domingo, 24 de abril de 2016

2023: Un objetivo para reinvindicar nuestros derechos

24 DE ABRIL DE 2016

| MEDIO SIGLO CON ITAIPÚ A CUESTAS

“Libre disponibilidad de nuestra energía”

En 50 años, la renegociación debe hacer posible la libre disponibilidad de nuestra energía junto con la cogestión paritaria, apunta en esta entrevista con ABC Color el general Juan Antonio Pozzo Moreno, estudioso del Tratado. El martes, el Tratado cumple 50 años y 50 años de vigencia en el 2023.
–¿Cómo debe prepararse nuestro país para encarar las negociaciones que deben iniciarse en el 2023, año en que el Tratado de Itaipú cumple 50 años de vigencia?
–Convocando, en un centro de pensamiento independiente a los más calificados, un Thing tank, con la suficiente pujanza como para influir y orientar la política exterior del país en función a la problemática. Todos con conocimientos, de comprobado patriotismo, honestidad intelectual y con genuina vocación en la defensa de los intereses nacionales. La experiencia de la mesa de negociaciones del 2008 fue frustrante. Ninguno de los seis puntos reclamados en el tratado y sus anexos fue reivindicado. Itamaraty pasó como una aplanadora sobre los nuestros repitiéndose la historia de los negociadores paraguayos que convalidaron el Tratado de 1973.
–La experiencia de nuestros negociadores en la negociación de Yacyretá con los argentinos deja alguna enseñanza que debe aplicarse, no solo en las futuras tratativas con Brasil, sino también en la formación de los futuros negociadores?
–El análisis atento y cuidadoso que implica una revisión se basa en documentos válidos, conforme a los términos del acuerdo. En su oportunidad, en julio de 2007, cuando nuestro contralor viajó a Buenos Aires para revisar los papeles relacionados con el Anexo “C” se encontró con las puertas cerradas. En 2016, la historia se repite. No hay condiciones para cuantificar la deuda, una formidable barrera que nos impide asumir como copropietario, libre de compromisos. Excusa perfecta que impide la recuperación de nuestra soberanía energética, lamentable experiencia debe servirnos para la formación de los futuros negociadores. Mientras, es responsabilidad del Gobierno se cumpla el cronograma de pagos para cancelar la deuda de Itaipú en 2023.
–Supongamos que en 2023 aún quede un saldo deudor a favor de Electrobras, entenderán nuestros negociadores de turno la relevancia del segundo requisito que establece el numeral VI-Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, a la hora de finiquitar las cuentas? Nos referimos a:... teniendo en cuenta, entre otras cosas, la... y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países.
–Con Itamaraty no se tiene certeza. La peor hipótesis no se puede desdeñar. No obstante, en 50 años la renegociación debe hacer posible la libre disponibilidad de nuestra energía junto con la cogestión paritaria. Son los principales objetivos que se deben trabajar y que de no conseguirse se debe recurrir, inexorablemente, a los Tribunales Internacionales. Sin embargo, según la tesis De Gásperi, de feliz memoria, se puede demandar a la Eletrobrás, conforme al Código Civil, desde Paraguay. Hará falta un dictamen favorable de la mala fe del Tratado, de la Convención de Viena sobre del Derecho de los Tratados.
–¿Cómo deberá encararse la implícita prohibición que figura en el Art. XIV del Tratado, de que vendamos nuestro excedente a un tercer país e incluso una empresa brasileña, pero a precios de mercado?
–El derecho de adquisición del excedente energético es válido para ambos socios. No obstante, desde sus inicios la Eletrobrás lo adquirió gratis de Itaipú. Recién en 1986 el Tesoro brasileño se hizo cargo de pagar una irrisoria compensación, que en 31 años no supera la media de US$ 2,5 el megavatio hora. El presidente Lula prometió en 2008 que en breve el derecho de adquisición de la ANDE sería factible y la venta a un tercer país en 2023, hay que insistir en el tema. Es hora de que la ANDE se ponga los pantalones largos y sea la que adquiera su propia energía para revenderla, no cederla al mercado brasileño. Nuestros gobiernos nunca tuvieron la fortaleza suficiente para hacer prevalecer nuestros derechos en Itaipú, mismo en Yacyretá, que a través de Garabí intercambia energía con Argentina violando el Tratado. Aunque no faltan compatriotas obsequiosos que aceptan como válido este intercambio, es necesario pedir cuentas sobre esta repetida violación del acuerdo que lamentablemente le costó su puesto a un consejero de Yacyretá.
–¿Cómo evalúa la posibilidad de que nuestro país, finalmente, ventile el caso ante el Tribunal Internacional de La Haya?
–Cerradas todas las puertas, no nos deja alternativas. Lo mismo ocurrió cuando Brasil, en 1965, invadió Puerto Renato para apropiarse del Salto del Guairá. No obstante, en un escenario diferente solo requirió la oportuna intervención del canciller norteamericano Dean Rusk para que el Gobierno de facto brasileño retire su tropa y negocie el Acta de Foz de Yguazú en 1966.
Los gobiernos democráticos, terminada la Guerra Fría, están amparados por el Derecho Internacional y en su propia legislación. Gustavo de Gásperi nos señaló en Paraguay el camino para hacer prevalecer nuestro derecho tanto en Itaipú como en Yacyretá. Todo depende del patriotismo de nuestros gobernantes que pagan millonarios sueldos sin resultado alguno a los órganos de administración de las binacionales. Verdaderos planilleros de lujo que se siguen mofando del Paraguay.
Entrevista de Ramón Casco Carreras
juanantoniopozzo@gmail.com

miércoles, 20 de abril de 2016

Es menester que patriotas asuman en Itaipú

20 DE ABRIL DE 2016


2023

Para el año 2023, según el programa de pagos, Itaipú cancelará su deuda por la construcción, puesta en operación y funcionamiento de la represa de mayor generación de electricidad del mundo.
La revisión de las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad, según las disposiciones del Anexo “C”, después de cincuenta años de la entrada en vigor del Tratado (13 de agosto de 1973), será en consideración, entre otros, al “grado de amortización de las deudas contraídas por la Itaipú para la construcción del aprovechamiento, y en relación con la potencia contratada por las entidades de ambos países”.
Significa que, una vez honrado el compromiso y dueños sin ambages, la Otra Alta Parte Contratante o Paraguay tiene vía libre para exigir nuevas reglas que le permita asumir con plenitud su derecho de copropietario de la empresa. Implica que la ANDE, dueña de la mitad de la producción, una vez adquirida su parte, puede decidir venderla al mercado brasileño a otro mejor postor sin descuidar la demanda interna.
La liberación de los compromisos supone la recuperación de la soberanía energética paraguaya, hasta hoy hipotecada a favor del socio condómino.
Ya no más excusas sobre la necesidad de asegurar para mercado brasileño la entrega de la producción ya no más excusas sobre las fuentes de financiación; ya no más excusas de la Eletrobrás, con pretensiones de único propietario, para una fructuosa cotización en renombradas bolsas de valores.
Se acabaron las excusas. No obstante, mientras las direcciones técnica y financiera continúen en manos brasileñas no será posible la cogestión paritaria. De no romperse esta obligación de facto, será ineficaz la recuperación de nuestra soberanía energética.
Las nuevas reglas no serán consecuencias del azar
Brasil no accederá tan fácilmente abdicar a sus abusivos privilegios que lo convirtió en único propietario de la entidad binacional. “Solamente los paraguayos tontos creen que Itaipú es también de Paraguay”, afirmaba no hace mucho un director brasileño. Se necesitará entonces, a más del ejercicio del derecho de la copropiedad, funcionarios comprometidos con la defensa de los intereses nacionales a cambio de los venales que, sin solución de continuidad, hoy pululan en los consejos de administración y en los directorios ejecutivos.
Unos cuantos corruptos, es probable que sin leer el acuerdo de 1973, aceptaron sin cortapisas la apropiación indebida de Itaipú. Así solamente se puede explicar el cambio del precio justo, acordado en el Acta de Foz de Yguazú de 1966, por una magra compensación obligada a abonar Itaipú para liberar al Brasil, según el Tratado de 1973 o la inconstitucional autorización a los elementos de seguridad de la margen opuesta para intervenir en la margen paraguaya o que una deuda de US$ 3.500 millones, por obra y gracia de la criminal ingeniería financiera, hoy sea superior a los US$ 45.000 millones o que las riendas de la entidad, durante cincuenta años, siga manejada por directores técnicos y financieros de la otra margen.
Todo ello, con la complaciente justicia que privilegió la tesis de los antipatriotas abogados paraguayos, hoy prósperos ciudadanos, para asegurar un interesado blindaje jurídico que pudiera impedir el escrutinio estatal.
Hoy día, los corruptos dueños de Itaipú están con la barba en remojo. Les tambalea la estantería con la espada de Damocles del Tribunal de Cuentas de la Unión sobre sus cabezas. Es probable que la insobornable justicia brasileña, para no atizar el fuego que hace zozobrar al Estado brasileño, hasta el momento no intervenga la corrompida Eletrobrás, que sin empacho incluyó la deuda espuria como parte de su “aporte” a la entidad binacional. Los maletines ya no aplican como estrategia para la entrega directa de la plata, hoy son más sutiles y utilizan la vía indirecta del gasto social.
Para muestra vale un botón
Es importante señalar, que mediante el destape de la colosal corrupción en el Brasil que envuelve a la petrolera estatal Petrobras y a la empresa de electricidad Eletrobrás, es posible saber que altos funcionarios gubernamentales brasileños exigían coimas a los proveedores del Estado para financiar la campaña del Partido de los Trabajadores. Uno de los condenados a pena de cárcel es João Vaccari Netto, tesorero del Partido de los Trabajadores, quien por once años ejerció como miembro del Consejo de Administración de Itaipú.
Está condenado por haber recibido US$ 200 millones en concepto de sobornos. Dada su larga permanencia en Itaipú, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil anunció recientemente la fiscalización de las cuentas de la binacional. Existe la presunción de que durante su prolongada gestión en Itaipú haya lavado dinero de empresas que prestan servicios en la entidad, en cuyo caso miembros paraguayos del Consejo de Administración devendrían cómplices, por acción u omisión (ABC, 6 de septiembre de 2015).
Finalmente, si el Gobierno no se decide contratar profesionales extranjeros como consejeros o directores para defender los intereses nacionales, habida cuenta de la inoperancia cómplice de nuestros connacionales, creemos que llegó la hora de fomentar los centros de pensamiento liderados por patriotas para estudiar, analizar, sostener y aplicar al Gobierno los argumentos que permitan al Paraguay recuperar su soberanía energética en el año 2023 cedida al Brasil por chauchas y palitos el 13 de agosto de 1973.
juanantoniopozzo@gmail.com

sábado, 16 de abril de 2016

Borrón y cuenta nueva

17 DE ABRIL DE 2016

| “YACYRETÁ PAPERS”

¿Cuánto es lo que adeuda Yacyretá?

El 26 de febrero de 2014, en la sala bicameral del Congreso Nacional, varios expositores del Foro Energético de Análisis y Propuestas presentaron sus conclusiones y recomendaciones sobre la problemática que afectaba a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Un mes después, el 27 de marzo, vencía el plazo para la revisión del Anexo “C” del Tratado.
El Anexo “C”, que define las bases financieras y la prestación del servicio de electricidad de Itaipú, determina la tarifa de energía para cubrir: el 12% de utilidad sobre capital integrado; la carga financiera de los préstamos; la amortización de los préstamos; US$ 166 GWh de resarcimiento; la compensación territorio inundado; los gastos de explotación; los montos negativos o positivos de la cuenta ejercicio anterior.
Aunque la Nota Reversal de 1992, no aprobada por el Congreso Nacional, reemplazaba de facto al Anexo “C”, entregando por debajo de la tarifa la energía producida, no era posible evadir su numeral IX, que imponía, al cumplirse 40 años, la revisión del acuerdo. Todo ello, en función de la deuda contraída y de la potencia contratada.
En el foro, el ingeniero Orlando Valdés, profesional de vasta trayectoria y de reconocida experiencia, en parte de su exposición que abordaba la deuda, de acuerdo con sus investigaciones y las documentaciones disponibles , calculó meticulosamente el pasivo de la Entidad Binacional Yacyretá.
Por considerar de sumo interés para la opinión pública en momentos de una generalizada confusión, abonada constantemente por nuestras indecisas autoridades, detallamos “la propuesta de cálculo del saldo de la deuda” expuesto por Valdés.
En efecto, el capital de la deuda con el Gobierno argentino, sin intereses, estaría en el orden de US$ 5.805.279.000. Del mismo modo, el capital de la deuda con otros acreedores financieros sería US$ 362.996.000. En total, US$ 6.168.275.000.
Yacyretá papers
Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa), según facturas, adquirió de la EBY energía por valor de US$ 8.757.176.693. Sin embargo, solo pagó en efectivo US$ 1.373.978.375. El resto, US$ 3.859.736.900, lo abonó con papeles en concepto de reintegro y recupero, Secretaría de Hacienda (03-13).
A través de los “papers” la EBY quedaba vaciada de recursos.
El total, considerando como válido los descuentos en papeles, el pago de Ebisa a la EBY, sumaba unos US$ 5.233.715.275. Restado de los US$ 8.757.176.693, arrojaba como saldo deudor de Ebisa US$ 3.523.461.418.
Deuda de la EBY
En síntesis, restando el saldo deudor de Ebisa del total de lo adeudado por la EBY al Gobierno argentino y acreedores financieros, el pasivo de Yacyretá (6.168.275.000 – 3.523.461.418) rondaría en los US$ 2.644.813.582.
Recomendaciones del ingeniero Orlando Valdés
1) Realizar una auditoría internacional, independiente de todo lo actuado sobre este tema hasta la fecha.
2) Proponer la conciliación de cuentas utilizando la deuda de Ebisa como parte de pago de la deuda que la EBY mantiene con el Gobierno argentino.
3) Proponer la no aplicación de reajustes ni intereses tanto a la deuda de la EBY como a la deuda de Ebisa.
4) Establecer como válida la tarifa de 30 US$ el megavatio hora, con sus actualizaciones, tanto para la ANDE como para Ebisa.
5) Una vez conciliada las cuentas, utilizar el Anexo “C” para la definición de la nueva tarifa de Yacyretá.
6) Proponer el pago del saldo de la deuda de Yacyretá, del orden de los US$ 2.644.813.582, en 20 años.
7) Con esto la tarifa de la energía de Yacyretá estará entre los 20 US$ y 25 US$ el megavatio hora.
Conclusión
Es conocido por todos como el socio condómino es especialista en complicar las cosas. No obstante, el presidente Mauricio Macri, muy realista y práctico, exige a sus funcionarios la solución del problema.
No es para menos, habida cuenta que su país importó el año pasado por unos US$ 15.000 millones hidrocarburos (petróleo y gas). Cae de maduro que la crítica situación le exige potenciar Yacyretá, es decir, completar su diseño construyendo el embalse de compensación aumentando de paso las máquinas de la central. Sin embargo, la maquinización de Aña Cua, en territorio nacional, es otro asunto ya que está relacionado con la soberanía nacional. Es más, la exportación al Brasil vía Garabí, a pesar de prohibir el tratado, sigue vigente.
También es sabido que Argentina, a toda costa, se comprometió en llevar a cabo el emprendimiento. Entonces no es lógico que su aporte, que debiera ser eso y no préstamos, sea desmesuradamente inflado y que pagara en papeles la energía que le suministrara casi en exclusividad, por décadas, Yacyretá.
Es evidente que algo anda mal. Nuestros corruptos representantes siempre se allanaron a los deseos del socio condómino. Mientras su veterano director, el hoy próspero Oscar Thomas, hacía y deshacía a su antojo.
El sentido común, que a Macri no le falta, exige conciliar las cuentas que debiera ser cero. Borrón y cuenta nueva. Todo ello, significa que la ANDE, que debe ponerse las pilas, tiene que vender como corresponde su excedente a Ebisa o al mejor postor.
Alentamos la esperanza que llegó el momento para que el Paraguay, por fin, se disponga a ejercer su soberanía injustamente hipotecada.

martes, 12 de abril de 2016

Una magra propina

12 DE ABRIL DE 2016


¿Es suficiente lo que Paraguay recibe de Itaipú?

Según se puede inferir –o sea extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios– para las comisiones asesoras del partido de gobierno (una de excancilleres y otra de los exdirectores de Itaipú, Víctor Bernal y Jorge Ayala Kunzle; de ex altos funcionarios de la ANDE, como el Ing. Martín González, el Ing. Carlos Heisele y el exdirector de Yacyretá, Ing. Ángel María Recalde, entre otros (ABC, 2 de mayo de 2011) no habría razón para ser tan críticos con Itaipú, habida cuenta que el buen dinero proveniente del ente no sería posible de otro modo. Lamentablemente muy poco para el país, no así para sus abultadas faltriqueras, añadimos.
Es conveniente aclarar que en el balance no se incluye la pérdida del Salto del Guairá, impuesto al Paraguay como un condominio en el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966, otra desmembración del territorio nacional.
Tampoco la desaparición de la Selva Atlántica, que arrastró consigo a su rica fauna y al desarraigo de más de 30 poblaciones de pueblos originarios que se sustentaban del “supermercado” de la selva. Hoy estos nativos, paraguayos ancestrales, para vergüenza ajena, pululan por las periferias urbanas, atrapados en el vicio y en la indigna pobreza extrema.
Hasta 2015, como compensación de 31 años por la energía obligada a ceder, Paraguay recibió unos US$ 2.944.459.000. Una media de US$ 94.982.548. Recién desde 1986, el Gobierno brasileño, en vez de Itaipú, se hizo cargo de la compensación por el excedente paraguayo.
Jeffrey Sachs dice a quien quiera escucharlo que solo en el 2012 nuestro país dejó de percibir en concepto de royalties y compensaciones unos US$ 748,6 millones. Si multiplicáramos por 15, conservadoramente, la cifra evadida por nuestro socio condómino (años 2000 al 2015) ascendería a la friolera de más de US$ 11.000 millones.
El mismo científico, en el Informe del Columbia Vale Center –corroborando a los compatriotas de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricas, desactivada por Federico Franco– afirmó también que Paraguay ya honró suficientemente su deuda.
De ser así, nuestro país, en vez de la Eletrobrás, debiera recibir unos US$ 1.000 millones más por año. Este monto, sumado al anterior (748,6 + 1.000) representaría US$ 1.748,6 millones anuales que Brasil viene embolsando cada año que pasa a expensas de Paraguay. En solo diez años, el monto sale de madre (1748,6 x 10), asciende a US$ 17.486 millones.
Hasta el 2014 se transfirió al Estado paraguayo, en conceptos de royalties, compensación por cesión de energía, utilidad de capital, resarcimientos por cargas de administración y supervisión unos US$ 7.901.950,40. Divididos la suma entre 30, años de funcionamiento de la binacional (2014-1984), encontramos que la media recibida de Itaipú en estas tres décadas no superan los US$ 264 millones. Insignificante cifra que no se compara con lo que le fue sustraída por su socio condómino, con la anuencia de nuestros gobiernos vendepatria.
Evidentemente, lo que aporta Itaipú es irrisorio, en consecuencia deberíamos atender lo que nos advierte Sachs: “...recomendamos que Brasil y Paraguay exploren con transparencia estos argumentos y recalculen la deuda implícita sobre bases justas. Quizás nuestras premisas sean incorrectas y la deuda sea tal como está asentada. Si este es el caso, una auditoría transparente ayudaría mucho a atenuar la desconfianza que muchos sienten en Paraguay.
Pero quizás la deuda que aún está en los libros sea demasiado alta cuando se realizan los apropiados ajustes por los pasados servicios de esa deuda. Si este fuera de verdad el caso, las consecuencias serían muy grandes para Paraguay y realmente muy modestas para Brasil, una economía mucho más vasta y rica. Creemos que el FMI y otros organismos internacionales deberían estar listos para asistir a ambos países sobre una base objetiva para un escrutinio puntilloso de la historia y las cuentas de IB”.
juanantoniopozzo@gmail.com

sábado, 9 de abril de 2016

La injustificable entrega de nuestra soberanía energética en Itaipú

10 DE ABRIL DE 2016


Una historia repetida

“Los Borgia”–novela completada por la escritora Carol Gino y el historiador Bertram Fields luego del fallecimiento de su autor Mario Puzo en 1999– nos revela la corrupción en Roma cuando comenzaba a florecer el Renacimiento. “Altos mandatarios eclesiásticos visitaban burdeles, aceptaban sobornos y comerciaban con las bulas papales que perdonaban los más terribles pecados”.
A seis siglos de aquellos hechos bochornosos, descritos en la magistral novela que pone de manifiesto la íntima naturaleza humana, la corrupción, sin solución de continuidad, sigue devorando a los que debieran ser los principales gestores del bien común.
La Guerra Guasu. Blanqueando las conquistas
En 1872, el Tratado Loizaga-Cotegipe “… consagró la vieja aspiración brasileña de lograr los territorios situados entre los ríos Blanco y Apa y la zona del Amambay” (BENÍTEZ, Luis G. Manual de Historia Paraguaya).
En 1876, se firmó en Buenos Aires el Tratado Machaín-Irigoyen que adjudicó a la Argentina las regiones al Sur del río Paraná y las comprendidas entre los ríos Bermejo y Pilcomayo.
En ambos documentos cedió el Paraguay, ocupado por las fuerzas invasoras, unos 150.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional. Quedaba pendiente la pretensión argentina sobre la región situada entre los ríos Pilcomayo y Verde que más tarde, en noviembre de 1878, el fallo arbitral de Mr. Rutherford B. Hayes, presidente de los Estados Unidos de América, concedió al Paraguay.
El 15 de octubre de 1879, durante la presidencia de Cándido Bareiro, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay y el ministro plenipotenciario de Bolivia suscribieron en la ciudad de Asunción el Tratado Decoud-Quijarro, que entregaba a Bolivia desde “… el paralelo que parte de la desembocadura del río Apa hasta encontrar el río Pilcomayo.
En consecuencia, el Paraguay renuncia a favor de Bolivia el derecho al territorio comprendido entre el mencionado paralelo y la Bahía Negra y Bolivia reconoce como perteneciente al Paraguay la parte sud hasta el brazo principal del Pilcomayo”. No obstante, la entrega de la mitad del Chaco Boreal fue infructuosa al negarse los miembros del Congreso Nacional a ratificar el ignominioso documento rubricado por el gobierno.
Se repite la historia
Casi un siglo después, se recrea la historia en uno de los acuerdos más perniciosos sufridos por el Paraguay: el Tratado de Itaipú del 26 de abril de 1973. En esta ocasión, otro gobierno vendepatria entregó al socio condómino, por cincuenta años, la producción energética del país. Sin mucho preámbulo la mayoría oficialista legislativa lo ratificó el 17 de julio del mismo año.
Pero para que la concesión sea gratuita, conforme a los intereses brasileños, el precio justo por el excedente energético acordado en el Acta de Foz de Yguazú de 1966 se modificó en el Tratado de 1973, encargándose a Itaipú el pago de la irrisoria “compensación”. De hecho, de la totalidad de la producción, excepto una insignificante porción, quedaba para Brasil.
El presidente Alfredo Stroessner y los que negociaron el Tratado de 1973, entre ellos Enzo Debernardi, Carlos Augusto Saldívar, Raúl Sapena Pastor, Alberto Nogués y Ezequiel González Alsina, son los sindicados (ABC Color 7 de febrero de 2011) como los responsables de:
–la cesión gratuita al Brasil de la electricidad paraguaya;
–la renuncia a la cogestión paritaria y
–la resignación de la vigilancia de la margen paraguaya.
Según los temerosos negociadores entreguistas, que de paso aseguraron su prosperidad, estas abdicaciones eran necesarias para preservar la seguridad nacional. Con la cantinela de la “seguridad” cedieron Itaipú al Brasil.
No obstante, para el presidente del Tribunal Ético Contra la Impunidad, Antonio Palazón Ibieta, el Tratado de Itaipú fue solo un medio con el que Stroessner “…logró su seguro con Itamaraty, quien luego lo protegió hasta su muerte” (PALAZÓN IBIETA, Antonio. 2010. Lágrimas y esperanzas de generaciones postergadas. p. 2).
Expresiones pusilánimes
Ya en un nuevo escenario, el director general paraguayo de Itaipú, Mateo Balmelli, despertó esperanzas al señalar que “seguiremos exigiendo los derechos del pueblo paraguayo, la igualdad en la cogestión administrativa, el justo precio y todo lo que corresponda” (ABC Color 19 de Agosto de 2008), pero poco tiempos después se excusaba diciendo: “Pretender forzar la situación para que un Estado reconozca que explotó y sustrajo riquezas de otro constituye un desaguisado al cual se apela cuando se está en condiciones de poder llevar el uso de la fuerza a la práctica” (Balmelli, Mateo. 2011. Itaipú una reflexión ético-política sobre el poder. p.192).
De acuerdo con esta pusilánime tesis del statu quo, seguirá sin respuestas el Estatuto paritario de 1995 y la lista de seis puntos reclamados en la mesa negociadora, en septiembre de 2008. A causa de nuestra limitada capacidad disuasiva, de acuerdo con la teoría más que diplomática del exdirector paraguayo, es probable que nos sea vedado también cualquier otro reclamo sobre la criminal inmolación del pueblo paraguayo por la Triple Alianza. Entre tanto, el Archivo Nacional, permanecerá secuestrado en Río de Janeiro.
En postura disímil el abogado Eduardo de Gásperi, de feliz memoria, plantea como alternativa válida para la política internacional del Paraguay la anulación del Tratado de Itaipú por tratarse de “… una desviación de la buena fe del objeto y fin del Tratado…” a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que establece en su Artículo 31, como regla general de interpretación, que “Un Tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del Tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y su fin”.
Maquillajes sin consecuencias
Mediante algunos retoques del documento concebido como tratado, desde el 1 de noviembre de 1973 (N.R. 18/73) los servicios de seguridad quedaban sometidos a las respectivas soberanías nacionales y desde 1986 (N.R. 4/86) el Estado brasileño, en vez de Itaipú, se encargó la compensación por la cesión de energía. En el mismo año (N.R. 1/86), Debernardi ascendió a director general paraguayo y los otros directores, al fin, con voz y con voto. No obstante, las direcciones Técnica y Financiera del directorio ejecutivo, que gobiernan Itaipú, hasta hoy día sigue en manos brasileñas.
El impacto de este asimétrico acuerdo, que sin estar condicionado el Paraguay por fuerza militar de ocupación alguna, continúa hoy día con sus perniciosos efectos. Es así que cualquier programa que contemple el uso de la hidroelectricidad de Itaipú no podrá prosperar en el país hasta tanto se logre recuperar la soberanía energética secuestrada en 1973.
A cuarenta y tres años de la firma del Tratado de Itaipú, lo que queda en claro es que la sustracción por Brasil de la riqueza industrial más importante del Paraguay y que afecta profundamente a su población más carenciada, sigue vigente.
El hecho, solo comparable con la rapiña sufrida como corolario de la Guerra Guasu (1864-1870), amerita un enfoque más realista a favor del bien común, menos entreguista, en las relaciones bilaterales con el vecino país.
juanantoniopozzo@gmail.com