09 DE DICIEMBRE DE 2015
La seguridad y el desarrollo en Itaipú
Para justificar la entrega de nuestra soberanía energética en Itaipú, el oficialismo recurrió a dos argumentos: el primero, como una cuestión de seguridad nacional y el segundo, como un asunto de desarrollo nacional.
En efecto, para no incordiar al socio condómino por “motivos de seguridad”, que de no observarse resultaría en un verdadero “desaguisado” –según un despistado exdirector paraguayo– y por razones de política de Estado traída de los pelos, fueron los argumentos utilizados para ceder al Brasil toda la energía producida por la central hidroeléctrica Itaipú. Todo ello, exceptuando una mínima porción (menos del 7%) derivada al Paraguay. Una aviesa violación del objeto y fin del Tratado que garantizaba el aprovechamiento equitativo del emprendimiento binacional.
Para torcer el acuerdo, el Tratado de Itaipú de 1973 modificó sustancialmente los términos del Acta de Foz de Yguazú de 1966. Por la energía no utilizada, en vez de un precio justo se estableció la figura de la compensación. Un estipendio mínimo, que para salvar las apariencias debía ser abonada por Itaipú.
Eso significaba que Brasil, como dueña de facto de la binacional, podía aprovechar sin condiciones el excedente. Del mismo cuero salía la correa.
Por más descabellado que parezca, la Eletrobrás –una multinacional a la que Itaipú pagará unos US$ 2.000 millones por año hasta el 2023 por una deuda ya cancelada, estipulada abusivamente en unos US$ 45.000 millones y con severas demandas por la emisión irregular de acciones–, no cesa de llevar gratuitamente la electricidad paraguaya. Es más, le impide arbitrariamente a la ANDE comercializar su excedente en el mercado brasileño.
La verdad es que el pueblo abona por la Eletrobrás, a través del Tesoro brasileño, desde 1986, la simbólica compensación al Paraguay.
El perjuicio ocasionado a los usuarios de vecino país en beneficio de la multinacional sale de madre: los sucesivos gobiernos, sin solución de continuidad, no paran de cargar al sufrido pueblo brasileño el aumento desmedido de la electricidad, privilegiando a unos pocos accionistas sin rostro de una empresa sospechada de corrupción. Y la pregunta cae de maduro ¿la estatal multinacional es una institución al servicio de su pueblo?
La cuestión de la seguridad nacional para nuestros negociadores, obedientes y genuflexos a las directivas del Ejecutivo, carentes del más elemental patriotismo, justificaba ampliamente el encubrimiento doloso en detrimento de los intereses del Estado paraguayo.
Cualquiera diría que el delito de lesa patria corresponde a una época ya perimida. Sin embargo, los sucesivos gobiernos después del 2 y 3 de febrero persisten con la traición, obnubilados por la abundancia y prosperidad que chorrea desde Itaipú para los privilegiados de turno.
Las sentencias judiciales hablan por sí. En ellas, mediante una Corte a la medida, fue propiciado un blindaje jurídico para impedir el escrutinio del Estado paraguayo.
Por paradójico que parezca, la pléyade de abogados, los teóricos del fraude, los acomodados profesionales que aceptan de buen grado que el Paraguay solo puso el agua, no paran de pontificar a los incautos sobre la defensa de los intereses de la patria.
Los negociadores repetían sin cesar, para tapar la traición a la patria, que Itaipú no es negocio, es desarrollo.
Significaba que la libre disponibilidad sobre la mitad de la producción hidroeléctrica era secundaria. Lo importante era el efecto desarrollista de la hidroeléctrica binacional. No había necesidad de vender a terceros el excedente paraguayo habida cuenta que en la región, según Debernardi, era nula la demanda energética.
El tiempo les dio la razón a estos avispados paraguayos. En verdad el desarrollo industrial de San Pablo y la industria turística brasileña sería imposible sin la electricidad paraguaya de Itaipú.
Según un especialista, el ingeniero Nelson Cristaldo, el aporte de la energía eléctrica paraguaya dentro del producto interno bruto del Brasil, solo en el 2010, fue de unos US$ 140.000 millones. El vecino país jamás pudiera haber sido uno de los más notables entre los países emergentes sin la contribución paraguaya.
Como si fuera poco, el informe de Jeffrey Sachs ponía al descubierto, mediante sesudos estudios, el latrocinio que era objeto la margen derecha por el socio condómino.
El intercambio por Garabí entre Argentina y Brasil de las hidroeléctricas binacionales, para la prosperidad y el desarrollo de los vecinos, es una constante desde el año 2000. El que se atrevió a protestar por esta repetitiva violación contractual fue despedido recientemente del Consejo de Administración de Yacyretá.
Expropiado, humillado por sus socios condóminos, Itaipú y Yacyretá siguen aportando más pobreza extrema al país y que según los indicadores oficiales aumentó en este año.
No obstante, la respuesta oficial, que cajoneó el informe Sachs y se desentendió de la problemática Itaipú, decidió por la emisión de bonos soberanos para remendar la economía nacional. Un compromiso que se terminará de pagar a fines del 2042. El Gobierno no se atreve a reclamar nuestra soberanía energética en las binacionales hidroeléctricas.
Una indolencia inaceptable que causa graves perjuicios a la nación paraguaya y que no debe quedar impune.
juanantoniopozzo@gmail.com
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