10 de Enero de 2014
Un Estado indefenso
- Estado en situación de peligro Estado fallido, en sentido amplio, es
el término que se usa para describir un Estado que se ha hecho ineficaz.
Es un Estado que solo ejerce un control aparente sobre su territorio,
infiltrado por grupos armados que desafían a la autoridad, sin capacidad
de hacer cumplir sus leyes para corregir las crecientes tasas de
criminalidad, la extrema corrupción, el extenso mercado informal, la
impenetrable burocracia, la ineficacia judicial y la interferencia
militar en la política.
En el Estado
paraguayo, excepto en lo que respecta a la injerencia militar, quedan en
la superficie todas las demás incapacidades señaladas que, por la
impunidad y deficiencias de control, provocan una condición de
insuficiencia próxima a un Estado ineficaz.
Para la revista Foreing Policy y Fund for Peace, centro de estudio estadounidense que emite anualmente el índice de Estados Fallidos, entre los 178 Estados soberanos auditados en el año 2013, Paraguay figura en el puesto 104 como un Estado en situación de peligro acreditando 71,8 puntos.
Somalia, el más fallido de todos y en la franja de Estado en situación de alerta, ocupa el puesto número 1 con 113,9 de puntuación. Finlandia, el menos fallido, en el puesto número 178 con 18 puntos comparte con Suiza (19,7), Noruega (21,5), Suecia (21,5), Dinamarca (21,9), Nueva Zelanda (22,7), Luxemburgo (23,3), Islandia (24,7) e Irlanda (24,8) la privilegiada condición de Estados sustentables.
En América Latina y el Caribe, Haití en el puesto número 8, también en situación de alerta, encabeza la lista con 10,5 puntos.
Bolivia (en el puesto 67 con 80,8 puntos), Guatemala (70 con 80,7 puntos), Nicaragua (72 con 79,2 puntos), Ecuador (74 con 78,6 puntos), Honduras (75 con 78,3 puntos), Venezuela (89 con 75,3 puntos), República Dominicana (95 con 73,2 puntos), El Salvador (95 con 73,2 puntos), México (97 con 73,1 puntos), Cuba (101 con 72,8 puntos ) y Perú (103 con 72,3 puntos), al igual que Paraguay están en la poco cómoda situación de peligro.
Estado fallido
Con la finalidad de definir con más precisión a un Estado fallido, el centro de estudio Fund for Peace se guía por los siguientes parámetros:
1) Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
2) Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
3) Incapacidad para suministrar servicios básicos.
4) Incapacidad para interactuar con otros estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.
Un Estado fallido también se describe por su fracaso social, político y económico o cuando su gobierno débil o ineficaz –con poco control sobre vastas regiones de su territorio– no puede proveer los servicios básicos agobiado por altos niveles de corrupción, de criminalidad y con numerosos refugiados y desplazados en el marco de una notable degradación económica.
Por otro lado, es posible entender como exitoso un Estado cuando el monopolio legítimo de la fuerza es mantenido dentro de la frontera y son suministrados los servicios básicos a las poblaciones más carenciadas. No obstante, si los señores de la guerra o los grupos paramilitares presentan sistemáticas acciones terroristas poniendo en grave riesgo a la población, el Estado corre el riesgo de ser fallido.
El desinterés por lo público
En Paraguay, la debilidad del Estado proviene esencialmente del desinterés de sus funcionarios de proteger los bienes y los recursos de la nación bajo su cuidado. Para estos ocasionales administradores, el concepto de soberanía nacional es un discurso hueco de poca utilidad práctica en los negocios estatales casi siempre viciados de corrupción.
Esta manera de razonar del funcionariado es debido a que en su mayoría acceden al servicio público no por concurso de méritos sino por acreditarse como hijo, esposa, esposo, pariente o protegido de algún congresista, magistrado, ministro, director o consejero de alguna entidad nacional o binacional.
Los recomendados no requieren de ningún nivel profesional, académico o habilidad laboral. Solo es suficiente reputar como operador político o gozar de la protección de algún personaje con influencias políticas.
Por el temor al sector privado, donde verdaderamente hay que trabajar y ser competitivo, es más práctico y conveniente derivar a cuenta del Estado las cargas salariales y sociales de hijos y protegidos.
El Paraguay, desde hace años, viene arrastrando el concepto de país corrupto sin que conmueva a sus gobernantes. Los que tuvieron la ocasión de acceder a la administración pública mediante padrinazgos y escalaron hasta los puestos prominentes, casi en su mayoría, se volvieron inmensamente ricos a vista, paciencia y connivencia de la justicia.
Los cargos electivos son comprados como lo hacían los gobernadores y funcionarios coloniales, debido a que el ciudadano paraguayo vota pero no elige a sus autoridades, que les son impuestas en listas arregladas por los caudillos políticos de turno. Casi siempre reciclados, gracias al poder del dinero malhabido, hacen de principales asesores del gobierno de turno para “mejorar” al país.
Compromiso internacional
Hasta hoy día, desde el año 2000, no se puede disminuir a la mitad el índice del nivel de pobreza extrema, compromiso asumido formalmente para el año 2015 con las Naciones Unidas, pero los indigentes son cada vez más pobres. Para completar, Asunción es considerada como una de las ciudades más asimétricas del mundo, en la que ricos y marginales paradójicamente cohabitan en una indiferente y grosera coexistencia. Transparencia Internacional, en su evaluación de diciembre de 2013, ubica a Paraguay –después de Venezuela– como el más corrupto de Latinoamérica. Pero esta situación no deja sin sueño a sus autoridades que inventan métodos cada vez más novedosos para encubrir sus fechorías.
La inservible educación
La educación y la formación profesional en Paraguay no acreditan honestidad. Egresados provenientes de centros educativos de renombre mundial delinquen como el que más para lograr por el camino más corto su prosperidad personal.
El Estado, el más vulnerable de todos, es el ámbito propicio para sus trapisondas. Complicados entre funcionarios o con contratistas privados diseñan todo tipo de estratagemas para defraudar al erario público y la defensa de los intereses nacionales queda al arbitrio del propio interés y provecho personal.
Estos prósperos funcionarios, puestos en los cargos para proteger los bienes del Estado, son tan fácilmente corrompibles que a veces viajes de placer y hoteles de lujo son más que suficientes para torcer sus débiles voluntades.
En su mayoría estos delincuentes, devotos de algún santo milagroso, se persignan constantemente entre delito y delito para asegurar el éxito de sus fraudes.
Con esta clase de funcionarios se entregó la soberanía energética en Itaipú y Yacyretá, principales riquezas del Paraguay, que de otra manera hubiese sido el mayor motor de desarrollo de su historia lo que pone en evidencia, una vez más, que el Paraguay es más bien un Estado indefenso.
(*) Autor de los libros Itaipú, la apropiación indebida. Itaipú, una victoria bien brasileña e Itaipú, historia de un fraude.
Para la revista Foreing Policy y Fund for Peace, centro de estudio estadounidense que emite anualmente el índice de Estados Fallidos, entre los 178 Estados soberanos auditados en el año 2013, Paraguay figura en el puesto 104 como un Estado en situación de peligro acreditando 71,8 puntos.
Somalia, el más fallido de todos y en la franja de Estado en situación de alerta, ocupa el puesto número 1 con 113,9 de puntuación. Finlandia, el menos fallido, en el puesto número 178 con 18 puntos comparte con Suiza (19,7), Noruega (21,5), Suecia (21,5), Dinamarca (21,9), Nueva Zelanda (22,7), Luxemburgo (23,3), Islandia (24,7) e Irlanda (24,8) la privilegiada condición de Estados sustentables.
En América Latina y el Caribe, Haití en el puesto número 8, también en situación de alerta, encabeza la lista con 10,5 puntos.
Bolivia (en el puesto 67 con 80,8 puntos), Guatemala (70 con 80,7 puntos), Nicaragua (72 con 79,2 puntos), Ecuador (74 con 78,6 puntos), Honduras (75 con 78,3 puntos), Venezuela (89 con 75,3 puntos), República Dominicana (95 con 73,2 puntos), El Salvador (95 con 73,2 puntos), México (97 con 73,1 puntos), Cuba (101 con 72,8 puntos ) y Perú (103 con 72,3 puntos), al igual que Paraguay están en la poco cómoda situación de peligro.
Estado fallido
Con la finalidad de definir con más precisión a un Estado fallido, el centro de estudio Fund for Peace se guía por los siguientes parámetros:
1) Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
2) Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
3) Incapacidad para suministrar servicios básicos.
4) Incapacidad para interactuar con otros estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.
Un Estado fallido también se describe por su fracaso social, político y económico o cuando su gobierno débil o ineficaz –con poco control sobre vastas regiones de su territorio– no puede proveer los servicios básicos agobiado por altos niveles de corrupción, de criminalidad y con numerosos refugiados y desplazados en el marco de una notable degradación económica.
Por otro lado, es posible entender como exitoso un Estado cuando el monopolio legítimo de la fuerza es mantenido dentro de la frontera y son suministrados los servicios básicos a las poblaciones más carenciadas. No obstante, si los señores de la guerra o los grupos paramilitares presentan sistemáticas acciones terroristas poniendo en grave riesgo a la población, el Estado corre el riesgo de ser fallido.
El desinterés por lo público
En Paraguay, la debilidad del Estado proviene esencialmente del desinterés de sus funcionarios de proteger los bienes y los recursos de la nación bajo su cuidado. Para estos ocasionales administradores, el concepto de soberanía nacional es un discurso hueco de poca utilidad práctica en los negocios estatales casi siempre viciados de corrupción.
Esta manera de razonar del funcionariado es debido a que en su mayoría acceden al servicio público no por concurso de méritos sino por acreditarse como hijo, esposa, esposo, pariente o protegido de algún congresista, magistrado, ministro, director o consejero de alguna entidad nacional o binacional.
Los recomendados no requieren de ningún nivel profesional, académico o habilidad laboral. Solo es suficiente reputar como operador político o gozar de la protección de algún personaje con influencias políticas.
Por el temor al sector privado, donde verdaderamente hay que trabajar y ser competitivo, es más práctico y conveniente derivar a cuenta del Estado las cargas salariales y sociales de hijos y protegidos.
El Paraguay, desde hace años, viene arrastrando el concepto de país corrupto sin que conmueva a sus gobernantes. Los que tuvieron la ocasión de acceder a la administración pública mediante padrinazgos y escalaron hasta los puestos prominentes, casi en su mayoría, se volvieron inmensamente ricos a vista, paciencia y connivencia de la justicia.
Los cargos electivos son comprados como lo hacían los gobernadores y funcionarios coloniales, debido a que el ciudadano paraguayo vota pero no elige a sus autoridades, que les son impuestas en listas arregladas por los caudillos políticos de turno. Casi siempre reciclados, gracias al poder del dinero malhabido, hacen de principales asesores del gobierno de turno para “mejorar” al país.
Compromiso internacional
Hasta hoy día, desde el año 2000, no se puede disminuir a la mitad el índice del nivel de pobreza extrema, compromiso asumido formalmente para el año 2015 con las Naciones Unidas, pero los indigentes son cada vez más pobres. Para completar, Asunción es considerada como una de las ciudades más asimétricas del mundo, en la que ricos y marginales paradójicamente cohabitan en una indiferente y grosera coexistencia. Transparencia Internacional, en su evaluación de diciembre de 2013, ubica a Paraguay –después de Venezuela– como el más corrupto de Latinoamérica. Pero esta situación no deja sin sueño a sus autoridades que inventan métodos cada vez más novedosos para encubrir sus fechorías.
La inservible educación
La educación y la formación profesional en Paraguay no acreditan honestidad. Egresados provenientes de centros educativos de renombre mundial delinquen como el que más para lograr por el camino más corto su prosperidad personal.
El Estado, el más vulnerable de todos, es el ámbito propicio para sus trapisondas. Complicados entre funcionarios o con contratistas privados diseñan todo tipo de estratagemas para defraudar al erario público y la defensa de los intereses nacionales queda al arbitrio del propio interés y provecho personal.
Estos prósperos funcionarios, puestos en los cargos para proteger los bienes del Estado, son tan fácilmente corrompibles que a veces viajes de placer y hoteles de lujo son más que suficientes para torcer sus débiles voluntades.
En su mayoría estos delincuentes, devotos de algún santo milagroso, se persignan constantemente entre delito y delito para asegurar el éxito de sus fraudes.
Con esta clase de funcionarios se entregó la soberanía energética en Itaipú y Yacyretá, principales riquezas del Paraguay, que de otra manera hubiese sido el mayor motor de desarrollo de su historia lo que pone en evidencia, una vez más, que el Paraguay es más bien un Estado indefenso.
(*) Autor de los libros Itaipú, la apropiación indebida. Itaipú, una victoria bien brasileña e Itaipú, historia de un fraude.
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