jueves, 30 de junio de 2016

En contra de la patria

0 DE JUNIO DE 2016

| ¿QUÉ VENDE ITAIPÚ? (IV)

El trabajo sucio

Es notable el denuedo de los órganos de administración paraguayos en la defensa de los intereses brasileños.
Ya en su momento, José Antonio Moreno Rufinelli, abogado históricamente al servicio de Itaipú, delineó la tesis de un tercer Estado. Hasta ahora, la justicia paraguaya abona esta teoría que impide al Estado paraguayo el escrutinio del emprendimiento conjunto.
Sometidos al vecino país por cuestiones de seguridad nacional, según afirmaban circunspectos los pusilánimes negociadores paraguayos del Tratado, la situación no ha cambiado.
Mateo Balmelli corrobora tan indigna actitud en la página 192 de su libro, “Itaipú una reflexión ético-política sobre el poder”, presentado en 2011. El exdirector paraguayo nos advertía: “Pretender forzar la situación para que un Estado reconozca que explotó y sustrajo riquezas de otro constituye un desaguisado al cual se apela cuando se está en condiciones de poder llevar el uso de la fuerza a la práctica”.
Lamentablemente, nuestros gobernantes siguen en la misma dirección: la misma estrategia entreguista trata disfrazar un conocido excanciller al acreditar que el Tratado: “… es sumamente favorable al Paraguay y constituye un acto de comprensión entre los dos países que buscan un entendimiento amplio para el desarrollo de ambos” (RAMÍREZ, Luis María. Memorias, sesenta y seis años de vida internacional. 2006, Ed. Intercontinental, pág. 85).
Esta misma maniobra genuflexa acabó de manifestarse la semana pasada en una carta al director de ABC Color.
En efecto, la Asesoría de Comunicación Social, lado paraguayo, en vez de reconocer e investigar las denuncias, que lesionan los altos intereses nacionales, se esforzaba en justificar lo injustificable.
Los ítems del Costo del Servicio de Electricidad, habida cuenta de que Itaipú se concibió como una herramienta para el desarrollo de Paraguay y de Brasil, la venta del producto hidroeléctrico generado por la central hidroeléctrica debe cubrir exactamente el costo de funcionamiento de la empresa binacional. Nada más. Lo que es más, proviene del mal, sentencia la Biblia.
En efecto, la tarifa para la venta del producto, aprobada en el año 2009, es el resultado calculado de la división entre el costo de servicio de electricidad y la potencia disponible para la contratación: US$ 3.290.970.000 / 145.620.000 KW = US$ 22,60 el Kilovatio mes, tarifa vigente hasta ahora.
Los componentes del costo del servicio de electricidad comprendían:
- US$ 47,98 millones por las utilidades por el capital integrado, en partes iguales para la ANDE y la Eletrobrás (1,31%).
- US$ 2.066,3 millones por las cargas financieras de los préstamos recibidos y la amortización de dichos préstamos, Eletrobrás y Tesoro brasileño (63,50%).
- US$ 404,28 millones por los royalties (13,41%).
- US$ 31,01 millones por resarcimientos por cargas de administración y supervisión en partes iguales para Brasil y Paraguay (1,03%).
- US$ 600 millones por gastos de explotación (18,99%).
- US$ 141,4 millones en concepto de saldo de la cuenta de explotación (2,22%).
Un total de US$ 3.290.970.000.
Es la clara muestra de que el costo del servicio de electricidad es igual al costo de la potencia disponible para la contratación. Con esta política, impuesta por el Tratado, Itaipú –que no es una clásica empresa comercial– debe abstenerse de recibir cualquier otro beneficio adicional.
Nefasto modelo de gestión
Sin embargo, el doctor Carlos Cardozo Florentín, maestro en ingeniería eléctrica, con tesis doctoral aplicada a la gestión de centrales hidroeléctricas, ya nos advertía en sus meticulosas opiniones escritas en el Suplemento Económico de ABC Color: “…desde el 2002, violando el Anexo “C” del Tratado, fue instalado en Itaipú el nefasto modelo de gestión que crea calidades de energía y precios diferenciados. Desde ese año, en la binacional existen calidades de energía –garantizada, adicional a la garantizada y excedente– con sus respectivas tarifas…”.
Es evidente, manifestaba el experto, que desde ese momento, vulnerando el Tratado, Itaipú dejó de vender potencia para vender energía.
La Energía garantizada se encarga de todos los ítems
Con esa orientación, dividido el costo de servicio de electricidad por la energía garantizada (3.291.000.000 / 75.135.000), la tarifa por cada megavatio hora de energía, en el 2011, quedó en US$ 43,80. Con esta tarifa unitaria de venta del producto quedaban salvados íntegramente todos los ítems comprometidos en el costo de servicio de electricidad.
Si Itaipú generó en ese año 92.523.000 megavatios hora de energía, significa que sobró (92.523.000 – 75.135.000) 17.388.000 megavatios hora. La tarifa por cada megavatio hora de esa energía sobrante, sumamente barata, fue de US$ 5,69.
Hecha la multiplicación (5,69 x 17.388.000), Itaipú logró agregar unos US$ 98.937.720 más al dinero estipulado como costo de servicio de electricidad. La tarifa media a ser abonada por toda la producción era de unos US$ 36,63 el megavatio hora (3.389.937.720 / 92.523.000).
Sin el aumento era solo US$ 35,56 el megavatio hora (3.291.000.000 / 92.523.000).
Justificar lo injustificable
Comunicación Social de la Itaipú Binacional, en la mencionada carta al director, concluyó en el punto “a” de su nota:
“a) Que los valores cobrados por la Energía Adicional a la Garantizada no se destinan a inversiones sociales y que de los valores adicionales cobrados no queda un solo centavo en las arcas de Itaipú, pues son totalmente repasados a los respectivos Tesoros Nacionales del Paraguay y del Brasil y a la ANDE y a la Eletrobrás”.
Al respecto, cabe añadir que si los componentes del costo del servicio de electricidad (royalties, resarcimientos, etc.) ya están suficientemente cubiertos con la tarifa de la Energía garantizada, resulta evidente que el dinero proveniente del aumento de la tarifa media –de millones de megavatios hora de energía, que de US$ 35,56 pasó a US$ 36,63– está en los recónditos pliegues de las arcas de la empresa. Y por si fuera poco, sin control estatal.
Es un dinero de los pueblos condóminos que hizo prósperos a sus administradores, algunos de ellos hoy en la cárcel, otros, los más afortunados, en arduas disputas políticas por los cargos electivos de su país.
juanantoniopozzo@gmail.com

domingo, 26 de junio de 2016

El Gasto Social no es parte del Costo de Servicio de Electricidad

24 DE JUNIO DE 2016

| LOS RUBROS NO SON COMPONENTES DEL COSTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD

Tratado de Itaipú no incluye gastos sociales y su uso es ilegal, advierten

Los gastos sociales no son parte de la misión de Itaipú, que se construyó para generar energía limpia y barata que ayude al desarrollo de ambos países, concluyeron ayer los panelistas en el debate sobre el origen y el uso de estos fondos. Indicaron que su aplicación carece de legalidad.
Los recursos que destina anualmente la Itaipú Binacional a los denominados gastos sociales no son componentes del costo del servicio de electricidad, afirmó el general en situación de retiro, Juan Antonio Pozzo, quien aseguró que “esos rubros no existen en el Anexo C, no están contemplados en el Tratado y, por consiguiente, su aplicación es ilegal”.
Según Pozzo, la gente se pregunta de dónde saca la plata Itaipú para los gastos sociales, una nueva misión que se impuso a partir del año 2005 por medio de una resolución interna de la binacional. Asimismo, el panelista señaló que hay un informe de la Contraloría General de la República (CGR) al respecto, donde se advierte que el acuerdo en el cual se amparan las autoridades de la Itaipú, no fue ratificado por el Congreso Nacional. “Ese dinero, no justificado legalmente, se estaría aplicando para la construcción de viviendas en el RC 4 Acá Carayá”, explicó.
Durante su presentación, Pozzo también se refirió a la resolución del Directorio Ejecutivo y el Consejo de Administración de la Itaipú, que en el año 2002 decidieron que se asocie a la potencia disponible para la contratación una energía llamada garantizada y otra llamada adicional a la garantizada. Básicamente se clasificó en energía garantizada y no garantizada, entonces, desde ese momento se puede afirmar que Itaipú vende energía. La adicional tiene un costo de 5,69 US$/MWh; mientras que la energía garantizada, se comercializa a 43,80 US$/MWh. Afirmó que esta modalidad que no está contemplada en el Tratado favorece sobre todo al Brasil, que contrata la mayor cantidad de potencia de la Itaipú, por consiguiente, se beneficia mucho más de la energía adicional, que tiene un costo inferior.
Asimismo, refirió que hay un aumento cada año en los ingresos de la binacional, por encima de lo establecido en el Anexo C del Tratado. “El dinero que ingresa por la energía adicional no forma parte del costo del servicio y la pregunta es dónde van a parar esos fondos”, indicó.
El representante de la Coordinadora de Defensa Zeballense, Ing. Julio Pallarolas, también expuso la posición del grupo y alertó sobre el daño ecológico que se puede ocasionar.

Misión adicional espuria de Itaipú

26 DE JUNIO DE 2016


La demagogia

La demagogia consiste en el empleo de halagos, falsas promesas que son populares, pero difíciles de cumplir. Se trata de convencer al pueblo en el afán de convertirlo en instrumento de la propia ambición política. La persona que manipula los sentimientos de la gente con promesas infundadas y halagos fáciles para convencerla de la viabilidad de un programa o acción política es conocida como demagogo.
Es así que no es pura coincidencia cualquier acción que trate de identificar los gastos sociales en Itaipú como una inversión en la gente.
La mayor transgresora de la ley
En efecto, la represa de mayor producción hidroeléctrica en el mundo –gobernada y administrada por el Brasil– es también la mayor entidad transgresora de la ley, de las normas y de las reglas. Todo ello, en función de los intereses de los gobernantes brasileños de turno a los que también, sin hesitar, los nuestros se esmeran en complacer. Al decir de un experto, es la representación ideal que abona sin desmayos “la política de la complacencia interesada”.
Los representantes nacionales de los más altos niveles de la conducción estratégica de la binacional, sean técnicos o políticos, se caracterizan por ignorar el contexto histórico que condujo a esta híbrida relación luso-guaraní. No saben nada. En todo caso, el que sabe se omite y los que saben poco improvisan.
Los contenidos de sus ocasionales declaraciones nos hacen pensar si son realmente improvisados, que por especiales circunstancias les toca defender los altos intereses nacionales.
O tal vez, consumados pícaros oportunistas que se aprovechan de la precaria educación del pueblo paraguayo.
Los discursos populistas
Hasta hoy día, se reconoce como hechos indiscutibles que:
- El emprendimiento fue una iniciativa proveniente del Gobierno nacional;
- Que el Paraguay solo aportó el agua y no el Salto del Guairá, su legítima propiedad;
- Que fue priorizada la seguridad nacional como moneda de cambio para la cesión gratuita de energía;
- Que, aunque inconstitucional, era permitido el control brasileño en los asuntos de seguridad de la margen paraguaya o que
- El Tratado de Itaipú “… es sumamente favorable al Paraguay y constituye un acto de comprensión entre los dos países que buscan un entendimiento amplio para el desarrollo de ambos” (RAMÍREZ, Luis María. Memorias, sesenta y seis años de vida internacional. 2006, Ed. Intercontinental, pág. 85).
Misión espuria
Estos pesados fardos, abonados por la demagogia del discurso oficial, confunden y obstaculizan los reclamos sobre las groseras asimetrías que hipotecan, hasta hoy, nuestra soberanía energética en Itaipú.
Lamentablemente no son rémoras del pasado. Se perpetúan sin solución de continuidad en el tiempo. Solo así se explica la misión espuria de Itaipú.
“Los gastos sociales de la Itaipú Binacional forman parte del presupuesto de responsabilidad social de la entidad” (ABC Color 23 de junio de 2016).
¿Responsabilidad social como componente de los costos del servicio de electricidad?
En realidad, es una versión más de “la caja china”. Un método distractivo para esconder la nula gestión paraguaya sobre la necesidad de la ANDE –en vez de la sospechada de corrupta Eletrobrás– de vender a un precio justo, en el mercado brasileño, su excedente energético. O la exigencia sobre la justa partición, mitad y mitad, de la energía adicional a la garantizada. O la exigencia para cancelar – como recomienda Jeffrey Sachs– la deuda con la Eletrobrás.
Los órganos de administración de Itaipú no pueden desconocer la nota VMRE/DT/L/Nº 126/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, en respuesta a la nota Nº 3366 de la Controlaría General de la República. El documento dice:
“Al respecto, cumplo en informar a Vuestra Excelencia que dicho instrumento internacional no fue remitido al Congreso Nacional para su tratamiento y aprobación parlamentaria, por lo tanto, no existen antecedentes sobre la realización de dicho procedimiento”.
La contundente respuesta se encarga de invalidar la supuesta nueva misión institucional de “generar energía eléctrica, con responsabilidad social y ambiental, impulsando el desarrollo económico, turístico y tecnológico, sustentable, en el Paraguay y en el Brasil” (Resolución Nº RCA-012/03 que aprueba en su Artículo Único el Plan Estratégico de la Itaipú Binacional correspondiente al periodo 2004-2008).
Nuevos tiempos
El apego a la ley no es impedimento para que las becas, las ambulancias para el pronto socorro, las viviendas para los damnificados, sean parte de los programas de asistencia social. Estas tareas son reconocidas como responsabilidades gubernamentales ineludibles solo que sin forzar, en nombre de la emergencia, el atajo legal.
Las últimas experiencias dramáticas que vive la región (Brasil, Argentina) para derrotar a la corrupción reclaman al unísono la necesidad de adecuación al marco legal. Entonces, es hasta lógico ver por la televisión a los corruptos en tropel, en la tarea de proteger sus amenazadas “caletas”. (En Colombia: lugares donde se enconde el dinero sucio).
No obstante, es inevitable la pregunta ¿Sigue siendo aceptable como estrategia, en una sociedad democrática, la demagogia por encima de la ley?
juanantoniopozzo@gmail.com

martes, 21 de junio de 2016

Los gastos sociales de Itaipú

1 DE JUNIO DE 2016


Debatirán sobre gastos de Itaipú

Cómo solventan y, principalmente, cómo justifican en las oficinas paraguayas de Itaipú Binacional la financiación de ciertos proyectos, como el de la urbanización en el predio del RC4, es el tema que buscarán averiguar este jueves, 23 de junio, en un penal debate que se llevará a cabo en ABC color, en su salón de eventos, Herrera 240, 2º piso, a partir de las 18:00.
La preparación del debate está a cargo de las organizaciones Independientes en Acción y la Coordinadora de Defensa Zeballense, cuyos representantes, la abogada Rosa Martínez de Vacchetta, el Coronel en situación de retiro Pragnacio Acosta y el Ing. Julio Pallarolas visitaron ayer nuestra redacción para confirmar la realización de la actividad.
Destacaron también que la lista de panelistas está conformada por el general en situación de retiro, Juan Antonio Pozzo, el Ing. Ricardo Canese, miembro del Parlasur, y el Ing. Julio Pallarolas, integrante de la Coordinadora de Defensa Zeballense.
La tarea de moderación del debate encomendaron a Ramón Casco Carreras, periodista del área de Economía, Energía y Negocios de ABC Color.
De acuerdo con la información oficial, en un predio de 17 hectáreas del RC4, el Poder Ejecutivo pretende construir el complejo San Francisco para albergar a 1.000 familias de la Chacarita y de Zeballos Cue, afectadas por las crecidas.
El plan, que desató la firme oposición de un importante sector de Zeballos Cue, porque consideran que romperá, entre otras cosas, el equilibrio ambiental en el área de afectación, será financiado por la entidad paraguayo-brasileña.
En efecto, Itaipú Binacional destinará más de US$ 45 millones a la construcción del complejo habitacional “San Francisco” en esa zona. La obra aún no fue aprobada por la Municipalidad de Asunción, pero la entidad binacional ya la adjudicó a dos grupos de empresarios.

    domingo, 19 de junio de 2016

    Una política que desprecia la integración regional

    19 DE JUNIO DE 2016

    | LA EXPROPIACIÓN SIGUE

    La política de tierra arrasada

    Sin sentimiento de culpa alguno, como en el Tratado Secreto de 1865, se repiten en las hidroeléctricas las históricas e injustas condiciones de extinción.
    La política de tierra quemada o de tierra arrasada es una táctica militar consistente en destruir absolutamente todo lo que pudiera ser de utilidad al enemigo.
    El extermino judío
    El libro “Las entrevistas de Núremberg” contiene notas y conversaciones con un psiquiatra. Se trata del oficial del ejército estadounidense León Goldensohn (1911-1961), quien en 1946 entrevistó confidencialmente a los jerarcas y funcionarios juzgados en el célebre proceso de 1945.
    De las declaraciones se desprende un denominador común: pese a sus altos cargos, la mayoría de estos dirigentes se declaraban ignorantes sobre los campos de concentración y las políticas de exterminio judío.
    Sádicos, perversos, lunáticos. Entre los veintidós juzgados había de todo. No obstante, el cinismo de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, superaba a todos.
    “Personalmente no asesiné a nadie. Yo era solo el director del programa de exterminio de Auschwitz”. Casi ninguno de ellos reconoce ante el psiquiatra haber estado enterado del exterminio racial. Es más, lo desaprueban, y como último recurso, la mayoría endosa toda la responsabilidad de los crímenes a Hitler.
    De todos los entrevistados, Hermann Goering, comandante de la Luftfwaffe, nunca atribuyó sus propias responsabilidades a Hitler. Con su suerte echada, desconociendo el exterminio racial, afirmaba arrogante “¿Qué me importa a mí el peligro? Yo he enviado a la muerte a muchos soldados y aviadores, ¿qué puedo temer?”.
    Por otro lado, el autodenominado filósofo del nazismo y ministro de territorios ocupados, Rudolph Hess, seguía creyendo que estaba en lo cierto reclamando su lugar entre los grandes pensadores de la historia. “… soy un filósofo y un estudioso, y mis pensamientos pueden ser complejos”, señalaba.
    El exterminio paraguayo
    Según nos ilustra el conocido periodista Armando Rivarola –aunque siempre haya habido cierta controversia sobre el número real de muertos que sufrió el Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza–, estudios bastante recientes han confirmado plenamente la monstruosa magnitud de aquel verdadero holocausto.
    Probablemente, explica, el más riguroso de esos estudios fue el realizado por el historiador estadounidense Thomas L. Whigham y su colega alemana Bárbara Potthast. Las conclusiones fueron publicadas originalmente en 1999 y más tarde ampliadas en un ensayo en el 2002. El último censo de preguerra conocido es el de 1846, que estableció en 238.862 habitantes la población paraguaya.
    Hechas las estimaciones de rigor, afirma Whigham, se llega a que en el Paraguay de 1864 había entre 420.000 y 450.000 personas aproximadamente. Sobre la base de estas cifras, Whigham y Potthast concluyen que en el curso de tan solo un lustro desapareció entre el 60 y el 70 por ciento de la población total del país, “lo cual es un porcentaje enorme, prácticamente sin precedentes en la historia de una nación moderna”.
    Poco antes de finalizar la gran matanza quedó patente la defensa indoblegable del solar guaraní. El marqués de Caxías, mariscal de Ejército en la guerra contra el Gobierno de Paraguay, en un despacho privado al emperador del Brasil Pedro II, escribía el 18 de noviembre de 1868, desde el Cuartel General en Marcha, en Tuyucué:
    Decía en una parte:
    “López tiene el don natural de magnetizar a los soldados, infundiéndoles un espíritu que no se puede explicar suficientemente con las palabras. El caso es que se vuelven extraordinarios, lejos de temer el peligro, enfrentando con un arrojo sorprendente, lejos de economizar su vida, parece que buscan con frenético interés y ocasión de sacrificarla heroicamente y venderla por otra vida o por muchas vidas de sus enemigos. Todo eso hace que, ante los soldados paraguayos, no sean garantía la ventaja numérica, la ventaja de elementos y las ventajas de posición: todo es fácil y accesible para ellos”, señalaba.
    Sobre el despojo del Paraguay, los vencedores sin sentimiento de culpa alguno, no hesitaron en imponerle el cumplimiento de injustas y onerosas condiciones del Tratado Secreto de la Triple Alianza, del 1 de mayo de 1865. En marzo de 1866, el Parlamento británico publicó los términos del tratado. El escándalo fue mayúsculo al darse a conocer a la opinión pública mundial que la guerra en contra del Paraguay no fue para liberar al pueblo paraguayo del “tirano López”, sino de conquista territorial.
    Sin embargo, a la alianza caracterizaba un rasgo común: no se sentían responsables de la destrucción del Paraguay que logró, pese a todo, sobrevivir. Similar a la conducta del comandante de Auschwitz, quien se declaró ignorante sobre los campos de concentración y las políticas de exterminio judío.
    Como consecuencia, la conquista territorial no cesó después de la apropiación de unos ciento cincuenta mil kilómetros cuadrados de territorio nacional. Prosigue sin solución de continuidad con la apropiación indebida de Itaipú y de Yacyretá. Solo que esta vez, por la vía diplomática, de manos de nuestros genuflexos negociadores.
    Mientras, nuestra extrema pobreza –genocidio encubierto– sostiene la prosperidad de los socios condóminos.
    Entonces nos preguntamos ¿Cuándo romperemos la cadena que hipoteca la soberanía energética del Paraguay?
    juanantoniopozzo@gmail.com