sábado, 25 de julio de 2015

22:44    

26 de Julio de 2015

| CUANDO LA FICCIÓN SUPERA A LA REALIDAD

El 2023, con sus propios afanes

Por Juan Antonio Pozzo Moreno



a. Cuando la ficción supera a la realidad 
ABC Color publicó el 19 de julio del corriente año que el Gobierno de Brasil impide que se compre energía paraguaya de Acaray.
En efecto, desde el 2012, la comercializadora de energía Mercosul Energy realiza gestiones ante el Gobierno brasileño para importar energía eléctrica de la central Acaray. A la firma, que ofrece pagar el precio de mercado al Paraguay, le es denegada la autorización con la excusa de que se podría alterar la energía disponible de Itaipú.
No obstante, la empresa comercializadora Mercosul Energy ratificó su intención de importar la energía paraguaya de la central de Acaray con la finalidad de venderla en el mercado brasileño.
El director presidente de la firma, Sergio Paulo Soares, explicó que las tratativas en nuestro país se iniciaron el 13 de marzo de 2012. Todo ello, en la sede de la ANDE con presencia de la viceministra de Minas y Energía Mercedes Canese y el titular de la ANDE Carlos Heisele.
Los términos de precio serían definidos cuando Mercosul Energy tenga la autorización de importación del Ministerio de Minas y Energía del Brasil. Antes sería imposible definir el precio habida cuenta de los cambios en el mercado.
Es importante señalar que el empresario mencionó que los precios del año pasado, en el mercado Spot, eran unos R$ 822 el megavatio hora (240 US$) y este año están en R$ 322 el megavatio hora (118 US$). También Chile y Uruguay tenían interés en comprar el excedente de la energía paraguaya generada en Itaipú.
A comienzos de 2011 Paraguay logró conseguir el visto bueno político de Argentina para vender energía de Yacyretá a Chile y a Uruguay, aunque infructuosamente, por la falta de autorización técnica. Sin embargo, la Argentina le vende energía a Uruguay por unos US$ 300 millones anuales (ABC 21 de enero de 2011). También es conocido que en Garabí argentinos y brasileños se intercambian energía de Yacyretá y de Itaipú.
El exdirector general paraguayo de Itaipú Gustavo Codas decía que desconocía qué precio quieren pagar los dos países interesados por la energía paraguaya, aunque sería muy superior a los que actualmente se recibe como compensación por cesión de energía (ABC 21 enero 2011). Antes de Itaipú, a inicios de 2002, Codas fue nombrado asesor financiero de la Central Única de Trabajadores brasileña. En el área de relaciones internacionales de la misma entidad asumió João Vaccari Neto, consejero de Itaipú, tesorero del Partido de los Trabajadores y actualmente en prisión por el caso Petrobras. Oportunamente, Codas quedó como encargado de relaciones internacionales y Vaccari como asesor financiero. “Tanto Vaccari como Codas son amigos y compañeros de causa” (Hoy digital, 16 de marzo de 2015).
Es importante señalar que en Itaipú la energía paraguaya es cedida gratuitamente a la multinacional Eletrobrás. Una minúscula compensación, unos US$ 9 el megavatio hora desde mediados de 2011, que paga el Tesoro brasileño desde 1986, en vez de Itaipú, en substitución del precio justo acordado en el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966.
b. Cuando la realidad supera a la ficción
Es imposible que Brasil devuelva su electricidad, unos 38 millones de megavatios hora anual, al Paraguay. Mientras no consiga otra fuente que lo substituya, el socio condómino no apagará su luz para que podamos encender la nuestra. Tampoco la ANDE podrá comercializarla en el mercado brasileño, como lo hace ilegítimamente la Eletrobrás. La realidad nos señala que la soberanía energética paraguaya en Itaipú, estipulada en el Tratado de 1973, sigue siendo un mito.
“Fue pintoresco cuando el canciller Celso Amorim se pasaba gritando a los paraguayos ‘pacta sunt servanda’ (los tratados se respetan) en uno de los frecuentes conflictos sobre Itaipú, pues los herederos de Tordesillas siempre carecieron de los escrúpulos que le impidieron firmar tratados solemnes con el explícito propósito de nunca cumplir su parte” (Caballero Aquino, Ricardo. Las causas de la guerra. Ajedrez del diablo. Ed. El Lector. 2013).
El Tratado de 1872, “acordado” en presencia de las tropas de ocupación; la “redemarcación”, impuesta por el Protocolo de 1930, para incorporar el Salto de Guairá a la margen brasileña; el desacato del acuerdo del 19 de enero de 1964, entre João Goulart y Alfredo Stroessner, para la explotación conjunta del Salto del Guairá; la inopinada invasión a Puerto Renato, territorio nacional, en 1965 y el Tratado de Itaipú, que reconoce al Paraguay el derecho de adquisición de la energía no utilizada, son muestras de que Brasil –aprovechando una vez más la diferencia de magnitudes– no va a retornar al Paraguay su secuestrada energía hidroeléctrica generada en Itaipú.
Todo discurso, sea político o económico, que pretenda sustentar el desarrollo del Paraguay en función a su disponibilidad energética, proveniente de Itaipú y de Yacyretá, es una mera expresión de deseos (el mismo fenómeno acontece en Yacyretá).
A decir verdad, una mentira piadosa insostenible por el imperio de la realidad.
Ya que el Brasil no está dispuesto a retornar a su legítimo dueño la energía, al igual que los archivos nacionales que contienen la memoria histórica del país, solo cabe de momento exigir un precio justo o de mercado.
Entonces, entre las alternativas posibles –hasta que un gobierno patriota aborde el camino de la demanda internacional, para enmendar la profanada buena fe del objeto y fin del tratado, según la tesis de Gustavo De Gásperi, jurista paraguayo de feliz memoria– solo resta reclamar el precio justo.
Sin posibilidad de la cogestión paritaria de la represa, formalmente binacional; con patriotas de fachada, solo cabe esperar, en coincidencia con Mateo 6:34, que el 2023 venga con sus propios afanes.
US$ 9
Es importante señalar que en Itaipú la energía paraguaya es cedida a Eletrobrás por una minúscula compensación, unos US$ 9 el MWh.
juanantoniopozzo@gmail.com

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sábado, 18 de julio de 2015

Secuestrado por Brasil

23:30    

19 de Julio de 2015

| Breve reseña

A seis años de la Declaración del 25 de julio de 2009

Por Juan Antonio Pozzo Moreno
 
a. En mayo de 2008, antes de la asunción presidencial de Fernando Lugo, se conformó un grupo de estudio energético que planteó la necesidad de revisar el Tratado de Itaipú, sus Anexos y Notas Reversales, con énfasis en la gestión paritaria de la empresa en un marco de mutuo respeto.
El grupo de estudio organizó cuatro comisiones:
–La técnico-energética, coordinada por el ingeniero Carlos Cardozo;
–La jurídica, coordinada por el doctor Emilio Camacho;
–La político-diplomática, coordinada por el doctor Carlos Riveros.
–La económica-financiera, coordinada por el doctor Efraím Enríquez Gamón.
El ingeniero Ricardo Canese fue designado como coordinador general.
Los reclamos de Paraguay al Brasil, propietaria de facto de Itaipú, fueron planteados en un listado de seis puntos:
1) La soberanía energética o libre disponibilidad de la energía que corresponde por derecho al Paraguay;
2) El “precio justo” que debe pagar el Brasil por la energía obligatoriamente cedida;
3) La aclaración del pasivo o la deuda de Itaipú;
4) La necesidad de una administración paritaria o de cogestión plena en Itaipú;
5) La fiscalización por los organismos de control de ambos países de la gestión económico-financiera en Itaipú; y
6) La necesidad de construir las obras faltantes y completar las obras inconclusas en la margen derecha.
Los puntos reclamados, aprobados por el presidente electo, fueron puestos a consideración del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva quien envió al Paraguay, con una comitiva, a su asesor para Asuntos Internacionales Marco Aurelio García.
El 1 de agosto, García se reunió con Efraím Enríquez Gamón, vocero oficial de la comitiva paraguaya conformada por Ricardo Canese, Asesor para temas energéticos; Carlos Mateo Balmelli, nominado para director general paraguayo en Itaipú; Carlos Cardozo, nominado para Director paraguayo en Yacyretá, y Emilio Camacho, nominado para Asesor Jurídico del Ejecutivo.
Para Marco Aurelio García “ese encuentro abría no una ventana sino una gran puerta que nos conducía a un nuevo escenario en donde se focalizarán las relaciones entre Paraguay y Brasil, y más allá del tema Itaipú”.
También dijo el brasileño “que los seis puntos planteados no son excluyentes de otros, concomitantes o complementarios, tales como asistencia financiera para proyectos conjuntos, incluso comerciales y de frontera, etc.”.
Retornaba el asesor con “las ideas expuestas verbalmente, como el contenido del documento, como las llaves para dar el primer paso y servir de soporte a decidirse en el más alto nivel político, en la instalación de una mesa de negociación entre ambos países condóminos de la empresa y a nivel de Gobierno y Técnicos en la materia” (ENRÍQUEZ GAMÓN, Efraím. Itaipú Binacional en una nueva dimensión histórica. Breve resumen de una gestión patriótica. Asunción: Editorial Arandú, 2009, p.37 y p. 38).
b. La mesa negociadora
Resueltó por ambos gobiernos la conformación de una mesa negociadora para tratar los seis puntos planteados por el Gobierno paraguayo se integró la Comisión de Negociación para la Revisión y Cumplimiento del Tratado de Itaipú.
Por el Paraguay:
–Jorge Lara Castro, viceministro de Relaciones Exteriores;
–Samuel González, viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones;
–Efraím Enríquez Gamón, consejero de la Itaipú Binacional;
–Hugo Ruiz Díaz, asesor jurídico de la Presidencia de la República;
–Jorge Rolón Luna, representante de la Cancillería ante el Consejo de Itaipú;
–Ricardo Canese, coordinador de la Mesa Negociadora, y
–Gustavo Codas, asesor para temas energéticos de la Cancillería.
Fue notoria la ausencia del director general paraguayo Carlos Matero Balmelli.
Por el Brasil:
–Marcio Pereira Zimmerman, ministro interino de Minas y Energía;
–Enio Cordeiro de la Cancillería, subsecretario general para la América del Sur;
–Luiz Eduardo Melía de Cavalho e Silva; jefe de Gabinete del Ministro de Hacienda;
–Jorge Miguel Samek, director general brasileño de Itaipú;
–Válter Luiz Cardeal de Souza, director de Ingeniería de las Centrais Elétricas Brasileiras SA Eletrobrás;
–João Bonifacio Cabral Junior, director jurídico de Itaipú;
–Antonio Otelo Cardozo, director técnico ejecutivo de Itaipú;
–Renato Soares Sacramento de la Eletrobrás;
–Marisete Fátima Daldad Pereira, del Tesoro Nacional Brasileño; y
–Hailton Madureira de Almeida, tesoro nacional brasileño.
La tercera y última reunión de la mesa negociadora se realizó el 19 de diciembre de 2008.
En esta reunión se decidió que los puntos del Memorándum sobre la libre disponibilidad de la energía, el análisis del pasivo y el precio justo por la compensación queden sujetos a la decisión política de los gobiernos, en el más alto nivel.
c. Extracto de la versión sobre el resultado de las reuniones del coordinador de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH) ingeniero Ricardo Canese, a fines de abril de 2009, en un artículo titulado “Soberanía hidroeléctrica paraguaya”:
“En cuanto a las negociaciones, ha habido avances importantes en los tres últimos puntos (cogestión, control y obras faltantes). En los tres primeros puntos, el Brasil aceptó que la Contraloría General de la República del Paraguay audite la deuda binacional de Itaipú (lo que significa un avance en el tratamiento del tema de la deuda, tercer punto) y al mismo tiempo ofreció duplicar los ingresos paraguayos por la exportación de electricidad al Brasil (avance en el segundo punto), valor que fue rechazado por el Paraguay como insuficiente. En cuanto a la soberanía hidroeléctrica (primer punto), es donde no hay avance alguno”.
Siguió señalando:
“Itamaraty se empeña en negar la soberanía hidroeléctrica paraguaya…”.
En realidad, todos los puntos reclamados fueron ignorados hasta hoy día. Infelizmente, a pesar de los buenos deseos y del optimismo del ingeniero Canese, la gestión de los negociadores no fue auspiciosa.
Sin embargo, queda la esperanza de transparentar la binacional a través de una implosión interna como consecuencia de la investigación del Tribunal de Cuentas de la Unión. Todo ello, en el contexto del proceso que se le sigue al exconsejero de Itaipú y tesorero del Partido de los Trabajadores, João Vaccari Neto por su vinculación con la Petrobras.
d. La estrategia dilatoria
Siete meses después de la tercera y última reunión la respuesta brasileña quedó documentada en la Declaración Conjunta del 25 de julio de 2009 entre los presidentes Lula da Silva y Fernando Lugo.
A los efectos de seguir manteniendo el statu quo, Brasil hizo algunas concesiones ineludibles y prometió otras. Entre otros:
–Se acordó triplicar la compensación por la cesión de energía con aprobación legislativa. Anteriormente, los ajustes eran autorizados por acuerdo entre los gobiernos sin aprobación parlamentaria;
–Se anunció que la ANDE, en breve, gradualmente podría comercializar en el mercado brasileño la energía paraguaya y desde 2023 era factible su venta a otros mercados;
–Se aprobó, además, el compromiso firmado por Mateo Balmelli y Jorge Samek sobre la cogestión plena;
–Se autorizó el seccionamiento de las líneas de transmisión de 500 kV de 50 ciclos, que van directamente a Foz de Yguazú para ser convertidas en 60 ciclos y la ampliación de la subestación de la margen derecha;
–Se comprometió la construcción, a cargo de Itaipú, de la línea de 500 kV entre la subestación de margen derecha y la subestación Villa Hayes.
El presidente Lugo, en el punto 15 de la declaración, dio a conocer que la Contraloría paraguaya estaba auditando la deuda de Itaipú.
e. La Declaración Conjunta del 25 de julio de 2009, era la respuesta brasileña a los puntos reclamados en la mesa de negociaciones. Una formidable contraofensiva de Itamaraty para ganar tiempo sin alterar la política del statu quo. Una maniobra en sintonía con las calendas griegas.
En efecto, la promesa de comercialización de la energía por ANDE en el mercado brasileño colisionaba con los intereses, principalmente, de los accionistas internacionales de la Eletrobrás.
La propuesta de venta a terceros países de la energía no utilizada por la margen derecha era inviable solo para el Paraguay ya que en Garabí brasileños y argentinos intercambian energía de Itaipú y de Yacyretá desde el año 2000.
La cogestión paritaria, sin la alternancia en las direcciones técnica y administrativa, es totalmente inviable.
En síntesis, una estrategia de la alta escuela diplomática brasileña para seguir como propietaria de facto de la entidad binacional.
No obstante, para aliviar la presión de la demanda de más electricidad, Lula da Silva comprometió una nueva línea de transmisión, finalmente construida por Focem, entre los distritos de Hernandarias y Villa Hayes de Paraguay.
Una muestra palpable que el desarrollo económico y social de Paraguay sigue atado a la voluntad política de Brasil que se empeña en no devolvernos nuestra energía hidroeléctrica. Cabe preguntarse entonces ¿Somos realmente una nación soberana?
Reclamo
La soberanía energética o libre disponibilidad de la energía que corresponde por derecho al Paraguay, fue uno de los reclamos de nuestro país al Brasil.
Precio
El “precio justo” que debe pagar el Brasil por la energía obligatoriamente cedida y la aclaración del pasivo o la deuda de Itaipú, otros dos.
Dos más
La necesidad de una administración paritaria o de cogestión plena en Itaipú y la fiscalización por los organismos de control de ambos países de la gestión de Itaipú.
juanantoniopozzo@gmail.com

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sábado, 11 de julio de 2015

La mentira como propaganda

23:25    

12 de Julio de 2015

| LAS BINACIONALES DEBEN FORMAR PARTE DE LA MALLA CURRICULAR

No solo el infortunio, también la mentira se enseñorea en Paraguay

Por Juan Antonio Pozzo Moreno
 

La independencia del Paraguay
No cuesta advertir en el Salón Independencia del Palacio de López el gran cuadro alegórico de la independencia argentina representando la independencia nacional del Paraguay.
Para Carlos Villagra Marsal el cuadro pictórico, originalmente denominado “Intimación a Cisneros”, simboliza la intimación en Buenos Aires al entonces virrey del Río de la Plata, Bartolomé Hidalgo de Cisneros, el día 24 de mayo de 1810.
La obra, pintada por el artista italiano Guillermo Da Re por encargo del Gobierno argentino, conmemoraba el centenario de la independencia del vecino país en 1910. No obstante la pintura, rechazada por el nuevo presidente Hipólito Irigoyen la adquirió el paraguayo Juan Silvano Godoy, con el nombre la “Intimación a Velazco”. Impreso en los billetes de diez mil guaraníes, la alegoría no cesa de representar el momento cumbre de la mentirosa independencia del Paraguay, con un desconcertado gobernador Bernardo de Velazco el 14 y 15 de mayo de 1811.

Promotor de la Guerra Guasu
Del mismo modo se nos enseñó la parte más dramática de la Historia del Paraguay. En ella, Francisco Solano López, por desatender los consejos de Don Carlos, su padre, fue el promotor de la guerra que arruinó al país.
Nada más alejado de la realidad. La guerra, como medio para asegurarse vastas extensiones de territorio nacional, fue diseñada y planificada en el “Protocolo de entendimiento para la guerra contra el Paraguay. Argentina-Brasil” en el año 1857.
El documento, guardado durante muchos años, fue hecho público en Argentina por la historiadora Liliana Brezzo en su ensayo “La Argentina y el Paraguay 1852-1860”, editado por la editorial Corregidor y publicado en el Paraguay en el 2007 por el doctor Washington Ashwell en el Anuario de la Academia Paraguaya de la Historia.
El Protocolo de 1857 obra en el archivo abierto de la biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, legajo Guerra de la Triple Alianza, caja 1, fs., 3/12. Es importante señalar que los brasileños no lo difunden, consecuentes con su política de no abordar los comprometedores temas de la Guerra Guasu.
El texto, sumamente claro, demuestra la confabulación de los ocasionales aliados en la orquestación de un plan para someter al Paraguay por medio de la guerra, inicialmente por cuestiones de navegación de los ríos, luego desviado hacía reivindicaciones territoriales argentinas parcialmente objetadas por Brasil.
De lo que no quedan dudas es que el Protocolo y el Tratado Secreto de la Triple Alianza fueron pactados mucho antes de la guerra. El primero de ellos en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina, el 14 de diciembre de 1857. El otro, en la conferencia de junio de 1864 en Puntas del Rosario, Uruguay, entre el general uruguayo Venancio Flores y los ministros Saraiva de Brasil y Elizalde de Argentina, posteriormente formalizado el 1 de mayo de 1865 en el Tratado Secreto de la Triple Alianza.
Cabe destacar que tampoco López inició la conflagración que ocurrió el 12 de octubre de 1864, cuando desoyendo los términos de la nota del 30 de agosto del mismo año, el Imperio brasileño invadió la Banda Oriental.
Todo ello significa que el mariscal Francisco Solano López ni promovió ni inició la guerra del 70 conforme la narrativa de los invasores.

El tergiversado relato de Itaipú
Otra historia, la más importante de la actualidad, aunque contada interesadamente por sus principales protagonistas paraguayos, es Itaipú. Todo para justificar la entrega de la soberanía energética al vecino país.
Según el relato oficial, el circunstancial socio condómino, entre muchas opciones, eligió asociarse con el Paraguay para la explotación hidroeléctrica del río Paraná, en Itaipú. El magnánimo socio costeó el impresionante emprendimiento hidroeléctrico para compartir su producción equitativamente con quien proveyó, según lo admiten algunos, solo parte del agua necesaria para la concreción del emprendimiento binacional.
Ni lo uno, ni lo otro. La realidad de los hechos nos muestra que para gestionar unilateralmente la represa los brasileños no solo destituyeron en 1964 a su presidente legítimo, João Goulart. También sus técnicos recomendaron, aunque infructuosamente, desviar el río Paraná.
Sin mejores alternativas, para apropiarse del discutido Salto en pleno trabajo de redemarcación, sus fuerzas armadas invadieron Paraguay en Puerto Renato en 1965.
Era más que evidente que nuestro vecino –quién nos asegura habernos liberado del tirano López– no necesitaba de un socio para compartir el emprendimiento limítrofe, que conforme la visión errada de sus especialistas la fuente energética por excelencia era el Salto y no el conjunto del río Paraná con su entorno.
Sin embargo, mediante la oportuna intervención del presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, y su canciller Dean Rusk, se pudo acordar entre los litigantes el Acta de Foz de Yguazú de 1966. La tropa invasora desocupó el país y por de pronto el Salto, de propiedad genuinamente paraguaya, se convirtió en condominio. El Acta, que repartía en partes iguales la producción energética y que establecía un precio justo por la energía no utilizada por Paraguay, más tarde quedó modificada en el Tratado de Itaipú de 1973 que se encargó de romper la equidad.
Los temerosos negociadores paraguayos por razones de seguridad según argüían, de un plumazo, en el acuerdo de 1973 desviaron de su objeto y de su fin el Acta de Foz de Yguazú de 1966.
Desde entonces, toda la electricidad, excepto una mínima porción para el Paraguay, fue derivada al Brasil gratuitamente al hacerse cargo Itaipú de una exigua compensación. La situación sigue invariable hasta hoy, excepción hecha que desde 1986 el tesoro brasileño se hizo cargo de la simbólica compensación y desde fines de 1973 la margen paraguaya consiguió controlar su sector.
Otra distorsión –no desmentida por nuestros representantes durante las reuniones que reclamaba los seis puntos al Brasil en el 2008– afirmaba sin ambages que Brasil financió Itaipú: “Otra cosa hubiera sido si Paraguay financiara la obra”, admitía entonces nuestro principal negociador.
La equivocación, por decir lo menos, era mayúscula. Los préstamos, todos ellos usurarios y que según Jeffrey Sachs duplicaron el costo de la obra, honrados suficientemente, fueron obtenidos por Itaipú como empresa binacional y no por Brasil.
En 1997, asumida dócilmente por Itaipú la deuda correspondiente a las empresas compradoras por la venta debajo del costo de la electricidad (US$ 4.193 millones de deuda espuria o vencida), la renegociación del pasivo de la binacional con la Eletrobrás quedó ajustado en unos US$ 16.225 millones. No obstante, abonadas las cuotas correspondientes a 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, un total de US$ 14.819,5 millones (ABC 2 octubre 2011) el saldo deudor al 31 de diciembre del año 2007 con la multinacional brasileña ¡aumentó a US$ 17.037,5 millones! Verdaderamente insólito, tal vez único en su especie el grosero desfalco. El día que el Tribunal de Cuentas de la Unión audite las cuentas de Itaipú con la Eletrobrás el tema Petrobras quedará como una simple anécdota y los pueblos de Paraguay y Brasil comprenderán la medida en que fueron abusados.
Estos hechos nos dan la pauta de cómo nos enseñaron la historia de nuestro país. No solo los interesados invasores de la tríplice entente la escribieron.
Colaboraron con ellos, exitosamente, aquellos compatriotas más ilustrados que prefirieron la prosperidad personal antes que el servicio a la patria.
Mientras no forme parte de la malla curricular educativa, la historia la seguiremos repitiendo según los intereses coyunturales de la política. Y sin solución de continuidad, seguiremos tan frágiles y dependientes como lo somos ahora de nuestros ocasionales socios y vecinos.
Secreto
De lo que no quedan dudas es que el Protocolo y el Tratado Secreto de la Triple Alianza fueron pactados mucho antes de la guerra.
Goulart
Para gestionar unilateralmente la represa, los brasileños no solo destituyeron en 1964 a João Goulart. Sus técnicos recomendaron desviar el río Paraná.
juanantoniopozzo@gmail.com

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domingo, 5 de julio de 2015

"El precio de la paz"

3:11    

05 de Julio de 2015

 

Lo político sobre lo jurídico, impronta de los más débiles

Por Juan Antonio Pozzo Moreno
No fueron pocas las veces en que para justificar alguna decisión fáctica se supeditara lo jurídico a lo político. Todo ello para que lo establecido en el orden jurídico, particularmente en el marco del derecho, pudiera erigirse como impedimento contra el abuso.
 

La doctrina Mujica
Un ejemplo reciente, en el ámbito internacional, fue la arbitraria suspensión de Paraguay en el Mercosur para dar cabida a Venezuela.
De ese modo, el Mercosur jurídico, que propone la integración comercial entre los países miembros, cedió ante un Mercosur político manejado por Brasil, Argentina y Venezuela para promover una agenda coyuntural, ajena al propósito del Tratado de Asunción.
Es preciso recordar que hace un par de años, el presidente uruguayo Pepe Mujica, al justificar la suspensión del Paraguay y el ingreso de Venezuela al Mercosur en junio del 2012, acuñó la frase que “lo político prima por sobre lo jurídico”, una suerte de “doctrina Mujica”.
Con esta nueva “doctrina” del derecho internacional, los países socios del bloque exigían que Paraguay acepte los hechos consumados y retorne sin cuestionar las ilegalidades y violaciones al Tratado de Asunción, que establece claramente que las decisiones en el bloque se adoptan por unanimidad de los Estados partes.
Marco Aurelio García, asesor internacional de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, ya había bajado la línea del bloque. El ingreso de Venezuela es una “decisión de piedra” y Paraguay “debe aceptarla”. En la misma dirección, por Circular 52 del 9 de julio del 2012, la cancillería uruguaya prohibió a los diplomáticos orientales “todo contacto personal” con diplomáticos paraguayos o actos que puedan implicar el reconocimiento al gobierno recién asumido.
El Ministerio de Relaciones Exteriores estableció para todo el personal diplomático “ajustar su conducta de relación, absteniéndose de mantener contactos personales o participar en eventos que pudieran significar un reconocimiento al Gobierno de Paraguay”. Todo ello contradiciendo a Mujica, quien dijo que la sanción solo era “simbólica”. Una historia repetida, un matiz más actualizado de la triple alianza.
No obstante, fuera de toda predicción y como reflejo de nuestra debilidad política, rayana a la subordinación, el 18 de diciembre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, con lo que se concretaba definitivamente el ingreso del país caribeño al bloque. El documento fue aprobado en la Cámara de Senadores, en apoyo al presidente Horacio Cartes, contrariando la postura asumida en periodos parlamentarios anteriores.
La Ley 389 del 17 de julio de 1973
En nuestro país, la primacía política no es desconocida debido a la debilidad institucional, el deficiente ejercicio democrático y una justicia funcional a los poderes fácticos.
La alta magistratura nacional no suele poner reparos, en defensa del Estado, al consentir leyes o admitir interesadas inconstitucionalidades que ponen en severo riesgo la soberanía nacional y un meticuloso escrutinio público sobre la gestión gubernamental.
Otro ejemplo es la Ley Nº 389 del 17 de julio de 1973, que aprobaba el Tratado de Itaipú entre la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay.
La citada ley, desde la perspectiva que se lo analice, es claramente inconstitucional, violatoria del derecho internacional y viciada de nulidad. En consecuencia es contraria a los altos intereses de la República.
Redactada con mala fe, en el transcurso de su contexto se desvió de su fin y de su objeto, que no era otro que el reparto equitativo de la producción energética.
En cuarenta años de funcionamiento continuo, Paraguay solo pudo aprovechar un magro 7% del total de la generación hidroeléctrica de la usina de Itaipú.
La decisión política, en detrimento de lo jurídico, para construir el dolo –con la discreta conspiración de los negociadores del Gobierno paraguayo– fue exitosa: la ANDE quedó obligada a exportar su excedente –que nutre al parque industrial de San Pablo y a la industria turística de Río de Janeiro– gratuitamente.
Por de pronto, la cesión debía ser compensada por Itaipú (Paraguay como copropietario debía compensarse a sí mismo). La seguridad y el Directorio Ejecutivo de la entidad binacional quedaban controlados por Brasil.
Los ejemplos son una la clara muestra de la injusticia: la imposición de lo político sobre lo jurídico hacia la parte más débil.
Es preciso que nuestras autoridades políticas asuman su responsabilidad constitucional y defiendan con verdadera dedicación y vocación patriótica los genuinos intereses del pueblo paraguayo que, entre otros, reclama un Mercosur más eficiente y equitativo y un precio justo por la cesión de su excedente energético al Brasil.
juanantoniopozzo@gmail.com

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