Repudio del Acta, buen comienzo
Tal vez, el más perjudicial de todos los pactos contra el Paraguay fue el del 14 de diciembre de 1857. Un documento internacional estipulado entre la Confederación Argentina y el Imperio de Brasil, mantenido en secreto por muchos años. Su temerario contenido auspició la desgracia del Paraguay.
En el “Protocolo de entendimiento para la guerra contra el Paraguay. Argentina, Brasil”, se explica la codicia territorial que mantuvieron los aliados desde un principio. De hecho fueron los países agresores.
En efecto, “… en la ciudad de Paraná, reunidos en la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores los Plenipotenciarios de la Confederación Argentina, doctores don Santiago Derqui y don Bernabé López, y el Plenipontenciario de S.M. el Emperador de Brasil, Consejero José María da Silva Paranhos, acordaron consignar por escrito el resultado de sus conferencias, sobre los medios que sus respectivos Gobiernos deben emplear para obtener de la República del Paraguay una solución satisfactoria de las cuestiones pendientes, que dicen respecto a la navegación fluvial común así como las declaraciones que en nombre de uno y otro Gobierno hicieron los mismos Plenipotenciarios, presuponiendo el caso que se haga inevitable la guerra para conseguir aquel fin que tanto interesa a los dos países y a la civilización y comercio en general”.
“Fue acordado al mismo tiempo, que este documento se deberá conservar en la más completa reserva y destinado solamente para dar a conocer a los dos Gobiernos cuales son las circunstancias y disposiciones que se halla uno y otro para con la República del Paraguay de cuenta que, en cualquier caso puedan mutuamente juntarse todos los buenos oficios propios de las benévolas y estrechas relaciones que tan felizmente existen entre ellos y los pueblos cuyos destinos presiden”.
Por si fuera poco el documento, que contenía el Plan General de Campaña o plan militar, sería “acordado entre los dos Gobiernos o sus representantes competentemente autorizados, y salvo cualquier combinación ulterior que se juzgue más conveniente, los dos Cuerpos de Ejército (argentino y brasileño) se reunirán en la Provincia de Corrientes y establecerán allí la base de sus operaciones”.
Cuando se incrustó la réplica del Protocolo de 1857 en el Tratado Secreto de la Triple Alianza (Brasil, Argentina, Uruguay, 1º de mayo de 1865), quedó en evidencia que el insensato plan cuyo objetivo no consistía precisamente en el derrocamiento del “tirano” López, sino de apropiación por la fuerza de vastos territorios del Paraguay.
El general López en conocimiento del documento, ya vaticinaba a sus amigos la proximidad de una guerra no buscada por su Gobierno. Todo ello explica, que la república del Paraguay no había propiciado el gigantesco conflicto.
- Un bleff de inusitado costo para el Paraguay
Otro pacto perjudicial, también secreto, esta vez entre los Estados Unidos de Brasil y la República del Paraguay tuvo su origen en el Acta Final de Foz de Yguazú del 22 de junio de 1966.
El acuerdo gestado a instancias de los Estados Unidos -que procuraba la desocupación brasileña del Salto del Guairá, invadido en mayo de 1965- fue tergiversado por Itamaratí al continuar de hecho la ocupación brasileña hasta 1982. Las aguas del embalse de Itaipú, lograron finalmente la expulsión brasileña de territorio paraguayo.
Antes, habría que señalar que concomitante con la invasión a Paraguay, tropas de Brasil, Paraguay, Estados Unidos y policías de Costa Rica, por disposición de la OEA, constituían las Fuerzas Interamericanas de Paz que, en teoría, estaban destinadas a pacificar la convulsionada República Dominicana.
La crisis de los misiles en Cuba en 1962 y la participación en la guerra de Vietnam en febrero de 1965, entre otros, endurecieron en plena Guerra Fría la política de seguridad nacional de los Estados Unidos que buscaba proteger sus intereses de los aliados de la Unión Soviética.
Entre tanto, resultaba a todas luces imprudente la invasión brasileña del Paraguay, un aliado incondicional de los Estados Unidos.
En efecto, el esfuerzo diplomático para restituir el Salto de Guairá a Paraguay a través del Acta Final de Foz de Yguazú, al desviarse de su principal objetivo (el retiro de las tropas ocupantes del Salto de Guairá), tuvo consecuencias negativas para el país.
El canciller, general Juracy Magalhaes, en tono amenazante, logró imponer al canciller Raúl Sapena Pastor su propia agenda. El plan para la explotación hidroeléctrica del río Paraná, diseñado por Itamaratí, impidió a Sapena seguir reclamando la desocupación de territorio paraguayo de las fuerzas ocupantes.
Sin embargo, con la inserción del condominio del Salto en el punto tercero del Acta, Brasil conseguía, por vía diplomática, la apropiación del Salto de Guairá.
Sin odiosos contratiempos, la inundación de los Saltos y parte de la selva Atlántica, con sus habitantes guaraníes, fue obtenida con la habitual diplomacia brasileña de los hechos consumados.
Los términos del Acta Final de Foz de Yguazú de 1966, que aparentemente compartía con Paraguay el aprovechamiento conjunto del río Paraná y le aseguraba un precio justo por la en energía no utilizada fue todo un bleff, conocido después de la redacción del Tratado de Itaipú, rubricado el 26 de abril de 1973.
El Tratado de Itaipú
Los magros resultados hablan por sí solos, en todos estos años de funcionamiento de Itaipú Paraguay solo aprovechó el 7% de la producción energética.
Según el Anexo C del Tratado, la exigua compensación por la energía paraguaya no utilizada la pagaba Itaipú. Es decir que Paraguay, al compensarse a sí mismo, caía en una actitud contraria al razonamiento lógico.
Por una Nota Reversal, los principales cargos de la Dirección Ejecutiva (Dirección Técnica Ejecutiva, Dirección Financiera Ejecutiva), hasta ahora son ejercidos por brasileños, haciendo una utopía de la cogestión paritaria.
Completando el combo, el Acta y Sentencia Nº 280 de la Sala Constitucional de la Corte (Antonio Fretes, Alicia Pucheta de Correa y Miguel Bajac), declaraba inconstitucional la posibilidad de auditar Itaipú por la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional. Así nuestros leguleyos, al blindar la binacional hidroeléctrica, fundaron el Estado de Itaipú.
Una verdadera tragedia nacional, al consensuar un acuerdo tan perjudicial para los intereses del país, propiciaron en secreto los negociadores del Tratado de Itaipú en 1973 (Alfredo Stroessner, Raúl Sapena, Alberto Nogués, Ezequiel González Alsina, Enzo Debernardi, Carlos A. Saldívar). Todos ellos, en la actual época, serían enjuiciados.
Señalaba el compatriota Miguel Carter, PhD en Ciencias Políticas, cuyo último trabajo sobre el despojo de Paraguay en Itaipú fue presentado a la opinión pública nacional el 8 de abril de 2019 “… entre 1985 y 2018, utilizando un promedio de cinco precios de mercado de Brasil (mayorista, de las grandes hidroeléctricas, equivalencias con el precio del petróleo, las tarifas industriales y el precio del mercado residencial) se puede concluir que Paraguay dejó de recibir US$ 75.400 millones con la cesión a Brasil de la energía que no utiliza; todo ello, a un precio excesivamente por debajo de los valores de mercado”.
No todo está perdido
Funcionarios paraguayos de la talla del ingeniero Pedro Ferreira y del ingeniero Fabián Cáceres, demostraron al pueblo paraguayo que sí podemos recuperar nuestra soberanía energética en Itaipú.
La oposición con firmeza al entreguista Acta Binacional de Itaipú, en vísperas de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, suscrita en secreto entre los Gobiernos de Paraguay y Brasil el 24 de mayo de 2019, es un buen comienzo y memorable ejemplo de dignidad.
Ellos, representantes de la pléyade de profesionales de la Administración Paraguaya de Electricidad (ANDE), al definir una impronta favorable al Paraguay -rasgo peculiar y distintivo de una persona que deja en sus obras la excelencia- invalidaron a aquellos antecesores más proclives a la binacionalidad que a su propio país.
La transparencia política es una cualidad de la actividad pública, que consiste en la apertura del sector público a la divulgación de información acerca de su gestión.
Una de las características de un Estado democrático es la obligación de todos los poderes públicos dar cuentas a la ciudadanía de todos sus actos, especialmente los provenientes del origen y destino de los recursos públicos. Todo ello, para prevenir, detectar y sancionar los casos de incompetencia y de corrupción política.
Infelizmente, la insana costumbre de no rendir cuentas permeó en la mayoría de funcionarios públicos de alto nivel y también en los torcidos hacía la patria contratista (aquellos que ganan siempre los contratos con el Estado).
No obstante, es esperanzador que los ingenieros Ferreira y Cáceres, al dar cuenta de sus actos al servicio de la patria, lograron avivar en toda la ciudadanía un inusitado interés para transformar la principal riqueza de país en causa nacional, postergada hasta el 24 de mayo de 2019.
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