07 de Junio de 2015
Blindajes jurídicos
De acuerdo con las informaciones periodísticas, el Ejecutivo paraguayo, según su canciller Eladio Loizaga, gestionaría ante el Congreso la derogación de la ley que le confiere inmunidad diplomática –privilegio similar al de las Naciones Unidas– a la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
ColorEl blindaje jurídico de la sede permanente de la Confederación Sudamericana de Fútbol quedó expuesto a la opinión pública a raíz del escándalo desatado en torno a la FIFA, la semana pasada, en Zúrich.
En efecto, la protección que goza la Conmebol es privativa del ámbito diplomático y el pedido forma parte de la política de transparencia gubernamental, para que lo público y lo privado, pueda someterse al escrutinio público.
Así como están las cosas, la sede de la Confederación Sudamericana no puede ser allanada por la policía a pedido de juez competente. La derogación es necesaria ya que las normas de derecho internacional solo otorgan a los organismos intergubernamentales la inmunidad e inviolabilidad de sus sedes y documentos. La Confederación Sudamericana, según Loizaga, no es un organismo intergubernamental.
Según la prensa, Nicolás Leoz, presidente de la Conmebol entre 1986 y 2013, hoy en reclusión domiciliaria a pedido de la justicia de los Estados Unidos a los efectos de su extradición, es considerado el promotor de un novedoso blindaje jurídico a través de una Ley. Más el Estado paraguayo se ha encargado de dificultar a los acusadores de Leoz las pruebas documentales en los archivos de la Conmebol en Luque.
La historia es semejante a los blindajes jurídicos conseguidos en las binacionales Itaipú y Yacyretá, desde 1993 en adelante, por los sucesivos Gobiernos paraguayos.
Sus patrocinadores, conocidos abogados del foro nacional, en connivencia con la alta magistratura, procuraron los argumentos jurídicos más insólitos para convertir a estas entidades en verdaderos Estados, feudos intimidantes, inaccesibles al control estatal.
Sin embargo, hay ciertos indicios esperanzadores que denotan algún cambio.
Tal el caso del Tribunal de Cuentas de la Unión, que decidió abrir una fiscalización “eficaz y directa” sobre las cuentas de la Itaipú Binacional. Según informa el diario Folha de São Paulo, la mira está puesta sobre la composición del Consejo de Administración de la binacional, donde van a investigar el flujo de información entre los miembros del consejo y la Eletrobrás.
Uno de los consejeros más antiguos, João Vaccari Neto, tesorero del Partido de los Trabajadores, fue arrestado por aceptar sobornos y lavar dinero de Petrobras. El juez Sergio Moro inició un proceso en su contra por su vinculación a una inmensa red de corrupción en la estatal petrolera que movilizó más de US$ 4.000 millones en una década, informó la policía a la Agencia France-Presse (AFP).
Por todo ello, siguen intactos los sueños de justicia y esperanza en las binacionales hidroeléctricas compartidas con los vecinos.
La vehemente protesta del consejero Diógenes Martínez con relación a la venta de energía de Yacyretá al Brasil vía Garabí, es una buena señal; no es menos, el inédito rechazo del fiscal general de Estado, Javier Díaz Verón, al pedido de inconstitucionalidad de la Ley 5189 –que obliga la difusión pública de los sueldos– presentados por Itaipú y Yacyretá.
La intención de derribar la muralla que impide la transparencia en la Conmebol no sería de extrañar en un país serio.
Lamentablemente, la señal será insuficiente y lánguida mientras el Estado paraguayo deje de priorizar, a costa de la pauperización de la población, la recuperación de su soberanía energética, secuestrada a la vista y paciencia de sus contemporizadoras autoridades.
Hay que reconocer que hubo algunos intentos esporádicos, en especial, cuando la Contraloría General de la República dictaminó que la deuda de más US$ 4.000 millones, como producto de la venta por debajo del costo del servicio de electricidad, fue agregada irregularmente, en 1997, al pasivo de Itaipú.
El otro, el de más reciente data sigue guardado en una gaveta oficial. Es nada menos que el resultado del meduloso estudio del Columbia Vale Center, liderado por el célebre economista Jeffrey Sachs, que informaba –corroborando a los especialistas de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de la Cancillería nacional, hoy desactivada– que la deuda de Itaipú ya fue totalmente cancelada y que el Brasil dejó de abonar al Paraguay unos US$ 748 millones como compensación y royalties solamente en el año 2012.
Cabe señalar, que los blindajes jurídicos ya no son extraños en el Paraguay. Sus poderosos y prósperos defensores, para desgracia de la patria, siempre encuentran la vuelta para ampararse en él.
Esta vez toca a la justicia de los Estados Unidos requerir a la Conmebol respuestas acordes con una institución deportiva internacional y no como una filial del crimen organizado.
La notable fiscal estadounidense Loretta Lynch, así como aconteció en el caso Auguste Ricord en 1971, hoy puede hacer la esperanzadora diferencia.
Blindaje
La historia es semejante a los blindajes jurídicos conseguidos en Itaipú y Yacyretá, desde 1993 en adelante, por los sucesivos Gobiernos paraguayos.
Feudos
Abogados del foro nacional, en connivencia con la alta magistratura... convir- tieron estas entidades en feudos inaccesibles al control estatal.
(*) Autor de los libros Itaipú, la apropiación indebida. Itaipú, una victoria bien brasileña. Itaipú, historia de un fraude e Itaipú, crónica de una entrega.
juanantoniopozzomoreno@gmail.com
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