sábado, 27 de febrero de 2016

La dura realidad

23:25    

28 DE FEBRERO DE 2016


El hijo de Jefone

Por Juan Antonio Pozzo Moreno 
Desconocen el abuso y la violación por parte del Brasil
El hijo de Jefone, descendiente como su padre de Judá, es una destacada figura por su notable fe en Dios, cuando muchos hebreos se negaban entrar en Canaán, la tierra prometida.
Un joven de nuestros tiempos –igualmente fervoroso como Caleb el hijo de Jefone– al tomar conciencia de la abusiva apropiación indebida brasileña de Itaipú, con daños irreversibles al Estado paraguayo, aunque muchos se empeñan en negarlo, manifiesta sus impresiones en una misiva que dirigió al general Juan Antonio Pozzo Moreno, luego de leer una sus columnas en las páginas de ABC Color:
“…Buenas noches, Sr. Juan Antonio Pozzo Moreno. Soy un menor, por lo que preferiría no mencionar mi edad y le ruego que me disculpe si no me expreso de la mejor manera.
Le escribo porque en la tarde de hoy tuve la oportunidad de leer un artículo suyo, publicado en la sección de economía del diario ABC Color, de fecha de 3 de enero del corriente, titulado ‘Otro año perdido’”.
Sigue expresando en la carta:
“Me llamó bastante la atención, porque en enero, aproximadamente en la tercera semana, fui por primera vez a la represa hidroeléctrica de Itaipú con un grupo de jóvenes y realicé el recorrido turístico.
Para mí fue una experiencia sensacional contemplar la inmensidad de la represa, más todavía porque me gustaría ser ingeniero civil de grande.
Pero leyendo su artículo me di cuenta de que hay detalles que se omiten en el recorrido dentro de la represa.
Es cierto que se menciona que de las diez turbinas pertenecientes al Paraguay, solo la energía producida por dos es aprovechada por nosotros, y que Itaipú paga una compensación al país por ello, pero no va más que eso”.
Continúa señalando el joven:
“Pero en ningún momento mencionan por ejemplo que la Dirección General y las Direcciones Técnica y Financiera están exclusivamente bajo control del Brasil, y que al Paraguay se le encargó lo que resta, como dice usted ‘accesorias’, ni ninguna de las irregularidades y asimetrías que usted menciona.
Y a lo que quiero llegar es que las personas hablan de Itaipú como ‘una de las mejores obras de ingeniería jamás realizadas’ (y por cierto, tienen razón), pero desconocen el abuso y la violación por parte del Brasil del tratado en el que se acuerda dividir en partes iguales la producción de energía, y somos nosotros, todos los ciudadanos los que tenemos la obligación de exigir a los gobernantes que no pase ‘otro año más’”.
Finalmente dice:
“Su artículo me ha impactado tanto que si alguna vez vuelvo a ir a Itaipú voy a preguntar a los guías por qué esconden estos detalles, por qué presentan una máscara a los visitantes e incluso voy a preguntar si existe algún buzón de sugerencias o un correo electrónico en donde pueda dejar esta queja.
Gracias por crear conciencia sobre este tema”.
(*) juanantoniopozzo@gmail.com.

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Excusa a la medida

2:54    

27 DE FEBRERO DE 2016


La orden superior

Por Juan Antonio Pozzo Moreno
a. Corsé a toda prueba
La alta dirección de la ANDE, desde hace décadas, al igual que en las binacionales hidroeléctricas y algunas otras instituciones estatales, refleja la sumisión sin cuestionamientos hacía la autoridad del ejecutivo de turno. Pareciera estar aleccionada para desentenderse de las diversas necesidades, obligaciones, compromisos, propuestas o alternativas válidas, trabajosamente elaboradas, para la buena marcha institucional.
Se comporta según las exigencias del poder: dócilmente, humildemente, mansamente, obedientemente. Aunque la abstención a un deber legal o las directivas gubernamentales sean alevosas y perjudiciales para la nación, ellas están fuera de todo cuestionamiento. Una condición esencial de la que se nutre la bonanza personal.
La usanza de los tratados de Itaipú y Yacyretá, en realidad chapuceras concesiones por casi un siglo de las principales riquezas industriales del país, pudieron más y consiguieron que la Administración Nacional de Electricidad abdicara a su compromiso con la ciudadanía y con la patria. No es casualidad que los protegidos de Enzo Debernardi y sucesores, hoy prósperos ciudadanos, ensayen argumentos baladíes para justificar la vergonzosa debacle de la empresa estatal.
b. La obediencia debida y las violaciones a los derechos humanos.
En forma repetida se ha invocado esta institución jurídica como justificación para eludir la responsabilidad penal por graves crímenes, en particular aquellos contra los derechos humanos.
La obediencia debida opera como eximente de responsabilidad en el cumplimiento de una orden superior beneficiando al subordinado que acata la orden y trasladando la responsabilidad al superior jerárquico que la imparte.
Es importante señalar que la doctrina penal mantiene un debate sobre la naturaleza jurídica de la obediencia debida:
- Por un lado, están quienes sostienen que se trata de una justificación contraria a las normas del Derecho;
- Por el otro, están los que consideran una falta de culpabilidad para quien cumple la orden debiendo responder por él quien lo haya ordenado.
En cualquier caso, para que pueda invocarse esta defensa en forma válida, aquel que cumple la orden debe entender que esta es legítima. Si supiera que no lo es, no se le pueda exigir una conducta distinta a la que corresponde.
No debe confundirse esta figura como “cumplimiento del deber”, donde el mandato a cumplir emana de la ley y por ende no podría calificarse de antijurídico aún si lesiona bienes jurídicos. Debe quedar en claro que en la obediencia debida el mandato a cumplir es antijurídico.
El tema resulta particularmente relevante cuando estructuras jerarquizadas del Estado incurren en conductas que afectan bienes jurídicos esenciales como la vida, la integridad personal, el bienestar o la libertad. Tratándose de agentes del poder público que actúan prevalidos de su condición y que de hecho ocupan una posición de garantes de tales bienes, sus acciones podrían ser calificadas de violaciones a los derechos humanos y entonces cabría preguntarse si puede admitir como defensa válida la obediencia debida.
En el plano internacional, la respuesta ha sido categóricamente negativa.
c. Conclusión
En conclusión, cuando de delitos contra los derechos humanos se trata, ante las órdenes ilegítimas el principio de obediencia debida deja de operar y la responsabilidad por los delitos perpetrados se extiende tanto al superior como al subordinado que los ejecutó. El principio de obediencia debida solo cubre las órdenes legítimas, es decir, las que se relacionan con el cumplimiento de los fines constitucionales y legales, como el imperativo de la revisión del numeral IX del Anexo “C” del Tratado de Yacyretá, sujeto al orden jurídico.
Una orden superior que atente contra los intereses superiores del grupo social, promoviendo la vulneración de derechos humanos mediante actos injustos y contrarios al orden jurídico, no merece ser cumplida.
Si lo fuera, quien la acate debe estar consciente que no podrá eludir la acción de la justicia invocando su condición de subordinado frente a quien emitió la orden, como pudieran pretender los sucesivos anodinos de la alta gerencia de la ANDE.
juanantoniopozzo@gmail.com

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viernes, 19 de febrero de 2016

Abogados funcionales a los socios condómninos

0:23    

19 DE FEBRERO DE 2016


Las implicancias del “blindaje jurídico”

Por Juan Antonio Pozzo Moreno
La Contraloría General de la República, bajo el amparo de la Constitución Nacional, está obligada a realizar una auditoría completa a las diferentes cuentas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), afirmó el abogado Walter Cardozo, integrante de la Comisión para el Cumplimiento del Tratado de Yacyretá (ABC Color, 16 de febrero de 2016).
Demandó Cardozo sobre la necesidad de identificar que los aportes y los préstamos sean autorizados por leyes con ratificación parlamentaria. Mencionó además –según examen de la Contraloría al Preacuerdo firmado por Ángel Recalde cuando era director– que el 95% de los reclamos argentinos no tienen aprobación del Congreso paraguayo.
Advierte la Comisión, que el Plan de Terminación de Yacyretá (PTY) quebrantó el Tratado al descartar la construcción del embalse de compensación impidiendo duplicar la potencia de la Central a más de negar a la comunidad de Ayolas la posibilidad de erigirse en importante puerto fluvial.
¿Juristas cómplices?
El 26 de diciembre de 1997, los ministros de la Corte Suprema de Justicia hicieron lugar a la medida de urgencia solicitada por los abogados de Yacyretá, Itaipú y ANDE. Los ministros suspendieron los efectos de la Ley 1161/97, que obligaba a los funcionarios de las binacionales a informar y enviar documentación al Congreso y la Contraloría a través de la ANDE.
En julio de 2008, ABC Color informaba que “casi diez años después la Corte seguía sin expedirse sobre el fondo de la cuestión con la cual se evitó transparentar las binacionales”. Itaipú estaba representado por el abogado Anastacio Acosta Amarilla; Yacyretá, por Aníbal Scappini, y la ANDE por Marcos Amarilla Lesme. La acción fue patrocinada por los doctores Juan Carlos Mendonca y José Antonio Moreno Ruffinelli.
La tesis que la ley atacada atentaba contra el artículo 36 de la Constitución, que consagra la inviolabilidad del patrimonio documental de las personas, resultaba “particularmente grave por varias razones: a) le obliga a la ANDE y a los directores y consejeros paraguayos a disponer, exhibir y entregar un patrimonio que no es suyo sino de las personas jurídicas de derecho internacional, Itaipú y Yacyretá; b) pretende que ese patrimonio, al que solo se puede acceder mediante orden judicial, sea entregado y puesto a disposición en forma directa por quienes no están facultados constitucionalmente para ello”.
Sin embargo, “no vieron” los abogados de las binacionales que el artículo 36 de la CN, sobre la inviolabilidad del patrimonio documental de las personas, se refiere taxativamente a las personas físicas o jurídicas del derecho privado y no a los organismos y entidades estatales o en los que exista participación estatal.
Años más tarde, el 4 de junio de 2011, el mismo matutino daba a conocer que las Cámaras del Congreso, sus comisiones investigadoras, los parlamentarios, a título personal, así como la Contraloría ya no podrían solicitar los informes a las binacionales Itaipú y Yacyretá a través de la ANDE. Es que después de casi catorce años, la Sala Constitucional de la Corte, con los votos de Antonio Fretes, Alicia Pucheta de Correa y Miguel Óscar Bajac, declararon inaplicable la Ley 1161/97 “Que reglamenta las obligaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)”.
La insólita decisión, incompatible por donde se lo mire con los intereses nacionales, editorializó ABC Color, el 24 de junio de 2011, con el título “¿Habrán sobornado a miembros de la Corte Suprema de Justicia?”.
El diario se refería al Acuerdo y Sentencia Nº 280 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 1161/97.
Parte del editorial expresaba: “Con los trastocados fundamentos normativos de su sentencia, lo que ha venido a establecer la Sala Constitucional es algo así como el reconocimiento de la existencia de dos nuevos estados independientes, las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, en las que las cuentas nacionales de las mismas no deberán ser informadas al Poder Legislativo ni a la Contraloría General de la República ... El Congreso no puede ejercer ninguna acción en la materia. El contralor general se encuentra con que la Sala Constitucional de hecho ha derogado el Art. 283 inciso 4 de la Constitución, que le otorgaba la fiscalización de las cuentas nacionales de las entidades Itaipú y Yacyretá”.
Todo ello demuestra que los acuerdos, con indumentaria de “tratados”, no son más que fraudulentas concesiones alentadas por nuestros juristas para complacer a los que siguen rapiñando al Paraguay.
juanantoniopozzo@gmail.com

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sábado, 13 de febrero de 2016

Un simple gatopardismo

22:42    

14 DE FEBRERO DE 2016

| REFLEJOS DE LA POLÍTICA GATOPARDIANA EN YACYRETÁ

Cambiar algo para que nada cambie

Por Juan Antonio Pozzo Moreno
Es preocupante, de acuerdo a las informaciones destacadas por la prensa, que la aprobación por el Congreso de la perniciosa nota reversal de cogestión con el Gobierno argentino correspondiente al Anexo “A”, antes que la imperativa revisión del numeral IX del Anexo “C” encabece la agenda gubernamental en Yacyretá. 
Increíblemente, opuesto al interés nacional, queda en evidencia que la política de negociación del emprendimiento binacional transita por una vía ajena a lo estipulado en el Tratado. Con ello, se defrauda a la ciudadanía y se demuestra el poco apego de nuestras autoridades en la defensa de los altos intereses nacionales.
Se repite lo de Itaipú
Se repite lo de Itaipú cuando el Gobierno actual desestimó las recomendaciones del célebre economista Jeffrey Sachs, que demostró que la deuda con la Eletrobrás ya fue suficientemente honrada y que Brasil, solo en el año 2012, dejó de pagar al Paraguay por royalties y compensación unos US$ 748 millones.
Esta apostasía a las legítimas aspiraciones, lesiona el sentimiento nacionalista del pueblo paraguayo que en dos guerras internacionales defendió a sangre y fuego sus derechos soberanos.
Es la lamentable confirmación de temor de la actual administración política que no logra identificarse con las aspiraciones públicas. Aunque declare tímidamente, antes que cualquier otra obra, como prioritario el tema de la deuda, la cuestión tarifaria y el pago de la compensación por territorio inundado.
¿Prioridad?
Sin embargo, de acuerdo con lo dicho últimamente por el canciller, la prioridad del Gobierno no es la revisión del Anexo “C” del Tratado. Es la aprobación por el Senado de la nota reversal, supuestamente igualitaria, pero condicionada a la potencia que contrata cada margen y que a la postre recaerá como siempre en la margen opuesta.
El Gatopardo
Este hecho o procedimiento de “cambiar algo para que nada cambie” es harto conocido. El oxímoron o la paradoja tiene su origen en la novela “El gatopardo” del escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957). La cita original expresa la siguiente contradicción aparente: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. “¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos, y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado”. “…una de esas batallas que se libran para que todo siga como está”.
Por de pronto, la impronta es perpetuar el statu quo para que la margen izquierda continúe apropiándose indebidamente de la electricidad paraguaya a cambio de generosas ayudas sociales.
No se puede disimular que desde el entorno del poder se presiona para que se acepte todo lo que a la Argentina le conviene. Los recientes nombramientos y los anteriores son ejemplos palpables.
Corresponde una auditoría
Lo que corresponde es una auditoría de las cuentas por la Contraloría General de la República para definir las responsabilidades de cada socio condómino (¿cuánto llevó; cuánto pagó?), amoldándose después a la fórmula del Anexo “C” para así determinar la tarifa que haga sostenible la empresa binacional.
Infelizmente, la caterva de redomados que se enriquecieron con los robos en la construcción, con la inundación, con las interminables reparaciones, hoy blanqueados servidores públicos, no paran de dar manija a los influyentes corruptos poderosos en el afán de maquinizar la Central, el vertedero Aña Cua –todos ellos en territorio paraguayo– hasta llegar a construir el embalse de compensación. Todo ello, antes de aclarar las cuentas.
El Congreso debe oponerse a tan mezquina conducta exigiendo transparencia en la revisión de las cuentas. No a cargo de los históricos vendepatrias que no hesitaron en hipotecar nuestra energía por 42 años con la famosa novación del preacuerdo de 2006.
No somos una colonia, basta de genuflexos.
juanantoniopozzo@gmail.com

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domingo, 7 de febrero de 2016

Anodino y prebendario

1:17    

07 DE FEBRERO DE 2016

| ¿QUÉ SE AGAZAPA DETRÁS DEL “REKUTU”?

Entrega vigilada

Por Juan Antonio Pozzo Moreno
En Yacyretá estamos en los prolegómenos de un drama de final feliz, una farsa que muestra lo ridículo con elementos que hacen reír y un desenlace feliz, aunque no para Paraguay. 
El “rekutu” del interino paraguayo en el emprendimiento binacional no obedece a cuestiones de alternancia, de cogestión paritaria o de defensa de la soberanía energética. Una vez más, la repitencia del aplazado es el producto de la imposición fáctica de la corriente de los históricos barones –como expresión empresarial– que no claudican en asesorar a los gobiernos de turno carentes de información.
Para esta caterva de complotados con la margen opuesta, en su mayoría provenientes del ámbito de las relaciones internacionales, los acuerdos binacionales para la explotación hidroeléctrica del río Paraná son tratados perfectos y no burdas concesiones que entregaron a los socios condóminos, en bandeja de plata, casi toda la producción energética del Paraguay.
Uno de los notables, tal vez el de mayor experiencia, fervoroso de Itamaraty, gusta decir cuando alude al Tratado de Itaipú que es un acuerdo justo y que los brasileños, en su enorme altruismo, en vez de elegir en su propio territorio la construcción de la gigantesca represa optaron por el limítrofe río Paraná.
Otro de los más agraciados, entre irónico y burlón, suele declamar, hasta con sorna, que la cuestión de la soberanía energética es puramente chovinista.
Con Gaspar Rodríguez de Francia eran imposibles estas defecciones. Todos estos, hoy prósperos entreguistas, genuflexos ante la margen izquierda, no hubieran podido sobrevivir para seguir corrompiendo la política exterior de la República del Paraguay.
El actual transitorio de la EBY es más de lo mismo. Siempre oficialista, a favor de la corriente. No le amilana los rechazos desde donde provengan: del Congreso, del municipio asunceno, de Petropar o del pueblo, de quien cree que puede mofarse.
Burócrata obsequioso, gusta aparecer como experto técnico y como alternativa indispensable para conciliar los intereses del país en la corrompida entidad binacional.
No obstante, sus credenciales son tan endebles que se hace cuesta arriba sustentar su permanencia en Yacyretá.
Sería prudente –para no comprometer su representación partidaria como numen del nacionalismo– que los congresistas republicanos rechacen de plano su nominación. Principalmente por sustentar en la entreguista Nota Reversal de 1992 el descabellado preacuerdo, de su cosecha, del año 2006. Una novedosa cesión a la Argentina, por el método de la novación, de 42 años de producción en concomitancia con ¡la vida útil de la central hidroeléctrica!
El objeto del interinato, según los observadores, serían las obras que le son necesarias al vecino país para librarse de su enorme e insostenible déficit, que le cuesta unos US$ 15.000 millones anuales de importación energética. En la agenda no sería esencial el numeral IX del Anexo “C” del Tratado de Yacyretá; un director paraguayo funcional sería clave para vigorizar los intereses argentinos.
Los requisitos de entreguismo, claudicación y de atropello al Tratado, que son parte del asincrónico funcionamiento de la EBY, deben conformar la anodina personalidad directiva. Finalmente, cuesta creer que en nombre del Paraguay hayan decidido por enésima vez complacer a los impresentables socios del Plata de quienes, inmoralmente, unos pocos recibirán “ijykepe” los beneficios de este enorme perjuicio.
juanantoniopozzo@gmail.com

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martes, 2 de febrero de 2016

La idea es ganar o ganar y no perder o perder

23:21    

03 DE FEBRERO DE 2016


Paren el mundo, que yo me apeo

Por Juan Antonio Pozzo Moreno
La frase corresponde al célebre actor, humorista y escritor estadounidense Julius H. Marx, conocido como Groucho Marx, fallecido en 1977. Como la estupidez humana no tiene límites, a veces somos tentados a tirar la toalla, parar el mundo para abandonarlo lo más rápido posible. 
Esta es la sensación que se percibe cuando se procura negociar o lidiar con los argentinos, en particular con los porteños. Complicados, verborrágicos, exagerados, ansiosos, de interior difuso y efusivo de fachada, tratan de aparentar seguridad y optimismo.
Lo sentimos tan extraño a pesar de los indisolubles vínculos que el hidalgo Juan de Garay, el 11 de junio de 1580, al mando de una expedición procedente de Asunción del Paraguay, estableciera al refundar Buenos Aires.
Acompañado de 66 mancebos paraguayos, 1.500 indios guaraníes, una mujer llamada Ana Díaz, numerosos vacunos, caballos, ovinos y aves de granja, consiguió el conquistador resucitar la abandonada ciudad, hoy capital de la República Argentina. Hasta hoy día, esforzados paraguayos, con su energía, no paran de construir este retoño que ilumina el Río de la Plata, emporio de cemento y vidrio, aunque con alma aspamentosa y exagerada, como el que “hace un tango”.
No se explica, hasta ahora, cómo las autoridades de este hermano país no puedan conciliar intereses comunes con Paraguay, una nación que le demostró y le brinda su afecto.
Los ejemplos argeles y el costo del emprendimiento
A los argentinos les encanta ejercer el control sobre el majestuoso río Paraná, no como una carretera fluvial provechosa entre vecinos, sino como una tranca conforme al humor del portuario de turno.
En Yacyretá es más de lo mismo –-construida por su exclusiva iniciativa, en provecho de los dos países–, la cuestión es aún más harto complicada. Exprimen toda su producción, excepto una ínfima porción “donada” al socio indigente, pero igual se quejan. Los requechos de Misiones y Formosa tampoco son suficientes. Mucho menos, el enorme territorio paraguayo inundado al represarse el indómito Paraná.
La producción de la usina hidroeléctrica ya pagó con creces el costo del emprendimiento binacional. Entre tanto, la deuda debiera ser cero y la tarifa, de acuerdo con la fórmula del Anexo “C”, no debiera sobrepasar los US$ 30 por cada unidad eléctrica o megavatios hora. Igual tarifa correspondería como compensación.
Entonces, las consecuencias serían ganar o ganar, lo que demuestra que no hace falta llegar al extremo de Luis Arce, ministro boliviano de Economía, quien oportunamente señalara: “Si entrara una tercera más (si no se paga), ahí podemos tomar algunas medidas…”. Se refería al cierre de las válvulas del gas exportado a la Argentina. “El hecho de que nosotros podamos cerrar válvulas… puede tener un efecto mucho más grave en la economía argentina”, concluyó el ministro.
Esta idea de cortar la energía a un socio comercial que no respeta la alternancia, infla la deuda y cambia a su arbitrio los términos del acuerdo, no es mala idea, toda vez que la coraza moral del portavoz del reclamo del pueblo sea inexpugnable.
De otro modo, solo resta parar al mundo para apearse.
juanantoniopozzo@gmail.com

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