28 de Diciembre de 2014
Itaipú: una historia poco conocida
La historia de Itaipú está íntimamente ligada con la guerra que devastó al Paraguay entre los años 1864 y 1870.
El conflicto armado, que los coaligados pretenden atribuir a Inglaterra, ya estaba planificado en el acuerdo del 14 de diciembre de 1857 rotulado: “Protocolo de entendimiento para la guerra contra el Paraguay. Argentina y Brasil”.
El documento, rescatado de la biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, está rubricado por Santiago Derqui y Bernabé López de la Confederación Argentina y por José María da Silva Paranhos del Imperio del Brasil. El coronamiento final se suscribió años después en el Tratado Secreto de la Triple Alianza del 1 de mayo de 1865.
Cumplido con el objetivo, en marzo de 1870, la alianza obligó a reconocer al destruido Paraguay no solo los fraudulentos tratados de límites de 1872 y de 1876 con Brasil y Argentina, sino también las costas de la guerra. (Condonada en 1883, Uruguay; 1942, Argentina; 1943, Brasil).
En ambos instrumentos diplomáticos se formalizó el robo de unos 156.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional (KALLSEN Osvaldo. Historia del Paraguay Contemporáneo 1869 – 1983. Ed. Modelo SA, 1983). Una superficie un poco menor que el de Uruguay pero mayor que Grecia.
Las nuevas demarcaciones fronterizas reflejaban las históricas aspiraciones de argentinos y brasileños de incorporar a sus patrimonios vastas extensiones territoriales del Paraguay.
Sin embargo, en esta repartija el Salto del Guairá, ubicado en territorio paraguayo, no fue puesto en entredicho. El Tratado Loizaga-Cotegipe de 1872 que fijó los límites de la Región Oriental con Brasil en ningún momento lo puso en discusión.
Más tarde, en 1927, el Tratado Ibarra-Mangabeira ratificó como límite de la Región Occidental el río Paraguay, desde el río Apa hasta la Bahía Negra. Como consecuencia de dicho Tratado, presionado por Brasil, en 1930 se firmó el Protocolo Moreno-Mangabeira para volver a demarcar la frontera ya pactada en 1872.
- Redemarcando la frontera
Los nuevos trabajos de la Comisión de Límites, iniciados en 1934, dejaron en claro que las altas cumbres del Mbaracayú coincidían con el ramal norte de la serranía que toca el río Paraná cerca de la primera caída de las cataratas, corroborando que el Salto del Guairá estaba en dominio paraguayo. Según el doctor Efraín Cardozo, “… fue en esta ocasión que el Brasil, por primera vez, articuló pretensiones sobre la totalidad de los Saltos, exhibiendo un mapa que carece de todo valor jurídico para modificar el Tratado”. Obsesionaba a los técnicos el potencial hidroeléctrico de las cataratas del Salto por lo que recomendaron su explotación, instalando de paso la controversia sobre su posesión como solución viable a la demanda energética brasileña.
Recién en 1962, por publicaciones del “Jornal do Brasil”, el Gobierno paraguayo pudo percatarse de las veladas intenciones brasileñas de aprovechar unilateralmente el accidente natural sobre cuya posesión aun no se expedía la Comisión de Límites.
- Protestas a João Goulart
Las protestas diplomáticas no se hicieron esperar y el presidente João Goulart aseguró al Gobierno nacional que “ni una sola estaca se pondría para estas obras sin acuerdo pleno con el Paraguay”. Fiel a su promesa, el Mandatario brasileño acordó con el presidente paraguayo, en enero de 1964, en la hidroeléctrica “Tres Marías”, Minas Gerais, el aprovechamiento conjunto del potencial hidroeléctrico de las cataratas del Salto del Guairá.
Sin embargo, la incómoda tendencia progresista de Goulart –inaceptable en la región desde la instalación en Cuba en 1962 de los misiles nucleares soviéticos– provocó un golpe militar que lo destituyó en marzo de 1964. El prepotente gobierno de facto brasileño, haciendo tabla raza del compromiso de Minas Gerais, invadió en junio de 1965 con cuatro batallones Puerto Renato para apropiarse del Salto y poner en marcha su proyecto. Por paradójico que parezca, por entonces ya se conocía que el aprovechamiento hidroeléctrico no era posible sin abarcar todo el tramo del río Paraná hasta el punto en que desemboca el río Yguazú.
–Intervención americana
La oportuna intervención del presidente Lyndon B. Johnson de los Estados Unidos, mediante su canciller Dean Rusk de breve visita al Paraguay, buscó conciliar los intereses. Apelando a la figura del condominio sobre el Salto, los cancilleres Juracy Magalhaes y Raúl Sapena Pastor pudieron convenir el 22 de junio de 1966 el Acta Final de Foz de Yguazú para la explotación hidroeléctrica conjunta.
La energía eléctrica eventualmente “…producida por los desniveles del río Paraná, desde e inclusive el Salto del Guairá o Salto Grande de las Siete Caídas hasta la boca del río Yguazú…” sería dividida en partes iguales entre los dos países.
Sin embargo, el aprovechamiento igualitario de los recursos hidráulicos del río Paraná, suscrito en el Acta Final de 1966, fue infielmente modificado en el Tratado de Itaipú de 1973.
Sin apelar a los batallones de ocupación, por la vía diplomática y la confabulación de los negociadores paraguayos, dóciles al general Stroessner, Brasil se aseguró la totalidad de la producción energética, excepto una ínfima porción testimonial para Paraguay.
- Energía gratis para la Eletrobrás
Aunque el Tratado reconocía a cada parte el derecho de adquisición de la energía, la Eletrobrás – en vez de la ANDE– se adjudicó para sí la energía paraguaya no utilizada, pero cargando con las cuentas de la compensación por la cesión de energía a Itaipú. (Desde 1986, paga el Tesoro brasileño).
Con esta hábil operación desapareció el derecho de preferencia y el precio justo por la energía excedente convenido en 1966 en el Acta de Foz de Yguazú.
Para completar el latrocinio, toda la infraestructura técnica de la subestación seccionadora de la margen izquierda, en Foz de Yguazú, fue acondicionada para que la electricidad generada en la usina sea aprovechada exclusivamente por el Brasil. La ANDE, sin posibilidad de comercializar su excedente y sin infraestructura de seccionamiento, apenas se le permitió construir una precaria red para satisfacer una mínima parte de la demanda nacional.
Hasta hoy día, los directores ejecutivos técnico y financiero, esenciales miembros de la Dirección Ejecutiva, siguen controlando Itaipú. Funcionarios paraguayos a cargo de otras direcciones accesorias completan la organización para darle visos de formalidad.
- Deuda sobredimensionada
El pago a la Eletrobrás de una deuda fraudulenta, que según Jeffrey Sachs y la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos ya fue suficientemente honrada, es un tema prioritario en Itaipú que ahora, insólitamente, requiere de bonos para actualizar su funcionamiento.
- Con la soga al cuello
La ratificación a tambor batiente del nefasto acuerdo en julio de 1973 puso la soga al cuello a la república. Lo que no consiguió arrodillar en un lustro la Triple Alianza y la Legión Paraguaya, se concretó en menos de tres meses por la mayoría oficialista del Congreso Nacional.
Pero aún faltaba más, para asegurar la cesión de la soberanía energética, era menester un blindaje jurídico, hoy actualizado por la nueva gerencia con el pedido de inconstitucionalidad de la Ley 5189, de fecha 20 de mayo de 2014, que “establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”.
Caído el régimen entreguista, los sucesivos gobiernos también entreguistas, validos de juristas paraguayos, consiguieron la inconstitucionalidad de las leyes que obligaban a los funcionarios de las binacionales a informar y enviar documentación al Congreso y la Contraloría a través de la ANDE. Así quedó completo el combo que aseguraba el aprovechamiento exclusivo de Itaipú por el socio condómino.
La prensa con importantes auspicios binacionales, en sintonía con la tesis del extinto magnate de la comunicación Roberto Marinho, conseguía más beneficios de lo que no decía que por lo que decía de las hidroeléctricas. Excepto ABC Color que advertía, desde 1973, el desastre que significaba el Tratado de Itaipú para los intereses del Paraguay.
Conocida esta otra parte de la historia, que caracteriza un nuevo perfil de legionarios, vale la pena preguntar si hoy día se está haciendo lo suficiente para superar este mal negocio orquestado en Itaipú. (Los históricos conservadores al servicio del oficialismo, proponen Itaipú como desarrollo).
A propósito, conocedores desde adentro de las binacionales advierten que:
“El apoderamiento de la plaza en la empresa por parte de la margen izquierda obedece a una lógica de comportamiento, terreno cedido por los nuestros es área ocupada por la contraparte, en los últimos tiempos este esquema fue perfeccionado mediante la conformación de componentes nacionales que reciben directa orientación del otro lado del río” (Suplemento Económico ABC Color, 31 de marzo 2013). Esto, tal con se ve, sigue invariable.
juanantoniopozzo@ gmail.com
El documento, rescatado de la biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, está rubricado por Santiago Derqui y Bernabé López de la Confederación Argentina y por José María da Silva Paranhos del Imperio del Brasil. El coronamiento final se suscribió años después en el Tratado Secreto de la Triple Alianza del 1 de mayo de 1865.
Cumplido con el objetivo, en marzo de 1870, la alianza obligó a reconocer al destruido Paraguay no solo los fraudulentos tratados de límites de 1872 y de 1876 con Brasil y Argentina, sino también las costas de la guerra. (Condonada en 1883, Uruguay; 1942, Argentina; 1943, Brasil).
En ambos instrumentos diplomáticos se formalizó el robo de unos 156.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional (KALLSEN Osvaldo. Historia del Paraguay Contemporáneo 1869 – 1983. Ed. Modelo SA, 1983). Una superficie un poco menor que el de Uruguay pero mayor que Grecia.
Las nuevas demarcaciones fronterizas reflejaban las históricas aspiraciones de argentinos y brasileños de incorporar a sus patrimonios vastas extensiones territoriales del Paraguay.
Sin embargo, en esta repartija el Salto del Guairá, ubicado en territorio paraguayo, no fue puesto en entredicho. El Tratado Loizaga-Cotegipe de 1872 que fijó los límites de la Región Oriental con Brasil en ningún momento lo puso en discusión.
Más tarde, en 1927, el Tratado Ibarra-Mangabeira ratificó como límite de la Región Occidental el río Paraguay, desde el río Apa hasta la Bahía Negra. Como consecuencia de dicho Tratado, presionado por Brasil, en 1930 se firmó el Protocolo Moreno-Mangabeira para volver a demarcar la frontera ya pactada en 1872.
- Redemarcando la frontera
Los nuevos trabajos de la Comisión de Límites, iniciados en 1934, dejaron en claro que las altas cumbres del Mbaracayú coincidían con el ramal norte de la serranía que toca el río Paraná cerca de la primera caída de las cataratas, corroborando que el Salto del Guairá estaba en dominio paraguayo. Según el doctor Efraín Cardozo, “… fue en esta ocasión que el Brasil, por primera vez, articuló pretensiones sobre la totalidad de los Saltos, exhibiendo un mapa que carece de todo valor jurídico para modificar el Tratado”. Obsesionaba a los técnicos el potencial hidroeléctrico de las cataratas del Salto por lo que recomendaron su explotación, instalando de paso la controversia sobre su posesión como solución viable a la demanda energética brasileña.
Recién en 1962, por publicaciones del “Jornal do Brasil”, el Gobierno paraguayo pudo percatarse de las veladas intenciones brasileñas de aprovechar unilateralmente el accidente natural sobre cuya posesión aun no se expedía la Comisión de Límites.
- Protestas a João Goulart
Las protestas diplomáticas no se hicieron esperar y el presidente João Goulart aseguró al Gobierno nacional que “ni una sola estaca se pondría para estas obras sin acuerdo pleno con el Paraguay”. Fiel a su promesa, el Mandatario brasileño acordó con el presidente paraguayo, en enero de 1964, en la hidroeléctrica “Tres Marías”, Minas Gerais, el aprovechamiento conjunto del potencial hidroeléctrico de las cataratas del Salto del Guairá.
Sin embargo, la incómoda tendencia progresista de Goulart –inaceptable en la región desde la instalación en Cuba en 1962 de los misiles nucleares soviéticos– provocó un golpe militar que lo destituyó en marzo de 1964. El prepotente gobierno de facto brasileño, haciendo tabla raza del compromiso de Minas Gerais, invadió en junio de 1965 con cuatro batallones Puerto Renato para apropiarse del Salto y poner en marcha su proyecto. Por paradójico que parezca, por entonces ya se conocía que el aprovechamiento hidroeléctrico no era posible sin abarcar todo el tramo del río Paraná hasta el punto en que desemboca el río Yguazú.
–Intervención americana
La oportuna intervención del presidente Lyndon B. Johnson de los Estados Unidos, mediante su canciller Dean Rusk de breve visita al Paraguay, buscó conciliar los intereses. Apelando a la figura del condominio sobre el Salto, los cancilleres Juracy Magalhaes y Raúl Sapena Pastor pudieron convenir el 22 de junio de 1966 el Acta Final de Foz de Yguazú para la explotación hidroeléctrica conjunta.
La energía eléctrica eventualmente “…producida por los desniveles del río Paraná, desde e inclusive el Salto del Guairá o Salto Grande de las Siete Caídas hasta la boca del río Yguazú…” sería dividida en partes iguales entre los dos países.
Sin embargo, el aprovechamiento igualitario de los recursos hidráulicos del río Paraná, suscrito en el Acta Final de 1966, fue infielmente modificado en el Tratado de Itaipú de 1973.
Sin apelar a los batallones de ocupación, por la vía diplomática y la confabulación de los negociadores paraguayos, dóciles al general Stroessner, Brasil se aseguró la totalidad de la producción energética, excepto una ínfima porción testimonial para Paraguay.
- Energía gratis para la Eletrobrás
Aunque el Tratado reconocía a cada parte el derecho de adquisición de la energía, la Eletrobrás – en vez de la ANDE– se adjudicó para sí la energía paraguaya no utilizada, pero cargando con las cuentas de la compensación por la cesión de energía a Itaipú. (Desde 1986, paga el Tesoro brasileño).
Con esta hábil operación desapareció el derecho de preferencia y el precio justo por la energía excedente convenido en 1966 en el Acta de Foz de Yguazú.
Para completar el latrocinio, toda la infraestructura técnica de la subestación seccionadora de la margen izquierda, en Foz de Yguazú, fue acondicionada para que la electricidad generada en la usina sea aprovechada exclusivamente por el Brasil. La ANDE, sin posibilidad de comercializar su excedente y sin infraestructura de seccionamiento, apenas se le permitió construir una precaria red para satisfacer una mínima parte de la demanda nacional.
Hasta hoy día, los directores ejecutivos técnico y financiero, esenciales miembros de la Dirección Ejecutiva, siguen controlando Itaipú. Funcionarios paraguayos a cargo de otras direcciones accesorias completan la organización para darle visos de formalidad.
- Deuda sobredimensionada
El pago a la Eletrobrás de una deuda fraudulenta, que según Jeffrey Sachs y la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos ya fue suficientemente honrada, es un tema prioritario en Itaipú que ahora, insólitamente, requiere de bonos para actualizar su funcionamiento.
- Con la soga al cuello
La ratificación a tambor batiente del nefasto acuerdo en julio de 1973 puso la soga al cuello a la república. Lo que no consiguió arrodillar en un lustro la Triple Alianza y la Legión Paraguaya, se concretó en menos de tres meses por la mayoría oficialista del Congreso Nacional.
Pero aún faltaba más, para asegurar la cesión de la soberanía energética, era menester un blindaje jurídico, hoy actualizado por la nueva gerencia con el pedido de inconstitucionalidad de la Ley 5189, de fecha 20 de mayo de 2014, que “establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”.
Caído el régimen entreguista, los sucesivos gobiernos también entreguistas, validos de juristas paraguayos, consiguieron la inconstitucionalidad de las leyes que obligaban a los funcionarios de las binacionales a informar y enviar documentación al Congreso y la Contraloría a través de la ANDE. Así quedó completo el combo que aseguraba el aprovechamiento exclusivo de Itaipú por el socio condómino.
La prensa con importantes auspicios binacionales, en sintonía con la tesis del extinto magnate de la comunicación Roberto Marinho, conseguía más beneficios de lo que no decía que por lo que decía de las hidroeléctricas. Excepto ABC Color que advertía, desde 1973, el desastre que significaba el Tratado de Itaipú para los intereses del Paraguay.
Conocida esta otra parte de la historia, que caracteriza un nuevo perfil de legionarios, vale la pena preguntar si hoy día se está haciendo lo suficiente para superar este mal negocio orquestado en Itaipú. (Los históricos conservadores al servicio del oficialismo, proponen Itaipú como desarrollo).
A propósito, conocedores desde adentro de las binacionales advierten que:
“El apoderamiento de la plaza en la empresa por parte de la margen izquierda obedece a una lógica de comportamiento, terreno cedido por los nuestros es área ocupada por la contraparte, en los últimos tiempos este esquema fue perfeccionado mediante la conformación de componentes nacionales que reciben directa orientación del otro lado del río” (Suplemento Económico ABC Color, 31 de marzo 2013). Esto, tal con se ve, sigue invariable.
juanantoniopozzo@ gmail.com
