19 de Abril de 2015
La CGR y el TCU en ItaipúPetrobras y el efecto dominó
En la edición del 13 de abril de 2015 ABC Color publicaba que miles de brasileños vuelven a exigir la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff. Añadía que brasileños indignados por el megaescándalo de corrupción en Petrobras marcharon nuevamente ayer en São Paulo, Brasilia y en decenas de otras ciudades contra el gobierno de Rousseff. La mayoría multitudinaria, como en el mes anterior, pide la renuncia o juicio político de la Mandataria, también líder del Partido de los Trabajadores (PT).
Muchos manifestantes de todo el país vistieron la camiseta amarilla y verde de la selección brasileña y reclamaron el “impeachment” a la presidenta Rousseff, que comenzó su segundo mandato hace poco más de tres meses.
Un sondeo de Datafolha mostró el sábado que el 63% de los más de 2.800 consultados estaba a favor de abrir un juicio político contra la Presidenta por el caso Petrobras, aunque también una mayoría (64%) cree que, aún en ese caso, la Presidenta tampoco sería apartada de su cargo.
No obstante, los expertos jurídicos aseguran que no hay elementos que permitan la destitución de Rousseff y ningún partido político de peso está impulsando esa vía.
Unos días antes, el pasado 10 de abril de 2015, ABC Color informaba que, en una intervención en el Legislativo el diputado brasileño Luiz Carlos Hauly (PSDB), autor de la Ley de Transparencia en las Cuentas Públicas sancionada en 1998, se mostró a favor de una mayor transparencia en la Itaipú Binacional.
Recordó que desde su creación, la entidad binacional nunca tuvo la supervisión externa, tanto en Paraguay como en Brasil.
Decía que “… en junio de 2001 presentamos el proyecto de Ley Nº 4859 de aquel año, atribuyendo al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) la competencia para fiscalizar el cálculo, la distribución y aplicación de los recursos provenientes de los royalties por la utilización de recursos hídricos de Itaipú y del petróleo y gas, retirando la omnipotencia que tenía la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL)”.
Hauly destacó igualmente que la decisión del TCU de fiscalizar las cuentas de la Itaipú Binacional, especialmente la participación del Consejo de Administración en el flujo de información con los miembros de la Eletrobrás, obedecía a que el tesorero nacional del Partido de los Trabajadores (PT) João Vaccari Neto, procesado por la fiscalía de su país, fue por casi 11 años consejero de Itaipú.
La disposición del TCU fue tomada luego de que el diputado Luiz Carlos Hauly presentara en diciembre pasado un amparo jurídico solicitando esa investigación debido a las sospechas de corrupción.
El consejero y extesorero del PT Vaccari Neto fue relevado de su cargo de consejero de Itaipú por Dilma Rousseff en enero de este año, luego de haber sido acusado por el escándalo de Petrobras.
El mes pasado, destacaba ABC Color en su edición del 27 de marzo de 2015, el Gobierno brasileño acuciado por el escándalo desatado en la empresa estatal Petrobras se enfrenta ahora a otro foco de preocupación. Por primera vez desde 1982, cuando fue creado, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) decidió abrir una fiscalización sobre las cuentas de la Itaipú Binacional.
Según informa el diario Folha de São Paulo, la mira está puesta sobre la composición del Consejo de Administración de la binacional, en donde van a investigar el flujo de información entre los miembros del consejo y la Eletrobrás.
Los detalles de los gastos y la gestión de la central hidroeléctrica constituyen una “caja negra” para el TCU, decía el diario. El control de la entidad por más de 12 años es un bastión del partido de gobierno, el PT. El director general brasileño de la entidad es Jorge Samek, un ex diputado federal electo por el PT en 2002 y amigo del ex presidente Lula Da Silva.
João Vaccari Neto, quien se encuentra procesado por la fiscalía, está acusado e investigado de haber recibido unos US$ 200 millones para su partido en concepto de sobornos de varias empresas asociadas a la estatal Petrobras, producto de más de 90 contratos suscriptos entre 2003 y 2013 con el Estado.
Años atrás en Paraguay, el 26 de diciembre de 1997, los ministros de la Corte Suprema de Justicia ya hicieron lugar a una medida de urgencia solicitada por los abogados de Yacyretá, Itaipú y ANDE. Los ministros suspendieron los efectos de la Ley 1161/97 que obligaba a los funcionarios de las binacionales a informar y enviar documentación al Congreso y la Contraloría a través de la ANDE.
De acuerdo con el diario ABC Color, Itaipú fue representado por el abogado Anastacio Acosta Amarilla; Yacyretá por Aníbal Scappini y la ANDE por Marcos Amarilla Lesme. La acción fue patrocinada por los doctores Juan Carlos Mendonca y José Antonio Moreno Ruffinelli.
Los abogados argumentaron que la ley atacada atenta contra el artículo 36 de la Constitución, que consagra la inviolabilidad del patrimonio documental de las personas. Ya en el año 1993 el doctor Moreno Ruffinelli sobre la naturaleza jurídica de Itaipú y los instrumentos de control afirmaba: “Queremos destacar que tanto la ley, anterior a la Constitución, como esta última, en ningún momento se refieren entre las entidades a ser controladas por ella a los entes binacionales, que son de una naturaleza especial, y si cayeran bajo el imperio de los citados artículos, deberían estar citados expresamente…”. Más adelante, refiriéndose a la Comisión (de investigación) de Ilícitos del Congreso Nacional (Ley 137/93), advertía: “Y esta ley no podrá … bajo ningún punto de vista, como ley que es, contradecir el contenido de instrumentos normativos de mayor jerarquía constitucional, como lo son el Tratado de Itaipú y sus anexos … En consecuencia, cualquier interpretación extensiva de la Ley 137/93, que quiera imponer un control unilateral directo por medio de la Comisión de Ilícitos, atentaría contra el orden de prelación establecido en el art. 129 de la Constitución Nacional” (DEBERNARDI, pp. 585 y 586).
Conforme a lo expuesto, solo las auditorías internas y las externas contratadas podrían controlar la binacional.
Rodolfo Giménez Abraham, funcionario de la binacional desde el año 1999, en la página 8 de la obra de su autoría “República de Itaipú, un Estado dentro de dos Estados” destacaba: “Por todo esto, podemos afirmar que el derecho internacional dio a luz en América del Sur un híbrido jurídico con hilacha de principado, con máscara de hipocresía, con un presupuesto de Estado y con un poder de República, la República de Itaipú”.
Más adelante, el 4 de junio de 2011, ABC Color informaba que las Cámaras del Congreso, sus comisiones investigadoras, los parlamentarios a título personal, así como la Contraloría ya no podrían solicitar los informes a las binacionales Itaipú y Yacyretá a través de la ANDE.
En efecto, la Sala Constitucional de la Corte, con los votos de Antonio Fretes, Alicia Pucheta de Correa y Miguel Óscar Bajac, declararon inaplicable la Ley Nº 1161/97 “Que reglamenta las obligaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)”. Los ministros de la Corte sostenían que la Ley 1161 no puede prevalecer por sobre los Tratados de Itaipú y Yacyretá y, por lo tanto, es violatoria del Art. 137 de la Constitución Nacional.
La Fiscalía General, alineándose con la Sala Constitucional, también dictaminó por hacer lugar a la inconstitucionalidad promovida por las binacionales.
Días después, en un furibundo editorial, el 24 de junio de 2011, ABC Color respondió a los magistrados: “¿Habrán sobornado a miembros de la Corte Suprema de Justicia?” al referirse al Acuerdo y Sentencia Nº 280 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 1161/97.
Sin embargo, sin solución de continuidad, siguieron los “blindajes jurídicos” pro binacionales hidroeléctricas.
El 23 de julio de 2014 los directores generales paraguayos de Itaipú y Yacyretá, James Spalding y Juan Schmalko, pidieron la inconstitucionalidad de la Ley 5189 (sigue congelada en la Corte) que obliga a los jefes de instituciones del Estado y directores generales paraguayos de los entes binacionales a publicar la lista de todos sus funcionarios, sus tareas y el monto de sus remuneraciones. Ambos directores aseguran que las entidades binacionales están por encima de las leyes de la República porque se rigen por tratados internacionales, que tienen prelación sobre aquellas.
Este argumento es evidentemente falaz habida cuenta de que las binacionales son propiedades integrales en partes iguales de las Altas Partes Contratantes. Por consiguiente, las administraciones paraguayas de ambas represas son partes del Estado paraguayo y, como tal, sujetas a la irrestricta soberanía nacional. Lo que ocurre es que los países socios aprueban rubros para “gastos sociales” que permiten altos salarios a los funcionarios paraguayos, verdaderos sobornos encubiertos, y por temor a perderlos estos se vuelven prisioneros de la contraparte y les aprueban todas sus pretensiones.
La Contraloría General de la República sostiene que existen fundados argumentos para, con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), auditar las cuentas de Itaipú.
Según publicación de ABC Color del 3 de diciembre de 2010, la Contraloría volvió a ratificar que existen fundamentos jurídicos suficientes para que los entes de control brasileño y paraguayo lleven adelante la auditoría conjunta de las cuentas de la Itaipú.
En una nota de Octavio Airaldi, dirigida al presidente Fernando Lugo, la institución refiere que el análisis jurídico realizado por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) “cierra el círculo de los argumentos que obstaculizaban el control gubernamental externo” de la entidad binacional. La CGR hace referencia al Acuerdo N° 2918, del TCU (Brasil), emitido el 2 de diciembre pasado. El mismo se refiere al “...control de la Itaipú Binacional y resume los hechos que lo motivan, entre ellos, el intercambio de información para la realización de auditorías conjuntas con la Contraloría General de la República del Paraguay”, previo un exhaustivo análisis sobre la jurisdicción y competencia del Tribunal de la Unión.
La nota enviada a finales de febrero de 2010 decía, entre otras cosas, que “La CGR considera que el minucioso estudio y la solidez de los argumentos del mencionado documento, que concuerdan con los esgrimidos por esta institución de forma sostenida desde 2006 a la fecha, permitirán el cumplimiento de la obligación constitucional que ordena el control del patrimonio estatal, a través de las instituciones gubernamentales de ambos países”.
La tesis de la CGR difiere notablemente a la del Dr. José Antonio Moreno Ruffinelli y de los otros abogados patrocinantes de sendas inconstitucionalidades. Una de las conclusiones del organismo de control brasileño expresaba que, si bien la Itaipú no integra la Administración Pública Federal del Brasil, ello no implica que la entidad se encuentre fuera del alcance o de la jurisdicción del TCU. Fundamentaba asimismo que, “en el sistema jurídico brasileño, los tratados y convenciones internacionales están jerárquicamente subordinados a la autoridad normativa de la Constitución de la República”.
El TCU se pronunció también diciendo que “ningún valor jurídico tendrán los tratados internacionales, que incorporados al sistema del derecho positivo interno transgredieren formal o materialmente el texto de la Carta Política”.
La contundente afirmación del TCU derriba la argumentación que impide el control gubernamental externo de Itaipú.
No obstante, amparados en el muro de la binacionalidad, se sigue obstruyendo el control estatal que podrá, entre otros, transparentar la abultada deuda que según los expertos puede disminuir a cero. Transparentado el pasivo, la tarifa del costo del servicio de electricidad –que incluye el pago de las deudas contraídas y sus cargas financieras– será muy inferior a la actual vigente y las multimillonarias cuotas anuales abonadas por los préstamos pasarían a ingresar en el tesoro nacional.
Finalmente, una vez revisadas las cuentas en Itaipú por el TCU –totalmente honradas según la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de la Cancillería nacional y corroboradas por el célebre Jeffrey Sachs, especialmente aquellas contraídas con la Eletrobrás, renegociadas en 1997 en US$ 16.225 millones y que luego de pagarse durante diez años más de US$ 13.000 millones increíblemente aumentaron a más de US$ 19.000 millones– el escándalo de la Petrobras quedará como simple anécdota.
Al revés
En Paraguay los ministros suspendieron la Ley 1161/97 que obligaba a los funcionarios de las binacionales a informar sobre Itaipú.
Auditar
La Contraloría General de la República sostiene que existen fundados argumentos para, con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), auditar las cuentas de Itaipú.
Muro
Amparados por el muro de la binacionalidad siguen obstruyendo el control estatal que podrá transparentar la abultada deuda que puede disminuir a cero.
Petrobras
Si la Contraloría General de la República y su par brasileña (TCU) investigan en Itaipú, el escándalo de la Petrobras quedará como simple anécdota.
Un sondeo de Datafolha mostró el sábado que el 63% de los más de 2.800 consultados estaba a favor de abrir un juicio político contra la Presidenta por el caso Petrobras, aunque también una mayoría (64%) cree que, aún en ese caso, la Presidenta tampoco sería apartada de su cargo.
No obstante, los expertos jurídicos aseguran que no hay elementos que permitan la destitución de Rousseff y ningún partido político de peso está impulsando esa vía.
Unos días antes, el pasado 10 de abril de 2015, ABC Color informaba que, en una intervención en el Legislativo el diputado brasileño Luiz Carlos Hauly (PSDB), autor de la Ley de Transparencia en las Cuentas Públicas sancionada en 1998, se mostró a favor de una mayor transparencia en la Itaipú Binacional.
Recordó que desde su creación, la entidad binacional nunca tuvo la supervisión externa, tanto en Paraguay como en Brasil.
Decía que “… en junio de 2001 presentamos el proyecto de Ley Nº 4859 de aquel año, atribuyendo al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) la competencia para fiscalizar el cálculo, la distribución y aplicación de los recursos provenientes de los royalties por la utilización de recursos hídricos de Itaipú y del petróleo y gas, retirando la omnipotencia que tenía la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL)”.
Hauly destacó igualmente que la decisión del TCU de fiscalizar las cuentas de la Itaipú Binacional, especialmente la participación del Consejo de Administración en el flujo de información con los miembros de la Eletrobrás, obedecía a que el tesorero nacional del Partido de los Trabajadores (PT) João Vaccari Neto, procesado por la fiscalía de su país, fue por casi 11 años consejero de Itaipú.
La disposición del TCU fue tomada luego de que el diputado Luiz Carlos Hauly presentara en diciembre pasado un amparo jurídico solicitando esa investigación debido a las sospechas de corrupción.
El consejero y extesorero del PT Vaccari Neto fue relevado de su cargo de consejero de Itaipú por Dilma Rousseff en enero de este año, luego de haber sido acusado por el escándalo de Petrobras.
El mes pasado, destacaba ABC Color en su edición del 27 de marzo de 2015, el Gobierno brasileño acuciado por el escándalo desatado en la empresa estatal Petrobras se enfrenta ahora a otro foco de preocupación. Por primera vez desde 1982, cuando fue creado, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) decidió abrir una fiscalización sobre las cuentas de la Itaipú Binacional.
Según informa el diario Folha de São Paulo, la mira está puesta sobre la composición del Consejo de Administración de la binacional, en donde van a investigar el flujo de información entre los miembros del consejo y la Eletrobrás.
Los detalles de los gastos y la gestión de la central hidroeléctrica constituyen una “caja negra” para el TCU, decía el diario. El control de la entidad por más de 12 años es un bastión del partido de gobierno, el PT. El director general brasileño de la entidad es Jorge Samek, un ex diputado federal electo por el PT en 2002 y amigo del ex presidente Lula Da Silva.
João Vaccari Neto, quien se encuentra procesado por la fiscalía, está acusado e investigado de haber recibido unos US$ 200 millones para su partido en concepto de sobornos de varias empresas asociadas a la estatal Petrobras, producto de más de 90 contratos suscriptos entre 2003 y 2013 con el Estado.
Años atrás en Paraguay, el 26 de diciembre de 1997, los ministros de la Corte Suprema de Justicia ya hicieron lugar a una medida de urgencia solicitada por los abogados de Yacyretá, Itaipú y ANDE. Los ministros suspendieron los efectos de la Ley 1161/97 que obligaba a los funcionarios de las binacionales a informar y enviar documentación al Congreso y la Contraloría a través de la ANDE.
De acuerdo con el diario ABC Color, Itaipú fue representado por el abogado Anastacio Acosta Amarilla; Yacyretá por Aníbal Scappini y la ANDE por Marcos Amarilla Lesme. La acción fue patrocinada por los doctores Juan Carlos Mendonca y José Antonio Moreno Ruffinelli.
Los abogados argumentaron que la ley atacada atenta contra el artículo 36 de la Constitución, que consagra la inviolabilidad del patrimonio documental de las personas. Ya en el año 1993 el doctor Moreno Ruffinelli sobre la naturaleza jurídica de Itaipú y los instrumentos de control afirmaba: “Queremos destacar que tanto la ley, anterior a la Constitución, como esta última, en ningún momento se refieren entre las entidades a ser controladas por ella a los entes binacionales, que son de una naturaleza especial, y si cayeran bajo el imperio de los citados artículos, deberían estar citados expresamente…”. Más adelante, refiriéndose a la Comisión (de investigación) de Ilícitos del Congreso Nacional (Ley 137/93), advertía: “Y esta ley no podrá … bajo ningún punto de vista, como ley que es, contradecir el contenido de instrumentos normativos de mayor jerarquía constitucional, como lo son el Tratado de Itaipú y sus anexos … En consecuencia, cualquier interpretación extensiva de la Ley 137/93, que quiera imponer un control unilateral directo por medio de la Comisión de Ilícitos, atentaría contra el orden de prelación establecido en el art. 129 de la Constitución Nacional” (DEBERNARDI, pp. 585 y 586).
Conforme a lo expuesto, solo las auditorías internas y las externas contratadas podrían controlar la binacional.
Rodolfo Giménez Abraham, funcionario de la binacional desde el año 1999, en la página 8 de la obra de su autoría “República de Itaipú, un Estado dentro de dos Estados” destacaba: “Por todo esto, podemos afirmar que el derecho internacional dio a luz en América del Sur un híbrido jurídico con hilacha de principado, con máscara de hipocresía, con un presupuesto de Estado y con un poder de República, la República de Itaipú”.
Más adelante, el 4 de junio de 2011, ABC Color informaba que las Cámaras del Congreso, sus comisiones investigadoras, los parlamentarios a título personal, así como la Contraloría ya no podrían solicitar los informes a las binacionales Itaipú y Yacyretá a través de la ANDE.
En efecto, la Sala Constitucional de la Corte, con los votos de Antonio Fretes, Alicia Pucheta de Correa y Miguel Óscar Bajac, declararon inaplicable la Ley Nº 1161/97 “Que reglamenta las obligaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)”. Los ministros de la Corte sostenían que la Ley 1161 no puede prevalecer por sobre los Tratados de Itaipú y Yacyretá y, por lo tanto, es violatoria del Art. 137 de la Constitución Nacional.
La Fiscalía General, alineándose con la Sala Constitucional, también dictaminó por hacer lugar a la inconstitucionalidad promovida por las binacionales.
Días después, en un furibundo editorial, el 24 de junio de 2011, ABC Color respondió a los magistrados: “¿Habrán sobornado a miembros de la Corte Suprema de Justicia?” al referirse al Acuerdo y Sentencia Nº 280 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 1161/97.
Sin embargo, sin solución de continuidad, siguieron los “blindajes jurídicos” pro binacionales hidroeléctricas.
El 23 de julio de 2014 los directores generales paraguayos de Itaipú y Yacyretá, James Spalding y Juan Schmalko, pidieron la inconstitucionalidad de la Ley 5189 (sigue congelada en la Corte) que obliga a los jefes de instituciones del Estado y directores generales paraguayos de los entes binacionales a publicar la lista de todos sus funcionarios, sus tareas y el monto de sus remuneraciones. Ambos directores aseguran que las entidades binacionales están por encima de las leyes de la República porque se rigen por tratados internacionales, que tienen prelación sobre aquellas.
Este argumento es evidentemente falaz habida cuenta de que las binacionales son propiedades integrales en partes iguales de las Altas Partes Contratantes. Por consiguiente, las administraciones paraguayas de ambas represas son partes del Estado paraguayo y, como tal, sujetas a la irrestricta soberanía nacional. Lo que ocurre es que los países socios aprueban rubros para “gastos sociales” que permiten altos salarios a los funcionarios paraguayos, verdaderos sobornos encubiertos, y por temor a perderlos estos se vuelven prisioneros de la contraparte y les aprueban todas sus pretensiones.
La Contraloría General de la República sostiene que existen fundados argumentos para, con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), auditar las cuentas de Itaipú.
Según publicación de ABC Color del 3 de diciembre de 2010, la Contraloría volvió a ratificar que existen fundamentos jurídicos suficientes para que los entes de control brasileño y paraguayo lleven adelante la auditoría conjunta de las cuentas de la Itaipú.
En una nota de Octavio Airaldi, dirigida al presidente Fernando Lugo, la institución refiere que el análisis jurídico realizado por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) “cierra el círculo de los argumentos que obstaculizaban el control gubernamental externo” de la entidad binacional. La CGR hace referencia al Acuerdo N° 2918, del TCU (Brasil), emitido el 2 de diciembre pasado. El mismo se refiere al “...control de la Itaipú Binacional y resume los hechos que lo motivan, entre ellos, el intercambio de información para la realización de auditorías conjuntas con la Contraloría General de la República del Paraguay”, previo un exhaustivo análisis sobre la jurisdicción y competencia del Tribunal de la Unión.
La nota enviada a finales de febrero de 2010 decía, entre otras cosas, que “La CGR considera que el minucioso estudio y la solidez de los argumentos del mencionado documento, que concuerdan con los esgrimidos por esta institución de forma sostenida desde 2006 a la fecha, permitirán el cumplimiento de la obligación constitucional que ordena el control del patrimonio estatal, a través de las instituciones gubernamentales de ambos países”.
La tesis de la CGR difiere notablemente a la del Dr. José Antonio Moreno Ruffinelli y de los otros abogados patrocinantes de sendas inconstitucionalidades. Una de las conclusiones del organismo de control brasileño expresaba que, si bien la Itaipú no integra la Administración Pública Federal del Brasil, ello no implica que la entidad se encuentre fuera del alcance o de la jurisdicción del TCU. Fundamentaba asimismo que, “en el sistema jurídico brasileño, los tratados y convenciones internacionales están jerárquicamente subordinados a la autoridad normativa de la Constitución de la República”.
El TCU se pronunció también diciendo que “ningún valor jurídico tendrán los tratados internacionales, que incorporados al sistema del derecho positivo interno transgredieren formal o materialmente el texto de la Carta Política”.
La contundente afirmación del TCU derriba la argumentación que impide el control gubernamental externo de Itaipú.
No obstante, amparados en el muro de la binacionalidad, se sigue obstruyendo el control estatal que podrá, entre otros, transparentar la abultada deuda que según los expertos puede disminuir a cero. Transparentado el pasivo, la tarifa del costo del servicio de electricidad –que incluye el pago de las deudas contraídas y sus cargas financieras– será muy inferior a la actual vigente y las multimillonarias cuotas anuales abonadas por los préstamos pasarían a ingresar en el tesoro nacional.
Finalmente, una vez revisadas las cuentas en Itaipú por el TCU –totalmente honradas según la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de la Cancillería nacional y corroboradas por el célebre Jeffrey Sachs, especialmente aquellas contraídas con la Eletrobrás, renegociadas en 1997 en US$ 16.225 millones y que luego de pagarse durante diez años más de US$ 13.000 millones increíblemente aumentaron a más de US$ 19.000 millones– el escándalo de la Petrobras quedará como simple anécdota.
Al revés
En Paraguay los ministros suspendieron la Ley 1161/97 que obligaba a los funcionarios de las binacionales a informar sobre Itaipú.
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La Contraloría General de la República sostiene que existen fundados argumentos para, con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), auditar las cuentas de Itaipú.
Muro
Amparados por el muro de la binacionalidad siguen obstruyendo el control estatal que podrá transparentar la abultada deuda que puede disminuir a cero.
Petrobras
Si la Contraloría General de la República y su par brasileña (TCU) investigan en Itaipú, el escándalo de la Petrobras quedará como simple anécdota.
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