Camino a la gloria y... al exilio

Por Juan Antonio Pozzo Moreno (*), ABC Color. Domingo, 27 de octubre de 2012.

El presidente Stroessner que iba al encuentro de la historia a bordo de Itaipú, obra concretada posteriormente durante otros gobiernos igualmente entreguistas, no midió el alcance de sus concesiones en la seguridad de que en la magnitud del emprendimiento quedarían ocultas las abdicaciones a favor de Brasil.

/ ABC Color

Los discursos laudatorios de la propaganda oficialista conceptuándolo como el principal gestor de la obra, el líder que reataba el hilo de la historia, más el público desconocimiento sobre la cuestión promovido desde el gobierno, escondía entre sus pliegues la monumental entrega de la soberanía energética.

No obstante, algunos modestos logros fueron obtenidos posteriormente por la margen derecha durante los gobiernos subsiguientes. El de Juan Carlos Wasmosy, en el año 1995, acordó con el Gobierno brasileño la modificación del Estatuto del año 1986 para lograr una mayor equidad en el manejo de la binacional. Hasta ahora no se pronunció al respecto el Congreso brasileño. En contrapartida, se convalidó una deuda, conocida como espuria, de las compradoras de energía, brasileñas en un 98%, para incluirla en el pasivo de la entidad binacional.

También, en la administración de Nicanor Duarte Frutos se logró el aumento del factor multiplicador de la compensación de 4 a 5,1 y la anulación del injusto pago de la “doble indexación” o doble interés aplicado a la deuda.

Se suma a estos la creación del cargo de director general paraguayo (1986); el pago de la cesión de energía a cargo de la otra parte (1986) y el policiamiento de la seguridad en la margen respectiva (1973).

Son las “concesiones” más notables hechas por la margen izquierda, hasta hoy día, exceptuando la triplicación de la compensación de 5,1 a 15,3 obtenida en mayo de 2011 en el Gobierno de Lugo.

Del Gobierno del general Andrés Rodríguez, que derrocó a su consuegro el 2 de febrero de 1989, poco se puede decir, excepto que los negocios, negociados y contratos en Itaipú, con otros nuevos actores afines, siguieron a tambor batiente.

En el año 1973 el régimen gobernante -cuyo defenestrado líder por los servicios prestados consiguió la tranquilidad de un cómodo exilio en la margen opuesta en 1989- acordó el Tratado de Itaipú a la medida del socio condómino. Asegurado así el flanco exterior más expuesto, fue posible proseguir con las ininterrumpidas reelecciones presidenciales y el control absoluto del país.

El general Stroessner llegó a la presidencia de la República como candidato del Partido Colorado en elecciones celebradas, sin partido de oposición, el 11 de julio de 1954 tratando de legitimar el golpe militar del 4 de mayo de ese año. Posteriormente, como candidato único del mismo partido se hizo reelegir en 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 y 1988. El presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación se mantuvo en el servicio activo como oficial del ejército desde el 1 de octubre de 1932, hasta el día de su derrocamiento el 3 de febrero de 1989, lapso comparable solo al del generalísimo Francisco Franco de España, quien desde 1910 se mantuvo en el servicio activo hasta el año 1975.

Desde su época de capitán de artillería, en misión de estudios en el Brasil en el año 1940, entabló importantes relaciones con los brasileños. Uno de sus profesores fue el teniente coronel Humberto Castello, quien más tarde derrocó a João Goulart en el año 1964 y bajo cuyo mandato, en el año 1965, tropas brasileñas invadieron el Paraguay en Puerto Renato para apropiarse del Salto del Guairá.

El 22 de junio de 1966, como presidentes de sus países, Stroessner y Castello Branco acordaron, gracias a la oportuna mediación del Gobierno de los Estados Unidos de América, el Acta de Foz de Yguazú, que sirvió de base al Tratado de Itaipú del 26 de abril de 1973.

Muchos años antes, en octubre de 1948, el coronel Stroessner, comandante del Regimiento de Artillería Nº 1, luego de un fallido intento de derrocar al presidente Natalicio González con otros sublevados, tomó el camino del exilio en un automóvil de la embajada brasileña, que lo transportó desde Paraguarí hasta Asunción y posteriormente gestionó su salida del país con destino a Buenos Aires, República Argentina.

El periodista Roberto Paredes en la página 202 de su obra “El golpe que derrocó a Stroessner” (Asunción: Editorial Servilibro, 2011) escribió:

“A las 17:00 horas del día 3 juró como presidente provisional el general Andrés Rodríguez, mientras una multitudinaria manifestación expresaba su apoyo al golpe frente al Palacio de Gobierno. Pero hasta esa hora, el destino de Stroessner era aún incierto”. Siguió diciendo:

“El 4 de febrero continuaron las gestiones, para cuya concreción ya se habían sumado otros personajes, como el caso de Conrado ‘Teruco’ Pappalardo (el inicial gestor fue el coronel de ingenieros José Miguel Giménez Cáceres). Por la presencia de él (Pappalardo) en la unidad se produjo, precisamente, un incidente, cuando el comandante de la Cuarta División de Infantería, general Humberto Garcete, había llegado a la Caballería. Al verlo, Garcete preguntó: ¿Y ese qué hace aquí? No está detenido con ellos. Rodríguez reaccionó inmediatamente, tomó el brazo al general Garcete, lo alejó del lugar y le dijo: Quédese tranquilo, general, ese señor nos va a ayudar a sacarlo a Stroessner del país”. Continuó narrando:

“Se barajaron varias alternativas, entre las cuales Sudáfrica y Chile (la intención de Rodríguez de enviarlo a los Estados Unidos no prosperó), pero no hubo mucha receptividad de dichos gobiernos para tenerlo al presidente depuesto. Esa noche, sin embargo, se abrieron las posibilidades de solución del problema. El embajador brasileño fue hasta el Primer Cuerpo de Ejército, donde mantuvo una entrevista relativamente larga con Rodríguez. Lo concreto y definitivo es que se decidió que Stroessner iría al Brasil”.

Stroessner recaló el 7 de febrero de 1989 en Itumbiará, ciudad agrícola y ganadera en el límite entre Goiás y Minas Gerais, en la casa de huéspedes de Furnas Centrales Eléctricas, luego se trasladó en su casa de veraneo de Guaratuba, Estado de Paraná. Vivió cómodamente en el Brasil hasta su deceso en Brasilia el 16 de agosto de 2006.

Los técnicos y políticos que manejaron la cuestión Itaipú -un reducido grupo de subordinados favorecidos- no tenían en sus cálculos que alguna vez se les pidieran cuentas por su entreguismo, pero como funcionarios prácticos que eran, se esmeraron en poner sus fortunas a buen recaudo. No se conoce que hayan presentado renuncia alguna o notoria objeción por desacuerdos con los abusos del socio condómino.

Después del golpe del año 1989 continuaron los mismos mandando como ministros, senadores, diputados; consejeros, asesores y administradores de Itaipú, Yacyretá, ANDE, etc. Todos estos funcionarios públicos, incondicionales al nuevo régimen al que se adhirieron con absoluta fidelidad, dieron “una patada definitiva a la pobreza por varias generaciones”, al decir de un matutino capitalino.

El poder que obnubila al jerarca de turno le hace perder la noción de la realidad y las consecuencias de sus abusivos actos amparados por la impunidad, numerosos déspotas que sometieron a sus pueblos son testimonio de ello.

Itaipú significaba una inmensa masa de dinero que de momento tendría ocupado la mano de obra ociosa mediante los contratos direccionados. Concomitantemente, representaba un inmenso poder político y económico, es decir, más poder a cambio del patrimonio económico más importante del Estado paraguayo: su soberanía energética.

En el prólogo de la obra del conocido periodista argentino Luis Majul, “El dueño: la historia secreta de Néstor Kirchner, el hombre que maneja los negocios públicos y privados de la Argentina” (Buenos Aires: Grupo Editorial Planeta, 6ª edición, 2009), se describe una situación calcada a lo acontecido en el Paraguay con motivo del Tratado de Itaipú del 26 de abril de 1973:

“…Los que aceptaron formar parte del proyecto se han enriquecido desmesuradamente, al mismo ritmo que el expresidente. Los que se resistieron han sido perseguidos y castigados, pertenecieran al mundo de la política, al gremial, al empresario o a los medios de comunicación”.

“El Dueño prueba que las consecuencias de la corrupción son siempre las mismas: más pobreza, más desocupación, más inseguridad, menos educación y más subdesarrollo”.

Itaipú.

El presidente Stroessner, que iba al encuentro de la historia a bordo de Itaipú, no midió el alcance de sus concesiones...

Entregas.

Tenía la seguridad de que en la magnitud del emprendimiento quedarían ocultas las abdicaciones a favor de Brasil.

Cuentas.

Los técnicos y políticos que manejaron la cuestión Itaipú no tenían en sus cálculos que alguna vez se les pidieran cuentas...

(*) Autor de los libros "Itaipú, la apropiación indebida" e "Itaipú, una victoria bien brasileña".

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Un reconocimiento pendiente

Por Juan Antonio Pozzo Moreno (*), ABC Color. Domingo, 21 de octubre de 2012

En febrero de 1962 el “Jornal do Brasil” -uno de los mayores periódicos de este país, actualmente solo en versión digital- informó que el ministro de Minas y Energía había contratado los servicios técnicos del ingeniero Octavio Marcondes Ferraz para confeccionar un Relatorio Preliminar sobre el aprovechamiento integral del “Sete Quedas” en el río Paraná.

Etapa inicial de la hidroeléctrica Itaipú. / ABC Color.

En una nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores brasileño se manifestó que “antes que dicha demarcación de límites y caracterización de fronteras quede concluida, ninguno de los dos gobiernos, ni el de los Estados Unidos del Brasil ni el de la República del Paraguay, podría proponerse unilateralmente el aprovechamiento integral de la energía hidráulica del Salto del Guairá”. Con posterioridad los técnicos lograron comprender que un aprovechamiento hidroeléctrico no se podía centrar solamente en las cataratas del Salto sino en una extensa área aguas abajo.

El 2 de septiembre de 1963, durante su visita al Paraguay, el ministro de Minas y Energía, doctor Oliveira Brito, manifestó a las autoridades nacionales “que el ilustre presidente João Goulart me ha expresado que ni una sola estaca se pondría parar en estas obras sin un acuerdo pleno con Paraguay y que su buena disposición hacia el Paraguay le corresponde como Presidente del Brasil, porque un Presidente del Brasil que no piense así estaría traicionando a los verdaderos sentimientos del pueblo del Brasil hacia el pueblo del Paraguay”.

El 19 de enero de 1964, en “Tres Marías”, Estado de Minas Gerais, se reunieron los dos presidentes. En el comunicado difundido por la Presidencia de la República se manifestaba: “Los dos Mandatarios estuvieron de acuerdo sobre todos los aspectos generales relativos al aprovechamiento conjunto del potencial hidroeléctrico de los Saltos del Guairá y resolvieron que, por conducto de las Cancillerías del Paraguay y del Brasil, se suscribiera, cuanto antes, un Convenio por el cual se creará una Comisión Mixta Paraguayo-Brasileña que tendrá su cargo el estudio de todos los problemas económicos, financieros, técnicos y societarios, relacionados con la construcción y explotación de la gran obra que harán conjuntamente los dos Estados, y que será la de mayor importancia entre todas las de su género hasta hoy emprendidas en todo el mundo”. Una clara directiva gubernamental basada en la decisión política conjunta para la construcción y explotación de una usina hidroeléctrica.

No obstante, el 31 de marzo de 1964 militares brasileños depusieron al gobierno de João Goulart. Quince meses después, en junio de 1965, un destacamento militar compuesto por un sargento y siete soldados se instaló en el trecho de veinte kilómetros de la línea de límites no caracterizada aún entre el hito 341/IV y el Salto del Guairá (para los brasileños, Puerto Renato). El presidente del Brasil, mariscal Humberto Castello Branco, ante los reclamos del Gobierno paraguayo aclaraba que el contingente militar se explicaba “por la necesidad de mantener en aquel punto un mínimo de vigilancia para prevenir la formación de eventuales grupos guerrilleros y combatir, más eficazmente, las operaciones de contrabando”.

En la óptica del gobierno militar invasor, no se trataba de una invasión sino de un gesto solidario de protección. La verdad subyacente era la apropiación del Salto de Guairá para su aprovechamiento unilateral como principal fuente energética.

Ningún reclamo paraguayo fue considerado. El Brasil alegaba que el territorio ocupado no era zona de litigio y estaba íntegramente en territorio brasileño, según la demarcación de 1874.

El 21 de octubre de 1965 la Comisión de Límites paraguaya se constituyó en el terreno y confirmó la veracidad de los hechos. Quedaron detenidos los comisionados –por un sargento brasileño al mando de doce hombres armados–, subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores, Dr. Pedro Godinot de Vilaire; asesor jurídico de la Cancillería nacional, Dr. Carlos Saldívar; delegado demarcador de límites, mayor de ingenieros Emilio Meza Guerrero; director del Ceremonial de Estado, Dr. Conrado Pappalardo; y un fotógrafo de la Comisión de Límites.

Según pudo comprobar el general retirado Adolfo Samaniego –entonces oficial superior destacado en la guarnición militar de Puerto Presidente Stroessner– entrevistado por ABC Color el 2 julio de 2007: No era “un pequeño destacamento militar estacionado en la zona de Puerto Coronel Renato”. Luego agregó: “… y pude observar que dos batallones brasileños ocupaban completamente Puerto Renato. Mediante las indagaciones realizadas por los lugareños, también pude comprobar la presencia en las inmediaciones de un tercer batallón proveniente de Foz de Yguazú y de un cuarto, originario de Coronel Sapucaia”… “Yo sabía que el general Carmo estaba a cargo de las fuerzas brasileñas en esa región, cuya sede central se hallaba en Curitiba. Las fuerzas comandadas por dicho militar integraban dos divisiones, la de Curitiba y la de Campo Grande, con dos generales subalternos al frente de divisiones blindadas”.
Sin embargo, la presión militar brasileña para conseguir la explotación unilateral del Salto no surtió el efecto deseado.

Pudieron más las buenas relaciones del Paraguay con el Gobierno de los Estados Unidos de América en la resolución del conflicto. El gobierno del presidente Lyndon B. Johnson (1963-1969), al igual que Rutherford B. Hayes (1877-1881), una vez más comprometió por la justicia de la causa paraguaya su indiscutida autoridad. Su representante, el experimentado canciller norteamericano Dean Rusk, que sorteó con éxito la escalada nuclear soviética en Cuba, puso las cosas en su lugar consiguiendo un acuerdo equitativo formalizado en el Acta Final de Foz de Yguazú del 22 de junio de 1966. Pero, para infortunio del Paraguay, el documento que definía el objeto y el fin de la sociedad fue posteriormente desviado de su propósito original en el Tratado de Itaipú de 1973.

La consecuencia inmediata del acta fue el retiro de la tropa de ocupación brasileña de territorio nacional. Además los cancilleres de Paraguay y Brasil concluyeron: estudiar las posibilidades económicas de los recursos hidráulicos del Salto del Guairá, declarado en condominio; establecer que la energía eléctrica producida por el río Paraná desde el Salto del Guairá o Salto Grande de las Siete Caídas hasta la boca del río Yguazú sería dividida en partes iguales entre los dos países; reconocer a cada país el derecho de preferencia para la adquisición de la energía sobrante o no utilizada a justo precio y suspender “sine die” los trabajos de la Comisión Mixta de Límites y Caracterización de la Frontera Paraguay-Brasil.

Mediante la contribución americana se logró un acuerdo equitativo entre los dos países. Es probable que el temor a disgustar y poner en aprietos al régimen de facto brasileño, que fuera de su gusto optó por el condominio, impidiera un público reconocimiento. Razones de seguridad como alegan algunos protagonistas.

En esa misma línea de política exterior se inscribe el conflicto que ingresó compulsivamente a Venezuela en el Mercosur.

Perfil bajo, no protestar es la consigna, no incordiar a los vecinos más poderosos, una temerosa cautela que no se compadece de la dignidad de una nación tan gloriosa. A todo ello se le suma una relegada alianza con las potencias globales amigas históricas.

Es la política de la complacencia interesada, que irrespeta el holocausto ocasionado por la triple infamia, soportado de pie por el valeroso y estoico pueblo paraguayo.

1966. La consecuencia inmediata del acta (de Foz, 1966) fue el retiro de la tropa de ocupación brasileña de territorio nacional.

Cautela. No protestar es la consigna, no incordiar a los vecinos, cautela que no se compadece de la dignidad de una nación tan gloriosa.

Referencias:

DEBERNARDI, Enzo. Apuntes para la historia política de Itaipú. Asunción: Editorial Continua SA. 1996.

POZZO MORENO, Juan Antonio. Itaipú, una victoria bien brasileña. Asunción: Editorial Mercurio. 2011.

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Extraños a la identidad nacional

Por Juan Antonio Pozo Moreno*

La identidad cultural supone un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, creencias y formas de comportamiento que constituyen pilares que sostienen el sentimiento de afinidad de un grupo social.

No obstante, la identidad nacional está basada en el concepto de nación, un sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural caracterizada por el idioma, la música, las costumbres y la visión del mundo, entre otros.

La cimentación de la identidad nacional paraguaya es la consecuencia de un extenso proceso de un colectivo de espíritu libertario, con acento en la independencia y en la autodeterminación, entrelazado con la lengua vernácula.

Indoblegable en su determinación, pero vulnerable al trato gentil, respeta a los justos.

Superó el maltrato colonial, se liberó de la dependencia foránea, realizó supremos esfuerzos para adecuarse a los tiempos modernos, defendió con fiereza su soberanía e independencia y se cubrió de dignidad en Cerro Corá.

Semejante a los vecinos de la región, con quienes comparte afectos e intereses comunes, pero diferente por sus vínculos raigales que abreva en el guaraní, exige respeto a sus legítimos derechos constantemente violentados por la mala fe.

Sus empresas hidroeléctricas más productivas no las puede aprovechar por la apropiación indebida de la producción generada por las usinas condóminas. Toda la fabricación de la energía eléctrica, excepto una mínima porción, sirve en exclusividad para el consumo, desarrollo y bienestar de sus ocasionales socios.

Mediante un torcido contexto, ideado sutilmente para desviar el objeto y el fin de los acuerdos, que divide en partes iguales la energía producida, son derivadas obligatoriamente hacia la Argentina y el Brasil la electricidad paraguaya a una tarifa ínfima. La ANDE tiene prohibida la venta de su hidroelectricidad excedente a estos mercados a un precio justo.

De igual modo, la misma entidad estatal no puede disponer de la mitad de la energía adicional a la garantizada de Itaipú de bajísimo costo. Todo ello con la complacencia de unos pocos, acomodados oficialistas de turno, prósperos funcionarios.

Dr. Eligio Ayala. Imagen extraída de google image.

Al respecto de los que se omitieron contrariando los altos intereses nacionales, políticos incapaces de exigir un acuerdo paritario, cabe recordar al gran Eligio Ayala.

El ilustre estadista pareciera que se refería en sus reflexiones, redactadas en el año 1915, a estos seres extraños a la identidad nacional:

“En un mar flotante de pasiones y apetitos, sin principios directores, sin sistemas, sin conocimientos, sin brújula, la intervención del Estado en la esfera económica se ha convertido en un oportunismo de detalle, de expediente, al día, que libra la economía nacional al capricho de los intereses particulares pequeños del presente¨.

Don Eligio seguía repitiendo como para no olvidar:

“No se respeta el mérito, no se desprecia el vicio, nadie se indigna sinceramente contra la injusticia, nadie es justo. Los culpables pierden la conciencia de sus faltas, los hombres virtuosos, el pudor, y los partidos su nobleza”.

Al final, al referirse a las asociaciones políticas, concluía: “Buenos y malos viven en cada partido en una camaradería hipócrita, sin sinceridad, sin confianza recíproca, sin gratitud, sin generosidad. El interés los divide y los une y reconcilia sucesivamente”.

En las reflexiones del paraguayo doctor Eligio Ayala, apasionado constructor de la victoria chaqueña, se aborrecen a los viciosos que corroen la identidad nacional trabajosamente conseguida a lo largo de una azarosa historia.

Indebida. Sus empresas hidroeléctricas no las puede aprovechar por la apropiación indebida de la producción de las usinas condóminas.

Obs: este artículo fue publicado en Abc Color (sin la imagen de Eligio Ayala) en fecha, 14 de octubre de 2012. Ver aquí.

(*) Autor de los libros: “Itaipú, una apropiación indebida” e “Itaipú, una victoria bien brasileña”.

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Protocolo de 1857 o el preludio de una apropiación indebida

1) El tratado secreto de la Triple Alianza oficializado el  1 de mayo de 1865 se acordó un año antes. En las versiones de: 

- José Mármol, argentino, senador, diputado nacional, ministro plenipotenciario en Brasil: “La alianza con Brasil no proviene de las reuniones de abril de 1865, sino de mayo/junio de 1864 desde la presencia amenazante del almirante Joaquín Marqués Lisboa, barón de Tamandaré, en las aguas del Plata contra Montevideo y de los generales Antonio de Souza Netto y José Luiz Menna Barreto en las fronteras orientales, ahí se estableció la verdadera alianza de hecho entre los Gobiernos brasileño y argentino”.

- José Antonio Saraiva, ministro imperial brasileño: “Las alianzas del Brasil contra el Paraguay las conseguí yo, pues dichas alianzas el día en que nos reunimos con el argentino Rufino Elizalde y conferenciamos con Venancio Flores en Punta del Rosario (junio de 1864), y no el día en que J. Octaviano de Almeida Rosa y yo como ministro de Estado firmamos el pacto”.

- José Maria da Silva Paranhos padre, barón y vizconde  de Rio Branco: “El pensamiento cardinal de las instrucciones que yo recibí era el obtener  una alianza con el Gobierno argentino, tomándose por base el elemento oriental representado por el general Venancio Flores, para pacificar la República y resolver las cuestiones pendientes”.

- Joao Pedro Días Vieira, ministro de Relaciones Exteriores brasileño, en comunicación confidencial con José María da Silva Paranhos, le decía que confiaba en "que sacaría todo el partido posible, interesando en la lucha al Gobierno argentino, tanto más cuanto que parece que ese Gobierno no podrá por mucho tiempo conservarse en posición de neutralidad imperfecta que desea” (Candia, Alberto. ABC Color del 7 de mayo de 2007. Política, página 7).

2) Otra muestra de la codicia territorial alentada por los Aliados, que los sindica como países agresores muchos años antes del 1 de mayo de 1865, es  el reparto  de territorio nacional documentado secretamente  el 14 de diciembre de 1857 en  “El protocolo de entendimiento para la guerra contra el Paraguay. Argentina y Brasil”, formalizado por  los plenipotenciarios  de la Confederación Argentina y el Imperio de Brasil, Santiago Derqui, Bernabé López y José María da Silva Paranhos. El protocolo  fue acordado ocho años y nueve meses antes de la obligada declaración de guerra a la Argentina, el 16 de marzo de 1865,  por negar el permiso –celosamente ocultado a los argentinos-  de tránsito por Corrientes de tropas paraguayas con la misión de socorrer al gobierno uruguayo acosado por tropas del Imperio brasileño. 

El protocolo, conocido por muy pocos y que salió a la luz pública recientemente,  se puede leer in extenso en www.larueda.com.py. 

El documento que debía mantenerse en secreto  suponía inevitable la guerra por agravios ocasionados a la navegación fluvial. Contradictoriamente destacaba que la guerra por la cuestión de la libre navegación del río Paraguay era un tema secundario para la Confederación y no justificaría la “política contemporizadora”. No obstante quedó en claro que la alianza sería por cuestiones territoriales. 

Al respecto,  según el punto 4º del protocolo, la posición brasileña limitaba el acuerdo a las líneas de los ríos Paraná y Bermejo ajustados en  1852. Pese a las objeciones de la Confederación, el plenipotenciario brasileño “no dudaba en aceptar como empeño común de la alianza el reconocimiento de la frontera de los dos países en la Confederación pudiese limitar en exigencia a las líneas del Paraná y del Bermejo, que fueron ajustadas por un tratado de 1852, desistiendo del resto del territorio que le contacta con la República del Paraguay, en compensación del territorio de las Misiones que la misma República (del Paraguay) está en posesión…”

La petición de los plenipotenciarios argentinos que invocaron su derecho a todo el territorio del Chaco hasta los 22 grados de latitud era fulminante “…los territorios arbitrariamente ocupados por el Gobierno de Paraguay, son continentales y pertenecen a la Nación y a las Provincias de Salta y de Corrientes, divididas del territorio paraguayo por los grandes límites naturales que constituye los ríos Paraná y Paraguay...”

Para el caso que sea inevitable la guerra anunciada el Imperio aportaría unos 8.000 efectivos y la Confederación otros 6.000. Siempre contradictorio, el Gobierno argentino, pese a su “neutralidad” dejaba en claro que el ejército brasileño no tendría inconvenientes en pasar “por la parte contigua del territorio que allí ocupan los paraguayos, y el facilitar al Ejército y Escuadra brasilera todas las provisiones de que careciesen…”

3) El escritor Osvaldo Bergonzi, quien exonera de toda culpa a Inglaterra en la Guerra del Paraguay, escribe en el Suplemento Cultural de ABC Color del 30 de septiembre de 2012, “que Argentina siempre quiso vender –y vendió– la especie de que la verdadera agresora y destructora del Paraguay fue Inglaterra y no los aliados”. 

Señala también que el embajador de Argentina en Paraguay José María Rosa, célebre historiador, solo lo corrigió en parte cuando ejerció el cargo (1973-1974). Sin embargo, “el infundio quedó para siempre. Los ingleses fueron los culpables. Y algunos paraguayos hasta hoy creen. Y sí, creen a pesar de que durante la guerra más de 400 profesionales británicos estuvieron al servicio del Paraguay”.

Bergonzi presenta como  “una prueba irrefutable” una carta del ministro residente de Inglaterra en el Uruguay dirigida al canciller de ese gobierno. Se refiere a la correspondencia dirigida por Leston al ministro de Venancio Flores, Carlos de Castro.
Afirma el escritor  que “…la pretendida conclusión de que Inglaterra participó antes, durante y después de la conjura contra el Paraguay no se compadece con la verdad. Un solo detalle demuestra que el Imperio británico se hallaba más bien sorprendido cuando el conflicto armado contra el Paraguay se desencadenó. En marzo de 1866, el ministro residente inglés en Montevideo, míster H. G. Leston, quien siempre manifestaba simpatía al Paraguay, escribió al canciller uruguayo una correspondencia elocuente en que ‘manifiesta su preocupación’ por la posible ‘polonización’ del Paraguay. Y cuando Inglaterra habla de ‘preocupación’, la voz contiene una protesta. Este episodio tendrá trascendencia mundial. Si la tríplice secreta era entonces conocida a gatas por algunos, en adelante iba a convulsionar a la prensa mundial, a los gobiernos europeos y a los Estados Unidos, enemigos declarados de la esclavitud y de las monarquías en América…”. 
 
(NA: La polonización entendida como la imposición cultural, en particular del idioma en territorios controlados por Polonia. Wikipedia, Enciclopedia Libre).
 
Sigue consignando que “El ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, a su vez preocupado a raíz de esta nota de ‘preocupación’, le informa verbalmente a Leston que ha decidido entregarle una copia del tratado secreto en el que uno de sus artículos garantiza la independencia del Paraguay. Le da la copia al diplomático inglés bajo palabra de guardar estricto secreto. Este, rápidamente, comunica a su gobierno adjuntando el tratado secreto a su correspondencia”. 
 
Bergonzi narra que la copia del tratado secreto “La recibe el primer ministro John Rusell y decide informar por circular y copia a cada uno de los miembros de la cámara de los comunes. Debió considerar el caso muy grave para obrar de esa manera, sabiendo que su ministro residente en Montevideo había empeñado su palabra de honor al Gobierno uruguayo, particularmente a su canciller, de no hacerla pública”. 
 
Finalmente agrega: “Un avispado reportero, al ver el reparto, se acercó a preguntar. Uno de los destinatarios, al observar que se trataba de un asunto sudamericano, sin mayor importancia para él seguramente, se lo entregó con cargo de devolución. Estalla la bomba y la noticia se esparce. La guerra contra el Paraguay en adelante ocupará un lugar destacado”.
 
Una vez más la prensa, esta vez la  británica, destapó la olla que puso en evidencia ante la opinión pública mundial  la triple vergüenza. 
 
En los momentos que corren, octubre de 2012,  la Embajada Argentina en Asunción pone en circulación   “La Guerra del Paraguay ¡Gran negocio!” de León Pomer -primera edición, 1968; segunda, 1987; tercera,  2008-  que involucra  a Inglaterra como la principal instigadora y ejecutora con ingentes sumas de dinero a favor de los aliados contra el Paraguay. Esta circulación es interpretada en el marco del conflicto argentino-británico por la posesión de las Islas Malvinas del Atlántico Sur y la reapertura de la embajada británica en Asunción.
  
4) Por todos estos hechos anotados queda sin discurso la triple alianza que justifica la guerra por  causa de López. 
 
Francisco Solano López no se equivocó cuando advertía a los que consideraba sus amigos “…más tarde o más temprano tendrán una guerra contra nosotros”. La penosa premonición de una tragedia anunciada.

General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno

juanantoniopozzo@gmail.com

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A propósito del Libro Blanco**

A mediodía del 3 de octubre próximo pasado, en la bicameral del Congreso Nacional, ante un importante auditorio, se dio inicio oficial a la construcción del Libro Blanco de Defensa Nacional de la República del Paraguay. Para la redacción del documento, que consensuará entre todos los ciudadanos la política de defensa nacional, fueron invitados todos los sectores sociales.

Hacia una política de defensa no agresiva, sí disuasiva, fundada en el desarrollo de las capacidades del Estado paraguayo. / ABC Color.

Según los tratadistas, la defensa de una nación trabaja para crear condiciones de seguridad que impida, disuada o neutralice acciones provenientes del exterior y que puedan interferir con el bien común representado por los objetivos nacionales. En Paraguay esos objetivos nacionales, entre otros, son: la permanencia de la nación paraguaya, su independencia, su soberanía, la identidad nacional, el patrimonio cultural, la integridad territorial, el mantenimiento del desarrollo económico y social, el mantenimiento de una pacífica convivencia, la proyección internacional, etc.

Según la ley, la defensa nacional como función primaria y responsabilidad permanente del conjunto de la sociedad, tiene como prioridad “…enfrentar cualquier forma de agresión externa que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial, o el ordenamiento constitucional democrático vigente (Artículo 2º Ley 1337/97 de Defensa Nacional y Seguridad Interna)”.

Estos objetivos, propios de la defensa, que derivan de los objetivos nacionales y que están especificados en el artículo segundo de la citada ley, para ser satisfechos se necesita una política exterior centrada en una diplomacia activa favorable al desarrollo, a la paz regional, a la solución pacífica de las controversias y a las alianzas estratégicas.

Esto supone una política de defensa no agresiva, sí disuasiva, fundada en el desarrollo de las capacidades del Estado paraguayo, principalmente en el entrenamiento y en el equipamiento de sus fuerzas capaz de prevenir o neutralizar cualquier amenaza externa o en condiciones de repeler una eventual agresión exterior, en la brevedad, con el menor costo y daño posible.

No obstante, contrariando toda doctrina, antes de 1989, el régimen gobernante fortaleció la fuerza, aparentando la defensa nacional, solo para perpetuarse en el poder.

A la clase política de la transición nunca interesó la defensa, más bien se valió del derecho constitucional de la objeción de conciencia, en función proselitista, para debilitarla.

En democracia, por desconocimiento o falta de interés –probablemente por no redituar beneficios visibles– se sigue poniendo trabas, muchas de buena fe, a la promoción de las condiciones básicas de seguridad, imprescindibles para la protección del derecho a la prosperidad de todos los paraguayos.

Por causa de estas irresponsables imprevisiones, que comprometen la existencia misma del Estado paraguayo y por añadidura la seguridad ciudadana, es imposible el ejercicio del poder soberano, por ejemplo, sobre la libre disponibilidad de nuestras principales riquezas energéticas, hasta ahora secuestrada por la avaricia de nuestros socios condóminos.

Todo, porque los instrumentos esenciales disponibles para la defensa nacional, la diplomacia y las fuerzas armadas, son totalmente irrelevantes para disuadir sobre esta apropiación indebida de nuestro rico patrimonio, con grave impacto en el desarrollo económico y social de la nación.

Restan, sin embargo, el reclamo a los tribunales internacionales el desvío del objeto y el fin de estos emprendimientos binacionales, productos de la mala fe y el avivamiento de la hoy tenue llama de la conciencia nacional.

Con el objeto de reavivar la autoestima nacional, hasta ahora aletargada, siempre es importante escuchar opiniones fuera del ámbito nacional. Esta vez del calificado escritor e investigador norteamericano Thomas L. Whigham, estudioso de la Guerra de la Triple Alianza, quien señala “que los brasileños siempre han subestimado y siguen sin comprender al Paraguay” (Entrevista ABC Color 1 de octubre de 2012).

En la misma entrevista, Whigham menciona a José Berges advirtiendo que el Paraguay no toleraría el derrocamiento del gobierno blanco y la ocupación brasileña de Uruguay: “Los brasileños no creyeron, no dieron importancia, pensaron que los paraguayos no se animarían a cumplir sus amenazas, y ahí están los resultados”.

En otro caso emblemático hace referencia al mariscal Caxías en el infructuoso intento de comprar la rendición de Francisco Solano López: “Indicaba que, después de años de enfrentamiento, los brasileños simplemente continuaban sin entender a sus enemigos y la naturaleza del conflicto que llevaban adelante”.

Con relación al Mercosur, dando a entender que una vez más los brasileños piensan que podrán comprar la conformidad paraguaya llegado el momento para resolver el problema creado, decía el escritor: “Son malas lecturas de la característica de los paraguayos. Hay asuntos en los que los paraguayos históricamente han reaccionado de manera muy sanguínea, sobre todo cuando se ha puesto en juego la dignidad de su nación, y esto lo han llevado hasta las últimas consecuencias, hasta un punto con muy pocos antecedentes en la historia”.

Todos estos asuntos, íntimamente vinculados con la realidad nacional y la historia, deberán encontrar una respuesta en la política de defensa nacional que quedará plasmada como una política de Estado en el Libro de Defensa Nacional de la República del Paraguay.

Defensa. La defensa de una nación trabaja para crear condiciones de seguridad que impida, disuada o neutralice acciones.

La ley. Enfrentar cualquier forma de agresión externa que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial.

Política. Se necesita una política exterior, centrada en una diplomacia activa, favorable al desarrollo, a la paz regional...

(*) Juan Antonio Pozzo Moreno es autor de los libros: "Itaipú, la apropiación indebida" e "Itaipú, una victoria bien brasileña".

(**) Artículo publicado el 7 de octubre de 2012 en el diario Abc Color

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