domingo, 8 de septiembre de 2019

Repitiendo los errores

4:05    

ECONÓMICO

Más de lo mismo

El Tratado de Itaipú, sus anexos y notas reversales, son las herramientas diplomáticas aprovechadas por Itamaraty para la apropiación indebida de Itaipú.
POR 
08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 01:00
El Tratado de Itaipú, un emprendimiento de enorme envergadura, favoreció y benefició solo al Brasil.
El Tratado de Itaipú, un emprendimiento de enorme envergadura, favoreció y benefició solo al Brasil.Archivo, ABC Color
Los resultados de la aplicación de lo pactado son evidentes: el 93% del aprovechamiento de la producción hidroeléctrica para Brasil y solo el 3% para Paraguay.
En el mismo sentido, el Acta Bilateral del 24 de mayo de 2019, a no ser por la firme oposición de patriotas, funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), fue adecuado por la Eletrobras para otra humillante abdicación para causar un inusitado aumento de la tarifa, que deben abonar los consumidores paraguayos, de la electricidad generada en Itaipú.
Renuncia a nuestra riqueza energética
El Tratado de Itaipú, cuyo objeto y fin (equidad entre las partes) había sido reformulado por Itamaraty en el transcurso de su contenido, aseguraba para Brasil toda la producción energética de Itaipú. Al establecer con malicia el derecho de adquisición de la energía no utilizada abría las puertas a la Eletrobras para el aprovechamiento casi completo de la producción de la central hidroeléctrica.
En ese menester, en 2018 fue cedida a la Eletrobras a título gratuito 32.897.000 de MWh de los 47.941.000 MWh de la electricidad correspondiente a Paraguay. Con la asunción del presidente Jair Bolsonaro, el tesoro brasileño se desentendió del pago de la compensación para responsabilizar de ello al cliente que consume la electricidad cedida por Paraguay.
Compensado a US$ 10 cada MWh de electricidad cedida totaliza US$ 328,9 millones. Esta misma energía comercializada en el mercado SE/CO brasileño, al cambio actual, costaría unos US$ 1.644 millones (32.897.000 MWh x US$ 50). La pérdida para el país es desastrosa.
La compensación, al formar parte del costo de servicio de electricidad de la central hidroeléctrica, la pagó Itaipú hasta 1986. Hasta el 2017 fue solventada por el Tesoro brasileño. Actualmente la compensación paga el consumidor brasileño.
A la Eletrobras, que no paga por la cesión del excedente energético, solo constriñe su calidad de agente de retención de la plata de los compradores brasileños quedando exonerado de cualquier responsabilidad.
Esta asimetría, con tintes de legitimidad, intentó salvar el entonces presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, reconociendo en la Declaración Conjunta de presidentes del 25 de julio de 2009, el derecho de adquisición de Paraguay de la energía que no utiliza conforme a los términos del Tratado.
En efecto, en la cláusula 6° de la declaración, el Brasil reconocía por primera vez “…la conveniencia de que la ANDE pueda gradualmente, a la brevedad posible comercializar en el mercado brasileño, energía de Itaipú correspondiente a los derechos de adquisición del Paraguay, inclusive de que Paraguay y Brasil puedan comercializar energía de Itaipú en terceros mercados a partir del 2023”.
No se conoce, en los últimos diez años, que los órganos de administración del lado paraguayo de Itaipú hayan gestionado la substitución de la Eletrobras por la ANDE en la comercialización del excedente en el mercado brasileño. No obstante, no toda la culpa de esta humillante inequidad se puede atribuir exclusivamente al socio condómino; más bien hay que buscar las causas en las autoridades nacionales responsables de este bien estratégico.
Hoy, apretados por la proximidad del 2023, y con singular apremio la ANDE, con auxilio del Congreso Nacional, está empeñada en completar la infraestructura necesaria para el retorno del 50% de nuestra electricidad articulando las líneas necesarias de 500 kV.
El costo de la repatriación de la electricidad paraguaya es oneroso. De haberse gestionado a tiempo el modo de su comercialización en el lado brasileño hubiese significado un dinero suficiente para la construcción de la infraestructura que requiere la vuelta a sus lares de la electricidad paraguaya.
Una estúpida negligencia que sirvió para ahondar la miseria del pueblo paraguayo.
La esclusa de navegación
Paraguay, cuya política exterior se basa en la libre navegación de los ríos internacionales, aumentó su enclaustramiento con la construcción de la represa de Itaipú.
Dicha construcción que represó las aguas del río Paraná, no solo encerró al país, también sumergió bajo las aguas del Paraná el irrepetible Salto de Guairá, el bosque Atlántico con su fauna y numerosas comunidades de guaraníes que vivían saludablemente del supermercado de la selva.
El elevado murallón que impide la libre navegación del río Paraná, interrumpe abruptamente la movilidad de la gente y el tráfico hacía el Río de la Plata de la producción nacional.
La libertad de circulación por los ríos internacionales constituye un principio internacional proclamado por el Paraguay desde las umbrales de su independencia. En 1812, la Junta Superior Gubernativa en el Paraguay (Presidente: teniente coronel Fulgencio Yegros; Vocales: doctor José Gaspar de Francia, capitán Pedro Juan Caballero, presbítero Francisco Javier Bogarín, don Fernando de la Mora) hizo suyo ese principio frente a las trabas impuestas para la navegación del río Paraná. Tres años después, el Congreso de Viena de 1815 proclamó esta apertura que fue garantizada en numerosos compromisos internacionales.
Sin embargo, en el Anexo B del Tratado de Itaipú (Instalaciones y obras auxiliares destinadas a la producción de energía eléctrica) que hace referencia a las obras para la navegación son deprimentes.
En el evento llevado a cabo en el edificio capitalino de la entidad los días 31 de julio y 1 de agosto de 2018, el director general paraguayo señalaba:
“El proyecto plantea la construcción de un canal de desvío con cuatro esclusas a la altura de la represa, permitiendo así la navegabilidad a lo largo del río Paraná. Con esta obra podrán salvarse los 128 metros de diferencia en la altura, existentes entre las cotas de niveles del río, a cada lado de la represa de Itaipú”.
Seguidamente agregó: “Los datos del estudio de factibilidad confirman que esta obra es una posibilidad, veremos cómo hacerlo, nuestro compromiso como Itaipú es entregar a las Altas Partes. Entendemos que es un tema a ser debatido y acordado entre los gobiernos del Paraguay y el Brasil, pero vemos que todo indica que esto puede ser una de las obras emblemáticas del próximo gobierno…”.
Todo ello significa que sin la anuencia brasileña no se podrá construir la esclusa de navegación necesaria a los intereses de Paraguay. Es la muestra como Brasil, en función a sus beneficios, tiene amarrado no solo a Itaipú sino además al Paraguay.
Acta
“El Acta Bilateral fue adecuado para otra humillante abdicación para causar un inusitado aumento de tarifas que iba sufrir la población”.
* General (R) Investigador y autor de varios libros sobre Itaipú Binacional.
Juanantoniopozzo@gmail.com

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domingo, 25 de agosto de 2019

Uppercut al mentón de la patria contratista

4:33    

ECONÓMICO

Pateando el tablero

El ingeniero Pedro Ferreira, como nunca antes, puso en evidencia a un insensible Estado paraguayo, indiferente a la suerte del país.
25 DE AGOSTO DE 2019 - 01:00
General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno
General (R) Juan Antonio Pozzo MorenoArchivo, ABC Color
Los numerosos servidores estatales, entre ellos los más empoderados, con abultados honorarios por sus presuntos servicios, pasan rehuyendo cualquier implicancia de la defensa de los intereses nacionales.
Sus preocupaciones, aparte de mantener inamovible su privilegiada posición, no van más allá de ubicar a sus próximos en suculentos cargos y en la obtención de amañados contratos estatales.
La actual crisis o delito de extrema deslealtad -transgresión que roza la alta traición a la patria, que envuelve a los principales del Ejecutivo, destapado por el presidente de la ANDE ingeniero Pedro Ferreira al impugnar el Acta Binacional, puso de relieve:
-El histórico desinterés de la parte paraguaya que conforma los órganos de administración de la Itaipú Binacional;
-La ineficiencia de la Cancillería nacional en la defensa de los altos intereses nacionales;
-La firme convicción del personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en especial de jóvenes ingenieros, en la tutela del país.
El discurso oficial –que señalaba que en Itaipú el Paraguay solo puso el agua y el Brasil pagó por su construcción– instalado profundamente en el espectro nacional, daba por hecho que, gracias a la bonhomía brasileña, era posible compartir la formidable represa.
Nada más lejos de la realidad. Con esa concepción, inhumana, pasaba desapercibido un mayúsculo desastre ecológico que hundió en el lecho del río Paraná las paraguayas cataratas del Salto del Guairá y su selva Atlántica.
El desarraigo de treinta y dos poblaciones de nativos guaraníes, del supermercado de la selva (la pérdida de raíces sociales, familiares y de identidad personal; un extrañamiento del sentido vital y cultural) cuyos fármacos hacían saludable la vida de sus pobladores, representan el alto costo sufrido por Paraguay en la construcción de la binacional hidroeléctrica.
Sin embargo, la pírrica victoria paraguaya, criticada desde el inicio de la obra por estudiantes, intelectuales, medios escritos (ABC Color, principalmente) y la ciudadanía, no pudieron sortear la muralla del secretismo en la que se camuflaba la estafa brasileña.
El oficialismo mayoritario, con honrosas excepciones (presidentes Lugo y Franco), no tuvieron empacho en sostener el asimétrico statu quo, que a expensas de la miseria de Paraguay posicionó al Brasil como país con economía emergente. Todo ello, gracias a la gratuita energía paraguaya, pagada por su cesión (no por el Tesoro brasileño) por el consumidor brasileño.
En las investigaciones de Miguel Carter se encontró que Paraguay en Itaipú había dejado de percibir, por la cesión histórica de su excedente energético a la Eletrobras, unos US$ 75.400 millones. La noticia no era menor, al fin se cuantificaba el perjuicio. No obstante, no incluía el daño ambiental por la pérdida de los Saltos, la selva Atlántica, la fauna y el desarraigo de decenas de comunidades guaraníes.
La patada de Ferreira y Cáceres, de fuerte impacto en el tablero político, despertó a la adormecida causa nacional en pos de la recuperación de la soberanía energética de Paraguay en Itaipú. El milagro de la crisis, visto como oportunidad, había relegado al basurero de la historia un perverso antipatriotismo, usual en las autoridades nacionales desde el Acta de Foz de Yguazú del 22 de junio de 1966. No se puede continuar en más de lo mismo. Habría que restaurar la dignidad nacional.
Habida cuenta que la mayor parte de la existencia de Itaipú lo aprovechó Brasil en un 93%, en el tiempo que resta, tal vez unos treinta y cinco años, es de justicia que Paraguay pueda beneficiarse del 50% del emprendimiento binacional.
No se reclama más de lo que corresponde. El ingeniero Ferreira demostró que sí se puede.
General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno

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domingo, 11 de agosto de 2019

Pactos secretos

3:26    

Repudio del Acta, buen comienzo

Tal vez, el más perjudicial de todos los pactos contra el Paraguay fue el del 14 de diciembre de 1857. Un documento internacional estipulado entre la Confederación Argentina y el Imperio de Brasil, mantenido en secreto por muchos años. Su temerario contenido auspició la desgracia del Paraguay.
11 DE AGOSTO DE 2019 - 01:00
General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno (*) juanantoniopozzo@gmail.com
General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno (*) juanantoniopozzo@gmail.com
En el “Protocolo de entendimiento para la guerra contra el Paraguay. Argentina, Brasil”, se explica la codicia territorial que mantuvieron los aliados desde un principio. De hecho fueron los países agresores.
En efecto, “… en la ciudad de Paraná, reunidos en la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores los Plenipotenciarios de la Confederación Argentina, doctores don Santiago Derqui y don Bernabé López, y el Plenipontenciario de S.M. el Emperador de Brasil, Consejero José María da Silva Paranhos, acordaron consignar por escrito el resultado de sus conferencias, sobre los medios que sus respectivos Gobiernos deben emplear para obtener de la República del Paraguay una solución satisfactoria de las cuestiones pendientes, que dicen respecto a la navegación fluvial común así como las declaraciones que en nombre de uno y otro Gobierno hicieron los mismos Plenipotenciarios, presuponiendo el caso que se haga inevitable la guerra para conseguir aquel fin que tanto interesa a los dos países y a la civilización y comercio en general”.
“Fue acordado al mismo tiempo, que este documento se deberá conservar en la más completa reserva y destinado solamente para dar a conocer a los dos Gobiernos cuales son las circunstancias y disposiciones que se halla uno y otro para con la República del Paraguay de cuenta que, en cualquier caso puedan mutuamente juntarse todos los buenos oficios propios de las benévolas y estrechas relaciones que tan felizmente existen entre ellos y los pueblos cuyos destinos presiden”.
Por si fuera poco el documento, que contenía el Plan General de Campaña o plan militar, sería “acordado entre los dos Gobiernos o sus representantes competentemente autorizados, y salvo cualquier combinación ulterior que se juzgue más conveniente, los dos Cuerpos de Ejército (argentino y brasileño) se reunirán en la Provincia de Corrientes y establecerán allí la base de sus operaciones”.
Cuando se incrustó la réplica del Protocolo de 1857 en el Tratado Secreto de la Triple Alianza (Brasil, Argentina, Uruguay, 1º de mayo de 1865), quedó en evidencia que el insensato plan cuyo objetivo no consistía precisamente en el derrocamiento del “tirano” López, sino de apropiación por la fuerza de vastos territorios del Paraguay.
El general López en conocimiento del documento, ya vaticinaba a sus amigos la proximidad de una guerra no buscada por su Gobierno. Todo ello explica, que la república del Paraguay no había propiciado el gigantesco conflicto.
- Un bleff de inusitado costo para el Paraguay
Otro pacto perjudicial, también secreto, esta vez entre los Estados Unidos de Brasil y la República del Paraguay tuvo su origen en el Acta Final de Foz de Yguazú del 22 de junio de 1966.
El acuerdo gestado a instancias de los Estados Unidos -que procuraba la desocupación brasileña del Salto del Guairá, invadido en mayo de 1965- fue tergiversado por Itamaratí al continuar de hecho la ocupación brasileña hasta 1982. Las aguas del embalse de Itaipú, lograron finalmente la expulsión brasileña de territorio paraguayo.
Antes, habría que señalar que concomitante con la invasión a Paraguay, tropas de Brasil, Paraguay, Estados Unidos y policías de Costa Rica, por disposición de la OEA, constituían las Fuerzas Interamericanas de Paz que, en teoría, estaban destinadas a pacificar la convulsionada República Dominicana.
La crisis de los misiles en Cuba en 1962 y la participación en la guerra de Vietnam en febrero de 1965, entre otros, endurecieron en plena Guerra Fría la política de seguridad nacional de los Estados Unidos que buscaba proteger sus intereses de los aliados de la Unión Soviética.
Entre tanto, resultaba a todas luces imprudente la invasión brasileña del Paraguay, un aliado incondicional de los Estados Unidos.
En efecto, el esfuerzo diplomático para restituir el Salto de Guairá a Paraguay a través del Acta Final de Foz de Yguazú, al desviarse de su principal objetivo (el retiro de las tropas ocupantes del Salto de Guairá), tuvo consecuencias negativas para el país.
El canciller, general Juracy Magalhaes, en tono amenazante, logró imponer al canciller Raúl Sapena Pastor su propia agenda. El plan para la explotación hidroeléctrica del río Paraná, diseñado por Itamaratí, impidió a Sapena seguir reclamando la desocupación de territorio paraguayo de las fuerzas ocupantes.
Sin embargo, con la inserción del condominio del Salto en el punto tercero del Acta, Brasil conseguía, por vía diplomática, la apropiación del Salto de Guairá.
Sin odiosos contratiempos, la inundación de los Saltos y parte de la selva Atlántica, con sus habitantes guaraníes, fue obtenida con la habitual diplomacia brasileña de los hechos consumados.
Los términos del Acta Final de Foz de Yguazú de 1966, que aparentemente compartía con Paraguay el aprovechamiento conjunto del río Paraná y le aseguraba un precio justo por la en energía no utilizada fue todo un bleff, conocido después de la redacción del Tratado de Itaipú, rubricado el 26 de abril de 1973.
El Tratado de Itaipú
Los magros resultados hablan por sí solos, en todos estos años de funcionamiento de Itaipú Paraguay solo aprovechó el 7% de la producción energética.
Según el Anexo C del Tratado, la exigua compensación por la energía paraguaya no utilizada la pagaba Itaipú. Es decir que Paraguay, al compensarse a sí mismo, caía en una actitud contraria al razonamiento lógico.
Por una Nota Reversal, los principales cargos de la Dirección Ejecutiva (Dirección Técnica Ejecutiva, Dirección Financiera Ejecutiva), hasta ahora son ejercidos por brasileños, haciendo una utopía de la cogestión paritaria.
Completando el combo, el Acta y Sentencia Nº 280 de la Sala Constitucional de la Corte (Antonio Fretes, Alicia Pucheta de Correa y Miguel Bajac), declaraba inconstitucional la posibilidad de auditar Itaipú por la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional. Así nuestros leguleyos, al blindar la binacional hidroeléctrica, fundaron el Estado de Itaipú.
Una verdadera tragedia nacional, al consensuar un acuerdo tan perjudicial para los intereses del país, propiciaron en secreto los negociadores del Tratado de Itaipú en 1973 (Alfredo Stroessner, Raúl Sapena, Alberto Nogués, Ezequiel González Alsina, Enzo Debernardi, Carlos A. Saldívar). Todos ellos, en la actual época, serían enjuiciados.
Señalaba el compatriota Miguel Carter, PhD en Ciencias Políticas, cuyo último trabajo sobre el despojo de Paraguay en Itaipú fue presentado a la opinión pública nacional el 8 de abril de 2019 “… entre 1985 y 2018, utilizando un promedio de cinco precios de mercado de Brasil (mayorista, de las grandes hidroeléctricas, equivalencias con el precio del petróleo, las tarifas industriales y el precio del mercado residencial) se puede concluir que Paraguay dejó de recibir US$ 75.400 millones con la cesión a Brasil de la energía que no utiliza; todo ello, a un precio excesivamente por debajo de los valores de mercado”.
No todo está perdido
Funcionarios paraguayos de la talla del ingeniero Pedro Ferreira y del ingeniero Fabián Cáceres, demostraron al pueblo paraguayo que sí podemos recuperar nuestra soberanía energética en Itaipú.
La oposición con firmeza al entreguista Acta Binacional de Itaipú, en vísperas de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, suscrita en secreto entre los Gobiernos de Paraguay y Brasil el 24 de mayo de 2019, es un buen comienzo y memorable ejemplo de dignidad.
Ellos, representantes de la pléyade de profesionales de la Administración Paraguaya de Electricidad (ANDE), al definir una impronta favorable al Paraguay -rasgo peculiar y distintivo de una persona que deja en sus obras la excelencia- invalidaron a aquellos antecesores más proclives a la binacionalidad que a su propio país.
La transparencia política es una cualidad de la actividad pública, que consiste en la apertura del sector público a la divulgación de información acerca de su gestión.
Una de las características de un Estado democrático es la obligación de todos los poderes públicos dar cuentas a la ciudadanía de todos sus actos, especialmente los provenientes del origen y destino de los recursos públicos. Todo ello, para prevenir, detectar y sancionar los casos de incompetencia y de corrupción política.
Infelizmente, la insana costumbre de no rendir cuentas permeó en la mayoría de funcionarios públicos de alto nivel y también en los torcidos hacía la patria contratista (aquellos que ganan siempre los contratos con el Estado).
No obstante, es esperanzador que los ingenieros Ferreira y Cáceres, al dar cuenta de sus actos al servicio de la patria, lograron avivar en toda la ciudadanía un inusitado interés para transformar la principal riqueza de país en causa nacional, postergada hasta el 24 de mayo de 2019.

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domingo, 21 de julio de 2019

La historia interesada

5:45    

Controlando el pasado

Algunos libros clásicos sobre la distopía o antiutopía del brillante escritor británico (1903-1950) George Orwell (Rebelión en la granja; 1984), nos transporta a un mundo donde se subraya la lucha del hombre contra las reglas sociales establecidas por el poder político.
21 DE JULIO DE 2019 - 01:00
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Gral. (R) Juan A. Pozzo Moreno (*)Archivo, ABC Color
Entre sus citas célebres podemos leer: “Si el líder dice de tal evento esto no ocurrió, pues no ocurrió. Si dice que dos y dos son cinco, pues dos y dos son cinco…”. No obstante, habría que señalar que la narración de los hechos es la resultante de la interpretación de quien lo escribe pudiendo ser distorsionados para acomodarlo a la historia oficial. En efecto, el escritor Eric Arthur Blair (Orwell) se preguntaba: “Si quien controla el pasado, controla el futuro, ¿Quién controla el presente controla el pasado?”
También el escritor británico con sus citas anticipaba que una nación donde es ejercido un riguroso control estatal, en el afán de garantizar una sociedad organizada y conforme, puede conducir a un régimen totalitario que logre un supuesto bienestar general.
Experiencia paraguaya para controlar el pasado
Los vencedores de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, para justificar el terrible desatino de la entente aliada, relataron a su modo el conflicto, endilgando al presidente paraguayo Francisco Solano López la tragedia. Sin embargo, la verdad estaba oculta en los términos del Tratado de la Triple Alianza. En dicho documento secreto, que repartía 150 mil kilómetros cuadrados de territorio nacional a la Confederación Argentina y al Imperio de Brasil, ponía de relieve el objetivo de la guerra. La liberación del pueblo paraguayo del “tirano” López, fue usado como pretexto del holocausto.
No tardó en salir a la luz la verdadera historia. Últimamente, en una muestra de fotografías impulsada por la Biblioteca Nacional de Uruguay y el Centro de Fotografías, expuestas en el Bazar Mitre de Montevideo, la escritora uruguaya Maricruz Méndez Vall revelaba una dolorosa reflexión del equipo de documentalistas uruguayos: “Pero si estas imágenes nos horrorizan... En el Uruguay de aquel entonces, ¿los ciudadanos eligieron libremente formar ‘la Triple Alianza’ para destruir a la próspera República del Paraguay…?”
Cuando la historia no ocurrió
Según la historia oficial, el Tratado de Itaipú, a pesar de su mezquino aprovechamiento por Paraguay, resulta ventajoso para el país. Los cancilleres paraguayos, desde Raúl Sapena Pastor (1956-1975) lo corroboran a pesar de que Brasil, con aguas paraguayas del río Paraná y plata de Itaipú, se mantiene como dueño inamovible del emprendimiento binacional.
Birlada la principal riqueza del Paraguay, sin solución de continuidad, sigue el alegato oficial para impedir a las nuevas generaciones de paraguayos consolidar sus reclamos al Brasil.
Aunque con deslumbrantes espejitos (becas, convenios estudiantiles, posgrados), Itaipú no es estudiado en universidades ni en colegios de la secundaria. Así, al desconocer la problemática, la mayor parte de la juventud tira al cesto de basuras el bono demográfico. Carecen de las herramientas para cuantificar el dolo perpetrado en el Tratado de Itaipú. Todo ello, abriendo la ancha avenida hacía la extrema pobreza.
Génesis de Itaipú
La angurria brasileña había alterado, en su principal tramo, la demarcación impuesta en el Tratado de límites de 1872 (firmado durante la ocupación de la alianza); más adelante ignoró, en enero de 1964, el pacto del presidente João Goulart para el aprovechamiento conjunto del río Paraná. Como si fuera poco invadió, en junio de 1965, el Salto del Guairá para incluirlo en sus dominios (logrado ilegalmente, en el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966).
El nefasto Tratado de Itaipú de 1973, que desconoció los términos del Acta Final, son materias –entre otras tantas– que no forman parte de los currículos académicos estudiantil. Por todo ello, al no conocer los orígenes de Itaipú, se hace cuesta arriba defender los derechos del Paraguay en la revisión del Anexo “C” del Tratado, en el 2023.
La causa nacional
La causa nacional había convocado exitosamente al pueblo paraguayo en 1864. El conflicto se había desencadenado a fines de 1864, cuando Paraguay decidió acudir en ayuda del gobierno ejercido por el Partido Blanco del Uruguay (para ayudar en la defensa de Paysandú), en guerra civil contra el Partido Colorado apoyado por Brasil. El presidente López advirtió a los gobiernos de Brasil y la Argentina que consideraría cualquier agresión al Uruguay “como atentatorio del equilibrio de los Estados del Plata”. No obstante, tropas brasileñas invadieron territorio uruguayo en octubre de 1864. En el transcurso del tiempo, en diciembre de 1895, el presidente general Juan Bautista Egusquiza encomienda una misión diplomática en Europa al doctor Blas Garay Argaña (23). Abogado, historiador y periodista, cuyo principal objetivo era investigar en el Archivo de Sevilla todo lo atinente a los títulos, las cédulas, las provisiones y los mapas que acreditaban nuestra antigua e inveterada posesión pacífica del Chaco Boreal.
Obtenidos por Garay los títulos que acreditaban a Paraguay, prendió como causa nacional la defensa del Chaco paraguayo entre 1932-1935. El pueblo paraguayo sin distinción había asumido el grave compromiso.
A pesar del ninguneo oficial, que impide defender los derechos de Paraguay en Itaipú (no se puede defender lo que no se admite o no se conoce), permea en el ambiente la necesidad de aprovechar toda la potencia instalada correspondiente a Paraguay. Sin embargo, con excusas baladíes el socio condómino pretende continuar en lo mismo.
Una vez más aplica la causa nacional, que en sendas manifestaciones del pueblo, a lo largo y a lo ancho del país, nos exige el momento.

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domingo, 7 de julio de 2019

Brasil impide levantar cabeza a Paraguay

5:26    

La política brasileña de los hechos consumados, una práctica habitual

La crisis producida por los misiles soviéticos al apuntar territorio norteamericano -entre el 15 al 28 de octubre de 1962- y que colocara al mundo al borde de la catástrofe nuclear, es un claro ejemplo de “hechos consumados”.
POR 
7 DE JULIO DE 2019 - 01:00
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Foto de archivo de los desaparecidos Saltos del Guairá, cubierto hoy por el embalse de Itaipú.Archivo, ABC Color
Es la actitud que combina medios políticos y militares, para que unilateralmente una nación sin consentimiento o conocimiento previo, se dispone a romper el statu quo en perjuicio de la convivencia pacífica entre Estados.
La nación que produce los hechos consumados espera que por su poder (o por otra razón) la víctima no tomará acciones de represalia, protestas, quejas o la defensa de sus intereses. En última instancia, espera que la no reacción y el paso del tiempo legalicen el nuevo statu quo.
Esta política de los hechos consumados, desde el fin de la Guerra contra el Paraguay, es una práctica habitual de los Gobiernos brasileños.
Tanto el imperio brasileño como los Estados Unidos del Brasil y la República Federativa del Brasil, sin solución de continuidad, emplean con Paraguay la política del mbarete (de fuerza) o del hecho consumado.
Supuesto condominio
En el transcurso de la reciente historia, que culminara con la casi desaparición del pueblo paraguayo, Brasil transgredió los límites que impusiera a Paraguay en 1872, desviando de su curso el río Apa por el arroyo Estrella; posteriormente, mediante el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966, sin ratificación parlamentara, consiguió en supuesto condominio las cataratas del Salto de Guairá.
El 19 de enero de 1964, para impedir el aprovechamiento conjunto del río Paraná, no reconoció el acuerdo de “Tres Marías” pactado por iniciativa del presidente João Goulart.
Desconociendo el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966 (excepto el condominio del Salto) redactaron, con sus cómplices paraguayos, el Tratado de Itaipú de 1973. El documento, firmado en 1973 había logrado convertir al derecho de adquisición, de la energía no utilizada por Paraguay, en ancha avenida para obtener toda la energía posible de Itaipú.
Del igual modo conquistó, mediante una Nota Reversal, rubricada al mismo tiempo que el Tratado, el control total de la central hidroeléctrica omitiendo la cogestión paritaria que señalaba el Tratado.
La Corte Suprema de Justicia a través del Acuerdo y Sentencia Nº 280, de junio de 2011 (Fretes, Pucheta y Bajac), puso la guinda a la torta al blindar jurídicamente el emprendimiento binacional para convertirlo en otro Estado.
La sentencia declaraba la inconstitucionalidad de la Ley 1161/97 (que autorizaba a la ANDE informar a la Contraloría y al Parlamento sobre las binacionales hidroeléctricas). ABC Color editorializaba el desastre: “¿Habrán sobornado a miembros de la corte Suprema de Justicia?”
Para la apropiación indebida de Itaipú fue necesario construir una infraestructura que pudiera convertir y trasladar la energía paraguaya no utilizada. Su costo, representaría el 87,5% de la deuda vencida o espuria de US$ 4.193,5 millones. La colosal deuda vencida, no reconocida por la Contraloría paraguaya, supera ampliamente a la prestada, en 1975, por la estatal brasileña Eletrobras para la construcción de Itaipú (US$ 3.566 millones).
Habría que descontar US$ 525,5 millones (12,5%) de los US$ 4.193,5 millones por la venta, mediante una “tarifa social” (según Itaipú), de energía por debajo de su costo a las compradoras (ANDE 2%; Eletrobras 98%) durante 59 meses (marzo de 1985 y febrero de 1990).
Itaipú, para asegurar el suministro a la margen brasileña, había construido una precaria subestación en la margen paraguaya para no comprometer la cesión de energía.
Por todo ello, en mayo de 2008, un grupo de estudio energético, planteó a Brasil la necesidad de revisar el Tratado de Itaipú.
Paraguay reclamó seis puntos que debían considerarse: Soberanía energética, precio justo, deuda, cogestión plena, fiscalización de los órganos de control y terminación de obras.
Resuelta por ambos gobiernos la conformación de una mesa negociadora (caso inusual en Itamaratí)), las partes se reunieron en tres ocasiones, entre el 29 de setiembre de 2008 y el 19 de diciembre del mismo año.
Como resultado de la negociación, que consta en la Declaración del 25 de julio de 2009, ninguno de los puntos reclamados por Paraguay fue atendido.
Para morigerar el desaire, Brasil prometió triplicar la ínfima compensación; mejorar la precaria infraestructura de la subestación de la margen paraguaya; construir una línea de 500 kV; seccionar las líneas, que sin escalas, partían de la central a la sub estación brasileña.
Una vez cumplido, quedaba pendiente la comercialización por la ANDE de la energía paraguaya comercializada por la Eletrobrás en el mercado brasileño.
Hasta ahí los espejitos
En el 2023, resta lidiar con el socio condómino en la revisión del Anexo “C”. Todo, con el agravante de la inconstitucional y nociva Nota Reversal 2/17 (Ley 6135/18) que afectará las futuras negociaciones.
En efecto, la ínfima tarifa negociada por la energía paraguaya cedida en Yacyretá (US$ 11,1 el MWh) se constituirá en verdadero escollo en la determinación del precio justo de la energía cedida a Brasil.
No obstante, la cuestión es si el nuevo Gobierno brasileño estaría dispuesto a respetar los derechos de Paraguay o ¿apelaría, como le es habitual, a la política del mbarete o de hechos consumados?
Guairá
Mediante el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966, sin ratificación parlamentara, consiguió en supuesto condominio las cataratas del Salto de Guairá.
juanantoniopozzo@gmail.com

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domingo, 16 de junio de 2019

¿Hasta cuándo regalaremos nuestra electricidad a Brasil?

6:01    

16 DE JUNIO DE 2019

| ‘LOS PARAGUAYOS TONTOS CREEN ... QUE TAMBIÉN ES DE PARAGUAY’

Brasil, propietario de facto de Itaipú

Por Juan Antonio Pozzo Moreno
En teoría Itaipú fue concebido por las Altas Partes Contratantes en el Tratado de 1973, en igualdad de derechos y obligaciones, para aprovechar conjuntamente el potencial hidroeléctrico del condómino río Paraná. No obstante, nació nonato al consumarse la política brasileña de apropiación indebida del proyecto binacional.
La división “en partes iguales entre los dos países”, instituido en el Art. XIII del Tratado de Itaipú (objeto y fin del acuerdo), viró bruscamente al ser reconocido en el mismo artículo el derecho de adquisición “… de la energía que no sea utilizada por el otro país para su propio consumo”. Con esta artimaña diplomática, Brasil consiguió lo que siempre le fue esquivo por la fuerza: adueñarse de Itaipú.
Para que ocurra todo ello fue inevitable que los ecuánimes términos el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966, que instalaba el precio justo por el excedente (exceptuando el “condominio” que hacía propietario al vecino país del Salto del Guairá, más la engañosa versión escrita en el considerando del Tratado sobre la “división en partes iguales … de la energía eléctrica eventualmente producida”), sean arrojadas en las alcantarillas.
En 1973, la energía instalada en Paraguay era apenas 230.000 kW o sea 230 MW. Ello significaba, que de los 12.600 MW de potencia a ser instalada en Itaipú, con 18 turbinas, podía aprovechar Paraguay solo una tercera parte de una máquina.
Siguiendo con el abuso, la energía cedida a Brasil sería incluida en su Costo del Servicio de Electricidad. Rebasando el desatino, por imposición del nefasto Tratado, Paraguay se compensaría a sí mismo.
Según comprobaciones del abogado Gustavo de Gásperi (+), a lo largo de su contexto, Itamaraty logró alterar el objeto y fin del Tratado de Itaipú de 1973. Por la manifiesta mala fe del socio condómino, el jurista se afanaba en demostrar la nulidad del contrato. El aprovechamiento conjunto era una ficción y Brasil se salía con la suya al legitimar la utilización unilateral del producto para abastecer a sus consumidores.
La manifiesta incompetencia del presidente general Alfredo Stroessner y la mala fe del Gobierno militar brasileño, consiguieron torcer a la medida de los intereses del Brasil el Tratado de Itaipú.
Los parlamentarios de entonces, aunque no todos, se sumaron al pillaje aprobando por la Ley Nº 389, del 17 de julio de 1973, el impresentable Tratado.
Persistiendo en el despojo, la NR Nº 7, rubricada en el mismo día de la firma del Tratado, 26 de abril de 1973, entregaba al Brasil las principales direcciones ejecutivas del ente: Dirección Financiera y Dirección Técnica. Estas direcciones, que de hecho gobiernan Itaipú, hacen letra muerta de la cogestión paritaria.
Tragedia nacional 
Una verdadera tragedia nacional, al consensuar un acuerdo tan perjudicial para los intereses del país, propició el Tratado de Itaipú de 1973. Señalaba el compatriota Miguel Carter, PhD en Ciencias Políticas, cuyo último trabajo sobre el despojo de Paraguay en Itaipú fue presentado a la opinión pública nacional el 8 de abril de 2019 “… entre 1985 y 2018, utilizando un promedio de cinco precios de mercado de Brasil (mayorista, de las grandes hidroeléctricas, equivalencias con el precio del petróleo, las tarifas industriales y el precio del mercado residencial) se puede concluir que Paraguay dejó de recibir US$ 75.400 millones con la cesión a Brasil de la energía que no utiliza; todo ello, a un precio excesivamente por debajo de los valores de mercado”.
El escándalo mayúsculo de todo esto, siguiendo el discurso de Carter, se puede percibir al calcular el costo de oportunidades para el país. Paraguay con el dinero birlado pudo duplicar el gasto público en salud y duplicado el gasto en educación. Con el sobrante, pudo modernizar la infraestructura de transporte, ampliar el uso de la electricidad, reducir la pobreza y paliar los conflictos de tierra.
La inconclusa obra de Itaipú y su puesta en funcionamiento –sin esclusa en el canal de navegación del río Paraná magnificando la mediterraneidad paraguaya– costó la friolera de US$ 78.862 millones (Datos de Itaipú. Pagado hasta el 2012, US$ 57.900 millones; a solventar según cronograma de pagos entre 2013-2023, US$ 20.962 millones). 
Negocio financiero 
Desde el 29 de diciembre de 1998, la Eletrobras cedió al Tesoro brasileño la deuda de Itaipú (Contrato 1480/97 de la Eletrobras con el Tesoro brasileño: US$ 10.250.481 millones al 7,5% de interés y con cuya capitalización en 2001 se incrementó en US$ 15.24.03.624) que terminará de honrarse en 2023. De hecho el Estado brasileño mudó a financista, con pingües beneficios a su tesoro, en detrimento de su condición de aportante como establece el Art. IX del Tratado.
En el emprendimiento binacional Paraguay aportó los Saltos del Guairá, la selva Atlántica y cerca de 600 Km cuadrado de su territorio (fueron desarraigados más de treinta pueblos guaraníes).
- Itaipú vende energía 
Oficialmente Itaipú dejó de comercializar potencia para vender energía desde el 2002. La RDE 145/02 del Directorio Ejecutivo y la RCA 020/02 del Consejo de Administración, deciden asociar la potencia disponible para la contratación a una energía llamada garantizada y a otra a la que denominaron energía adicional a la garantizada.
Oficialmente, desde entonces, sobra una energía que es producida sobre de los 75 millones de MWh de la energía garantizada. La energía garantizada representa el Costo Anual del Servicio de Electricidad.
Habría que añadir que el sobrante o energía adicional a la garantizada, que es muy barata, no se reparte en mitades –en abierta violación del Tratado– sino en proporción a la potencia que contrata tanto la ANDE como la Eletrobras.
Esta inequidad impide a la ANDE reducir la tarifa de la electricidad que trae de Itaipú y que últimamente llegó al colmo de aumentarlo. Nuestros representantes del Consejo de Administración y del Directorio, hasta ahora nada hacen para corregir este escandaloso reparto de la energía adicional que solo beneficia a la Eletrobras.
Comercializando energía, la binacional mata dos pájaros de un tiro: aparte de abaratar las tarifas de compra de la usina, Itaipú genera un lucro que es prohibido por el Tratado.
El lucro indebido 
El lucro o beneficio, camuflado como presuntos gastos sociales, son ilegales al no ser parte del Costo Anual del Servicio de Electricidad. Su aplicación no es controlada por los Estados. Entre los componentes del costo de electricidad –aparte de los pagos por royalties, resarcimientos, interés por capital y servicios de deudas– figura en lugar preponderante los gastos de explotación. En esos gastos están incluidos los resarcimientos (gastos sociales) para los damnificados, víctimas de la represa.
Por todo ello, la NR del 31 de marzo de 2005, que durante el Gobierno de Nicanor Duarte cambió ilegalmente la misión de Itaipú, carece de toda validez. Las “iniciativas de la Itaipú en el campo de la responsabilidad social y ambiental para constituirse en componentes permanentes de la actividad de generación de la energía” nunca fueron ratificadas por el Congreso. Los gastos “sociales y ambientales” que el ente realiza desde 1999 son irregulares y no pueden ser convalidados por un documento que cambia inconstitucionalmente el Art. III del Tratado de Itaipú. La binacional solo tiene la finalidad de “realizar el aprovechamiento hidroeléctrico” del río Paraná.
Los gastos sociales y ambientales estimados anualmente en más de US$ 100 millones, para ABC Color ( 7-IX-16) “… constituyen una importante ‘coima disfrazada’, inventada por los brasileños para ‘amansar’ a autoridades o consejeros que vayan a tener la idea de defender como corresponde los intereses del Paraguay en las binacionales. La distribución de esos recursos no puede estar disponible al antojo de consejeros que hasta podrían influir en el resultado de unas elecciones generales y comunales”.
Para verificar la legitimidad del cambio de la Misión Institucional de Itaipú, la CGR solicitó a la Cancillería por nota –CGR Nº 3366 del 16 de junio de 2009– que informe “... si la NR Nº 1 del 31 de marzo de 2005, por la que se constituyen en partes permanentes de la actividad de generación de energía, las iniciativas de responsabilidad social y ambiental desarrolladas por la Itaipú ..., ha sido remitida para su aprobación a la Honorable Cámara de Senadores. En caso afirmativo, se sirva remitir copia autenticada de los antecedentes de la misma”.
La contestación no hizo esperar y el 29 de junio de 2009, comunicaba el ministerio: “Al respecto cumplo en informar a Vuestra Excelencia que dicho Instrumento Internacional no fue remitido al Congreso ... para su tratamiento y aprobación parlamentaria, por lo tanto no existen antecedentes sobre la realización de dicho procedimiento”.
La revisión del Anexo “C” 
Básicamente serán examinados los contratos de abastecimiento (Paraguay hasta ahora consiguió en 2018 un máximo anual de unos 14 millones de MWh de los 46 millones de MWh hora probables); la cesión de energía (la cesión de la energía a la Eletrobras equivale a dos producciones anuales de Yacyretá, unos 35 millones de MWh anual, a una tarifa de US$ 9 el MWh, hora actualmente pagada por el consumidor brasileño).
La compensación por la cesión de energía no debe formar parte de los balances de Itaipú, nada tiene que ver con las erogaciones del Tesoro brasileño.
Los ingresos de Itaipú, por la comercialización de su producto, demandarán ajustes para establecer una nueva tarifa. En esa línea ¿seguirán invariables los gastos por royalties, resarcimientos por supervisión, s pagos por intereses de capital y los costos de los gastos de explotación? 
Después de 2023, abonada toda la deuda, la tarifa deberá reflejar un nuevo Costo del Servicio de Electricidad. Inevitablemente la tarifa de la central se reducirá en más del 62%, para bien de los consumidores, en ese contexto Paraguay dispondrá libremente de la mitad de la producción de Itaipú.
Ahora bien, ¿tendrá el país la capacidad de transportar todo o solo parte de la mitad de la producción? ¿Se continuará vendiendo el excedente, si lo hubiera, a tarifa irrisoria? Al respecto, con motivo de tramitarse el Ministerio de Energía en la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de Diputados, ABC del día 13 de este mes publicaba que el Ing. Nelson Cristaldo aseveraba “que el ministerio llegará ‘a ser importante’ y tendrá sentido una vez que haya mercado eléctrico, donde varias empresas como Clyfsa, estén compitiendo”.
“Si solo va a ser un nexo entre la ANDE, Itaipú y Yacyretá, esto es un sinsentido, porque los representantes de estas instituciones son designados por el Poder Ejecutivo, y contactan con un simple telefonazo, y para eso no necesita de un ministerio”, advirtió. También dijo que si va a ser una secretaría de Estado encargada de las políticas para el rápido desarrollo del mercado y la industria eléctrica, entonces se puede decir que ese costo para la sociedad tiene “un sentido real”. Esas son las cuestiones a ser resueltas en el 2023.
Todo ello, con el agravante de tener como contendiente a un socio que hasta hoy nos demuestra que “solo los paraguayos tontos creen que Itaipú es también de Paraguay” (Jorge Samek, ex director general brasileño de Itaipú).

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