24 DE MAYO DE 2016
Corrupción, prioridad en agenda internacional
Jimmy Carter (1977-1981), 39º presidente de los Estados Unidos, se apartó de la política de contención hacia la Unión Soviética para promover una política exterior que situó los derechos humanos entre sus prioridades. Era evidente una ruptura con la actitud de sus predecesores que no prestaban atención al incumplimiento de los derechos humanos que habían cometido los países aliados de Estados Unidos. En ese contexto, entre otros, la Administración Carter dejó de dar apoyo al régimen de Paraguay, históricamente respaldado por Estados Unidos, ocasionando el inicio del fin del autoritario gobierno paraguayo.
Recientemente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, pidió a Latinoamérica y el Caribe “hacer más contra la corrupción”. Kerry intervino en la 46ª Conferencia de las Américas, que se celebra anualmente en Washington.
“La corrupción en su conjunto roba el futuro de un país. No solo roba dinero a sus ciudadanos, sino que roba su fe en el Gobierno”, advirtió en el discurso de cierre de la conferencia, celebrada en el Departamento de Estado.
“La buena noticia es que cada vez más ciudadanos de todo el mundo están diciendo ‘no más’ a eso. Y todos podemos ayudar al crear un estándar más alto de rendición de cuentas, algo que incluye al sector privado”, agregó.
El impacto de esta ola moralizadora, impulsada desde Washington por el mismo presidente Obama, tiene en prisión, entre otros, a protagonistas de primera línea de la FIFA- Gate, del Lava Jato o Petrolão y posiblemente, a futuro, a impresentables de la Eletrobrás ahora suspendida en la Bolsa de Valores neoyorkina.
Sin embargo, en Paraguay pareciera no cundir el pánico ante esta arrolladora realidad. En efecto, en una editorial ABC Color pone el dedo en la llaga:
“Si el progreso del Paraguay dependiera de convenios, acuerdos interinstitucionales, cursos de fortalecimiento de las entidades públicas dictados por expertos y otros mecanismos de atractivos nombres, profusamente publicitados, nuestro país debería ser uno de los más eficientes y desarrollados. Pero, nos preguntamos: los convenios y los foros ¿han reducido siquiera en un ínfimo porcentaje la delincuencia y la corrupción en nuestro país? En nada. De cara a esta realidad, la ciudadanía atenta al devenir de los acontecimientos nacionales se pregunta con legítimo escepticismo ¿qué importancia tiene firmar tantos convenios si a la postre el Paraguay sigue revolcándose en el mismo fango de la corrupción?”.
Los últimos acontecimientos –que demuestran la desvergonzada actuación de ministros de la Corte, de miembros del Legislativo, de la Justicia Electoral y del propio Ejecutivo– dan pocas esperanzas de revertir esta indigna situación mencionada por el matutino.
Pero hay más. ¿Cómo hacer prevalecer, conforme a derecho, los términos de los acuerdos de las binacionales hidroeléctricas, ahora en Yacyretá y en el 2023 en Itaipú, con tan endebles instituciones y autoridades carentes de soporte moral?
Así como están las cosas estamos perdidos no solo los ciudadanos paraguayos, sino también el Estado que debiera protegerlo como centro de su preocupación. Complica la cuestión la conducta impropia de la Eletrobrás, que arrastrará necesariamente a la Itaipú y a la ANDE, la otra copropietaria de la binacional.
Cabe preguntar ¿qué medidas están arbitrando el Consejo de Administración y el Directorio Ejecutivo de la margen paraguaya para contener este terremoto que ya sumió a su caja de jubilaciones en el agujero negro de la corrupción? ¿Seguirán insistiendo en la emisión de bonos para remendar la precaria situación de la multinacional brasileña?
No es un tema menor la conclusión a que arribara, en el 2012, la Contraloría General de la República. La CGR advertía entonces que la Eletrobrás –en su momento propiedad exclusiva del Estado brasileño y hoy empresa mixta con participación privada– transfirió su previsible déficit financiero a la binacional. Todo ello, como consecuencia de la deuda de US$ 4.193.565.680, vencida e impaga, endilgada a Itaipú en 1997 a causa de las dificultades de Eletrobrás que no pagaba por la energía que retiraba. Es más: “Era la acreedora de Itaipú por montos siderales”, afirmaba el informe de la CGR.
Los escenarios políticos ya no son rígidos. El poder, según anuncia Moisés Naim en su exitosa obra “El fin del poder”, está cambiando de manos. De grandes ejércitos disciplinados a caóticas bandas de insurgentes; de gigantescas corporaciones a ágiles emprendedores; de los palacios presidenciales a las plazas públicas. “Cada vez es más difícil de ejercer y más fácil de perder. El resultado es que los líderes actuales tienen menos poder que sus antecesores, y que el potencial para que ocurran cambios repentinos y radicales sea mayor que nunca”, afirma el escritor.
La última protesta estudiantil, que derribó a la ministra de Educación, corrobora el aserto. Mientras, en Itaipú y en Yacyretá sigue la paciente espera.
juanantoniopozzo@gmail.com
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