Poder de disuasión, una indispensable condición

Por General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno

Publicado en el Suplemento Económico de ABC Color el 27 de enero de 2013

 

En los negocios entre Estados se presume la igualdad jurídica entre las partes, no obstante, la capacidad disuasiva es una condición indispensable para mantener el equilibrio de las discusiones. Mientras el cuerpo diplomático transita el andarivel jurídico, conforme al derecho internacional público y a los propios intereses estatales, las fuerzas de disuasión, sujetas al poder civil, precautelan el Estado de derecho. Es la ecuación perfecta de la defensa nacional.

/ ABC Color

El Tratado de Itaipú de 1973, que impide la libre disponibilidad de la hidroelectricidad paraguaya y somete al arbitrio del socio condómino el manejo discrecional de la entidad binacional, con grave afectación al ejercicio pleno de su soberanía, a la cogestión paritaria y a la defensa nacional, es la muestra de la insolvencia estatal para acordar un contrato justo.

Otras muestras de esta debilidad están registradas en los tratados de límites de 1872 y de 1876, que adjudicaron al Imperio brasileño y al Gobierno de Buenos Aires más de 150.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional.

El hecho fue repetido con la invasión brasileña del año 1965, para adjudicarse el Salto del Guairá, en suelo patrio. Sin la oportuna intervención del presidente Lyndon B. Johnson de los Estados Unidos de América y su canciller Dean Rusk, el retiro de la tropa de ocupación y el equitativo acuerdo de Foz de Yguazú, que distribuía a cada parte la mitad de la producción de la futura usina y un precio justo por la energía no utilizada, no hubiese sido posible. No obstante, siete años después, el Tratado de Itaipú, redactado con la complicidad de los negociadores de régimen oficialista, se alteró el objeto y el fin el Acta Final de Foz de Yguazú del 22 de junio de 1966 en perjuicio del pueblo paraguayo.

Es importante señalar que “En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce, a lo dispuesto en esta Constitución” (Art. 2 CN) y la misión de las Fuerzas Armadas de la Nación es la de “…custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas…” (Art.173 CN).

Desvanecimiento
Lamentablemente, la última fuerza militar operativa en defensa de la integridad territorial del Paraguay se desvaneció después de la victoriosa guerra en el Chaco boreal.

Posteriormente las Fuerzas Armadas quedaron atrapadas en conflictos provenientes de la política interna, sin capacidad para enfrentar con éxito las amenazas externas. La defensa nacional, ignorada por la clase política dirigente y en contravención con prescripciones doctrinarias de uso universal, quedó estrechamente vinculada a la seguridad interna para la protección de regímenes autoritarios.

La distorsión no se hizo esperar y las filas militares quedaron inficionadas por los que privilegiaron la militancia partidaria a los altos intereses de la nación. Fueron apareciendo los leales, casi comisarios políticos, en los distintos niveles de la conducción para “orientar” a los mandos el rumbo a seguir para no equivocar el camino. Los ejemplos son numerosos y sus efectos fueron desastrosos en la disciplina y la institucionalidad. La afiliación al partido político en el poder era parte de la exigencia para formar parte de los cuadros de oficiales.

Una justificada preocupación de los altos mandos para corregir esta anomalía proviene de la época en que entró a regir la Constitución Nacional de 1992.

Recientemente, a mediados de 2012, un plan decenal de defensa económicamente moderado, para una razonable condición operativa y disuasiva, estudiado con cuidado por el Estado Mayor Conjunto para adquirir suministros indispensables de entrenamiento y de reposición de materiales fuera de servicio, fue tajantemente rechazado. Alguna que otra publicidad negativa, carcinoma de los gobiernos populistas y prioridades a exageradas partidas presupuestarias electoralistas, sin solución de continuidad, pudieron más que las razones de Estado.

Abortado antes de nacer
Así, antes de nacer fue abortado el bien intencionado propósito, que caracteriza un hito, de una genuina defensa nacional al servicio de la existencia del Estado, un deber y obligación de todos los paraguayos.
Lamentablemente, la defensa nacional sigue sin eco en una clase política que prefiere financiar, mediante el tesoro público, a partidos políticos y a miles de sus operadores anclados en justicia electoral antes que actualizar, tan siquiera una parte, el obsoleto material necesario para un apropiado entrenamiento de las fuerzas singulares y sus respectivas reservas. Para colmo, los gobiernos de la transición ejercidos por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, violando la constitución Nacional, propiciaron el desmantelamiento de dichas reservas a causa de certificaciones, por razones siempre proselitistas, a presuntos objetores conciencia.

Sin el fortalecimiento, aunque gradual, de una condición disuasiva se seguirá repitiendo la historia en otros escenarios tales como el Mercosur, el Unasur y últimamente en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

La dignidad del estoico pueblo paraguayo requiere de mucho más patriotismo. No las meras declamaciones populistas de sus fortuitos y ocasionales dirigentes que en sus discursos proselitistas no abordan que actitud asumirán para ratificar el mandato del pueblo, registrado en el preámbulo de la Constitución Nacional, con respecto a “…la soberanía e independencia nacionales, e integrado a la comunidad internacional…”.



Muestra
Otras muestras de esta debilidad están registradas en los tratados de límites de 1872 y de 1876, que adjudicaron territorio.

Defensa
Lamentablemente, la defensa nacional sigue sin eco en una clase política que prefiere financiar a partidos y a miles de operadores.

Fuerza
La última fuerza militar operativa en defensa de la integridad territorial del Paraguay se desvaneció después de la Guerra en el Chaco.

juanantoniopozzo@gmail.com

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Entre la conveniencia económica y la diplomacia

Por Juan Antonio Pozzo Moreno (*), Publicado en ABC Color el Domingo, 20 de enero de 2013.

De acuerdo con los que entienden en relaciones internacionales, la prioridad de la política exterior brasileña es la promoción de la unidad latinoamericana y de los intereses regionales en las cuestiones comerciales y ambientales, con decidido apoyo a la Argentina en el conflicto Islas Malvinas/Falkland Islands.

/ ABC Color

En segundo término destacan que Itamaraty trabaja en la articulación de los países emergentes, entre ellos Latinoamérica, como importante agrupación bajo su dirección en oposición a los países ricos. La presidenta Dilma Rousseff, asumiendo un liderazgo internacional, criticó el actual orden mundial, al anunciar que “no refleja la realidad: la fuerza emergente de los países en desarrollo. No refleja continentes enteros, como es el caso de América Latina o África” (discurso ante la asamblea nacional de Angola, en el marco de su visita por los países africanos publicado en miradas al sur el 23 de octubre de 2011).

Los entendidos consideran que, como consecuencia de la creciente rivalidad entre los EUA y la China continental, es probable que aumente la presión del pentágono para instalar bases militares en América del sur que puede ocasionar dificultades en el sector que Washington tiene establecido como su área de influencia inmediata. también estiman que los países de la alianza para el pacífico (México, Colombia, Chile y Perú) -algunos de ellos con gobiernos conservadores-, están muy interesados como vecinos en aproximarse al Mercosur para defender políticas que les son comunes. Citan como muestra:

- El caso del gobierno colombiano de Santos, que contrariando al expresidente Uribe, mejoró sus relaciones con Venezuela, visitó Cuba y abrió negociaciones con las FARC en La Habana;

- La relación no condicionada de Chile con los EUA, demostrada con su voto a favor de Palestina y el probable retorno de la centro-izquierda con Michelle Bachelet en las elecciones presidenciales de 2013; y

- El gobierno conservador de Ollanta Humala, de Perú, que cae simpático a los gobiernos bolivarianos y comparte con Brasil la integración económica del Amazonas, la construcción de rutas y de centrales hidroeléctricas.

Consideran a México y los países de América Central y el Caribe como los más dependientes de los EUA, principales obstáculos a los planes de Itamaraty, en tanto que Paraguay, con cualquier gobierno, depende mucho de Brasil y sus aliados.

El análisis soslaya la gran dependencia económica del Brasil de la Itaipú Binacional y la energía eléctrica de su socio condómino cedida gratuitamente a la Eletrobrás -para beneficiar accionistas sin compromisos con el pueblo de la margen izquierda- compensada con una simbólica tarifa por el Estado brasileño; también obvia el espíritu independiente que anima al Paraguay y quedó registrado en la nota enviada a la Junta de Buenos Aires el 20 de julio de 1811:

…“Este ha sido el modo como ella por sí misma, y a esfuerzos de su propia resolución, se ha constituido en libertad y en el pleno goce de sus derechos; pero se engañaría cualquiera que llegase a imaginar que su intención había sido entregarse al arbitrio ajeno, y hacer dependiente su suerte de otra voluntad. En tal caso, nada más habría adelantado, ni reportado otro fruto de su sacrificio que el cambiar unas cadenas por otras y mudar de amo”… “La Provincia del Paraguay, Excelentísimo señor, reconoce sus derechos, no pretende perjudicar aun levemente los de ningún otro pueblo, y tampoco se niega a todo lo que es regular y justo”.

Los padres de la patria guían con claridad a los gobiernos paraguayos que le habrían de suceder, sobre los principales lineamientos de la política exterior del Paraguay. La simple conveniencia económica, repetida con énfasis en los actuales discursos proselitistas direccionados a la opinión pública, que niega lo que es “regular y justo” como valores genuinos destacados por los próceres de mayo, no es válida como argumento para suscitar la integración de conglomerados que en vez de la razón jurídica privilegian la razón económica.

En realidad, la política exterior brasileña para América Latina -que aparenta promover la idea de la buena vecindad combinando la defensa de la democracia y la no intervención- en sintonía con los gobiernos proclamados como progresistas, asumió la salida de Lugo como un golpe institucional y aisló diplomáticamente al gobierno de Federico Franco para ingresar a Venezuela en el Mercosur “por la ventana” (ABC Color 31 de julio 2012), pese a la objeción del Senado paraguayo. No obstante, las duras sanciones comerciales pretendidas por los gobiernos bolivarianos, como las impuestas por los Estados Unidos a Cuba y a Irán, que abrirían precedentes capaces de justificar embargos criticados por Brasil, fueron infructuosas.

Por otro lado, las fuerzas brasileñas destacadas en Haití desde el 2004, con auspicios de las Naciones Unidas, son consideradas en el análisis como un problema heredado del gobierno de Lula, agravado por el terremoto del 2010 y la posterior epidemia de cólera introducida probablemente por soldados nepaleses de la Minustah. Las protestas de los haitianos sobre la inutilidad de la presencia de la tropa extranjera, según se entiende, desdibujaron el objetivo inicial diplomático brasileño de proyectarse como fuerza capaz, interesada en beneficio de la estabilidad mundial, distanciando más su candidatura como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Destacan que para Itamaraty hubiese sido mejor la política “soft power” o de “hegemonía suave”; es decir, programas de cooperación humanitaria y técnica como por ejemplo en Haití y países de África y Asia (alimentos y medicamentos para Etiopía, Mozambique, Corea del Norte, Gaza y a refugiados afganos en Irán y Pakistán). Mediante esta estrategia Brasil sería reconocido y prestigiado en el mundo de los no alineados y su “cooperación humanitaria”, quedaría libre de exigencias políticas como en las “ayudas humanitarias” ofrecidas por los EUA.

Estiman que iniciativas como la fundación del G-20 de los países emergentes en el 2003, el Unasur en el 2008, la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en el 2010, las infructuosas tentativas de mediación nuclear entre los países occidentales e Irán, las negociaciones entre Israel y Palestina marcan una política de independencia y protagonismo brasileño, creando la conciencia de una nueva diplomacia.

Las precedentes observaciones recogidas de la revista brasileña Carta Capital, publicada a principios de enero de 2013, también incluyen en su contenido que hace diez años Brasil abdicó a cualquier liderazgo en Latinoamérica por la ineficiencia de Itamaraty, que delegó esta función a la diplomacia bolivariana. La revista puntualiza que si hay una deficiencia hoy en Itamaraty se debe a su exceso de discreción. Dice que para evitar asumir posiciones explícitas, el pragmatismo del gobierno de Dilma causa la impresión de tratar las relaciones exteriores como asuntos de diplomáticos y de economistas. Advierte que hay un aparente retroceso, no obstante, el enfoque tecnocrático que puede evitar muchos errores y mal entendidos tiende a reducir los malestares en relación con las potencias occidentales. Pero también puede impedir los grandes aciertos que ayudarían a clarificar sus posiciones.

Finalmente, el semanario se pregunta si cambiaría la situación con la desaparición del teniente coronel Hugo Chávez. La expectativa es grande, sin dudas habría que barajar de nuevo.

Análisis

El análisis soslaya la gran dependencia económica del Brasil de la Itaipú y de la energía eléctrica de su socio condómino ...

Gratuito

Esa energía es cedida gratuitamente a Eletrobrás para que beneficie a accionistas sin compromisos con el pueblo brasileño.

No válido

La simple conveniencia económica (...) no es válida como argumento para suscitar la integración de grupos privilegian la economía.

(*) Autor de los libros Itaipú la apropiación indebida e Itaipú una victoria bien brasileña.

juanantoniopozzo@gmail.com

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El entreguista Tratado de Itaipú

Por General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno (*). Artículo publicado en Abc Color el domingo 13 de enero de 2013.

En 1872, el Tratado Loizaga-Cotegipe “… consagró la vieja aspiración brasileña de lograr los territorios situados entre los ríos Blanco y Apa y la zona del Amambay” (Benítez, Luis G. Manual de Historia Paraguaya).

En 1876, se firmó en Buenos Aires el Tratado Machaín-Irigoyen, por el que la Argentina se apropió de las regiones al Sur del río Paraná y las comprendidas entre los ríos Bermejo y Pilcomayo.

En ambos documentos se le obligó a ceder al Paraguay, dependiente de las fuerzas invasoras de ocupación, unos 150 mil kilómetros cuadrados de territorio nacional. No obstante, quedó pendiente la pretensión argentina sobre la región situada entre los ríos Pilcomayo y Verde que el fallo arbitral de noviembre de 1878 decidido por Mr. Rutherford B. Hayes, presidente de los Estados Unidos de América, adjudicó al Paraguay.

Antes de un año del laudo Hayes, el 15 de octubre de 1879, bajo la presidencia de Cándido Bareiro, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay y el ministro plenipotenciario de Bolivia suscribieron en la ciudad de Asunción el Tratado Decoud-Quijarro que concedía a Bolivia desde “… el paralelo que parte de la desembocadura del río Apa hasta encontrar el río Pilcomayo. En consecuencia, el Paraguay renuncia a favor de Bolivia el derecho al territorio comprendido entre el mencionado paralelo y la Bahía Negra y Bolivia reconoce como perteneciente al Paraguay la parte sud hasta el brazo principal del Pilcomayo”. Finalmente, la entrega de la mitad del Chaco Boreal fue impedida mediante el patriotismo de los miembros del Congreso Nacional que se negaron a ratificar el ignominioso tratado.

Casi un siglo después, se repite la historia con uno de los convenios bilaterales más perniciosos  en la vida independiente del Paraguay: el Tratado de Itaipú del 26 de abril de 1973. En esta ocasión, para desgracia del país, el acuerdo fue ratificado el 17 de julio del mismo año por la mayoría oficialista del Poder Legislativo que así formalizó la cesión gratuita al Brasil de la energía no utilizada por el Paraguay a ser generada en Itaipú. En vez del precio justo, acordado en el Acta de Foz de Yguazú de 1966, Itaipú quedó en abonar por la energía cedida una irrisoria compensación al Paraguay.

El general Alfredo Stroessner y los que negociaron el Tratado de 1973 (Enzo Debernardi, Carlos Augusto Saldívar, Raúl Sapena Pastor, Alberto Nogués, Ezequiel González Alsina), son sindicados (ABC Color 7 de febrero de 2011) como los responsables de:

- la cesión gratuita a la margen izquierda de la electricidad paraguaya,

- la resignación de la cogestión paritaria y

- la renuncia a la vigilancia de la margen derecha por elementos propios de seguridad.

Estas abdicaciones a favor del socio condómino, increíblemente ratificadas por la mayoría oficialista de la legislatura nacional, eran necesarias -según argumentaban los que se allanaron a la imposición- para preservar la seguridad nacional. ¿Acaso no estudiaron el acuerdo que convalidaron y convirtieron en Ley? Solamente así puede explicar la ratificación y el detalle de la inclusión de la palabra “compulsorio” (Art. XII del Tratado, párrafo a, párrafo c) que no registra el diccionario de la Real Academia Española.

Sin embargo, para el presidente del Tribunal Ético Contra la Impunidad, Antonio Palazón Ibieta, el Tratado de Itaipú fue solo un medio con el que Stroessner “…logró su seguro con Itamaraty, quien luego lo protegió hasta su muerte” (Palazón Ibieta, Antonio. 2010. Lágrimas y esperanzas de generaciones postergadas. p. 2).

Ya en un nuevo escenario Mateo Balmelli, como novel director general paraguayo, expuso como estrategia que “Seguiremos exigiendo los derechos del pueblo paraguayo, la igualdad en la cogestión administrativa, el justo precio y todo lo que corresponda” (ABC Color 19 de agosto de 2008). Años después, el ex director general paraguayo de Itaipú argumentaba, que por la carencia de fuerza, no se puede “Pretender forzar la situación para que un Estado reconozca que explotó y sustrajo riquezas de otro constituye un desaguisado al cual se apela cuando se está en condiciones de poder llevar el uso de la fuerza a la práctica” (Balmelli, Mateo. 2011. Itaipú una reflexión ético-política sobre el poder. p.192).

De acuerdo con esta teoría, condenado Itaipú al statu quo, seguirá sin respuestas el Estatuto paritario de 1995 y la lista de seis puntos reclamados, en septiembre de 2008, en la mesa negociadora. Concomitantemente, a causa de nuestra limitada capacidad disuasiva, nos estaría vedado el reclamo del holocausto ocasionado al pueblo paraguayo por la Triple Alianza y la memoria histórica, obrante en el Archivo Nacional, permanecerá secuestrada en Río de Janeiro. En la misma línea de pensamiento, el holocausto del pueblo armenio por el Gobierno turco seguiría impune y Palestina no habría podido obtener, ni reafirmar su nueva condición que le otorgó la Asamblea General de la ONU, que reconoció a la Autoridad Nacional Palestina como Estado observador de la organización.

Por otro lado, el abogado Eduardo De Gásperi plantea como alternativa válida para la política internacional del Paraguay, la anulación del Tratado de Itaipú por entender como “…una desviación de la buena fe del objeto y fin del Tratado…” a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que establece en su Artículo 31, como regla general de interpretación, que “Un Tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del Tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y su fin”.

Mediante algunos maquillajes concedidos en el acuerdo, desde el 1 de noviembre de 1973 (N.R. 18/73) los servicios de seguridad quedaban sometidos a las respectivas soberanías nacionales y desde 1986 (N.R. 4/86) el Estado brasileño, en vez de Itaipú, se encargó la compensación por la cesión de energía. En el mismo año (N.R. 1/86), Debernardi ascendió a director general paraguayo y los otros directores, todos con voz y con voto. No obstante, las direcciones Técnica y Financiera del directorio ejecutivo, que gobiernan Itaipú, seguía en manos de funcionarios brasileños.

El impacto de esta asimetría en el Tratado de Itaipú de 1973, que desarrolló al Brasil y postergó al Paraguay, continúa hoy día con sus perniciosos efectos. Ningún programa que contemple el uso de la hidroelectricidad podrá prosperar hasta tanto no se recupere la soberanía energética del Paraguay tan vilmente entregada en 1973.

Conviene recordar a las autoridades que están promoviendo las instalaciones en Paraguay de la electrointensiva Rio Tinto Alcan, con sede en Montreal, que en el Anexo C, Condiciones de Abastecimiento, parágrafo II.2, se advierte que “Cada entidad en el ejercicio de su derecho a la utilización de la potencia instalada, contratará con la ITAIPÚ, por periodos de veinte años (periodos de diez años desde la N. R. 1/74), fracciones de la potencia instalada en la central eléctrica, en función de un cronograma de utilización que abarcará ese lapso e indicará, para cada año, la potencia a ser utilizada”. Un verdadero corsé técnico que preserva al socio condómino contra las improvisaciones de utilización de más energía paraguaya de Itaipú por la ANDE.

No obstante, lo que queda en claro es que la sustracción por el Brasil de la riqueza industrial más importante del Paraguay, que afecta profundamente a su población más carenciada, sigue vigente.

El hecho, solo comparable con la rapiña sufrida como corolario de la Guerra Guazú (1864-1870), amerita un enfoque más realista, no entreguista, en las relaciones bilaterales con el vecino país.

Seguro

El Tratado de Itaipú fue solo un medio con el que Stroessner logró su seguro con Itamaraty, que lo protegió hasta su muerte (A. Palazón)

Fuerza

Por la carencia de fuerza no se puede “Pretender forzar la situación para que un Estado reconozca que explotó ... a otro”.

¿Teoría?

Según esa teoría, seguiremos sin respuestas sobre el Estatuto paritario de 1995 y la lista de seis puntos reclamados.

juanantoniopozzo@gmail.com

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Los peligros de los actos secretos

Por General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno (*). Artículo publicado en Abc Color el domingo 6 de enero de 2013.

El Tratado de Itaipú del 26 de abril de 1973, aprobado por el Congreso Nacional el 17 de julio del mismo año, sigue siendo cuestionado duramente por la opinión pública. El acuerdo, negociado en secreto, fue celebrado entre los presidentes de Paraguay y Brasil, generales de ejército Alfredo Stroessner Matiauda y Emilio Garrastazú Médici y sus plenipotenciarios, doctor Raúl Sapena Pastor y embajador Mario Gibson Barboza.

Vista aérea del complejo hidroeléctrico Itaipú. Vertedero, presa principal, casa de máquinas, etc. / ABC Color

Cabe recordar que mediante el Tratado de Itaipú se formalizó la entrega gratuita al Brasil de la totalidad del excedente energético y el control de la seguridad de áreas territoriales bajo soberanía nacional. Y como si fuera poco, la Nota Reversal Nº 1 del 26 de abril de 1973, dejó a cargo del vecino país la Dirección General y las Direcciones Técnica y Financiera. Sapena Pastor, al referirse al peso desequilibrante que otorgaba el dominio de la Dirección General, expresó que “…lo hemos hecho deliberadamente, la primera diferencia que no es igualdad” (Editorial ABC Color del 30 de mayo de 1973). Estos descalabros asimétricos, que sabotean la cogestión paritaria, fueron morigerados a partir del 1 de noviembre de 1973, cuando cada parte se encargó de custodiar su propia margen.

Y desde 1986, el Estado brasileño en vez de Itaipú, se comprometió a abonar la ínfima tarifa por la cesión de energía. Como dato llamativo, en el mismo año, después de trece años de adjuntazgo con voz pero sin voto, el director adjunto Debernardi ascendió a director general. Sin embargo, estos maquillajes no alcanzaron hasta hoy día a las poderosas Direcciones Técnica y Financiera, responsables de regular la soberanía energética del Paraguay. Aparte de destacar la propaganda oficial que el Paraguay solo aportaba el agua, abundaron otros argumentos oficialistas a través de sus principales exponentes para tratar de convencer a los incautos sobre la excelencia del acuerdo de Brasilia de 1973. Algunos de ellos, todos opuestos a los intereses de la nación son:

1) Enzo Debernardi en “Apuntes para la historia política de Itaipú” justificaba la cesión obligatoria del excedente energético al Brasil a la falta de interés de la Argentina u otro vecino en adquirirlo. También consideraba como razonable la irrisoria tarifa a ser abonada por Itaipú como compensación, en vez del precio justo acordado en Foz de Yguazú, porque según afirmaba, el socio no tendría inconvenientes en generar de fuentes propias la electricidad demandada por su mercado.

- La verdad es que Brasil no disponía, ni dispone hasta ahora, otra generadora del porte de Itaipú que impulsó y sigue sosteniendo su desarrollo. No obstante estar prohibido, contrariando los pronósticos de Debernardi, los brasileños intercambian en el convertidor Garabí energía de Itaipú con los argentinos sin participación paraguaya. En Garabí, sobre el río Uruguay, entre Corrientes y Río Grande del Sur, se convierte de un ciclo a otro la energía de Itaipú y de Yacyretá.

2) Carlos Augusto Saldívar, principal negociador del Tratado con Raúl Sapena Pastor, Enzo Debernardi, Alberto Nogués y Ezequiel González Alsina, en parte de su pintoresca exposición a fines de mayo de 1973 en el Senado para aconsejar la aprobación y ratificación del Tratado, refiriéndose al Artículo XIII, que reemplazó el “derecho de preferencia” por el “derecho de adquisición”, que entregaba obligatoriamente al Brasil el excedente paraguayo expresó: “El Artículo XIII reproduce el Acta Final firmada en Foz de Yguazú; consagra nuevamente como el Acta Final, la división en partes iguales entre los dos países de la energía producida por el aprovechamiento. Aquí se consagra –repito– un instrumento que en su momento fue objeto de dudas y ataque” (Aguas que valen oro. ENRÍQUEZ, p. 117).

- Se fue por las ramas. En ningún momento de su extensa exposición explicó por qué desapareció el “derecho de preferencia” y el “justo precio” acordado en el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966.

Sin embargo, según el expositor, la soberanía de la República estaba a salvo: “En los documentos en estudio, Señor Presidente, hemos visto, que los factores de la seguridad nacional están a cubierto y los objetivos nacionales permanentes de la Nación paraguaya –que deben ser cumplidos siempre– aparecen en toda la letra y el espíritu del Tratado. Por eso la Comisión ha basado el punto primero de su dictamen en esta fórmula axiomática para nosotros los mayoritarios, que dice la integridad territorial y la soberanía de la República están a salvo en todo momento” (ENRÍQUEZ, p. 90).

- Un discurso que encubría lo esencial. Siempre se guardó, en su perorata, de mencionar la inconstitucional autorización a la seguridad brasileña para intervenir en la margen derecha.

Al referirse Saldívar al parágrafo 3º del Artículo XV del Tratado, recitó triunfalmente: “La ITAIPÚ incluirá, además, en su costo de servicio, el monto necesario para compensar a la Alta Parte Contratante que cede energía a la otra”. “…Por eso se llama ‘compensación’. No es compensación por vender un derecho o ceder un derecho. ¡En absoluto se cede ese derecho, Señor Presidente! ¡Porque el derecho es firme!, ¡el derecho inalterable! Lo que se cede es la energía: ¿y por qué cedemos energía? ¡Porque es nuestra! Primero tiene que ser nuestra en virtud del derecho y esa energía que nos pertenece en virtud de nuestro derecho, la cederemos, en cuanto así convenga a nuestros intereses” (ENRÍQUEZ, p.151).

- En ningún momento se refirió al “justo precio” por la energía excedente acordado en el Acta Final de Foz de Yguazú que desapareció por completo. Por la “cesión” solo se fijó una cifra ínfima como compensación que, para más, fue incluida en el costo de servicio de electricidad de la entidad binacional. Itaipú debía pagar la compensación y el Paraguay como “la otra Alta Parte contratante” estaba obligado autocompensarse.

No en balde ABC Color, en su editorial del 30 de diciembre de 2012, preocupado por los pactos pocos transparentes, temeroso de que se repitan las tristes experiencias de Itaipú y de Yacyretá con la cuestionada empresa canadiense con base en Montreal, Rio Tinto Alcan, advierte a la opinión pública que: “…el oculto Itamaraty, utilizando el mismo sigiloso sistema en complicidad con los funcionarios superiores y el mismo presidente Federico Franco, nuevamente pretende burlar al pueblo paraguayo con el manejo secreto de las negociaciones con esta empresa que intenta instalarse en el Paraguay como ave de rapiña, para secuestrarle a precio miserable la mayor riqueza natural existente hoy en el planeta como lo es la energía hidroeléctrica”.

Entrega

Cabe recordar que mediante el Tratado de Itaipú se formalizó la entrega gratuita al Brasil de la totalidad de nuestro excedente

(*) Autor de los libros Itaipú una apropiación indebida e Itaipú una victoria bien brasileña.

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