Un reconocimiento pendiente

Por Juan Antonio Pozzo Moreno (*), ABC Color. Domingo, 21 de octubre de 2012

En febrero de 1962 el “Jornal do Brasil” -uno de los mayores periódicos de este país, actualmente solo en versión digital- informó que el ministro de Minas y Energía había contratado los servicios técnicos del ingeniero Octavio Marcondes Ferraz para confeccionar un Relatorio Preliminar sobre el aprovechamiento integral del “Sete Quedas” en el río Paraná.

Etapa inicial de la hidroeléctrica Itaipú. / ABC Color.

En una nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores brasileño se manifestó que “antes que dicha demarcación de límites y caracterización de fronteras quede concluida, ninguno de los dos gobiernos, ni el de los Estados Unidos del Brasil ni el de la República del Paraguay, podría proponerse unilateralmente el aprovechamiento integral de la energía hidráulica del Salto del Guairá”. Con posterioridad los técnicos lograron comprender que un aprovechamiento hidroeléctrico no se podía centrar solamente en las cataratas del Salto sino en una extensa área aguas abajo.

El 2 de septiembre de 1963, durante su visita al Paraguay, el ministro de Minas y Energía, doctor Oliveira Brito, manifestó a las autoridades nacionales “que el ilustre presidente João Goulart me ha expresado que ni una sola estaca se pondría parar en estas obras sin un acuerdo pleno con Paraguay y que su buena disposición hacia el Paraguay le corresponde como Presidente del Brasil, porque un Presidente del Brasil que no piense así estaría traicionando a los verdaderos sentimientos del pueblo del Brasil hacia el pueblo del Paraguay”.

El 19 de enero de 1964, en “Tres Marías”, Estado de Minas Gerais, se reunieron los dos presidentes. En el comunicado difundido por la Presidencia de la República se manifestaba: “Los dos Mandatarios estuvieron de acuerdo sobre todos los aspectos generales relativos al aprovechamiento conjunto del potencial hidroeléctrico de los Saltos del Guairá y resolvieron que, por conducto de las Cancillerías del Paraguay y del Brasil, se suscribiera, cuanto antes, un Convenio por el cual se creará una Comisión Mixta Paraguayo-Brasileña que tendrá su cargo el estudio de todos los problemas económicos, financieros, técnicos y societarios, relacionados con la construcción y explotación de la gran obra que harán conjuntamente los dos Estados, y que será la de mayor importancia entre todas las de su género hasta hoy emprendidas en todo el mundo”. Una clara directiva gubernamental basada en la decisión política conjunta para la construcción y explotación de una usina hidroeléctrica.

No obstante, el 31 de marzo de 1964 militares brasileños depusieron al gobierno de João Goulart. Quince meses después, en junio de 1965, un destacamento militar compuesto por un sargento y siete soldados se instaló en el trecho de veinte kilómetros de la línea de límites no caracterizada aún entre el hito 341/IV y el Salto del Guairá (para los brasileños, Puerto Renato). El presidente del Brasil, mariscal Humberto Castello Branco, ante los reclamos del Gobierno paraguayo aclaraba que el contingente militar se explicaba “por la necesidad de mantener en aquel punto un mínimo de vigilancia para prevenir la formación de eventuales grupos guerrilleros y combatir, más eficazmente, las operaciones de contrabando”.

En la óptica del gobierno militar invasor, no se trataba de una invasión sino de un gesto solidario de protección. La verdad subyacente era la apropiación del Salto de Guairá para su aprovechamiento unilateral como principal fuente energética.

Ningún reclamo paraguayo fue considerado. El Brasil alegaba que el territorio ocupado no era zona de litigio y estaba íntegramente en territorio brasileño, según la demarcación de 1874.

El 21 de octubre de 1965 la Comisión de Límites paraguaya se constituyó en el terreno y confirmó la veracidad de los hechos. Quedaron detenidos los comisionados –por un sargento brasileño al mando de doce hombres armados–, subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores, Dr. Pedro Godinot de Vilaire; asesor jurídico de la Cancillería nacional, Dr. Carlos Saldívar; delegado demarcador de límites, mayor de ingenieros Emilio Meza Guerrero; director del Ceremonial de Estado, Dr. Conrado Pappalardo; y un fotógrafo de la Comisión de Límites.

Según pudo comprobar el general retirado Adolfo Samaniego –entonces oficial superior destacado en la guarnición militar de Puerto Presidente Stroessner– entrevistado por ABC Color el 2 julio de 2007: No era “un pequeño destacamento militar estacionado en la zona de Puerto Coronel Renato”. Luego agregó: “… y pude observar que dos batallones brasileños ocupaban completamente Puerto Renato. Mediante las indagaciones realizadas por los lugareños, también pude comprobar la presencia en las inmediaciones de un tercer batallón proveniente de Foz de Yguazú y de un cuarto, originario de Coronel Sapucaia”… “Yo sabía que el general Carmo estaba a cargo de las fuerzas brasileñas en esa región, cuya sede central se hallaba en Curitiba. Las fuerzas comandadas por dicho militar integraban dos divisiones, la de Curitiba y la de Campo Grande, con dos generales subalternos al frente de divisiones blindadas”.
Sin embargo, la presión militar brasileña para conseguir la explotación unilateral del Salto no surtió el efecto deseado.

Pudieron más las buenas relaciones del Paraguay con el Gobierno de los Estados Unidos de América en la resolución del conflicto. El gobierno del presidente Lyndon B. Johnson (1963-1969), al igual que Rutherford B. Hayes (1877-1881), una vez más comprometió por la justicia de la causa paraguaya su indiscutida autoridad. Su representante, el experimentado canciller norteamericano Dean Rusk, que sorteó con éxito la escalada nuclear soviética en Cuba, puso las cosas en su lugar consiguiendo un acuerdo equitativo formalizado en el Acta Final de Foz de Yguazú del 22 de junio de 1966. Pero, para infortunio del Paraguay, el documento que definía el objeto y el fin de la sociedad fue posteriormente desviado de su propósito original en el Tratado de Itaipú de 1973.

La consecuencia inmediata del acta fue el retiro de la tropa de ocupación brasileña de territorio nacional. Además los cancilleres de Paraguay y Brasil concluyeron: estudiar las posibilidades económicas de los recursos hidráulicos del Salto del Guairá, declarado en condominio; establecer que la energía eléctrica producida por el río Paraná desde el Salto del Guairá o Salto Grande de las Siete Caídas hasta la boca del río Yguazú sería dividida en partes iguales entre los dos países; reconocer a cada país el derecho de preferencia para la adquisición de la energía sobrante o no utilizada a justo precio y suspender “sine die” los trabajos de la Comisión Mixta de Límites y Caracterización de la Frontera Paraguay-Brasil.

Mediante la contribución americana se logró un acuerdo equitativo entre los dos países. Es probable que el temor a disgustar y poner en aprietos al régimen de facto brasileño, que fuera de su gusto optó por el condominio, impidiera un público reconocimiento. Razones de seguridad como alegan algunos protagonistas.

En esa misma línea de política exterior se inscribe el conflicto que ingresó compulsivamente a Venezuela en el Mercosur.

Perfil bajo, no protestar es la consigna, no incordiar a los vecinos más poderosos, una temerosa cautela que no se compadece de la dignidad de una nación tan gloriosa. A todo ello se le suma una relegada alianza con las potencias globales amigas históricas.

Es la política de la complacencia interesada, que irrespeta el holocausto ocasionado por la triple infamia, soportado de pie por el valeroso y estoico pueblo paraguayo.

1966. La consecuencia inmediata del acta (de Foz, 1966) fue el retiro de la tropa de ocupación brasileña de territorio nacional.

Cautela. No protestar es la consigna, no incordiar a los vecinos, cautela que no se compadece de la dignidad de una nación tan gloriosa.

Referencias:

DEBERNARDI, Enzo. Apuntes para la historia política de Itaipú. Asunción: Editorial Continua SA. 1996.

POZZO MORENO, Juan Antonio. Itaipú, una victoria bien brasileña. Asunción: Editorial Mercurio. 2011.