Poder de disuasión, una indispensable condición

Por General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno

Publicado en el Suplemento Económico de ABC Color el 27 de enero de 2013

 

En los negocios entre Estados se presume la igualdad jurídica entre las partes, no obstante, la capacidad disuasiva es una condición indispensable para mantener el equilibrio de las discusiones. Mientras el cuerpo diplomático transita el andarivel jurídico, conforme al derecho internacional público y a los propios intereses estatales, las fuerzas de disuasión, sujetas al poder civil, precautelan el Estado de derecho. Es la ecuación perfecta de la defensa nacional.

/ ABC Color

El Tratado de Itaipú de 1973, que impide la libre disponibilidad de la hidroelectricidad paraguaya y somete al arbitrio del socio condómino el manejo discrecional de la entidad binacional, con grave afectación al ejercicio pleno de su soberanía, a la cogestión paritaria y a la defensa nacional, es la muestra de la insolvencia estatal para acordar un contrato justo.

Otras muestras de esta debilidad están registradas en los tratados de límites de 1872 y de 1876, que adjudicaron al Imperio brasileño y al Gobierno de Buenos Aires más de 150.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional.

El hecho fue repetido con la invasión brasileña del año 1965, para adjudicarse el Salto del Guairá, en suelo patrio. Sin la oportuna intervención del presidente Lyndon B. Johnson de los Estados Unidos de América y su canciller Dean Rusk, el retiro de la tropa de ocupación y el equitativo acuerdo de Foz de Yguazú, que distribuía a cada parte la mitad de la producción de la futura usina y un precio justo por la energía no utilizada, no hubiese sido posible. No obstante, siete años después, el Tratado de Itaipú, redactado con la complicidad de los negociadores de régimen oficialista, se alteró el objeto y el fin el Acta Final de Foz de Yguazú del 22 de junio de 1966 en perjuicio del pueblo paraguayo.

Es importante señalar que “En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce, a lo dispuesto en esta Constitución” (Art. 2 CN) y la misión de las Fuerzas Armadas de la Nación es la de “…custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas…” (Art.173 CN).

Desvanecimiento
Lamentablemente, la última fuerza militar operativa en defensa de la integridad territorial del Paraguay se desvaneció después de la victoriosa guerra en el Chaco boreal.

Posteriormente las Fuerzas Armadas quedaron atrapadas en conflictos provenientes de la política interna, sin capacidad para enfrentar con éxito las amenazas externas. La defensa nacional, ignorada por la clase política dirigente y en contravención con prescripciones doctrinarias de uso universal, quedó estrechamente vinculada a la seguridad interna para la protección de regímenes autoritarios.

La distorsión no se hizo esperar y las filas militares quedaron inficionadas por los que privilegiaron la militancia partidaria a los altos intereses de la nación. Fueron apareciendo los leales, casi comisarios políticos, en los distintos niveles de la conducción para “orientar” a los mandos el rumbo a seguir para no equivocar el camino. Los ejemplos son numerosos y sus efectos fueron desastrosos en la disciplina y la institucionalidad. La afiliación al partido político en el poder era parte de la exigencia para formar parte de los cuadros de oficiales.

Una justificada preocupación de los altos mandos para corregir esta anomalía proviene de la época en que entró a regir la Constitución Nacional de 1992.

Recientemente, a mediados de 2012, un plan decenal de defensa económicamente moderado, para una razonable condición operativa y disuasiva, estudiado con cuidado por el Estado Mayor Conjunto para adquirir suministros indispensables de entrenamiento y de reposición de materiales fuera de servicio, fue tajantemente rechazado. Alguna que otra publicidad negativa, carcinoma de los gobiernos populistas y prioridades a exageradas partidas presupuestarias electoralistas, sin solución de continuidad, pudieron más que las razones de Estado.

Abortado antes de nacer
Así, antes de nacer fue abortado el bien intencionado propósito, que caracteriza un hito, de una genuina defensa nacional al servicio de la existencia del Estado, un deber y obligación de todos los paraguayos.
Lamentablemente, la defensa nacional sigue sin eco en una clase política que prefiere financiar, mediante el tesoro público, a partidos políticos y a miles de sus operadores anclados en justicia electoral antes que actualizar, tan siquiera una parte, el obsoleto material necesario para un apropiado entrenamiento de las fuerzas singulares y sus respectivas reservas. Para colmo, los gobiernos de la transición ejercidos por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, violando la constitución Nacional, propiciaron el desmantelamiento de dichas reservas a causa de certificaciones, por razones siempre proselitistas, a presuntos objetores conciencia.

Sin el fortalecimiento, aunque gradual, de una condición disuasiva se seguirá repitiendo la historia en otros escenarios tales como el Mercosur, el Unasur y últimamente en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

La dignidad del estoico pueblo paraguayo requiere de mucho más patriotismo. No las meras declamaciones populistas de sus fortuitos y ocasionales dirigentes que en sus discursos proselitistas no abordan que actitud asumirán para ratificar el mandato del pueblo, registrado en el preámbulo de la Constitución Nacional, con respecto a “…la soberanía e independencia nacionales, e integrado a la comunidad internacional…”.



Muestra
Otras muestras de esta debilidad están registradas en los tratados de límites de 1872 y de 1876, que adjudicaron territorio.

Defensa
Lamentablemente, la defensa nacional sigue sin eco en una clase política que prefiere financiar a partidos y a miles de operadores.

Fuerza
La última fuerza militar operativa en defensa de la integridad territorial del Paraguay se desvaneció después de la Guerra en el Chaco.

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