18 DE ENERO DE 2017
La indiferencia cómplice
Desde inicios del siglo XX, Bolivia comenzó la ocupación, con sus fuerzas armadas, de territorios del Chaco paraguayo. Casi tres décadas después, el 23 de octubre de 1931, una pacífica manifestación estudiantil, reclamando medidas concretas contra la invasión, fue reprimida a balazos por la torpe guarnición del Palacio López, comprometiendo gravemente al presidente de la República.
Con profunda consternación del pueblo, uno tras otro, unos diez ataúdes de estudiantes, fueron llevados hasta su morada final del cementerio de la Recoleta. No obstante, la ocupación militar, de hecho no paraba.
Con la alevosa agresión del Fortín Carlos Antonio López, sobre la laguna Pitiantuta, el 15 de junio de 1932, se iniciaba la guerra anticipada por la juventud paraguaya. El ocasional adversario ya tenía ocupado medio Chaco Boreal: Camacho, Toledo, Boquerón, Alihuatá, Kilómetro 7 y allende al río Pilcomayo, el Fortín Sorpresa.
Aunque doloridos por la injusta represión de 1931, se sobrepuso la nobleza estudiantil. Se alistaron como voluntarios y marcharon para combatir en las picadas y en las trincheras del agreste teatro de operaciones. Con tan intensos sentimientos, ofrecieron sus jóvenes vidas en defensa de la patria.
Este histórico ejemplo viene muy a cuento ante tanta indiferencia cómplice de los gobiernos de turno, que no hacen esfuerzo alguno para recuperar nuestra soberanía energética comprometida en las binacionales hidroeléctricas.
No se percibe ninguna reacción, aunque mínima, como en el Gobierno de Lugo. Con toda razón es posible afirmar que la conducción nacional, malversando el futuro juvenil, carece del genuino interés en la defensa de los intereses nacionales.
Las consecuencias de esta indolencia exasperante ya supera con creces las pérdidas humanas y materiales sufridas en la contienda del Chaco.
Pero es más preocupante, que en las agendas de los postulantes a la presidencia del 2018 no estén registrados estos vitales reclamos. Olvidan ellos que gran parte del triunfo de Lugo fue debido a su motivante discurso sobre la recuperación de nuestra soberanía energética. O quizá, sea necesario otro 23 de octubre que produzca mella en sus espíritus.
Aunque fallido en el intento de revisar el Anexo “C” del Tratado de Yacyretá por falta de resolución, otra revisión está próxima: En Itaipú, no hay cabida para un nuevo fracaso.
En el año 2023, se cumple cincuenta años de la entrada en vigor del Tratado de Itaipú. Es el tiempo previsto para la revisión del Anexo “C” o las “Bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Itaipú”.
Llegó el momento de revisar: (1) las condiciones de abastecimiento; (2) el costo del servicio de electricidad; (3) los ingresos y (4) grado de amortización de las deudas en relación con la potencia contratada.
Oficialmente, la deuda deberá estar cancelada para el año 2023. Según los cálculos más conservadores, entre 2005 y 2015, el 91% de la producción energética fue aprovechada por Brasil y solo el 9% por Paraguay. Una muestra del asimétrico reparto de la potencia contratada.
La revisión permite abordar la no utilización de “… parte de la potencia contratada o parte de la energía correspondiente a la misma …” (II.5, Anexo “C”) como así también el “derecho de adquisición” de cada uno de los países de la energía no utilizada (Artículo XIII, Tratado).
Es preciso señalar que el Tratado de Itaipú, en el Artículo III, parágrafo 2º, admite modificaciones de los Anexos por los Gobiernos. No obstante, para adoptar “la decisión que estimen conveniente “será” mediante nuevo acuerdo” de las Altas Partes Contratantes” (Artículo XXV).
El próximo escenario, coincidente con el año 2023, implica la necesidad de conformar de inmediato un equipo negociador que no repita la conducta claudicante de aquellos que negociaron el Tratado de Itaipú de 1973.
La multinacional brasileña Eletrobrás es hasta ahora la principal beneficiaria de la enorme cantidad de energía, el equivalente a dos producciones anuales de Yacyretá, que Paraguay le cede o no consume. La pérdida de la soberanía energética de Paraguay está estrechamente vinculada con la cesión de esta energía “pagada” con una escuálida compensación.
De ser inviable su devolución, por la carencia de otras fuentes o por causa de la histórica política brasileña del hecho consumado o el argumento que fuere, solo resta al país exigir un precio justo por su electricidad.
juanantoniopozzo@gmail.com
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