecha por elementos propios de seguridad.

Estas abdicaciones a favor del socio condómino, increíblemente ratificadas por la mayoría oficialista de la legislatura nacional, eran necesarias -según argumentaban los que se allanaron a la imposición- para preservar la seguridad nacional. ¿Acaso no estudiaron el acuerdo que convalidaron y convirtieron en Ley? Solamente así puede explicar la ratificación y el detalle de la inclusión de la palabra “compulsorio” (Art. XII del Tratado, párrafo a, párrafo c) que no registra el diccionario de la Real Academia Española.

Sin embargo, para el presidente del Tribunal Ético Contra la Impunidad, Antonio Palazón Ibieta, el Tratado de Itaipú fue solo un medio con el que Stroessner “…logró su seguro con Itamaraty, quien luego lo protegió hasta su muerte” (Palazón Ibieta, Antonio. 2010. Lágrimas y esperanzas de generaciones postergadas. p. 2).

Ya en un nuevo escenario Mateo Balmelli, como novel director general paraguayo, expuso como estrategia que “Seguiremos exigiendo los derechos del pueblo paraguayo, la igualdad en la cogestión administrativa, el justo precio y todo lo que corresponda” (ABC Color 19 de agosto de 2008). Años después, el ex director general paraguayo de Itaipú argumentaba, que por la carencia de fuerza, no se puede “Pretender forzar la situación para que un Estado reconozca que explotó y sustrajo riquezas de otro constituye un desaguisado al cual se apela cuando se está en condiciones de poder llevar el uso de la fuerza a la práctica” (Balmelli, Mateo. 2011. Itaipú una reflexión ético-política sobre el poder. p.192).

De acuerdo con esta teoría, condenado Itaipú al statu quo, seguirá sin respuestas el Estatuto paritario de 1995 y la lista de seis puntos reclamados, en septiembre de 2008, en la mesa negociadora. Concomitantemente, a causa de nuestra limitada capacidad disuasiva, nos estaría vedado el reclamo del holocausto ocasionado al pueblo paraguayo por la Triple Alianza y la memoria histórica, obrante en el Archivo Nacional, permanecerá secuestrada en Río de Janeiro. En la misma línea de pensamiento, el holocausto del pueblo armenio por el Gobierno turco seguiría impune y Palestina no habría podido obtener, ni reafirmar su nueva condición que le otorgó la Asamblea General de la ONU, que reconoció a la Autoridad Nacional Palestina como Estado observador de la organización.

Por otro lado, el abogado Eduardo De Gásperi plantea como alternativa válida para la política internacional del Paraguay, la anulación del Tratado de Itaipú por entender como “…una desviación de la buena fe del objeto y fin del Tratado…” a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que establece en su Artículo 31, como regla general de interpretación, que “Un Tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del Tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y su fin”.

Mediante algunos maquillajes concedidos en el acuerdo, desde el 1 de noviembre de 1973 (N.R. 18/73) los servicios de seguridad quedaban sometidos a las respectivas soberanías nacionales y desde 1986 (N.R. 4/86) el Estado brasileño, en vez de Itaipú, se encargó la compensación por la cesión de energía. En el mismo año (N.R. 1/86), Debernardi ascendió a director general paraguayo y los otros directores, todos con voz y con voto. No obstante, las direcciones Técnica y Financiera del directorio ejecutivo, que gobiernan Itaipú, seguía en manos de funcionarios brasileños.

El impacto de esta asimetría en el Tratado de Itaipú de 1973, que desarrolló al Brasil y postergó al Paraguay, continúa hoy día con sus perniciosos efectos. Ningún programa que contemple el uso de la hidroelectricidad podrá prosperar hasta tanto no se recupere la soberanía energética del Paraguay tan vilmente entregada en 1973.

Conviene recordar a las autoridades que están promoviendo las instalaciones en Paraguay de la electrointensiva Rio Tinto Alcan, con sede en Montreal, que en el Anexo C, Condiciones de Abastecimiento, parágrafo II.2, se advierte que “Cada entidad en el ejercicio de su derecho a la utilización de la potencia instalada, contratará con la ITAIPÚ, por periodos de veinte años (periodos de diez años desde la N. R. 1/74), fracciones de la potencia instalada en la central eléctrica, en función de un cronograma de utilización que abarcará ese lapso e indicará, para cada año, la potencia a ser utilizada”. Un verdadero corsé técnico que preserva al socio condómino contra las improvisaciones de utilización de más energía paraguaya de Itaipú por la ANDE.

No obstante, lo que queda en claro es que la sustracción por el Brasil de la riqueza industrial más importante del Paraguay, que afecta profundamente a su población más carenciada, sigue vigente.

El hecho, solo comparable con la rapiña sufrida como corolario de la Guerra Guazú (1864-1870), amerita un enfoque más realista, no entreguista, en las relaciones bilaterales con el vecino país.

Seguro

El Tratado de Itaipú fue solo un medio con el que Stroessner logró su seguro con Itamaraty, que lo protegió hasta su muerte (A. Palazón)

Fuerza

Por la carencia de fuerza no se puede “Pretender forzar la situación para que un Estado reconozca que explotó ... a otro”.

¿Teoría?

Según esa teoría, seguiremos sin respuestas sobre el Estatuto paritario de 1995 y la lista de seis puntos reclamados.

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Los peligros de los actos secretos

Por General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno (*). Artículo publicado en Abc Color el domingo 6 de enero de 2013.

El Tratado de Itaipú del 26 de abril de 1973, aprobado por el Congreso Nacional el 17 de julio del mismo año, sigue siendo cuestionado duramente por la opinión pública. El acuerdo, negociado en secreto, fue celebrado entre los presidentes de Paraguay y Brasil, generales de ejército Alfredo Stroessner Matiauda y Emilio Garrastazú Médici y sus plenipotenciarios, doctor Raúl Sapena Pastor y embajador Mario Gibson Barboza.

Vista aérea del complejo hidroeléctrico Itaipú. Vertedero, presa principal, casa de máquinas, etc. / ABC Color

Cabe recordar que mediante el Tratado de Itaipú se formalizó la entrega gratuita al Brasil de la totalidad del excedente energético y el control de la seguridad de áreas territoriales bajo soberanía nacional. Y como si fuera poco, la Nota Reversal Nº 1 del 26 de abril de 1973, dejó a cargo del vecino país la Dirección General y las Direcciones Técnica y Financiera. Sapena Pastor, al referirse al peso desequilibrante que otorgaba el dominio de la Dirección General, expresó que “…lo hemos hecho deliberadamente, la primera diferencia que no es igualdad” (Editorial ABC Color del 30 de mayo de 1973). Estos descalabros asimétricos, que sabotean la cogestión paritaria, fueron morigerados a partir del 1 de noviembre de 1973, cuando cada parte se encargó de custodiar su propia margen.

Y desde 1986, el Estado brasileño en vez de Itaipú, se comprometió a abonar la ínfima tarifa por la cesión de energía. Como dato llamativo, en el mismo año, después de trece años de adjuntazgo con voz pero sin voto, el director adjunto Debernardi ascendió a director general. Sin embargo, estos maquillajes no alcanzaron hasta hoy día a las poderosas Direcciones Técnica y Financiera, responsables de regular la soberanía energética del Paraguay. Aparte de destacar la propaganda oficial que el Paraguay solo aportaba el agua, abundaron otros argumentos oficialistas a través de sus principales exponentes para tratar de convencer a los incautos sobre la excelencia del acuerdo de Brasilia de 1973. Algunos de ellos, todos opuestos a los intereses de la nación son:

1) Enzo Debernardi en “Apuntes para la historia política de Itaipú” justificaba la cesión obligatoria del excedente energético al Brasil a la falta de interés de la Argentina u otro vecino en adquirirlo. También consideraba como razonable la irrisoria tarifa a ser abonada por Itaipú como compensación, en vez del precio justo acordado en Foz de Yguazú, porque según afirmaba, el socio no tendría inconvenientes en generar de fuentes propias la electricidad demandada por su mercado.

- La verdad es que Brasil no disponía, ni dispone hasta ahora, otra generadora del porte de Itaipú que impulsó y sigue sosteniendo su desarrollo. No obstante estar prohibido, contrariando los pronósticos de Debernardi, los brasileños intercambian en el convertidor Garabí energía de Itaipú con los argentinos sin participación paraguaya. En Garabí, sobre el río Uruguay, entre Corrientes y Río Grande del Sur, se convierte de un ciclo a otro la energía de Itaipú y de Yacyretá.

2) Carlos Augusto Saldívar, principal negociador del Tratado con Raúl Sapena Pastor, Enzo Debernardi, Alberto Nogués y Ezequiel González Alsina, en parte de su pintoresca exposición a fines de mayo de 1973 en el Senado para aconsejar la aprobación y ratificación del Tratado, refiriéndose al Artículo XIII, que reemplazó el “derecho de preferencia” por el “derecho de adquisición”, que entregaba obligatoriamente al Brasil el excedente paraguayo expresó: “El Artículo XIII reproduce el Acta Final firmada en Foz de Yguazú; consagra nuevamente como el Acta Final, la división en partes iguales entre los dos países de la energía producida por el aprovechamiento. Aquí se consagra –repito– un instrumento que en su momento fue objeto de dudas y ataque” (Aguas que valen oro. ENRÍQUEZ, p. 117).

- Se fue por las ramas. En ningún momento de su extensa exposición explicó por qué desapareció el “derecho de preferencia” y el “justo precio” acordado en el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966.

Sin embargo, según el expositor, la soberanía de la República estaba a salvo: “En los documentos en estudio, Señor Presidente, hemos visto, que los factores de la seguridad nacional están a cubierto y los objetivos nacionales permanentes de la Nación paraguaya –que deben ser cumplidos siempre– aparecen en toda la letra y el espíritu del Tratado. Por eso la Comisión ha basado el punto primero de su dictamen en esta fórmula axiomática para nosotros los mayoritarios, que dice la integridad territorial y la soberanía de la República están a salvo en todo momento” (ENRÍQUEZ, p. 90).

- Un discurso que encubría lo esencial. Siempre se guardó, en su perorata, de mencionar la inconstitucional autorización a la seguridad brasileña para intervenir en la margen derecha.

Al referirse Saldívar al parágrafo 3º del Artículo XV del Tratado, recitó triunfalmente: “La ITAIPÚ incluirá, además, en su costo de servicio, el monto necesario para compensar a la Alta Parte Contratante que cede energía a la otra”. “…Por eso se llama ‘compensación’. No es compensación por vender un derecho o ceder un derecho. ¡En absoluto se cede ese derecho, Señor Presidente! ¡Porque el derecho es firme!, ¡el derecho inalterable! Lo que se cede es la energía: ¿y por qué cedemos energía? ¡Porque es nuestra! Primero tiene que ser nuestra en virtud del derecho y esa energía que nos pertenece en virtud de nuestro derecho, la cederemos, en cuanto así convenga a nuestros intereses” (ENRÍQUEZ, p.151).

- En ningún momento se refirió al “justo precio” por la energía excedente acordado en el Acta Final de Foz de Yguazú que desapareció por completo. Por la “cesión” solo se fijó una cifra ínfima como compensación que, para más, fue incluida en el costo de servicio de electricidad de la entidad binacional. Itaipú debía pagar la compensación y el Paraguay como “la otra Alta Parte contratante” estaba obligado autocompensarse.

No en balde ABC Color, en su editorial del 30 de diciembre de 2012, preocupado por los pactos pocos transparentes, temeroso de que se repitan las tristes experiencias de Itaipú y de Yacyretá con la cuestionada empresa canadiense con base en Montreal, Rio Tinto Alcan, advierte a la opinión pública que: “…el oculto Itamaraty, utilizando el mismo sigiloso sistema en complicidad con los funcionarios superiores y el mismo presidente Federico Franco, nuevamente pretende burlar al pueblo paraguayo con el manejo secreto de las negociaciones con esta empresa que intenta instalarse en el Paraguay como ave de rapiña, para secuestrarle a precio miserable la mayor riqueza natural existente hoy en el planeta como lo es la energía hidroeléctrica”.

Entrega

Cabe recordar que mediante el Tratado de Itaipú se formalizó la entrega gratuita al Brasil de la totalidad de nuestro excedente

(*) Autor de los libros Itaipú una apropiación indebida e Itaipú una victoria bien brasileña.

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¿Qué hacemos por nuestra patria?

Por General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno (*), artículo publicado en Abc Color el domingo, 30 de diciembre de 2012

- Los abogados del Chaco
El título de este artículos es la reflexión, con motivo de un nuevo año, que nos debemos los paraguayos. El presidente John Fitzgerald Kennedy lo proclamaba como eje central de su Política de Gobierno.

Fulgencio R. Moreno. Foto de Portal Guaraní, extraída de Google Image

Muchos años antes que Kennedy, así lo entendieron Fulgencio R. Moreno y otros patriotas, por cuyas obras nuestros soldados fueron al Chaco convencidos de la verdad que sustentaba la causa paraguaya.

El abogado de la patria, argumentaba en “La cuestión de límites con Bolivia”, publicado en 1928, que “el diferendo que se ventila, entre los dos países es, pues, sobre la determinación de sus respectivas fronteras. La cuestión pendiente entre el Paraguay y Bolivia es de delimitación no territorial”.

Moreno, con esta tesis excluía el territorio del Chaco del conflicto y de toda polémica. Establecía de esta forma la realidad jurídica del problema con pruebas de evidencia innegable del dominio paraguayo al occidente de su río, desde el Pilcomayo hasta las posesiones brasileñas.

El dominio, ejercido sin interrupción y sin reclamos por más de medio siglo de vida independiente y en todo el tiempo colonial –no reclamado sino por el contrario reconocido por el Gobierno de Bolivia en diversas ocasiones durante ese período– cerraba toda posibilidad a las pretensiones posteriores surgidas ocasionalmente sobre dicha zona territorial nunca admitida por el Paraguay. A pesar de su política cordial con la nación hermana, no existía la menor posibilidad de someter en discusión la soberanía paraguaya.

Otro de los firmes defensores de esta causa nacional fue Blas Garay. En 1896, cuando tenía tan solo 23 años de edad, ocupó la Subsecretaría de Hacienda durante el gobierno del general Juan Bautista Egusquiza. El presidente lo designó, gracias a su talento, a pesar de que militaba en una corriente interna disidente.

Posteriormente, el jefe de Estado lo envió a España con la delicada misión de obtener datos y documentos en el Archivo General de Indias (Sevilla). Todo lo relacionado a títulos, cédulas, provisiones y mapas que acreditaban nuestra antigua e inveterada posesión pacífica del Chaco Boreal. Se estaba incubando el conflicto de límites con Bolivia, que detonaría luego en la Guerra del Chaco (1932-1935). Garay cumplió con capacidad y laboriosidad una tarea que fue fundamental en años posteriores para la defensa de los intereses nacionales. Blas Garay falleció en plena juventud a los 26 años de edad sin poder contemplar su gran contribución al servicio de la patria.

Muchos otros patriotas, intelectuales como aquellos, no dudaron en aportar sus conocimientos para reivindicar los derechos del Paraguay hasta los límites arcifinios del Chaco boreal.

- Cambiaron los tiempos. Breve recuento histórico
No obstante, los tiempos cambiaron. Con argumentos jurídicos que no respondían a los intereses del Paraguay, se construyó en la entidad binacional Itaipú un tercer Estado subordinado al Brasil para sustraerlo del ámbito estatal paraguayo y paralizar su participación. La propaganda oficial triunfalista, para morigerar los continuos cuestionamientos, difundía que el Paraguay solo aportaba el agua. La iniciativa, bajo el mandato del general Alfredo Stroessner (1954-1989) apoyados por funcionarios leales a su servicio, privó al Paraguay de su riqueza industrial más importante: Itaipú.

Un breve recuento recogido por la historia, de la que no se salva la etapa de la transición democrática inficionada por los leales del régimen anterior, nos señala como se fue consolidando la entrega de nuestra soberanía energética al vecino país a través de Itaipú. Todas ellas por ambiguas razones de seguridad, según se alegaba, en el marco del statu quo.

En efecto, mediante el Tratado de Itaipú del 26 de abril de 1973, los cancilleres Raúl Sapena Pastor y Mario Gibson Barboza formalizaron la entrega gratuita de la energía excedente al Brasil. Itaipú se hizo cargo de la compensación por la cesión de energía. A partir de 1986, esta ínfima compensación es abonada por el Estado brasileño y es así como el excedente paraguayo quedó comercializado, en el mercado brasileño con pingües beneficios, por la Eletrobrás y no por la ANDE.

Como si fuera poco, por Nota Reversal Nº 7 del 26 de abril de 1973, se asignó a funcionarios brasileños en las principales direcciones del Directorio Ejecutivo. Desde entonces, haciendo tabla rasa de la cogestión paritaria, Itaipú quedó a cargo del Brasil.

En el 2002, una vez clasificada la energía en categorías –Gobierno del abogado Luis Ángel González Macchi– se completó la obra con la apropiación indebida por la Eletrobrás de la mayor parte de la energía adicional a la garantizada, muy barata, quedando para provecho de la ANDE una mínima porción de ella.

En 1993 – Gobierno del Ing. Juan Carlos Wasmosy- la Corte frenó la injerencia en la binacional de la Comisión de Ilícitos del Congreso (Ley 137/93), por contradecir, según José Antonio Moreno Rufinelli, el orden de prelación de las leyes. “… En consecuencia, cualquier interpretación extensiva de la Ley 137/93, que quiera imponer un control unilateral directo por medio de la Comisión de Ilícitos, atentaría contra el orden de prelación establecido en el art. 129(sic) de la Constitución Nacional” (Ddebernardi, p.585, p.586).

Durante el mismo gobierno, el 26 de diciembre de 1997, los ministros de la Corte Suprema de Justicia hicieron lugar a una medida de urgencia solicitada por los abogados de Yacyretá, Itaipú y ANDE. Los ministros suspendieron, esta vez, los efectos de la Ley 1161/97 que obligaba a los funcionarios de las binacionales a informar y enviar documentación al Congreso y la Contraloría a través de la ANDE. De acuerdo con ABC Color, Itaipú fue representado por el abogado Anastacio Acosta Amarilla; Yacyretá por Aníbal Scappini y la ANDE por Marcos Amarilla Lesme. La acción fue patrocinada por los doctores Juan Carlos Mendonca y José Antonio Moreno Ruffinelli.

En el año 2011 -Gobierno de Fernando Lugo- fue confirmado la inconstitucionalidad de la Ley 1161/97 por la Sala Constitucional de la CSJ.

La Sala Constitucional de la Corte, con los votos de Antonio Fretes, Alicia Pucheta de Correa y Miguel Oscar Bajac, declararon inaplicable la Ley Nº 1161/97, “Que reglamenta las obligaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)”.

El 24 de junio de 2011, parte del furibundo editorial de ABC Color expresaba:

“Con los trastocados fundamentos normativos de su sentencia, lo que ha venido a establecer la Sala Constitucional es algo así como el reconocimiento de la existencia de dos nuevos estados independientes, las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, en las que las cuentas nacionales de las mismas no deberán ser informadas al Poder Legislativo ni a la Contraloría General de la República. Estas binacionales, que mueven inmensas sumas de dinero, no estarán sujetas en nuestro país a más control que el que quiera efectuar la ANDE. Los funcionarios paraguayos que se desempeñan como directores y consejeros de las binacionales tampoco estarán sujetos a más control que el que quiera hacer la ANDE. El Congreso no puede ejercer ninguna acción en la materia. El contralor general se encuentra con que la Sala Constitucional de hecho ha derogado el art. 283 inc. 4 de la Constitución, que le otorgaba la fiscalización de las cuentas nacionales de las entidades Itaipú y Yacyretá”.

De esta manera, entre 1973 y 2011, las autoridades oficialistas gubernamentales se encargaron de construir Estados binacionales, cerrando al Congreso Nacional o a la Contraloría General de la República toda posibilidad de controlarlos. Amparados en el blindaje jurídico, hoy día, una simple lista de niveles salariales solicitados por el Congreso Nacional, son negados por funcionarios dependientes del Estado paraguayo. Realmente, es de lamentar.

Gratuita

Mediante el Tratado de Itaipú del 26 de abril de 1973, los cancilleres formalizaron la entrega gratuita de la energía excedente al Brasil.

Control

Entre 1973 y 2011 las autoridades crearon Estados binacionales, cerrando al Congreso o a la CGR la posibilidad de controlarlos.

(*) Autor de los libros Itaipú, una apropiación indebida e Itaipú, una gran victoria brasileña.

juanantoniopozzo@gmail.com

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Gobierno repite lo que hizo Stroessner con Itaipú

Artículo publicado en Abc Color en fecha 25 de diciembre de 2012

El gobierno del presidente Franco “no puede actuar como se hizo (durante la dictadura stronista) con Itaipú en 1973, cuando se comprometió los intereses nacionales entre cuatro paredes”, afirmó ayer el Gral. de Brig. (SR) Juan Antonio Pozzo Moreno. Fue al ser consultado sobre el preacuerdo firmado entre el Estado paraguayo y la firma multinacional Rio Tinto Alcan (RTA)

Juan Antonio Pozzo Moreno, general retirado. / ABC Color

A criterio del militar retirado, el convenio “está viciado de nulidad, no es válido”, porque el Gobierno incumplió principios elementales de la democracia, como la transparencia y la participación ciudadana.

“En democracia se tiene que transparentar las acciones del Gobierno, en democracia es indispensable la participación ciudadana, por eso es inaceptable que se esconda de la opinión pública los temas de interés nacional”, expresó el general retirado y analista de temas energéticos.

Pozzo Moreno sostuvo que ya es tarde cualquier aclaración que haga la administración franquista o la propuesta de un referéndum, porque ya “se instaló la duda en la gente”.

Consideró que los representantes del Gobierno liberal faltaron “el respeto a la ciudadanía” al actuar “con una temeridad tal y falta de inteligencia difícil de creer”. “La democracia exige respeto y aún así definieron asuntos de interés nacional entre cuatro paredes”, insistió Pozzo Moreno. Finalmente, dijo que la propuesta del referéndum es una respuesta a la presión de la ciudadanía, pero reiteró que es una respuesta tardía e insuficiente, porque “no se actuó con sinceridad”.

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¿Récord de energía para el desarrollo?

Por General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno (*), Publicado en Abc Color. Domingo, 23 de diciembre de 2012

“Los resultados de Itaipú o del Tratado de Itaipú, tal como lo vemos nosotros, son en primer lugar el desarrollo, desarrollo para los dos países. No hemos buscado ningún negocio en Itaipú. Se percibirán ciertamente varios millones de dólares, pero ese no fue el objetivo fundamental que se ha hecho y se ha buscado, y hacemos mal cuando ponemos a afilar el lápiz para ver cuánto vamos a sacar de esta empresa. 

El ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura stronista, Raul Sapena Pastor. Foto de Abc Color.

El principal provecho es el desarrollo, porque desarrollo significa bienestar social, desarrollo significa viviendas, significa cultura, educación, mejores niveles de vida para los dos países” (Parte de la Conferencia dictada por el canciller Raúl Sapena Pastor en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas en el año 1973. AGUAS QUE VALEN ORO de E. Enríquez G., pág. 763).

Desde entonces, todos los proyectos relacionados con el desarrollo del Paraguay son asociados con la energía hidroeléctrica. Energía que, mediante un tratado hecho a la medida, sí consiguió para el vecino país “mejores niveles de vida”. Todo, gracias a que los negociadores paraguayos y brasileños, modificando hábilmente el acuerdo de Foz de Yguazú, legitimaron a través del Tratado de Itaipú la entrega de Itaipú al Brasil.

No obstante, cuando de economía se trata, sigue prevaleciendo en Paraguay el criterio de Sapena Pastor enunciado en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas en 1973.

Lamentablemente, la condición de copropietarios, tanto en Itaipú como en Yacyretá, es solo una virtual razón por la que no podemos aprovechar la mitad de la producción energética de las centrales hidroeléctricas que nos corresponde.

Para hacer realidad la teoría de la energía para el desarrollo se requiere, en primer lugar, la libre disponibilidad de la hidroelectricidad paraguaya derivada obligatoriamente, por una tarifa irrisoria, a los socios de la margen izquierda.

Entre tanto, los planes que apuntan a su uso son eso: planes.

Ambiciosos proyectos

Técnicos del sector eléctrico y algunos referentes de la política partidaria siguen planteando ambiciosos proyectos con base en la electricidad en el convencimiento de que nuestros socios condóminos, aparentemente más previsibles e institucionalizados, retornarán a solicitud nuestra la energía tan generosamente cedida. Solo hay que pedirlo cuando llegue el momento, afirman cándidamente.

La declaración conjunta del 25 de julio de 2009 demuestra que así no son las cosas.

En el documento, el presidente Lula reconoció “…la conveniencia de que la ANDE pueda gradualmente, a la brevedad posible, comercializar, en el mercado brasileño, energía de Itaipú correspondiente a los derechos de adquisición del Paraguay”.

También, en la misma declaración, acordó

“… la construcción por Itaipú de la LT 500 kV entre la SE Itaipú-MD y la SE Villa Hayes, así como está, las cuales serán transferidas sin costo al Paraguay”. Promesas para los incautos.

La ELETROBRÁS y no la ANDE, hasta ahora, vende la electricidad paraguaya en el mercado mayorista brasileño. Por otro lado, se dejó de lado a Itaipú y se quedó atada la construcción de la LT 500 kV al Brasil, en su condición de socio mayoritario de los Fondos Estructurales de Mercosur (Focem), en detrimento de otras iniciativas más autónomas.

Entre tanto, persiste el fundado temor de que intempestivamente, en sus cambios cíclicos, Itamaraty decida que “…infelizmente, debido a las condiciones políticas imperantes y a razones presupuestarias, no podrán ser desembolsado los fondos…”

Las lecciones de la historia nos advierten sobre la versatilidad de nuestros socios condóminos.

Lamentablemente, sin la libre disponibilidad de la energía, los proyectos con base en la hidroelectricidad son gastos de pólvora en chimangos. Son discursos sustentados en el error y la ilusión.

La dura realidad nos debe conducir, sin más trámites, hacia otras vías más expeditas en la búsqueda de la restitución de nuestros derechos soberanos. Panamá y Bolivia, en análogas circunstancias, así lo hicieron con singular suceso.

Perdida toda iniciativa, la ANDE continúa sin poder comercializar a precio justo su excedente en los mercados brasileños o argentinos, en función de negocio.

Tampoco es posible instalar más industrias en el país, en función de desarrollo. Es tiempo de que los gobiernos paraguayos entiendan que nuestros socios condóminos aplican los acuerdos conforme a sus intereses. No están dispuestos a devolver la energía paraguaya mientras no obtengan otras fuentes substitutas más rentables. Las nuevas fuentes que logran activar siguen siendo insuficientes.

El ingeniero Ernesto Samaniego, preocupado profesional del sector, advierte que “estamos en una crisis de suministro de energía eléctrica, que condiciona cualquier proceso serio de desarrollo social y económico que se pretenda concretar. El servicio eléctrico está prácticamente racionado, se ha llegado al límite de la capacidad de suministro. De poco y nada ha servido la denominada ‘Ley de Emergencia’, por la cual se autorizaba al presidente de ANDE, Ing. Fatecha, utilizar 85 millones de US$ para tratar de solucionar el problema”.

También afirmó que “no puede haber desarrollo social y económico posible sin contar con un abastecimiento de energía eléctrica con estándares de calidad, confiabilidad y continuidad, a costos razonables, o al menos competitivos”.

Al respecto, el miércoles 19 del corriente mes, ABC Color con grandes titulares en primera plana destacó que “En un país con apagones, festejan el récord alcanzado por Itaipú”. Seguidamente, el matutino señaló: “Con una pomposa ceremonia se celebró ayer el récord de producción de energía que logró la Itaipú Binacional, con la presencia del presidente de la República, Federico Franco. La hidroeléctrica alcanzó 94,7 millones de MWh. Paradójicamente, los apagones se multiplican en todo el país y la ANDE tuvo que salir a exhortar a los usuarios a reducir el consumo”.

Está visto que las exclamaciones de gozo por los récords de producción no alcanzan para resolver el acuciante problema.

Ley

De nada ha servido la denominada “Ley de Emergencia”, por la cual se autorizaba a la ANDE utilizar

US$ 85 millones.

Récords

Está visto que las exclamaciones de gozo por los récords de producción no alcanzan para resolver el acuciante problema.

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La cesión de energía

Por Juan Antonio Pozzo Moreno (*), ABC Color. Domingo, 16 de diciembre de 2012.

Itaipú debiera de ser la riqueza industrial más importante del Paraguay. No lo es, porque su socio Brasil, aprovechando la debilidad de los Gobiernos paraguayos, se apropió de la central hidroeléctrica Itaipú.

Itaipú debiera de ser la riqueza industrial más importante del Paraguay, pero no lo es. / ABC Color

El objeto y el fin del Tratado de Itaipú de 1973 es la división en partes iguales de la producción generada por la usina hidroeléctrica.

No obstante, mediante artificios, negociadores brasileños y paraguayos desviaron de su objeto el contexto del tratado para que la energía no utilizada correspondiente al Paraguay sea derivada al Brasil. Itaipú tuvo que incluir en el costo de servicio de electricidad el pago de la compensación para que la energía, cedida obligatoriamente, sea totalmente gratuita.

Una dulce mentira, una flagrante contradicción, que obligaba a Paraguay como la otra Alta Parte Contratante compensarse a sí mismo.

El precio justo por la energía no utilizada, acordado en el Acta de Foz de Yguazú de 1966 y que sirvió de base para negociar el Tratado de Itaipú de 1973 –redactado en secreto–, quedó substituido por la figura de la compensación.

Con este arreglo aprobado, en julio de 1973, por la mayoría oficialista del Congreso Nacional, el vecino país se apropió del excedente energético, actualmente el equivalente a dos producciones anuales de la central Yacyretá.

Recién en 1986 el Estado brasileño se hizo cargo de la irrisoria compensación por la hidroelectricidad paraguaya.

En estudios realizados por el ingeniero Nelson Cristaldo, profesional paraguayo con maestría en ingeniería en sistemas de potencia de la Universidad Internacional de Florida, USA, esta misma hidroelectricidad contribuyó en el año 2010 con el 7% del PIB del Brasil.

Considerando que cada 25 KWh (kilovatios hora) de energía produjo unos US$ 100, la electricidad paraguaya aportó en el PIB del socio condómino más de US$ 143.000 millones. Esta sideral cifra representa la mitad del costo de la reparación de daños, en edificios y en infraestructura, que significó para el Japón el terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo de 2011.

Los bandeirantes, que a partir del siglo XVI expandieron la colonia portuguesa en Suramérica a costa de sus vecinos, hicieron tabla rasa del derecho internacional. De igual modo, con arreglos en el contexto del Tratado de Itaipú de 1973, Brasil logró expandirse, una vez más, a costa de Paraguay apropiándose indebidamente de la Central Hidroeléctrica Itaipú.

Objeto

El objeto y el fin del Tratado de Itaipú de 1973 es la división en partes iguales de la producción generada por la hidroeléctrica.

(*) Autor de los libros: Itaipú, la apropiación indebida; e Itaipú, una victoria bien brasileña.

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Itaipú, fuente inagotable

Por General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno (*), Publicado en Abc Color. Domingo,09 de diciembre de 2012

La Centrais Elétricas Brasileiras SA (Eletrobrás) es descrita en el sitio web Business News Américas, como un “holding eléctrico” brasileño, público, que financia proyectos y controla activos de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en todo el país.

/ ABC Color

Es responsable de casi el 60% de las líneas de transmisión y del 38% de la capacidad instalada, en generación de Brasil. Posee más de 53.000 Km de líneas de transmisión sobre los 230 kV y tiene una producción de 39.413 MW de energía, gracias a 31 hidroeléctricas, 15 termoeléctricas y dos termonucleares.

Destacan entre ellas: Tucuruí (8.370 MW), la parte brasileña de Itaipú Binacional (6.300 MW), el complejo de Paulo Afonso (3.984 MW), Xingó (3.000 MW), las termonucleares Angra 1 y Angra 2 (2.007 MW), Serra da Mesa (1.275 MW), Furnas (1.226 MW) y Sobradinho (1.050 MW)”.

“Eletrobrás es controlada por el Gobierno Federal”, concluye la descripción de Business News Americas SA.

No obstante, es posible que ninguna de sus hidroeléctricas, termoeléctricas o termonucleares la hayan beneficiado tanto, exageradamente, como Itaipú, central hidroeléctrica binacional que controla como su única propietaria desde el Tratado de 1973. Un claro ejemplo del imperialismo brasileño y del devaluado patriotismo paraguayo.

Para iniciar la obra de Itaipú –aparte de US$ 100 millones como aporte de capital de la ANDE y la Eletrobrás– la Eletrobrás concedió en 1975 un crédito de US$ 3.566 millones en moneda brasileña, compatible con el cronograma original de obras, ocho años de gracias, hasta 1983, y un interés del 10% más corrección monetaria, etc.

La deuda con la Eletrobrás en 1990, consecuencia del préstamo de US$ 3.566 millones, renegociada durante el Gobierno del general Rodríguez, ascendía a US$ 9.336 millones. En julio de 1994, la deuda aceptada por el préstamo era de US$ 10.837 millones; sin embargo, de un plumazo, por efecto del Plan Real, que apuntaba a controlar la hiperinflación, problema brasileño crónico, en diciembre del mismo año aumentó a US$ 15.420 millones.

En 1996, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, la deuda renegociada de Itaipú con la Eletrobrás quedó reestructurada en US$ 16.225 millones. En esta ocasión a los US$ 12.032 millones de pasivo a vencer se le añadió, insólitamente, US$ 4.193,5 millones en concepto de deuda vencida.

Esta última cifra fue declarada por la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso de 1997 como “…nulas en sus efectos y alcances las resoluciones del Directorio Ejecutivo y del Consejo de Administración, que ocasionaron la deuda ilícita de más de US$ 4.000 millones…”. De igual manera, en diciembre de 2010, la Contraloría General de la República consideró la venta por debajo del costo del servicio de electricidad, origen de la deuda vencida, como de aplicación ilegal. La prensa la calificó como “deuda espuria”.

El pasivo renegociado con la Eletrobrás, US$ 16.225 millones, fue diseñado con el objeto de cancelar la deuda en el año 2023. Según el cronograma de pagos, la primera cuota del pasivo, dividida en tres partes, debía ser abonada en 1997 y la última en el 2023. Un total de 26 cuotas anuales.

A causa del abusivo Factor de Ajuste aplicado a las cuotas entre 1997 y 2005 (estimado en US$ 5.683,2 millones) y el costo del retraso en el pago de las otras dos parcelas restantes (calculadas en US$ 6.098, 5 millones) se registraron cuantiosos incrementos y la deuda a ser cancelada en el año 2023 trepó hasta la estratósfera. Quedó en US$ 45.631,5 millones.

Hasta el 2011 ya fueron abonadas 15 cuotas, un total de US$ 22.187,7 millones, por la deuda original de US$ 3.566 millones. Y aún … ¡faltan US$ 23.443.8 millones! para la cancelación total.

Cabe preguntarse, antes de la reestructuración de la deuda en 1996, ¿Cuánto ya pagó Itaipú a la Eletrobrás?

El Estado paraguayo, como copropietario de Itaipú, es responsable de la mitad del pasivo. El hecho de que no hizo compromiso financiero alguno para la construcción de la obra no le exime de la responsabilidad sobre la mitad de la deuda, aunque ello les pese a los técnicos más conservadores que tratan de chauvinistas a los que sostienen la recuperación de la soberanía energética.

La Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, en reiteradas ocasiones, declaró que la deuda de Itaipú ya fue honrada suficientemente y por lo tanto debe ser cero.

Lamentablemente, en el año 1997, abogados contratados por ANDE, Itaipú y Yacyretá, consiguieron que los ministros de la Corte Suprema de Justicia hicieran lugar a una medida de urgencia para impedir que los efectos de Ley 1161/97 pudieran transparentar las binacionales. Mediante la ratificación de la Sala Constitucional de la Corte, en junio de 2010, las entidades binacionales quedaron blindadas al control de la CGR y del Congreso Nacional. Es importante señalar que todos los que contribuyeron a construir un tercer Estado en Itaipú y en Yacyretá no fueron precisamente los socios condóminos. Fueron juristas paraguayos quienes, dóciles a las pretensiones del Ejecutivo paraguayo, armaron los argumentos para impedir el cumplimiento de la Ley 1161/97. Sería bueno que el Colegio de Abogados, en defensa de los intereses nacionales, se pronunciara al respecto.

La inversión usuraria de la Eletrobrás, US$ 3.566 millones en 1975, que debieran ser aportes, se multiplicarán más de doce veces en el 2023. Un verdadero milagro de la ingeniería financiera.

Si le sumamos otros beneficios provenientes de la reventa por casi el doble de su costo de la energía contratada en Itaipú (40,2% energía paraguaya en el 2011) en el mercado mayorista brasileño y de las cuotas anuales por la deuda (en el 2009 se abonó al Tesoro brasileño y a la Eletrobrás US$ 2066 millones), las ganancias salen de madre. Son colosales. Pocas empresas en el mundo pueden emular a la estatal brasileña. Supera a la realidad.

Sin duda alguna Itaipú es una fuente inagotable y los que de ella siguen bebiendo jamás padecerán de sed.

Itaipú

Ninguna de sus usinas le beneficiaron tanto –exageradamente– a Eletrobrás como la central paraguayo- brasileña de Itaipú.

Abusivo

Por el abusivo Factor de Ajuste aplicado a las cuotas entre 1997 y 2005 y el costo del atraso, el saldo saltó a US$ 45.631,5 millones.

Muestra

El Tratado de 1973 es el claro ejemplo del imperialismo brasileño, así como del devaluado patriotismo paraguayo.

(*) Autor de los libros: Itaipú, la apropiación indebida e Itaipú, una victoria bien brasileña.

juanantoniopozzo@gmail.com

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