domingo, 29 de enero de 2017

¿Itaipú, otro Estado?

6:11    

29 DE ENERO DE 2017

| TRIUNFOS DE LA OPERACIÓN “LAVA JATO”

El papel de la prensa

Por General (SR) Juan Antonio Pozzo Moreno (*)
Se ha generalizado la opinión de que toda la prensa y todos los periodistas son manipuladores y que responden a su amo de los medios en los que ejercen su profesión.
Si bien es cierto que existe una mayoría que se alimenta del oficialismo y sus noticias, no se ha hecho justicia con los que, con grandes sacrificios, mantienen su independencia. Ellos son independientes y no viven de los poderes que manipulan la información.
Es meritoria su labor pues la dificultad económica y las restricciones para entrar en la privilegiada información oficial reservada les exige un esfuerzo adicional, particularmente los profesionales que persiguen las noticias, siempre con el riesgo de ser denunciados ante los jueces con acusaciones manipuladas.
Gran parte de nuestros jueces, más preocupados en ubicar a sus proles en algún resquicio estatal rentable o en el blindaje jurídico de las hidroeléctricas binacionales, se encargan de dificultar la difusión de noticias sobre la corrupción con medidas que protegen al poder de turno.
Las denuncias sobre la ilegal modificación de la misión de Itaipú o las multimillonarias vacaciones sempiternas de los miembros de su Consejo de Administración no hacen mella en sus espíritus claudicantes.
Mediante argucias dilatorias o rechazando pruebas que inculpan a los acusados, los periodistas comprometidos son taponados por estos protectores de delincuentes.
Hasta hace poco, a los jueces no les temblaba el pulso para ordenar a la policía irrumpir en algún periódico decretando su cierre. Procesaban a su director y equipo directivo, incluso al Consejo de Administración. Si fuese el caso, ordenaban su detención para ser interrogados en las comisarías.
Lamentablemente, hasta hoy día, estos venales incompetentes no caen en la cuenta del cambio de escenario. Es el que mantiene en prisión a Odebrecht y su séquito de administradores oficialistas de la vecindad regional.
Estos juristas, como el avestruz que esconde en el hoyo la cabeza, pretenden no ver que estos periodistas son la conciencia del pueblo que cumplen con la dura misión de descubrir la verdad.
No obstante, hay atisbos de optimismo. No hay mal que dure cien años.
Recientemente, la subsecretaria adjunta del Departamento de Justicia, Sung-hee Suh, comunicó que “Odebrecht y Braskem utilizaron una unidad de negocios de Odebrecht, oculta y funcional, que podríamos llamar ‘Departamento de Sobornos’, que pagó sistemáticamente centenas de millones de dólares a funcionarios corruptos en países de tres continentes”. Cabe mencionar que, últimamente, los US$ 3.500 millones de multas aplicadas a la Odebrecht y a la Braskem son parte de un acuerdo de lenidad –confesión a cambio de reducción de castigo– en el que participan los gobiernos norteamericano, suizo y brasileño para liberarlos de las acusaciones judiciales en esos países.
Esta cifra representa la multa más alta jamás pagada en el mundo en acuerdos de este tipo y es uno de los triunfos de la Operación “Lava Jato”. Mientras, se sigue esperando pacientemente que la Contraloría General de la República del Paraguay y el Tribunal de Cuentas de la Unión no hagan oídos sordos a la prensa y se decidan auditar Itaipú.
juanantoniopozzo@gmail.com

Leer toda la nota

miércoles, 18 de enero de 2017

La política del avestruz

12:23    

18 DE ENERO DE 2017


La indiferencia cómplice

Por Juan Antonio Pozzo Moreno
Desde inicios del siglo XX, Bolivia comenzó la ocupación, con sus fuerzas armadas, de territorios del Chaco paraguayo. Casi tres décadas después, el 23 de octubre de 1931, una pacífica manifestación estudiantil, reclamando medidas concretas contra la invasión, fue reprimida a balazos por la torpe guarnición del Palacio López, comprometiendo gravemente al presidente de la República.
Con profunda consternación del pueblo, uno tras otro, unos diez ataúdes de estudiantes, fueron llevados hasta su morada final del cementerio de la Recoleta. No obstante, la ocupación militar, de hecho no paraba.
Con la alevosa agresión del Fortín Carlos Antonio López, sobre la laguna Pitiantuta, el 15 de junio de 1932, se iniciaba la guerra anticipada por la juventud paraguaya. El ocasional adversario ya tenía ocupado medio Chaco Boreal: Camacho, Toledo, Boquerón, Alihuatá, Kilómetro 7 y allende al río Pilcomayo, el Fortín Sorpresa.
Aunque doloridos por la injusta represión de 1931, se sobrepuso la nobleza estudiantil. Se alistaron como voluntarios y marcharon para combatir en las picadas y en las trincheras del agreste teatro de operaciones. Con tan intensos sentimientos, ofrecieron sus jóvenes vidas en defensa de la patria.
Este histórico ejemplo viene muy a cuento ante tanta indiferencia cómplice de los gobiernos de turno, que no hacen esfuerzo alguno para recuperar nuestra soberanía energética comprometida en las binacionales hidroeléctricas.
No se percibe ninguna reacción, aunque mínima, como en el Gobierno de Lugo. Con toda razón es posible afirmar que la conducción nacional, malversando el futuro juvenil, carece del genuino interés en la defensa de los intereses nacionales.
Las consecuencias de esta indolencia exasperante ya supera con creces las pérdidas humanas y materiales sufridas en la contienda del Chaco.
Pero es más preocupante, que en las agendas de los postulantes a la presidencia del 2018 no estén registrados estos vitales reclamos. Olvidan ellos que gran parte del triunfo de Lugo fue debido a su motivante discurso sobre la recuperación de nuestra soberanía energética. O quizá, sea necesario otro 23 de octubre que produzca mella en sus espíritus.
Aunque fallido en el intento de revisar el Anexo “C” del Tratado de Yacyretá por falta de resolución, otra revisión está próxima: En Itaipú, no hay cabida para un nuevo fracaso.
En el año 2023, se cumple cincuenta años de la entrada en vigor del Tratado de Itaipú. Es el tiempo previsto para la revisión del Anexo “C” o las “Bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Itaipú”.
Llegó el momento de revisar: (1) las condiciones de abastecimiento; (2) el costo del servicio de electricidad; (3) los ingresos y (4) grado de amortización de las deudas en relación con la potencia contratada.
Oficialmente, la deuda deberá estar cancelada para el año 2023. Según los cálculos más conservadores, entre 2005 y 2015, el 91% de la producción energética fue aprovechada por Brasil y solo el 9% por Paraguay. Una muestra del asimétrico reparto de la potencia contratada.
La revisión permite abordar la no utilización de “… parte de la potencia contratada o parte de la energía correspondiente a la misma …” (II.5, Anexo “C”) como así también el “derecho de adquisición” de cada uno de los países de la energía no utilizada (Artículo XIII, Tratado).
Es preciso señalar que el Tratado de Itaipú, en el Artículo III, parágrafo 2º, admite modificaciones de los Anexos por los Gobiernos. No obstante, para adoptar “la decisión que estimen conveniente “será” mediante nuevo acuerdo” de las Altas Partes Contratantes” (Artículo XXV).
El próximo escenario, coincidente con el año 2023, implica la necesidad de conformar de inmediato un equipo negociador que no repita la conducta claudicante de aquellos que negociaron el Tratado de Itaipú de 1973.
La multinacional brasileña Eletrobrás es hasta ahora la principal beneficiaria de la enorme cantidad de energía, el equivalente a dos producciones anuales de Yacyretá, que Paraguay le cede o no consume. La pérdida de la soberanía energética de Paraguay está estrechamente vinculada con la cesión de esta energía “pagada” con una escuálida compensación.
De ser inviable su devolución, por la carencia de otras fuentes o por causa de la histórica política brasileña del hecho consumado o el argumento que fuere, solo resta al país exigir un precio justo por su electricidad.
juanantoniopozzo@gmail.com

Leer toda la nota

jueves, 5 de enero de 2017

Fuera de la agenda política

0:09    

05 DE ENERO DE 2017


¿Preocupa a alguien el caso Itaipú?

Por Juan Antonio Pozzo Moreno
Lamentablemente, gran parte de la ciudadanía paraguaya desconoce el despojo del que es objeto en las binacionales hidroeléctricas. No se percata de que de estas principales riquezas industriales del país dependen el futuro de generaciones de compatriotas.
Es probable que tenga que ver con nuestra corta memoria histórica, porque hoy día nos cuesta distinguir entre el mariscal Francisco Solano López y el mariscal José Félix Estigarribia.
O tal vez tenga relación con nuestra precaria educación. O ambas, quizá. No obstante, la ciudadanía no puede alegar falta de información.
El diario ABC Color, desde 1973, vino denunciando insistentemente, casi a diario, con datos irrebatibles, la entrega de nuestra soberanía energética a los ocasionales socios.
Si bien el ciudadano tiene su parte de responsabilidad, la otra parte, la más significativa, la tiene la clase política a la que el elector delega sus quebrantos.
Nuestros representantes legislativos, hasta ahora, salvo raras excepciones, no tienen interés alguno en reclamar nuestros derechos, groseramente conculcados por nuestros vecinos.
No hacen el menor esfuerzo para imponerse al consuetudinario “ninguneo” del que hacen gala los osados funcionarios administrativos de las entidades binacionales.
Lamentablemente, aprovechando sus influencias, más se afanan en ubicar en estas empresas a sus círculos de incondicionales, abarrotados de incompetentes. Como si fuera poco, actúan como eficientes gestores contractuales, seguros de que cualquier caldito es alimento, como diría un probo intendente del Ejército Nacional en campaña.
Pero la desazón sale de madre cuando no escuchamos reclamo alguno de parte de los líderes partidarios.
Hay más, los consejeros y directores de los órganos de administración de las empresas binacionales, en sus esporádicas reuniones, solo se esmeran en avalar toda suerte de irregularidades perjudiciales a los intereses nacionales.
No les quita el sueño las totalmente pagadas deudas que encarecen artificialmente, a costa de los sacrificados consumidores el costo del servicio de electricidad. No les preocupa el aprovechamiento asimétrico de la producción hidroeléctrica; no les inquieta las violaciones de los Tratados para favorecer intereses extraños. En fin, no les interesa nada que no sea para su provecho.
Pero no paran de ufanarse. Se jactan de sus nombramientos como justo premio a sus méritos partidarios. Una vez confirmados en sus millonarios cargos, no acaban de internalizar su casual prosperidad ¡caída de los cielos!
Indoctos casi todos, no pueden diferenciar entre potencia y energía, sería mucho pedir que encuentren la similitud entre la energía firme o la energía adicional.
Esta increíble situación, no se compadece del Paraguay histórico. Representa un verdadero obstáculo para el ejercicio pleno del Estado de derecho que se despeña hacía el Estado fallido.
Merced a los generosos pliegues de las listas sábanas, elaboradas con dinero no importa de quién –si del crimen organizado o del dinero público malversado– siguen remando en el incierto mar de la prosperidad.
Más asociados con el crimen organizado, bregan con denuedo en la subasta, al mejor postor, de la herencia patria.
Yacyretá es la muestra de esta indolencia cómplice. Con funcionarios adictos al cargo, renuentes al servicio patrio, el fracaso está a la vista.
No debiera en Itaipú acontecer lo mismo en el año 2023.
Sería bueno, para comenzar, iniciar el 2017 con un poco más de la casi olvidada dignidad.
(*) juanantoniopozzo@gmail.com

Leer toda la nota
Suscribirse a: Entradas (Atom)