sábado, 9 de abril de 2016

La injustificable entrega de nuestra soberanía energética en Itaipú

10 DE ABRIL DE 2016


Una historia repetida

“Los Borgia”–novela completada por la escritora Carol Gino y el historiador Bertram Fields luego del fallecimiento de su autor Mario Puzo en 1999– nos revela la corrupción en Roma cuando comenzaba a florecer el Renacimiento. “Altos mandatarios eclesiásticos visitaban burdeles, aceptaban sobornos y comerciaban con las bulas papales que perdonaban los más terribles pecados”.
A seis siglos de aquellos hechos bochornosos, descritos en la magistral novela que pone de manifiesto la íntima naturaleza humana, la corrupción, sin solución de continuidad, sigue devorando a los que debieran ser los principales gestores del bien común.
La Guerra Guasu. Blanqueando las conquistas
En 1872, el Tratado Loizaga-Cotegipe “… consagró la vieja aspiración brasileña de lograr los territorios situados entre los ríos Blanco y Apa y la zona del Amambay” (BENÍTEZ, Luis G. Manual de Historia Paraguaya).
En 1876, se firmó en Buenos Aires el Tratado Machaín-Irigoyen que adjudicó a la Argentina las regiones al Sur del río Paraná y las comprendidas entre los ríos Bermejo y Pilcomayo.
En ambos documentos cedió el Paraguay, ocupado por las fuerzas invasoras, unos 150.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional. Quedaba pendiente la pretensión argentina sobre la región situada entre los ríos Pilcomayo y Verde que más tarde, en noviembre de 1878, el fallo arbitral de Mr. Rutherford B. Hayes, presidente de los Estados Unidos de América, concedió al Paraguay.
El 15 de octubre de 1879, durante la presidencia de Cándido Bareiro, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay y el ministro plenipotenciario de Bolivia suscribieron en la ciudad de Asunción el Tratado Decoud-Quijarro, que entregaba a Bolivia desde “… el paralelo que parte de la desembocadura del río Apa hasta encontrar el río Pilcomayo.
En consecuencia, el Paraguay renuncia a favor de Bolivia el derecho al territorio comprendido entre el mencionado paralelo y la Bahía Negra y Bolivia reconoce como perteneciente al Paraguay la parte sud hasta el brazo principal del Pilcomayo”. No obstante, la entrega de la mitad del Chaco Boreal fue infructuosa al negarse los miembros del Congreso Nacional a ratificar el ignominioso documento rubricado por el gobierno.
Se repite la historia
Casi un siglo después, se recrea la historia en uno de los acuerdos más perniciosos sufridos por el Paraguay: el Tratado de Itaipú del 26 de abril de 1973. En esta ocasión, otro gobierno vendepatria entregó al socio condómino, por cincuenta años, la producción energética del país. Sin mucho preámbulo la mayoría oficialista legislativa lo ratificó el 17 de julio del mismo año.
Pero para que la concesión sea gratuita, conforme a los intereses brasileños, el precio justo por el excedente energético acordado en el Acta de Foz de Yguazú de 1966 se modificó en el Tratado de 1973, encargándose a Itaipú el pago de la irrisoria “compensación”. De hecho, de la totalidad de la producción, excepto una insignificante porción, quedaba para Brasil.
El presidente Alfredo Stroessner y los que negociaron el Tratado de 1973, entre ellos Enzo Debernardi, Carlos Augusto Saldívar, Raúl Sapena Pastor, Alberto Nogués y Ezequiel González Alsina, son los sindicados (ABC Color 7 de febrero de 2011) como los responsables de:
–la cesión gratuita al Brasil de la electricidad paraguaya;
–la renuncia a la cogestión paritaria y
–la resignación de la vigilancia de la margen paraguaya.
Según los temerosos negociadores entreguistas, que de paso aseguraron su prosperidad, estas abdicaciones eran necesarias para preservar la seguridad nacional. Con la cantinela de la “seguridad” cedieron Itaipú al Brasil.
No obstante, para el presidente del Tribunal Ético Contra la Impunidad, Antonio Palazón Ibieta, el Tratado de Itaipú fue solo un medio con el que Stroessner “…logró su seguro con Itamaraty, quien luego lo protegió hasta su muerte” (PALAZÓN IBIETA, Antonio. 2010. Lágrimas y esperanzas de generaciones postergadas. p. 2).
Expresiones pusilánimes
Ya en un nuevo escenario, el director general paraguayo de Itaipú, Mateo Balmelli, despertó esperanzas al señalar que “seguiremos exigiendo los derechos del pueblo paraguayo, la igualdad en la cogestión administrativa, el justo precio y todo lo que corresponda” (ABC Color 19 de Agosto de 2008), pero poco tiempos después se excusaba diciendo: “Pretender forzar la situación para que un Estado reconozca que explotó y sustrajo riquezas de otro constituye un desaguisado al cual se apela cuando se está en condiciones de poder llevar el uso de la fuerza a la práctica” (Balmelli, Mateo. 2011. Itaipú una reflexión ético-política sobre el poder. p.192).
De acuerdo con esta pusilánime tesis del statu quo, seguirá sin respuestas el Estatuto paritario de 1995 y la lista de seis puntos reclamados en la mesa negociadora, en septiembre de 2008. A causa de nuestra limitada capacidad disuasiva, de acuerdo con la teoría más que diplomática del exdirector paraguayo, es probable que nos sea vedado también cualquier otro reclamo sobre la criminal inmolación del pueblo paraguayo por la Triple Alianza. Entre tanto, el Archivo Nacional, permanecerá secuestrado en Río de Janeiro.
En postura disímil el abogado Eduardo de Gásperi, de feliz memoria, plantea como alternativa válida para la política internacional del Paraguay la anulación del Tratado de Itaipú por tratarse de “… una desviación de la buena fe del objeto y fin del Tratado…” a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que establece en su Artículo 31, como regla general de interpretación, que “Un Tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del Tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y su fin”.
Maquillajes sin consecuencias
Mediante algunos retoques del documento concebido como tratado, desde el 1 de noviembre de 1973 (N.R. 18/73) los servicios de seguridad quedaban sometidos a las respectivas soberanías nacionales y desde 1986 (N.R. 4/86) el Estado brasileño, en vez de Itaipú, se encargó la compensación por la cesión de energía. En el mismo año (N.R. 1/86), Debernardi ascendió a director general paraguayo y los otros directores, al fin, con voz y con voto. No obstante, las direcciones Técnica y Financiera del directorio ejecutivo, que gobiernan Itaipú, hasta hoy día sigue en manos brasileñas.
El impacto de este asimétrico acuerdo, que sin estar condicionado el Paraguay por fuerza militar de ocupación alguna, continúa hoy día con sus perniciosos efectos. Es así que cualquier programa que contemple el uso de la hidroelectricidad de Itaipú no podrá prosperar en el país hasta tanto se logre recuperar la soberanía energética secuestrada en 1973.
A cuarenta y tres años de la firma del Tratado de Itaipú, lo que queda en claro es que la sustracción por Brasil de la riqueza industrial más importante del Paraguay y que afecta profundamente a su población más carenciada, sigue vigente.
El hecho, solo comparable con la rapiña sufrida como corolario de la Guerra Guasu (1864-1870), amerita un enfoque más realista a favor del bien común, menos entreguista, en las relaciones bilaterales con el vecino país.
juanantoniopozzo@gmail.com

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