Negociación de la EBY

1 de Enero de 2014

| EL GRAL. (SR) POZZO SOSTIENE QUE EL GOBIERNO DEBE SOCIALIZAR LA PROPUESTA

Analista advierte que negociación de EBY apunta a admitir deuda injusta

Basado en las experiencias negativas de anteriores negociaciones realizadas a espaldas del pueblo, el autor del libro “Itaipú, historia de un fraude”, señala que no se debe cometer el mismo error en Yacyretá y sugiere al Gobierno que socialice la propuesta a ser planteada en la futura negociación con Argentina para lograr el acompañamiento de la ciudadanía. En su opinión, Paraguay no debe cargar con los gastos de construcción de la represa.

El Gral. (SR) Juan Antonio Pozzo / ABC Color

El gobierno paraguayo no puede aceptar que le obliguen a asumir los gastos de construcción de la represa de Yacyretá a favor del socio que absorbe casi la totalidad de la producción. Esto será así en caso de que se confirme la intención de revivir el Preacuerdo de 2006 que convalida los términos de la Nota Reversal de 1992 firmada por el entonces embajador paraguayo en Argentina, Dido Florentín Bogado, y que no tiene validez jurídica para el Paraguay al haber sido rechazado por el Congreso.
Así lo entiende el Gral (SR) Juan A. Pozzo, autor de los libros “Itaipú, la apropiación indebida”, “Itaipú, una victoria bien brasileña” e “Itaipú, historia de un fraude”, quien se refirió a las próximas negociaciones a ser encaradas con la Argentina para buscar una solución a la deuda de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Cuestionó el hecho de que la Cancillería se niegue a dar a conocer la propuesta que será planteada, puesto que en las experiencias anteriores en que se negoció a espaldas del pueblo, los resultados fueron negativos para el país, por lo que instó a las autoridades nacionales a socializar la postura que van a defender. “Ellos deben recordar que representan los intereses del pueblo y no sus intereses particulares”, sentenció, al tiempo de lamentar la posición de algunos funcionarios que están más preocupados en defender sus cargos y altos salarios antes que los intereses del país.
Pozzo instó a la ciudadanía a participar del Foro Energético de Análisis y Propuestas por los 40 años del Tratado de Yacyretá a llevarse a cabo el 27 de febrero en el Congreso Nacional.
Al respecto, dijo que este espacio debería servir para que sean escuchadas todas las voces.

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Un acto carente de validez

26 de Enero de 2014  

Respeto irrestricto al Anexo “C”

Por General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno

Si Argentina insiste en mantener la escandalosa situación de Yacyretá, el Paraguay se verá obligado a una demanda internacional. / ABC Color

- Acto carente de validez
La carta magna, en las declaraciones generales que corresponden al ámbito de la Nación y al Estado, al enfocar la supremacía de la Constitución, señala en el artículo 137:
“La ley suprema de la República es la Constitución. Ésta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales, aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”.
Por lo expresado precedentemente, la Nota Reversal originada en la Entidad Binacional Yacyretá en el año 1992, al no ratificarse por el Congreso Nacional, deja de ser un acuerdo que debe cumplir el Paraguay.
Quienquiera, temerariamente, imponerla como un tratado, acuerdo o convenio al margen de los procedimientos constitucionales, incurre en delitos que serán penados por la ley.
Pérdida de rumbo
Al quebrantarse las reglas, la Entidad Binacional Yacyretá perdió el rumbo, particularmente a causa de la sistemática violación del Tratado por parte de las autoridades argentinas.
No obstante, contra toda lógica, el Anexo “C” quedó anulado de hecho al ser reemplazado improcedentemente por una de las Notas Reversales del 9 de enero de 1992, consentida por el presidente Andrés Rodríguez, más interesado en blanquear su comprometida figura internacional que en los intereses paraguayos en Yacyretá.
Curiosamente, hasta el presente, el Gobierno argentino la sigue aplicando unilateral y arbitrariamente, con el silencio cómplice de los sucesivos gobiernos paraguayos.
Consecuentemente, el próximo 27 de marzo, el primer acto del Gobierno nacional en las negociaciones debería plantear el tema jurídico. La cuestión financiera o administrativa quedaría condicionada en función al marco legal.
Se equivocaría grandemente quien propusiera abordar primero los efectos antes que la causa o recetar el remedio sin conocer la enfermedad. La deuda “espuria” endilgada a Itaipú es suficiente como experiencia.
La buena razón recomienda iniciar las conversaciones asumiendo como base de partida la vigencia irrestricta del Tratado de Yacyretá, firmado en Asunción el 3 de diciembre de 1973. Todo ello implica el rechazo de la Nota Reversal del año 1992.
- Por imperio de la necesidad
Yacyretá fue concebida, básicamente, para atender la cada vez más angustiosa demanda de electricidad del mercado argentino. Para concretar el emprendimiento, era indispensable compartir con Paraguay el aprovechamiento del río Paraná en condominio. Sin embargo, el otro objetivo altamente prioritario, la navegabilidad del río, de incuestionable valor para un país sin costas marítimas como el nuestro -que no lo es tanto para el socio- quedó relegada como cuestión accesoria al ignorarse la construcción del embalse de compensación.
Sin el aporte del caudaloso río Paraná y las extensas regiones inundadas, más la infraestructura del complejo desarrollada casi en su totalidad en territorio nacional, la hidroeléctrica Yacyretá no sería posible. La participación paraguaya, con estas incuantificables contribuciones, es más que suficiente para hacerse acreedor de la mitad del aprovechamiento.
Lamentablemente, la realidad es distinta gracias a la cómplice timidez de nuestros gobernantes, siempre proclives a satisfacer más los intereses del socio condómino que el nuestro. Es tan así, que por la NR-92, la Entidad Binacional quedaría comprometida a pagar con generación eléctrica, durante 42 años, una deuda para restituir la inversión en una obra gestionada exclusivamente para atender la demanda argentina, hipotecando durante todo ese periodo la libre disponibilidad de la energía paraguaya. Es sabido que Paraguay ni necesitaba, ni disponía por entonces del dinero para llevar a cabo la construcción de tamaño complejo hidroeléctrico.
Es de no creerse, una verdadera ironía, aparte de los ingentes perjuicios que le fueran ocasionados, el Paraguay también debe, a través de Yacyretá, asumir los gastos de construcción a favor del socio que absorbe casi la totalidad de la producción y que hoy satisface más del 20% de su demanda energética.
Si el Gobierno argentino insiste en mantener sin variaciones la escandalosa situación de Yacyretá, el Paraguay se verá en la necesidad de arbitrar los medios necesarios para presentar una demanda en el ámbito de la justicia internacional por las reiteradas violaciones del Tratado de Yacyretá. No será el primer litigio con el poco amigable vecino que en 1876, mediante un Tratado impuesto por la fuerza, despojó al Paraguay de vastas extensiones de su territorio.
Ilógico
Contra toda lógica, el Anexo “C” quedó anulado de hecho al ser reemplazado improcedentemente por una de las Notas Reversales de 1992.
Gastos
Aparte de los ingentes perjuicios que le fueran ocasionados, Paraguay también debe, a través de Yacyretá, asumir los gastos de construcción a favor de Argentina.
juanantoniopozzo@gmail.com

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Imprudente decisión

19 de Enero de 2014  

Crónica de una catástrofe anunciada

Por General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno, (*)

A finales de agosto de 2005, el huracán Katrina, de categoría 5, con vientos superiores a 249 km/h según la escala Saffir-Simpson, impactó en las costas del Estado de Luisiana, arrasando gran parte de la ciudad de Nueva Orleans. Los fuertes vientos dañaron su infraestructura y produjeron una devastadora inundación.

Vista aérea de las calles inundadas de la ciudad de Nueva Orleans (EE.UU.) tras la embestida del huracán Katrina (foto de archivo). / ABC Color

Una parte importante de los diques que separan a la ciudad del lago Pontchartrain, construidos no muy sólidamente, cedió ante el embate de los vientos y, como consecuencia, se produjo un colosal vertido de aguas del lago en la ciudad. Como resultado, Nueva Orleans, excepto algunos de sus barrios, quedó sumergida prácticamente en su totalidad. Un año después la población descendió a unas 200.000 personas de las casi 500.000 con las que contaba antes del huracán.
En los primeros meses de 2013, para mejorar el rendimiento de la Central Hidroeléctrica Yacyretá se elevó el nivel del embalse del complejo, incluso hasta 83,70 metros en el eje Encarnación-Posadas. Hacía dos años que el embalse de la central hidroeléctrica operaba con un nivel superior al admitido en la Nota Reversal DM/DT/NR Nº 3 de 1989 (cota 83 msnm).
No obstante, justificaba el técnico Guillermo López Flores, miembro paraguayo del Consejo de la EBY, estos valores no son rígidos porque existe una Nota Reversal que establece la cota de 84 metros. “En muchas situaciones se toman determinaciones después de ponderar racionalmente beneficios, riesgos y costos. La operación a una cota limitadamente mayor que la nominal (por ejemplo 83,30 msnm), en forma temporal y ocasional, bajo condiciones controladas y tomando las debidas precauciones, es prácticamente normal. Si se produce el daño habrá que compensarlo debidamente”, expresó (ABC Color 19 de febrero de 2013).
Pese a la reacción de algunos diarios, técnicos y partidos políticos ante la temeraria decisión, el nivel se siguió manteniendo en 83,43 metros.
Ya en marzo de 2007, el Ing. José Luis Enciso Velloso, de feliz memoria, nos advertía por los medios de prensa sobre los riesgos que suponía la elevación improcedente del embalse del complejo hidroeléctrico (ABC Color 3 de marzo de 2007).
Refiriéndose a los extensos tramos de tierra de la represa, que al contener un espejo de agua que superaba el nivel previsto, decía que bastaría un viento de unos 130 kilómetros de velocidad para que cayera la represa como sucedió en Nueva Orleans por el efecto Katrina.
El Ing. Enciso Velloso, basado en minuciosos estudios, señalaba que en Yacyretá el nivel de embalse normal es de 82 metros sobre el nivel del mar. Más bien, afirmaba, entre 80 y 82,98 y no 83 metros como se sostiene oficialmente.
El nivel máximo de la presa, dijo, está determinado en 86 msnm, porque la velocidad del viento puede generar olas de 1,30 metros, que al subir por el talud se duplica a 2,60 metros y si le agregamos 0,20 metros de marea de viento harían un total de 2,80 metros. Manteniendo la altura del embalse a 82 msnm como lo estipula el Tratado, quedaba un margen de seguridad de 1,20 metros.
Sin embargo, sostenía, que por efecto del calentamiento de la tierra, no previsto en 1973, la velocidad del viento, que de 80 kilómetros por hora podría aumentar a 130, produciría una “revancha” de 5,70 metros superando en 1,70 metros el nivel de coronamiento de la presa. En esas condiciones afirmaba, a más de arrasar el dique, el agua se metería en Corrientes, Resistencia y la inundación llegaría hasta Buenos Aires.
El Ing. Enciso Velloso recomendaba, para conjurar la amenaza, que lo inmediato era respetar la cota máxima que está en el Tratado: 82 metros, pero como las olas serán más grandes, lo ideal sería que esa cota no pase los 81 metros, 80,50 metros y podíamos mantener en Encarnación 81,50 metros.
El prestigioso profesional insistía que incluso con 82 metros tendríamos problemas debido a la mayor velocidad de los vientos.
Ahora, cabe preguntarse: ¿vale la pena atender la demanda forzando las condiciones de seguridad de miles de habitantes ribereños del Paraná, ajenos a esta catástrofe anunciada? ¿Podrían los responsables justificar este innecesario riesgo que puede repetir la experiencia de Nueva Orleans?
(*) Autor de los libros “Itaipú, la apropiación indebida”, “Itaipú, una victoria bien brasileña” e “Itaipú, historia de un fraude”.
juanantoniopozzo@gmail.com

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Funcionarios incapaces y venales

10 de Enero de 2014

 

Un Estado indefenso

Por General (SR) Juan Antonio Pozzo Moreno (*)

- Estado en situación de peligro Estado fallido, en sentido amplio, es el término que se usa para describir un Estado que se ha hecho ineficaz. Es un Estado que solo ejerce un control aparente sobre su territorio, infiltrado por grupos armados que desafían a la autoridad, sin capacidad de hacer cumplir sus leyes para corregir las crecientes tasas de criminalidad, la extrema corrupción, el extenso mercado informal, la impenetrable burocracia, la ineficacia judicial y la interferencia militar en la política.

En el Estado paraguayo, excepto en lo que respecta a la injerencia militar, quedan en la superficie todas las demás incapacidades señaladas que, por la impunidad y deficiencias de control, provocan una condición de insuficiencia próxima a un Estado ineficaz.
Para la revista Foreing Policy y Fund for Peace, centro de estudio estadounidense que emite anualmente el índice de Estados Fallidos, entre los 178 Estados soberanos auditados en el año 2013, Paraguay figura en el puesto 104 como un Estado en situación de peligro acreditando 71,8 puntos.
Somalia, el más fallido de todos y en la franja de Estado en situación de alerta, ocupa el puesto número 1 con 113,9 de puntuación. Finlandia, el menos fallido, en el puesto número 178 con 18 puntos comparte con Suiza (19,7), Noruega (21,5), Suecia (21,5), Dinamarca (21,9), Nueva Zelanda (22,7), Luxemburgo (23,3), Islandia (24,7) e Irlanda (24,8) la privilegiada condición de Estados sustentables.
En América Latina y el Caribe, Haití en el puesto número 8, también en situación de alerta, encabeza la lista con 10,5 puntos.
Bolivia (en el puesto 67 con 80,8 puntos), Guatemala (70 con 80,7 puntos), Nicaragua (72 con 79,2 puntos), Ecuador (74 con 78,6 puntos), Honduras (75 con 78,3 puntos), Venezuela (89 con 75,3 puntos), República Dominicana (95 con 73,2 puntos), El Salvador (95 con 73,2 puntos), México (97 con 73,1 puntos), Cuba (101 con 72,8 puntos ) y Perú (103 con 72,3 puntos), al igual que Paraguay están en la poco cómoda situación de peligro.
Estado fallido
Con la finalidad de definir con más precisión a un Estado fallido, el centro de estudio Fund for Peace se guía por los siguientes parámetros:
1) Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
2) Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
3) Incapacidad para suministrar servicios básicos.
4) Incapacidad para interactuar con otros estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.
Un Estado fallido también se describe por su fracaso social, político y económico o cuando su gobierno débil o ineficaz –con poco control sobre vastas regiones de su territorio– no puede proveer los servicios básicos agobiado por altos niveles de corrupción, de criminalidad y con numerosos refugiados y desplazados en el marco de una notable degradación económica.
Por otro lado, es posible entender como exitoso un Estado cuando el monopolio legítimo de la fuerza es mantenido dentro de la frontera y son suministrados los servicios básicos a las poblaciones más carenciadas. No obstante, si los señores de la guerra o los grupos paramilitares presentan sistemáticas acciones terroristas poniendo en grave riesgo a la población, el Estado corre el riesgo de ser fallido.
El desinterés por lo público
En Paraguay, la debilidad del Estado proviene esencialmente del desinterés de sus funcionarios de proteger los bienes y los recursos de la nación bajo su cuidado. Para estos ocasionales administradores, el concepto de soberanía nacional es un discurso hueco de poca utilidad práctica en los negocios estatales casi siempre viciados de corrupción.
Esta manera de razonar del funcionariado es debido a que en su mayoría acceden al servicio público no por concurso de méritos sino por acreditarse como hijo, esposa, esposo, pariente o protegido de algún congresista, magistrado, ministro, director o consejero de alguna entidad nacional o binacional.
Los recomendados no requieren de ningún nivel profesional, académico o habilidad laboral. Solo es suficiente reputar como operador político o gozar de la protección de algún personaje con influencias políticas.
Por el temor al sector privado, donde verdaderamente hay que trabajar y ser competitivo, es más práctico y conveniente derivar a cuenta del Estado las cargas salariales y sociales de hijos y protegidos.
El Paraguay, desde hace años, viene arrastrando el concepto de país corrupto sin que conmueva a sus gobernantes. Los que tuvieron la ocasión de acceder a la administración pública mediante padrinazgos y escalaron hasta los puestos prominentes, casi en su mayoría, se volvieron inmensamente ricos a vista, paciencia y connivencia de la justicia.
Los cargos electivos son comprados como lo hacían los gobernadores y funcionarios coloniales, debido a que el ciudadano paraguayo vota pero no elige a sus autoridades, que les son impuestas en listas arregladas por los caudillos políticos de turno. Casi siempre reciclados, gracias al poder del dinero malhabido, hacen de principales asesores del gobierno de turno para “mejorar” al país.
Compromiso internacional
Hasta hoy día, desde el año 2000, no se puede disminuir a la mitad el índice del nivel de pobreza extrema, compromiso asumido formalmente para el año 2015 con las Naciones Unidas, pero los indigentes son cada vez más pobres. Para completar, Asunción es considerada como una de las ciudades más asimétricas del mundo, en la que ricos y marginales paradójicamente cohabitan en una indiferente y grosera coexistencia. Transparencia Internacional, en su evaluación de diciembre de 2013, ubica a Paraguay –después de Venezuela– como el más corrupto de Latinoamérica. Pero esta situación no deja sin sueño a sus autoridades que inventan métodos cada vez más novedosos para encubrir sus fechorías.
La inservible educación
La educación y la formación profesional en Paraguay no acreditan honestidad. Egresados provenientes de centros educativos de renombre mundial delinquen como el que más para lograr por el camino más corto su prosperidad personal.
El Estado, el más vulnerable de todos, es el ámbito propicio para sus trapisondas. Complicados entre funcionarios o con contratistas privados diseñan todo tipo de estratagemas para defraudar al erario público y la defensa de los intereses nacionales queda al arbitrio del propio interés y provecho personal.
Estos prósperos funcionarios, puestos en los cargos para proteger los bienes del Estado, son tan fácilmente corrompibles que a veces viajes de placer y hoteles de lujo son más que suficientes para torcer sus débiles voluntades.
En su mayoría estos delincuentes, devotos de algún santo milagroso, se persignan constantemente entre delito y delito para asegurar el éxito de sus fraudes.
Con esta clase de funcionarios se entregó la soberanía energética en Itaipú y Yacyretá, principales riquezas del Paraguay, que de otra manera hubiese sido el mayor motor de desarrollo de su historia lo que pone en evidencia, una vez más, que el Paraguay es más bien un Estado indefenso.
(*) Autor de los libros Itaipú, la apropiación indebida. Itaipú, una victoria bien brasileña e Itaipú, historia de un fraude.

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